El programa permite completar una encuesta (disponible en línea y en papel) donde debemos elegir 6 ejes, entre 16 posibilidades, que consideremos prioritarios para terminar con la pobreza y mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de personas posible. La encuesta se ha distribuido por distintos países gracias al esfuerzo conjunto de distintas organizaciones de la sociedad civil y por el poder de Internet. El objetivo es presentar estos resultados ante los diseñadores de políticas públicas, fundamentalmente a los líderes de los distintos países, a fin de establecer una agenda global común de desarrollo posterior a 2015.

Este año se alcanza la fecha límite establecida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se establecieron en el 2000 y procuraban definir un eje de trabajo común entre los países miembro con miras al 2015. La encuesta actual, que busca establecer la agenda para los próximos años, ya cuenta con más de 7,69 millones de contribuciones a nivel global. Se convirtió así en la votación más grande del mundo y de la historia hasta el momento. Los resultados de la encuesta son de público acceso y pueden ser ordenados por país, género, edad, nivel de estudios alcanzado y nivel socioeconómico, y sirven como una poderosa herramienta para estudiar las preferencias de las personas a lo largo y ancho del mundo sobre el futuro que desean.

En cuanto a los resultados, a nivel global la mayor prioridad para mejorar la calidad de vida de las personas es una buena educación. En segundo lugar aparece el acceso a una buena atención médica. Tercero, el acceso a buenas oportunidades laborales. Cuarto, un Gobierno transparente y eficiente. Quinto, una dieta nutritiva que resulte accesible. Sexto, la protección a las personas contra el crimen.

En Sudamérica las prioridades se trastocan un poco. La educación y la salud siguen liderando los resultados en ese orden. Tercera aparece la necesidad de contar con Gobiernos eficientes y transparentes, cuarta, la necesidad de contar con seguridad. Quinta figura la protección de ríos, bosques y océanos, y sexta, la cuestión nutricional.

En Argentina los resultados se tornan un tanto más interesantes. Sigue liderando la educación, pero el segundo factor que los argentinos perciben que debe modificarse para que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los más pobres, es la transparencia y la calidad gubernamental. Luego figura el acceso a una buena alimentación, la seguridad, en cuarto lugar, seguida de cerca por el acceso al agua y a la higiene personal y sexto está el acceso a la salud, muy cerca de la protección de ríos y bosques. En conclusión, los argentinos consideran que el Gobierno es responsable de la falta de desarrollo del país en mayor medida que el resto de los países de la región y del mundo. Al menos es llamativo.

Este martes 28/7 a las 14 horas se realizará, en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, una presentación pública y abierta a toda la ciudadanía sobre el programa, los resultados globales, regionales y nacionales junto a diputados, senadores y líderes de organizaciones juveniles y de otras organizaciones de la sociedad civil. Los resultados serán presentados por tres organizaciones: la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), la comunidad política ABC y la Organización Argentina de Jóvenes por las Naciones Unidas (OAJNU) con apoyo y presencia de otras organizaciones comprometidas con que se conozcan y difundan los resultados.

Personalmente, considero que se trata de una oportunidad única de formar parte del diseño del mundo que queremos, de nuestro mundo. Este es un caso de éxito del uso de las nuevas tecnologías para acercar los problemas de política pública a los ciudadanos y darles a los políticos herramientas concretas para trabajar y definir prioridades. Gane quien gane las elecciones, estos resultados pueden contribuir a que encontremos las prioridades para nuestro país, nuestra región y nuestro mundo.

¿Vos ya hiciste oír tu voz? Podés votar ingresando acá y conocer los resultados acá.

Al analizar los casos en particular, se puede observar que Chile se encuentra cerca de las economías más libres del mundo obteniendo un puntaje de 78,5, en una escala de 1 a 100 puntos. Esto lo posiciona como la séptima economía más libre del mundo y liderando la región sudamericana siendo seguida por Colombia (71,7), Santa Lucía (70,2), Las Bahamas (68,7) y Uruguay (68,6).

