También en esa dirección se ha expresado el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien sostuvo que había que extraditar a los extranjeros que cometían algún delito.

El sistema judicial siempre ha sido objeto de numerosos debates y discusiones en nuestro país. Se tiene la impresión –sobradamente justificada – de que la justicia es muy lenta y especialmente que no llega nunca cuando los acusados son los poderosos de turno.

Por otro lado, salvo contadísimas excepciones, los funcionarios públicos que  han cometido delitos en ejercicio de sus funciones llegan a ser condenados. El procedimiento penal aún vigente posibilita un ilimitado derrotero recursivo que si no es resuelto con celeridad en audiencias públicas y orales, permite la prescripción de causas de renombrada gravedad institucional, como por ejemplo aquellas en que se investigan hechos de corrupción  por el  desvío de  recursos públicos que terminan en cuentas off shore.

Si bien es cierto que esta iniciativa del oficialismo es apoyada por todos los foros especializados que reclaman la sustitución de un proceso inquisitivo y la resolución de cuestiones esenciales en audiencias orales y públicas en un lapso de tiempo corto, la presidenta destacó como bondades los más groseros errores que tiene este proyecto. Esos errores son justamente las nuevas normas que posibilitan fundar la detención preventiva por razones de conmoción social del hecho y la deportación de extranjeros sorprendidos en flagrancia, como si ambas medidas tuvieran algún tipo de efectividad en la lucha por combatir al delito en alguna escala suficiente.

En la forma en que fueron expuestas por la Presidenta en su discurso, ambas medidas son contrarias a la letra y espíritu de nuestra Constitución Nacional, y en especial de las exigencias y estándares internacionales en materia de detención preventiva. Una modificación en ese sentido viene a agravar aún más la desdichada posición de la Argentina como país que conserva niveles alarmantes de presos sin condena. O, para decirlo en otros  términos, de personas inocentes que se encuentran privados de libertad a raíz de medidas cautelares, muchos de los cuales serán considerados absueltos, o recobrarán su libertad por el mero lapso del tiempo.

A su vez, los principios y derechos que se establecieron en la ley Nacional de Migraciones,  ejemplo de progresividad de derechos en la región por su trato digno e igualitario al extranjero, se ve afectada, no tanto por la letra del nuevo código, que en definitiva no guarda tanta variación con los supuestos de expulsión vigentes, (condena firme de ejecución condicional, procesamiento  del extranjero sobre el que pesa orden de expulsión),  sino con el lamentable discurso oficial de nuestra Presidenta que agravia el estatus de extranjero como el “delincuente” al que hay que perseguir y echar del país. La redacción propuesta además es de tal imprecisión que no logra comprenderse con claridad cual fue su verdadero espíritu. Está inserta en el capitulo referido a suspensión del proceso a prueba donde se enumeran taxativamente los supuestos en los que procede este instituto, pero hace una excepción para los extranjeros en situación irregular, donde al parecer podrían ellos, (no queda claro), sustituir esa medida por la expulsión. Esta medida imprecisa en cuanto a los fines y procedencia será seguramente modificada; lo más importante a atender como sociedad, son los discursos xenófobos que cobran mayor intensidad frente a la incompetencia para desarticular las mafias delictivas que cada día despliegan su poderío.

Son discursos demagógicos que hay que eliminar de cuajo para no tener que lamentar luego casos de violencia institucional que se ejerce al amparo de funcionarios que, por lo bajo, culpan a los pobres y a los extranjeros de todos nuestros males.   

La Provincia de Buenos Aires, hace varias décadas que inauguró ese tipo de procedimiento penal dejando en manos de los Fiscales la investigación total de los hechos delictivos ocurridos en territorio Provincial. El resultado, por lo pronto, dista del ideal que plantea la Sra. Presidenta. Y esto es un hecho que no puede ser soslayado a la hora de un análisis profundo sobre nuestra realidad nacional.

Los fiscales de la Provincia de Buenos Aires no dan abasto con causas abarrotadas por falta de personal y recursos suficientes para atender la totalidad de delitos que se denuncian diariamente. La asignación de instructor para causas no complejas tarda no menos de  cuatro meses en algunas jurisdicciones y esto incluye por ejemplo: delitos de  amenazas contra mujeres pobres, que como vemos diariamente pueden ser el preludio de graves ataques contra su integridad física.

