La UBA sufrió un serio proceso de desfinanciamiento durante la gestión kirchnerista. Si bien aumentó a nivel nacional el porcentaje del PBI que se invierte en educación superior, dicha distribución no fue uniforme, ni se rigió por criterios de eficiencia ni de necesidades reales. En la repartición, la UBA salió perdiendo. Así las cosas, en el 2008, la UBA recibió el equivalente a aproximadamente 50 pesos diarios por alumno: unas ocho veces menos que la Universidad de Avellaneda (455 pesos diarios) y unas seis veces menos que las universidades que se fueron creando desde el 2009 (301 pesos diarios). Esto surge de las partidas asignadas según la ley de presupuesto nacional nº 27.008, cruzándolo con la cantidad de alumnos por casa de estudios. La universidad más grande del país, bajo la gestión kirchnerista, recibió uno de los menores presupuestos por alumno.

De hecho, en términos reales, la UBA tuvo un achicamiento presupuestario entre el 2014 y el 2015. El aumento presupuestario fue del 29,6%, una disminución en torno al 10% si se tiene en cuenta que la inflación 2014 estuvo cerca del 40% anual. Nos vienen ajustando hace rato para beneficiar, en cambio, a universidades con pocos alumnos o recientemente estatizadas. A eso debe sumársele que ha pasado de representar un 31% del total del presupuesto universitario a estar en torno al 28 por ciento. La UBA perdió terreno frente a universidades más chicas bajo la gestión kirchnerista. Para coronar el desfinanciamiento kirchnerista, antes de irse, aprobaron el presupuesto 2016, que tenía previsto un aumento real del 0% (30% en términos nominales, similar a la inflación 2015).

Más del 53% de los docentes de la UBA trabajamos ad-honorem hace años. En parte esto se debe a fallas organizativas, dado que hay gente que cobra sin ir a dar clases y nos bloquea el acceso a quienes efectivamente trabajamos. De hecho, muchos buenos docentes se terminan yendo de la UBA porque no reciben un pago por su trabajo y si lo reciben, es una miseria. La docencia en la UBA es un sacerdocio y muchos lo hacemos por apostar genuinamente a la educación pública. Pero lejos está de ser una organización sostenida con fondos públicos. Esa es una mentira que tenemos que dejar de repetir, es una entidad de economía mixta que se sostiene en buena parte por el sacrificio de docentes que donan sus horas y alumnos que sufren las consecuencias de una mala administración o una insuficiencia de fondos, según el caso.

El problema fundamental en torno a la educación pública en Argentina es que los fondos no se distribuyen con criterios técnicos ni estratégicos. De hecho, el Congreso Nacional tuvo la deshonrosa irresponsabilidad de estatizar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo sin que existiera ninguna razón técnica ni educativa para hacerlo. Son fondos que nos robaron a los docentes que trabajamos para sostener estructuras políticas. Un insulto para todos los que integramos la comunidad educativa. Varias universidades más fueron creadas sin el aval del Consejo Interuniversitario Nacional. Gastaron la plata sin pensar en la calidad educativa, no hubo planificación estratégica y a nadie le importó corregir injusticias: el clientelismo movió la mano de los funcionarios durante años y perdió la educación.

Hace años que la comunidad educativa advierte sobre los riesgos de este crecimiento irresponsable. Julieta Claverie, doctora en Educación e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, advirtió: “El tema es cómo se sostendrá ese financiamiento a largo plazo. No se está pensando la articulación del sistema en su conjunto; en el Conurbano algunas universidades se están ‘pisando’ entre sí”.

A nivel regional, la UBA tampoco sale favorecida. A valores de 2015, estaba recibiendo un aproximado de 5-6 dólares, muy por debajo de los 73 dólares diarios que maneja la Católica de Chile (que es privada), los 68 dólares diarios que tiene la de San Pablo o la Autónoma de México, que posee aproximadamente 15 dólares diarios, con la misma cantidad de alumnos. Y aun así mantenemos un muy buen nivel. ¿Por qué? Por los miles de héroes que donan sus horas y trabajan a pesar de todo, no por el vendaval de oportunistas que ahora salen a decir que la UBA tiene problemas porque aumentó la factura de luz.

Hay varias partidas presupuestarias que pueden optimizarse o deberían auditarse. Por ejemplo, tomando algunos números del presupuesto 2015, ¿son necesarios los 672 mil pesos de “subsidios de viajes a decanos”? ¿Y los 3.843.000 pesos de la gestión de relaciones internacionales? Sólo por poner un par de casos. ¿Saben cuánto representa la factura de luz en el presupuesto de la UBA? Se encuentra en torno al 1% del total. La Constitución Nacional consagra la autonomía universitaria, es decir, la UBA elige cómo administrar sus recursos.

Con base en todo lo anterior tenemos dos discusiones que dar: primero, dónde estamos invirtiendo; indudablemente la UBA ha perdido terreno en términos presupuestarios por una administración clientelar de la inversión educativa y se han desviado fondos para financiar universidades sin respaldo técnico, cuando existen muchas necesidades en algunas de las universidades existentes. Segundo, la UBA se maneja con escasa transparencia y sin un debido control. Sin ir más lejos, las páginas de esta universidad sobre datos presupuestarios no poseen información actualizada (la última resolución sobre presupuesto subida es del 2013 y la última auditoría publicada es del 2012).