Argentina por su parte también es uno de los que lideran el ranking pero arrancando desde el final de tabla, es decir, se trata de una de las economías menos libres. Sólo es superada negativamente en la región por Cuba (29,6) y Venezuela (34,3). Ostentando así el puesto 169 del ranking mundial sobre libertad económica.

A nivel global el ranking está encabezado por Hong Kong (89,6), Singapur (89,4) y Nueva Zelanda (82,1). Por su parte los países peor puntuados son Corea del Norte (1,3) , Cuba (29,6) y Venezuela (34,3). En definitiva Argentina es sólo superada a nivel regional por dos de los tres países peor puntuados del mundo.

El índice se calcula analizando cuatro pilares fundamentales: la preeminencia de la ley (Rule of Law), que engloba a la efectividad de los derechos de propiedad y a la libertad frente a la corrupción; el gobierno limitado, que se establece a partir de la libertad fiscal y el peso del gasto público; la eficiencia regulatoria, que se establece a partir de la libertad empresarial, la libertad laboral y la libertad monetaria; y la apertura de los mercados establecida a partir de la libertad de comerciar, invertir y participar en el mercado financiero. Dentro de cada una de las categorías precedentes se calcula el estado de cada una de las libertades relacionadas y graduadas en una escala del 1 al 100. El puntaje de un país surge del promedio entre los puntajes acerca de las libertades por categoría.

¿Es relevante la libertad económica?

El puntaje obtenido en torno a la libertad permite estimar qué tan bien van a vivir las personas dentro de un país. Si bien existe controversia dentro de la Academia acerca del impacto que tiene la libertad económica sobre el bienestar concreto dentro de los países, existe una relación positiva entre libertad económica y PBI per cápita, en la cual a mayor libertad económica, mayor ingreso per cápita. Además, los grupos de países libres y mayormente libres son los grupos de países con mayor PBI per cápita del mundo.

El PBI per cápita no alcanza por sí solo para determinar la calidad de vida de las personas que habitan dentro de un país determinado. Sin embargo, existe una correlación positiva (R2=0,92) entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el PBI per cápita. La relación es clara: a mayor ingreso general, mayor calidad de vida de los habitantes. Aquí surge un primer interrogante, la brecha de 34,5 puntos entre Chile y Argentina, ¿qué representa en términos de desarrollo humano? ¿Cuánta calidad de vida gana Chile -o pierde Argentina- por una brecha semejante?

En el debate acerca de si un Estado debe guiar sus esfuerzos en igualar a sus ciudadanos forzosamente o generar oportunidades para facilitar la creación de riqueza la evidencia empírica demuestra que es negocio para toda la sociedad apostar al crecimiento económico antes que a la redistribución como política central de un Estado.

Un país puede renunciar a las libertades económicas; las consecuencias podrán observarse en pérdida de libertades políticas o en una caída a mediano plazo del Índice de Desarrollo Humano.

Aquí es necesario llamar la atención del lector. Por las políticas adoptadas por el gobierno argentino, se ha ido en contra de la libertad económica, el país se ha estado descapitalizando, y eso ha llevado a que la economía argentina haya descendido del tercer al cuarto puesto de la región. Tal vez sea momento preguntarse si la ruta que se ha tomado, es la mejor para llegar a buen puerto. La Argentina tiene una gran oportunidad de crecimiento sustentable, pero para eso necesita eliminar diversas trabas a la libertad económica, para fomentarla y ayudarla a que esta florezca.

Por su parte, Chile hoy enfrenta el desafío de Michelle Bachelet quien ha prometido en su plataforma reeleccionista avanzar en reformas profundas que pueden atacar los cimientos del desarrollo y crecimiento chileno durante las últimas décadas. Si bien el país viene perdiendo puntos en cuanto a la libertad económica sigue siendo un caso destacable dentro de Latinoamérica.

Un gobierno que desea ser guionista, actor y director, y tener un rol protagónico, si no crea los incentivos necesarios y deja a la actividad económica ser en libertad, ¿no termina sofocando la economía?