Asimismo, la mayoría de la población víctima de un delito carece de posibilidad de contratar un abogado de confianza  para hacer efectivos  sus derechos y esto reduce las posibilidades de poder actuar efectivamente para aportar elementos de prueba o recurrir decisiones desacertadas de la Fiscalía.

Hay que decir que el artículo 56 del Código de Procedimiento de la provincia establece solemnemente que el agente Fiscal debe promover la actuación de la legalidad y el proyecto en discusión sostiene que “el ministerio Público” actuará bajo principios de objetividad y buena Fe, pero lo cierto es que muchas de las investigaciones se truncan por falta de personal capacitado, de recursos para atender investigaciones complejas. Los plazos no se han acortado mucho, salvo para los casos de flagrancia, que impide la liberación de la persona a pesar de la levedad del delito imputado. Este procedimiento ha servido también, por ejemplo, para  encausar a militantes opositores o a simples trabajadores que terminan detenidos por más de 24 horas en un calabozo que debía estar  clausurado, pero que el Sr. Ministro de Seguridad  Granados rehabilitó argumentando la emergencia en seguridad.

De hecho, es un secreto a voces en la provincia que la mayoría de los procedimientos  que afectan a  grandes narcotraficantes terminan siendo nulos por los groseros errores de procedimiento, obligando a absolver a miembros de carteles de droga por la falta de profesionalismo y legalidad en la investigación de los hechos. Con esto quiero decir que un Código Procesal desprovisto de la voluntad política de dotar de recursos al Poder Judicial, y de garantizar la independencia del Ministerio Público para el respeto de la ley, es un planteo falso y maniqueo. Si a eso se suma una Procuradora General que parece ensañarse con los Fiscales que investigan al Poder, mucho más lejos estaremos de una justicia legítima como la que algunos verdaderamente deseamos.

Los despidos actuales en la industria automotriz -hasta hace poco tiempo mostrada como vedette del éxito de las las políticas oficiales- y en la ferroviaria, causada una vez más por el Grupo Cirigliano, socio de este Gobierno, los obliga a neutralizar toda protesta.

Le digo al señor Secretario que no podemos acompañar ninguna iniciativa que tenga como finalidad directa y expresa la censura y la invisibilidad de las partes más postergadas o vulnerables de nuestra sociedad. Aunque a rigor de verdad, los trabajadores registrados no lo son, pues al menos tienen un salario y jubilación. Mucho peor la pasan los millones de hombres y mujeres que en la década ganada no consiguieron incorporarse formalmente al mercado laboral, y ni siquiera tienen un interlocutor para sus reclamos. Compatriotas que están afuera del sistema, sin salario, sin aguinaldo, sin obra social, y sin sindicato (bueno o malo) que los represente.

Señor  Secretario, nos parece justo y constitucional gritar a los cuatro vientos que hay hombres y mujeres que no tienen satisfechos sus más mínimos derechos económicos y sociales. Por eso, en días tan especiales como estos, en los que se festeja el inicio de un proceso emancipador, sería de esperar que su gobierno al menos desista de la idea de solucionar la debacle causada con mayor represión hacia nuestro pueblo.

No es cierto que estemos ante derechos subjetivos equivalentes o que debamos priorizar el derecho a transitar. El derecho a la seguridad alimentaria, al trabajo, a la salud y a la libertad, están muy por encima del derecho a trasladarse rápido de un punto a otro de nuestra república. Este derecho, el de transportarse rápido y seguro de un punto a otro de nuestras ciudades, dejó hace tiempo de ser un derecho garantizado. Sólo ver los embotellamientos de tránsito que provocan autos y colectivos diariamente nos hace concluir que en esa materia también hay un déficit grave de ausencia del Estado.

En las villas y asentamientos de nuestro país, sus ocupantes tampoco tienen el derecho a que entre una ambulancia o a “no embarrarse para tomar un colectivo los días de lluvia”. Les pregunto a los autores de esos proyectos cuántos días soportaría algunos de los que se quejan vivir sin agua, sin luz, sin gas, o sin ingresos. Estos días de falta de agua, merced a la baja del Rio de la Plata, pueden haber sido un lindo ejercicio de conscientización para muchos de nosotros que vivimos en condiciones dignas el resto del año.