La UBA está en crisis hace años. Funciona gracias al sacrificio de muchos y muy por debajo de todo su potencial. Quizás sea un buen momento para dar un debate serio sobre el papel de la UBA. Hay muchas injusticias por corregir, pero para empezar a cambiarlas debemos sacarnos las anteojeras del chiquitaje político-partidario y comprometernos con el tema de fondo: la educación pública.

Según estadísticas oficiales, aproximadamente el 53% de los docentes de la Universidad de Buenos Aires desempeñan su función de forma ad honorem. O sea, que en relación al financiamiento del cuerpo docente, más de la mitad de la UBA se sostiene con donaciones de particulares lo cual cambia el paradigma. La UBA es una institución de financiamiento mixto donde una parte significativa del presupuesto es aportado por voluntarios y sponsors.

El trabajo que cada docente no remunerado realiza en su aula merece un homenaje individual. Pero debo reconocer que esta forma de suplir la insuficiencia presupuestaria pone en riesgo la calidad educativa de la institución. La falta de una paga y la ausencia de un proceso de selección riguroso genera fuertes incentivos para que los docentes más calificados tiendan a invertir menos tiempo en las aulas públicas migrando al sector privado. El costo de la insuficiencia presupuestaria es un cuerpo docente menos motivado y dedicado en promedio que el que pudiéramos tener con más recursos asignados y mejor administrados.

Que la educación sea pública no implica necesariamente que deba ser gratis para todos en cualquier circunstancia. Lejos de ser esta una muestra de progresismo, bien puede ser una forma regresiva de invertir en educación que puede generar efectos perjudiciales para la comunidad, como una menor calidad educativa o un menor acceso de las personas con bajos ingresos. Una idea superadora a la de acceso gratuito es la idea de acceso igualitario a los servicios públicos que implica que quien pueda pagarlo lo haga y que quien requiera una ayuda la reciba en la medida de sus posibilidades. Pensaré un modelo posible hacia el final de la nota.

Lamentablemente hemos naturalizado que un servicio público administrado por el Estado puede ser deficiente y que por ello no debemos alarmarnos ni escandalizarnos. Esto se explica porque existe un “mediador” en el pago que hace que aquello que se recibe no dependa, en principio, del que lo consume. La lógica de la dádiva o “regalo” que genera el Estado al asumir el rol de principal pagador tiende a generar un sesgo cognitivo en las personas beneficiarias del servicio público.

La Dra. Gabriela Riquelme al estudiar la economía de la educación señala que en la década de los noventa la educación pasó en 1991 del 2,6% del PBI al 5% en el 2001 representando así una variación del 2,4% que luego cae a 4,1% en el 2002 datos que surgen del Ministerio de Educación. El kirchnerismo sanciona acertadamente la ley 26.075 de financiamiento educativo apuntando a llevar el gasto mínimo al 6% del PBI a partir 2006 que se termina materializando en 2010. Sin embargo, vale aclarar que la cantidad de dinero invertido no es un dato suficiente para analizar si la política educativa es suficiente y eficaz.

Junto a cuánto se gasta debe analizarse cómo se gasta para definir si una política pública es exitosa o no. En Argentina 23 de cada 100 estudiantes de universidades gubernamentales terminan sus estudios mientras 40 de cada 100 lo hacen en las del sector privado según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA). Yendo al análisis por país, en Argentina se gradúan solo 2,5 por cada 1000 habitantes, casi la mitad de los 4,3 que ostenta Brasil. El debate excede únicamente a las universidades públicas y debe medirse el éxito global de la política de educación superior del país.

La Ley Federal de Educación (Ley 24.195) estipula en su artículo 39 el principio general de gratuidad “en todos los niveles” que permitan que “el servicio se preste a todos los habitantes que lo requieran”. En otras palabras, el dinero nunca puede ser un impedimento para acceder a las instituciones públicas. Posteriormente, la Ley Nacional de Educación Superior (Ley 24.521) establece en su artículo 59 inciso c que las universidades podrán generar recursos adicionales de “derechos o tasas por los servicios que presten” y para aclarar el concepto agrega “Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de grado, deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes”. Es decir, la universidad pública puede cobrar una tasa por estudiar siempre y cuando la misma no sea obstáculo para el acceso.

La ley con excelente criterio establece que dichos importes no pueden ser destinados a “gastos corrientes”, asegurándose así que los aportes de los estudiantes no pasen a subsidiar el déficit presupuestario del Gobierno correspondiente y, en cambio, focaliza estos ingresos complementarios al armado de un sistema solidario de becas y apoyo estudiantil junto a inversiones que potencien el desarrollo didáctico. Permitiendo así la consolidación de un circuito financiero que permita que los estudiantes potencien la matrícula y las herramientas de estudio.

Reconozco que es un gran desafío instrumentar un sistema de este tipo. Para que funcione debería tomarse como prueba de ingresos una declaración jurada de cada estudiante que declare su aptitud para contribuir a conformar este “fondo solidario de desarrollo” priorizando siempre que nadie pueda resultar excluido si declara que no puede pagar una tasa por sus estudios.

En lo personal, creo que hay que trabajar fuertemente para garantizar un servicio de calidad que incluya a más argentinos. Para tal fin, no me parece descabellado que aquellos que pueden contribuir un poco más de lo que ya lo hacen indirectamente mediante sus impuestos ayuden a garantizar el éxito de la educación pública con sus aportes y demanden el servicio de calidad que todos nos merecemos.