(Nota escrita con la colaboración de Marcos Elía y Alejandro Saez)

Las personas con algún tipo de discapacidad no son improductivas más allá de la limitación específica que posean. Sin embargo, pesa sobre ellos una sospecha general o desconfianza que no tiene sustento fáctico. Este no es un dato menor, siendo que 1 de cada 10 personas en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. En Argentina hay aproximadamente 5 millones de discapacitados (12,5%). Y buena parte de ellos vive en zonas rurales con nulo o bajo acceso a programas de integración y desarrollo.

Tomando una variable, en América Latina más del 70% de las personas con discapacidad no poseen empleo. En Argentina dicha variable llega al 75%, es decir, 3 de 4 personas con discapacidad son desempleadas. En los países desarrollados la diferencia suele ser poco significativa entre la población que posee alguna complicación y la que no. Vale aclarar que varios de estos países poseen leyes que obligan a las empresas a cumplir ciertos cupos con personas con discapacidad. Este sistema compulsivo se suele complementar con un sistema de incentivos fiscales para ayudar a revertir la tendencia.

Quitando casos específicos de éxito, como el caso de la cooperativa de masajistas En Buenas Manos, cuyos emprendedores son personas con discapacidad visual, es muy raro ver a personas con discapacidad al frente de alguna organización.

En Argentina, para acceder a la mayoría de los beneficios que la ley le reconoce a esta población, hace falta tramitar el Certificado Único de Discapacidad (comparto guía de La Usina). Los beneficios van desde el derecho a viajar gratis a la cobertura integral médica (que rara vez se cumple), subsidios y ayudas para ser empleado. Sin embargo, los problemas de acceso a la información, la falta de presupuesto o las burocracias suelen impedir el funcionamiento adecuado de las políticas públicas del sector. Es muy cuestionable el éxito de las medidas nacionales en torno a la problemática por lo que merecen un serio replanteo.

Yendo a un caso específico de éxito relativo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires posee una de las normativas más inclusivas en la materia (la Constitución de la CABA sostiene que el 5% de los empleados públicos deben ser personas con discapacidad y una batería de leyes complementarias pone sobre el gobierno porteño la carga de hacer cumplir dicha normativa). Lo cierto es que a lo largo de los últimos años el GCBA ha hecho un gran esfuerzo tendiendo a dicho objetivo y es común cruzarse en dependencias públicas con personas con algún tipo de dificultad. Si bien el proceso viene dando buenos resultados, encontré algo que permitiría mejorar el rendimiento del proceso.

Actualmente, el proceso diseñado plantea que las personas se inscriban primero en un registro único laboral a cargo de la COPIDIS, generando una base de datos a la cual luego se remiten las búsquedas que se asocien a los perfiles relacionados. El problema es que no aparecen publicadas las búsquedas activas y eso impide que personas que se encuentran por fuera de la base de datos puedan acceder al servicio. La propuesta es modificar el sistema y convertirlo en una bolsa de empleo virtual como Búmeran, donde las dependencias públicas puedan cargar directamente sus búsquedas laborales al igual que los contratistas del gobierno porteño (que también están obligados a respetar el cupo). De esa manera se evitan los intermediarios y se aceita el funcionamiento.

El otro día conocí el portal Incluyeme. Ellos han desarrollado una herramienta que permite a cualquier organización subir sus búsquedas laborales en un portal destinado a personas con discapacidad. Sin necesidad de desarrollar otra plataforma, podría implementarse dicha herramienta y de ésta manera simplificar el proceso de búsqueda laboral para personas con discapacidad. Podría acordarse, además, usar la base de datos para promover programas y capacitaciones para fortalecer a la comunidad.

En mi opinión, debemos trabajar en conjunto articulando a actores del sector privado junto con entidades gubernamentales para poder ayudar a quienes lo necesitan. Hoy tenemos una herramienta en nuestras manos que nos permitiría potenciar la eficiencia de las políticas públicas vinculadas con discapacidad. La tecnología nos abre las puertas para transformarle la vida a muchas personas. Depende de nosotros dar un paso hacia el futuro y promover que el Estado esté cada vez más al servicio de las personas y no al revés.