Cuantos días soportarían los que apoyan estos proyectos esperar desde la madrugada un turno médico para un hijo con fiebre y diarrea. O que no podamos parir nuestro hijo cuando nuestro cuerpo nos lo exige porque no hay médico de guardia. Lean las estadísticas de muertes durante nacimiento en algunas provincias argentinas, y escandalícense igual que lo hacen cuando se corta una ruta.

Cuantos días soportarían que a las maestras de sus hijos no les abonen un salario digno, o que asistan a una escuela sin bancos y sin calefacción.

Estos son argumentos políticos, pero también los hay desde el punto de vista legal. No lo digo yo, lo han expresado muchos Jueces de nuestra nación, que también comprenden que el ejercicio de petición a las autoridades debe estar por fuera de los tribunales y que es la dirigencia política la que debe dar respuestas.

Reprimir la protesta social no solo es jugar con fuego poniendo en vilo la necesaria paz social, en tiempos de crecientes dificultades económicas como el que atravesamos, en el que justamente el gobierno debería recurrir más que nunca al diálogo para velar por los intereses de los más afectados.

Reprimir la protesta social es anular un derecho fundamental en las sociedades democráticas. Sin procesos de lucha y vindicación de derechos, no hubiera habido voto femenino, ni abolición de la esclavitud. Por eso, serán necesarias todas las protestas para que nosotros -sus funcionarios- actuemos y garanticemos el ejercicio de derechos humanos básicos.

Así como la vida quiso ponerme en un lugar de la historia que no elegí al haber nacido en la ESMA, esta situación me llevó a compartir una elección de vida similar a la de mis padres -antes de saber que eran mis padres- y eso realmente me pone orgullosa. Pero también sé que a la gente hay que juzgarla por lo que hace todos los días y en ese sentido siempre tuve en claro que ser hija de desaparecidos no me dio una moral especial. Sí me dio el nacimiento en un lugar horrible y el ser parte de una historia dolorosa, nada más.

Como le dije en una carta a la presidenta Cristina Fernández hace unos meses, en este 24 de marzo más que nunca sigo sintiendo que la obediencia debida goza de muy buena salud en nuestro país. Y me duele oír de personas que respeto decir que Milani “firmó algo que no podía no firmar, porque tenía 20 años”, como para justificar el oscuro prontuario de quien, a pesar de todas las impugnaciones presentadas, nombraron Jefe del Ejército. La simple duda debería ser más que suficiente para que Milani deba enfrentar los juzgados y mirar a la cara a aquellos que declaran haber sido secuestrados por él.

Soy de las personas que valoran que este gobierno haya impulsado los juicios a los genocidas, derogado las vergonzantes leyes del Obediencia debita y punto final, y recuperado la ESMA como un espacio para la memoria. Pero también de aquellas que no les da tregua por haber permitido que tipos como Milani vuelvan a ocupar puestos institucionales importantes; por haber hundido al país en un proceso de corrupción enorme donde la mayoría de los funcionarios públicos tienen en su poder graves acusaciones y hasta juicios en curso por su mal desempeño en la función pública; por haber puesto en un lugar clave para la seguridad ciudadana a un ex carapintada como Berni, quien llevó detenidos a mujeres, niños y ancianos a Campo de Mayo sin orden judicial y al que la presidenta defiende públicamente como cumpliendo debidamente su trabajo; por hacer un festival obsceno con nuestros recursos naturales con multinacionales salvajes como la Barrick Gold y ahora Chevrón; y por la persecución a las comunidades indígenas, entre otras decisiones políticas que no comparto. Y reniego y lucho contra eso porque representan la Argentina del pasado, de la violación a los Derechos Humanos, de la corrupción, del saqueo y de la impunidad, a la que cuando recuperamos la Democracia, juramos no volver NUNCA MAS.

Hoy puedo firmar esta nota con mi verdadero nombre debido a que un pueblo y las Abuelas en algún momento decidieron ir a buscar la verdad y la justicia, y estoy orgullosa y agradecida por eso. La conmemoración del 24 de marzo es un buen momento para renovar el compromiso por los DDHH, tanto de los que se violaron en la última dictadura como los que hoy, en nuestro país, se violan todos los días. Por ese país, por el que mis viejos y su generación dejaron todo. Un país que, con los últimos actos de gobierno, vuelve a aparecer cada vez más lejos.