La fecha elegida se retrotrae a 1911, año en el que 140 trabajadoras de Nueva York, la mayoría jóvenes inmigrantes italianas y judías que trabajaban en la Triangle Shirtwaist Company, perdieron la vida debido a la falta de seguridad laboral.

Un siglo pasó desde aquella tragedia evitable. Durante ese siglo, las mujeres hemos conseguido el reconocimiento de nuestros derechos en numerosos tratados internacionales y regionales. Los más emblemáticos son la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y, a nivel nacional, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Podríamos decir que, un siglo después, las mujeres contamos con la consagración de numerosos derechos en pos de la tan buscada igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, en 2011, cien años después y en Argentina, 282 mujeres fueron asesinadas por violencia machista (255 en el año 2012, 295 en el año 2013 y 277 en el año 2014).

El tiempo pasa, los derechos se reconocen en tratados, pero a las mujeres nos siguen matando. De los 277 femicidios de 2014, en el 14% las mujeres habían hecho las denuncias judiciales por violencia contra sus agresores. Como en el caso de Cintia, la mujer asesinada por su ex pareja de 17 puñaladas en Morón, quien había denunciado y contaba con una orden de prohibición de acercamiento contra su ex pareja.

Se trata de muertes evitables. Estamos hablando de mujeres, madres, hijas, amigas que podrían seguir con vida si funcionaran las instituciones, si el Poder Judicial, si las fuerzas de seguridad hicieran su trabajo como corresponde. Muertes evitables si el Gobierno tuviera en su agenda la violencia contra las mujeres como una problemática a resolver.

No parece ser el caso del Gobierno que nunca dotó de presupuesto necesario al Consejo Nacional de las Mujeres, que nunca publicó estadísticas acerca de la violencia contra las mujeres, herramienta indispensable para la elaboración de políticas pública, nunca quiso poner en discusión el debate sobre el aborto. Es cierto que discursivamente el tema estaba presente en el relato, pero en los hechos los femicidios crecieron exponencialmente durante los años kirchneristas.

En esta nueva administración, el tema directamente fue acallado, invisibilizado a tal extremo que, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri no dedicó párrafo alguno a la agenda legislativa que propone para combatir la violencia contra las mujeres. No parece ser un tema relevante.

Por su parte, la sociedad sí habló. El 3 de junio del año pasado miles de personas salieron a la calle a gritar “#NiUnaMenos, basta de mujeres muertas”. A pesar de todo esto, como una crónica anunciada, las mujeres seguimos siendo asesinadas por hombres violentos.

¿Cuánto más hay que esperar? ¿Cuántas más tienen que morir? ¿Qué envergadura debe tomar el problema para que los Gobiernos trabajen por una solución?

La violencia de género es una violación grave a los derechos humanos. Incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, y también mortales, para mujeres y niñas, lo que afecta negativamente su bienestar e impide su plena participación en la sociedad.

Se trata de una problemática compleja cuyas causas se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales provenientes de una sociedad patriarcal y los estereotipos de género que la perpetúan.

Tan compleja es la problemática como su solución. Para abordar una solución a la violencia de género es necesario hacerlo en forma interdisciplinaria. Necesitamos fuerzas de seguridad especializadas en la temática y no una policía que revictimice a las denunciantes, las expulse del sistema de protección y les ponga obstáculos para hacer la denuncia. También hace falta un Poder Judicial que cuente con un fuero especial para las causas de violencia de género: un expediente en donde se denuncia que un agresor violó en reiteradas oportunidades una cerca perimetral no puede esperar a los tiempo de la Justicia.

Necesitamos que se declare la emergencia social en materia de violencia contra las mujeres para poder dotar al Consejo Nacional de Mujeres del presupuesto necesario para que comience a elaborar y aplicar políticas públicas destinadas a combatir la violencia. Necesitamos que el Poder Ejecutivo trabaje en esa dirección para evitar más muertes anunciadas.

Hemos elaborado una agenda de trabajo para este año con distintos proyectos de ley que tienen como finalidad frenar la violencia de género. Entre ellos, un proyecto de ley para el uso de una pulsera electrónica para los violentos que tengan orden de prohibición de acercamiento y que las fuerzas de seguridad estén conectadas en el momento en que el agresor viola el perímetro y puedan actuar; un proyecto de ley que sanciona con pena privativa de la libertad a los agresores que violan las órdenes de restricción; un proyecto de ley para la creación de una comisión de las mujeres en el Congreso Nacional para que pueda tratar de forma urgente todos los proyectos que tengan esta finalidad y los pueda enviar a votación.