Su caso ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema constitucional argentino. Que un grupo de sinvergüenzas, liderados por Alejandra Gils Carbó, pueda ponerlo a usted en el banquillo de acusados muestra la deuda institucional que aún tenemos pendiente. Hemos fallado como sociedad al crear un sistema que sólo puede funcionar bien en manos de héroes y santos. Estamos en deuda no sólo con usted si no con todos los argentinos.

Su caso pone en evidencia por qué hay que tomar la mayor cantidad de resguardos posibles para limitar la discrecionalidad del Estado sin importar quién gobierne. No podemos depender del surgimiento de personas dispuestas a sacrificios extraordinarios para poder encontrar un poco de justicia en nuestro país. Hemos modelado un país que requiere de un insumo que no abunda.

No podemos volver el tiempo atrás. Pero le prometo que haremos todo lo que sea necesario para que en el futuro nadie más tenga que volver a sufrir el peso del Estado de la manera que usted lo está haciendo. Por más mundialistas que sean las distracciones que usen sepa que estaremos firmes junto a usted resistiendo a la pesada bota del Estado corrupto y corruptor.

(Nos vemos este lunes a las 10.30 en Av. de Mayo 760)

Gracias por todo.

Según estadísticas oficiales, aproximadamente el 53% de los docentes de la Universidad de Buenos Aires desempeñan su función de forma ad honorem. O sea, que en relación al financiamiento del cuerpo docente, más de la mitad de la UBA se sostiene con donaciones de particulares lo cual cambia el paradigma. La UBA es una institución de financiamiento mixto donde una parte significativa del presupuesto es aportado por voluntarios y sponsors.

El trabajo que cada docente no remunerado realiza en su aula merece un homenaje individual. Pero debo reconocer que esta forma de suplir la insuficiencia presupuestaria pone en riesgo la calidad educativa de la institución. La falta de una paga y la ausencia de un proceso de selección riguroso genera fuertes incentivos para que los docentes más calificados tiendan a invertir menos tiempo en las aulas públicas migrando al sector privado. El costo de la insuficiencia presupuestaria es un cuerpo docente menos motivado y dedicado en promedio que el que pudiéramos tener con más recursos asignados y mejor administrados.

Que la educación sea pública no implica necesariamente que deba ser gratis para todos en cualquier circunstancia. Lejos de ser esta una muestra de progresismo, bien puede ser una forma regresiva de invertir en educación que puede generar efectos perjudiciales para la comunidad, como una menor calidad educativa o un menor acceso de las personas con bajos ingresos. Una idea superadora a la de acceso gratuito es la idea de acceso igualitario a los servicios públicos que implica que quien pueda pagarlo lo haga y que quien requiera una ayuda la reciba en la medida de sus posibilidades. Pensaré un modelo posible hacia el final de la nota.

Lamentablemente hemos naturalizado que un servicio público administrado por el Estado puede ser deficiente y que por ello no debemos alarmarnos ni escandalizarnos. Esto se explica porque existe un “mediador” en el pago que hace que aquello que se recibe no dependa, en principio, del que lo consume. La lógica de la dádiva o “regalo” que genera el Estado al asumir el rol de principal pagador tiende a generar un sesgo cognitivo en las personas beneficiarias del servicio público.

La Dra. Gabriela Riquelme al estudiar la economía de la educación señala que en la década de los noventa la educación pasó en 1991 del 2,6% del PBI al 5% en el 2001 representando así una variación del 2,4% que luego cae a 4,1% en el 2002 datos que surgen del Ministerio de Educación. El kirchnerismo sanciona acertadamente la ley 26.075 de financiamiento educativo apuntando a llevar el gasto mínimo al 6% del PBI a partir 2006 que se termina materializando en 2010. Sin embargo, vale aclarar que la cantidad de dinero invertido no es un dato suficiente para analizar si la política educativa es suficiente y eficaz.

