Este último femicidio reabrió en los medios el tema de la violencia que vivimos las mujeres, en esta ocasión quizás debido a los detalles por demás morbosos del caso. Sin embargo, como en situaciones anteriores, vuelven a cargarse las tintas sobre la conducta de la mujer, su supuesta extorsión al marido, el estado de desequilibrio en que se encontraba él por razones laborales, etcétera. Todas estas explicaciones pretenden brindar cierta calma a nuestras conciencias sobre lo que nos resulta intolerable: que un hombre asesine a una mujer, y a la mujer con la que lo unía un vínculo afectivo.

La verdad es que Claudia vivía en un contexto de violencia y su marido la asesinó en forma cruel y brutal.

Sin embargo, lo cierto es que desde aquel 3 de junio donde la Plaza de los Congreso se colmó de una multitud de mujeres y hombres exigiendo #NiUnaMenos, las estadísticas arrojan la misma cifra de feminicidios: uno cada treinta horas. Es decir, han muerto 70 mujeres por feminicidio desde la marcha de #NiUnaMenos.

El caso de Claudia Schaefer resuena mientras son invisibilizados decenas de otros casos que ocurren por mes de mujeres asesinadas por hombres violentos, tal vez en contextos menos atractivos que el del coqueto country de Pilar y con protagonistas menos llamativos. En la mayoría de los casos, han tratado de pedir ayuda o denunciado al agresor sin ser escuchadas. La indiferencia, el ocultamiento, la invisibilización de la violencia machista es lo que mata a esas mujeres. Pero también la falta de espacios de acompañamiento y sostén. Sabemos, y lo sabe la Justicia, que las medidas cautelares son necesarias, son urgentes, pero no son suficientes para posibilitar que las mujeres vivan una vida libre de violencia.

La primera invisibilización se da cuando el Estado sigue sin realizar estadísticas oficiales para determinar la cifra de femicidios.

El Congreso, por su parte, se niega a tratar la ley que declara la emergencia nacional en materia de violencia contra las mujeres, proyecto que permite dotar de presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres, órgano encargado de la aplicación de la ley de prevención contra este tipo de violencia. El presupuesto permitiría, entre otras cosas, establecer a lo largo y ancho del país espacios de acompañamiento y empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, tal como lo dispone la ley 26.485. Permitiría la creación de nuevos patrocinios jurídicos gratuitos especializados en violencia de género y la asistencia financiera urgente que requieren las mujeres víctimas que tienen como único sustento el ingreso de estos hombres violentos. Si bien todos estos derechos están contemplados en la legislación vigente, sabemos que no están garantizados para las mujeres víctimas de violencia.

Ninguno de los tres candidatos a presidente que más miden en las encuestas ha puesto el tema de la violencia contra las mujeres en su agenda de campaña. Solo se han limitado oportunamente a sacarse la foto con el cartelito de #NiUnaMenos. Daniel Scioli, por ejemplo, si bien firmó los cuatro objetivos de la campaña, como los otros dos candidatos a presidente más votados y responsables políticos en sus jurisdicciones, se encuentra con un retraso notable en la aplicación de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Las problemáticas relacionadas con la violencia de todo tipo, y la violencia que sufren las mujeres por su condición de tal en particular, son complejas. Es necesario un abordaje interdisciplinario y una real voluntad política para llevar adelante las transformaciones más urgentes a fin de terminar con este flagelo.

Desde nuestro espacio reclamamos con carácter inmediato la declaración de la emergencia nacional como primer paso ineludible. Pero principalmente reclamamos voluntad política por parte del oficialismo para terminar con la violencia contra las mujeres. Ni una menos.

De hecho, las cifras son escalofriantes: en el 2013 se registraron 295 femicidios en el país, un 16 por ciento más que en el año 2012; una mujer es muerta cada 30 horas víctima de femicidio; en el año 2008 hubo 208 femicidios, en el año 2009 fueron víctimas 231 mujeres, en el año 2010, 260, en el 2011 la cifra subió a 282 y en el año 2012 los femicidios fueron 255.

El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Se trata de un término político que denuncia la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El concepto femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas., actualmente incorporado al diccionario por la Real Academia Española gracias a la antropologa feminista mexicana Marcela Lagarde.

En marzo del año 2009 se sancionó la ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Una ley que consagra un gran cúmulo de derechos que protegen a la mujer contra la violencia de género.

Ahora bien, los números, objetivos y ajenos a todo relato épico, nos muestran que la sola sanción de una ley cargada de derechos y reconocimiento no elimina este flagelo social. Los números evidencian que la política pública que se esté llevando adelante al respecto no está dando resultados positivos.

Quizás, ese sea el primer problema que evidencia la ausencia del Estado en esta materia: los números. Las cifras antes citadas son relevadas por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

En Argentina no existe organismo estatal alguno que brinde datos oficiales sobre femicidios. Entonces, los datos estadísticos, insumo indispensable para la construcción de políticas pública, dependen de iniciativas privadas que con gran esfuerzo llevan adelante una difícil tarea que el Estado no cumple y sin contar con las herramientas apropiadas (acceso a datos hospitalarios, policiales y judiciales).

No puede haber política pública exitosa si, en primer lugar, no contamos con un claro y preciso diagnóstico que nos permita atacar la conflictiva de la mejor manera. Para la elaboración de políticas públicas que protejan la vida de las mujeres es siempre necesario contar con el diagnóstico adecuado para así encontrar cuál es el abordaje necesario.

Allí nos encontramos con el segundo problema: los recursos económicos. No existe política pública que pueda tener éxito si no se destinan para su ejecución los recursos materiales y humanos necesarios para llevarlas adelante, una cuestión que, a primera vista, pareciera básica.

Quizás no lo vean así quienes hoy están encargados de elaborar y llevar adelante las políticas públicas contra la violencia de género. Aquí, nuevamente, pareciera que los números no acompañan la lucha contra la violencia de género: el monto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres en el presupuesto 2014 es de 16, 2 millones de pesos, dentro de los cuales el 71,6% (11,6 millones de pesos) son destinados al pago de los haberes del personal. Es decir, sólo el 28,4% del presupuesto del Consejo se destina al cumplimiento de la ley 26.485 de violencia contra las mujeres. A su vez, el presupuesto del Consejo representa tan solo el 0,0018% del presupuesto total,  lo cual significa un 33% menos de lo asignado en el presupuesto 2013.

La declaración de la emergencia nacional en materia de violencia de género es una necesidad imperiosa, repito, una mujer muere cada 30 horas a causa de la violencia de género en nuestro país. La no elaboración de estadísticas no va a ocultar el problema, la violencia de género y los femicidios no son una sensación: son una realidad que hay que combatir.