Evidentemente, la violencia de género debe ser prevenida, con educación, con la modificación de los estándares de la cultura patriarcal, con la eliminación de estereotipos de mujeres propios de estas sociedades, con la garantía de la independencia económica de las mujeres, etcétera.

Hoy tendríamos que estar hablando de cómo lograr la igualdad real y total de derechos entre varones y mujeres, sin embargo, este 8 de marzo nos encuentra, nuevamente, hablando acerca de cómo hacemos para que nos deje de matar la violencia machista.

Este 8 de marzo debemos ir todos a la marcha del Día Internacional de las Mujeres y pedir por #NiUnaMenos, por más y mejores derechos, por la igualdad entre varones y mujeres. Debemos desarrollarnos, debemos aspirar, en definitiva, a una sociedad más justa e igualitaria.

Este último femicidio reabrió en los medios el tema de la violencia que vivimos las mujeres, en esta ocasión quizás debido a los detalles por demás morbosos del caso. Sin embargo, como en situaciones anteriores, vuelven a cargarse las tintas sobre la conducta de la mujer, su supuesta extorsión al marido, el estado de desequilibrio en que se encontraba él por razones laborales, etcétera. Todas estas explicaciones pretenden brindar cierta calma a nuestras conciencias sobre lo que nos resulta intolerable: que un hombre asesine a una mujer, y a la mujer con la que lo unía un vínculo afectivo.

La verdad es que Claudia vivía en un contexto de violencia y su marido la asesinó en forma cruel y brutal.

Sin embargo, lo cierto es que desde aquel 3 de junio donde la Plaza de los Congreso se colmó de una multitud de mujeres y hombres exigiendo #NiUnaMenos, las estadísticas arrojan la misma cifra de feminicidios: uno cada treinta horas. Es decir, han muerto 70 mujeres por feminicidio desde la marcha de #NiUnaMenos.

El caso de Claudia Schaefer resuena mientras son invisibilizados decenas de otros casos que ocurren por mes de mujeres asesinadas por hombres violentos, tal vez en contextos menos atractivos que el del coqueto country de Pilar y con protagonistas menos llamativos. En la mayoría de los casos, han tratado de pedir ayuda o denunciado al agresor sin ser escuchadas. La indiferencia, el ocultamiento, la invisibilización de la violencia machista es lo que mata a esas mujeres. Pero también la falta de espacios de acompañamiento y sostén. Sabemos, y lo sabe la Justicia, que las medidas cautelares son necesarias, son urgentes, pero no son suficientes para posibilitar que las mujeres vivan una vida libre de violencia.

La primera invisibilización se da cuando el Estado sigue sin realizar estadísticas oficiales para determinar la cifra de femicidios.

El Congreso, por su parte, se niega a tratar la ley que declara la emergencia nacional en materia de violencia contra las mujeres, proyecto que permite dotar de presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres, órgano encargado de la aplicación de la ley de prevención contra este tipo de violencia. El presupuesto permitiría, entre otras cosas, establecer a lo largo y ancho del país espacios de acompañamiento y empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, tal como lo dispone la ley 26.485. Permitiría la creación de nuevos patrocinios jurídicos gratuitos especializados en violencia de género y la asistencia financiera urgente que requieren las mujeres víctimas que tienen como único sustento el ingreso de estos hombres violentos. Si bien todos estos derechos están contemplados en la legislación vigente, sabemos que no están garantizados para las mujeres víctimas de violencia.

Ninguno de los tres candidatos a presidente que más miden en las encuestas ha puesto el tema de la violencia contra las mujeres en su agenda de campaña. Solo se han limitado oportunamente a sacarse la foto con el cartelito de #NiUnaMenos. Daniel Scioli, por ejemplo, si bien firmó los cuatro objetivos de la campaña, como los otros dos candidatos a presidente más votados y responsables políticos en sus jurisdicciones, se encuentra con un retraso notable en la aplicación de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Las problemáticas relacionadas con la violencia de todo tipo, y la violencia que sufren las mujeres por su condición de tal en particular, son complejas. Es necesario un abordaje interdisciplinario y una real voluntad política para llevar adelante las transformaciones más urgentes a fin de terminar con este flagelo.

Desde nuestro espacio reclamamos con carácter inmediato la declaración de la emergencia nacional como primer paso ineludible. Pero principalmente reclamamos voluntad política por parte del oficialismo para terminar con la violencia contra las mujeres. Ni una menos.