Junto a cuánto se gasta debe analizarse cómo se gasta para definir si una política pública es exitosa o no. En Argentina 23 de cada 100 estudiantes de universidades gubernamentales terminan sus estudios mientras 40 de cada 100 lo hacen en las del sector privado según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA). Yendo al análisis por país, en Argentina se gradúan solo 2,5 por cada 1000 habitantes, casi la mitad de los 4,3 que ostenta Brasil. El debate excede únicamente a las universidades públicas y debe medirse el éxito global de la política de educación superior del país.

La Ley Federal de Educación (Ley 24.195) estipula en su artículo 39 el principio general de gratuidad “en todos los niveles” que permitan que “el servicio se preste a todos los habitantes que lo requieran”. En otras palabras, el dinero nunca puede ser un impedimento para acceder a las instituciones públicas. Posteriormente, la Ley Nacional de Educación Superior (Ley 24.521) establece en su artículo 59 inciso c que las universidades podrán generar recursos adicionales de “derechos o tasas por los servicios que presten” y para aclarar el concepto agrega “Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de grado, deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes”. Es decir, la universidad pública puede cobrar una tasa por estudiar siempre y cuando la misma no sea obstáculo para el acceso.

La ley con excelente criterio establece que dichos importes no pueden ser destinados a “gastos corrientes”, asegurándose así que los aportes de los estudiantes no pasen a subsidiar el déficit presupuestario del Gobierno correspondiente y, en cambio, focaliza estos ingresos complementarios al armado de un sistema solidario de becas y apoyo estudiantil junto a inversiones que potencien el desarrollo didáctico. Permitiendo así la consolidación de un circuito financiero que permita que los estudiantes potencien la matrícula y las herramientas de estudio.

Reconozco que es un gran desafío instrumentar un sistema de este tipo. Para que funcione debería tomarse como prueba de ingresos una declaración jurada de cada estudiante que declare su aptitud para contribuir a conformar este “fondo solidario de desarrollo” priorizando siempre que nadie pueda resultar excluido si declara que no puede pagar una tasa por sus estudios.

En lo personal, creo que hay que trabajar fuertemente para garantizar un servicio de calidad que incluya a más argentinos. Para tal fin, no me parece descabellado que aquellos que pueden contribuir un poco más de lo que ya lo hacen indirectamente mediante sus impuestos ayuden a garantizar el éxito de la educación pública con sus aportes y demanden el servicio de calidad que todos nos merecemos.

A Wilmer lo conocí en un curso de inversiones para pequeños ahorristas. Era un pibe de poco más de 20 años. Un día en un evento se me acercó y preguntó si le podía dar trabajo. Les resumo su historia.

Wilmer vino de Bolivia poco después de haber terminado el secundario. Trabajaba en el campo con su mamá cosechando papas y algunas otras frutas y verduras. Un conocido de la madre le vendió que Argentina era una tierra de oportunidades y que acá podía tener un futuro prominente. Terminó en un taller esclavo, planchando camisas por 10 centavos la unidad en algún lugar de la Provincia de Buenos Aires.

Armado de esperanzas, después de más de un año en condiciones de virtual esclavitud cumplió con el acuerdo con su esclavista y logró encontrar refugio en otro taller donde, al menos, le dejaban salir a estudiar. Trabajando de lunes a sábados por aproximadamente $1000, lo conocí. Me pidió trabajo y le pregunté “¿Qué sabés hacer?” – “Coser, planchar y cosechar papas”, bien pudo ser su respuesta, que ya no logro evocar pero recuerdo que me causó gracia por la brutalidad sincera. Era alguien que quería salir adelante y se tenía fe, eso me entusiasmaba.

Un día me decidí, lo llamé y le dije “te pago lo mismo que te pagan ahora, vení y vemos en que te puedo ocupar”. Y así Wilmer vino a trabajar sin tener idea de qué hacer. Poco a poco lo fuimos capacitando, dándole cada vez más responsabilidades hasta que fue ganándose su lugar. Estaba en negro, claro. Con el tiempo llegó a justificar su puesto y le pregunté si quería estar en blanco o llevarse el dinero en mano, dijo que prefería tener el dinero para invertir y para dárselo a su familia. El día que negociamos el aumento que lo ponía finalmente por encima del salario mínimo, al volver a la empresa nos encontramos con inspectores del Ministerio de Trabajo. Hubo que blanquearlo a la fuerza, recuerdo ver cómo lloraba cuando le explicaba que no iba a poder darle el aumento prometido y que, además, me iba a comer una flor de multa.

Pero más allá de las adversidades ministeriales pudo progresar, lo ayudé para que se venga a vivir conmigo a un departamento compartido. También se anotó en la universidad para comenzar sus estudios. Un día me vino a avisar que ya no iba a trabajar en la empresa, que había conseguido algo mejor. Las buenas nuevas continuaron y poco después vino a avisarme que ya no iba a vivir con nosotros: se mudaba solo por primera vez en su vida. Invertir en él valió la pena y pude regalarle a alguien un poco más de libertad.

Si me hubiera tenido que regir por lo que dictan las leyes de algunos burócratas iluminados y mafiosos sindicalistas que establecen exigencias absurdas y arbitrarias para dar empleo, Wilmer seguramente seguiría en un taller. El salario mínimo sólo sirve para excluir a los menos calificados de acceder a puestos de trabajo. Si vemos al mercado como una escalera, el salario mínimo quita los primeros escalones robándole a muchos la posibilidad de empezar a subirla o volver a subir.

Es insensato pensar que por prohibir algo eso va a dejar de existir. Lo nefasto es convertir en ilegal o criminal una relación que beneficia a dos personas de común acuerdo. Aun perdiendo plata a favor de Wilmer, como fue mi caso inicialmente, estaba cometiendo un ilícito. Las leyes me llevaban a realizar una acción injusta (dejarlo sin trabajo en un taller esclavo) o a infringirla por cumplir con aquello que me dictaba mi conciencia.

Existen muchísimas leyes que sirven para perpetuar situaciones injustas. Así como existen muchos empresarios y empleados malparidos hay gente valiosa que se ve impedida de hacer todo lo bueno que pudiera hacer o ayudar a todos aquellos que pudiera ayudar. La lógica del salario mínimo, junto con otras medidas proteccionistas, sirven para aumentar la dependencia de la sociedad en grupos de presión (sindicatos, cámaras de comercio, etcétera) para poder obtener favores y reconocimientos por parte de un gobierno corruptible.

Sin perjuicio de mi profundo repudio y asco por las formas de esclavitud lo cierto es que entre el trabajo en situaciones infrahumanas y de cautividad y un salario acordado libremente (aunque pueda resultar bajo) hay un universo de diferencias que reflejan la complejidad de la sociedad que resulta imposible de plasmar en un decreto, una paritaria o cualquier decisión centralizada.

El salario mínimo es una de las principales causas de que en Argentina el acomodo sea la principal forma de acceso al primer empleo. Quien llega sin experiencia suele ser improductivo, ¿pretendemos que la empresa absorba su costo o se lo tiene en negro un par de meses hasta que aprenda? Debemos abrirle las posibilidades a que todos los que están parados se sumen a trabajar por una Argentina mejor. Hablemos acerca de cómo mejorar su salario real, de cómo darles herramientas para progresar, de cómo ayudarlos a llegar a fin de mes y terminemos con las mentiras que llevan a perpetuar la mediocridad y la dependencia.

Si el salario resulta insuficiente hablemos de otorgar un ingreso compensatorio como en Chile, hablemos de capacitar a la gente para que pueda elegir no trabajar en lugares por necesidad, facilitemos las condiciones para que cualquiera pueda abrir un negocio y que podamos expulsar a miserables del mercado. Ayudemos a las personas a mejorar su condición, brindándoles herramientas genuinas para el desarrollo y dejemos de destruir el valor de la moneda con políticas monetarias irresponsables.

El salario mínimo no termina con el problema de los salarios bajos ni resuelve el tema de la pobreza, sólo lo esconde y convierte en criminales o víctimas excluidas a quienes muchas veces no tienen más alternativa que hacer lo que pueden.