De hecho, desde hace varios años venimos trabajando desde la Cámara de Diputados sobre esta temática. En esa dirección, realizamos numerosas audiencias públicas en las que participaron todos los bloques políticos y se convocó a especialistas y eminencias de distintos sectores, como el judicial, el académico y organizaciones de la sociedad civil. En esas reuniones acordamos que la problemática de las adicciones debe ser abordada desde la perspectiva de la salud pública y no desde el Código Penal.

Nos basamos en el fallo del año 2009 de la Corte Suprema de Justicia, conocido como fallo Arriola, donde el Supremo Tribunal declaraba inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23737, que reprime la tenencia de drogas para uso personal. Los magistrados fundamentaron su decisión en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, donde se expresa que las acciones privadas de las personas que no perjudiquen a terceros no son punibles.

Además, por entonces, la Organización de Naciones Unidas ya había reconocido el fracaso de las políticas globales en la lucha contra el narcotráfico. Después de veinte años de aplicación de estas políticas, lejos de disminuir, el narcotráfico y todas sus prácticas delictivas asociadas habían aumentado.

En nuestro país las cifras son claras: desde 1989, cuando se sancionó la actual ley de drogas (ley 23737), hasta la actualidad, el tráfico de drogas creció. Sin embargo, sólo un poco más del diez por ciento de las causas iniciadas desde entonces fueron por tráfico.

Respecto a las consecuencias concretas de la aplicación de este modelo, basta con verificar la saturación judicial que tanto jueces como fiscales y defensores vienen denunciando, y que se observa en las propias cifras del Poder Judicial, que en los últimos diez años indican: el 70% del total de las causas por drogas son por tenencia para consumo personal; entre el 20% y el 25% son causas por tenencia simple, y sólo el 5% del total de causas por drogas son por su comercialización. Es decir que la mayoría de los recursos del Estado para la lucha contra el narcotráfico se concentraron en perseguir a los usuarios.

Creemos que el consumo problemático debe abordarse integralmente y desde la perspectiva de la salud. Con campañas de prevención y políticas públicas de asistencia a las adicciones en caso de ser necesario, pero de ninguna manera que el consumidor termine preso. De esta forma, se aumentan los daños a la salud y se estigmatiza a poblaciones vulnerables, mientras las prácticas delictivas del narcotráfico siguen avanzando.

Estamos convencidos de que hay que terminar con la criminalización de las personas por su posesión (tenencia simple) y por el uso de drogas.

En este contexto y con el consenso de todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados, con respecto a terminar con la criminalización de los consumidores, pero acompañado de políticas públicas de prevención y atención a esta problemática es que se aprobó por unanimidad el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan Icopro). Este se sumó a la ley 26586: Programa Nacional de Educación para la Prevención de Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas y a la ley de salud mental. Por medio de estas leyes se buscó garantizar campañas de prevención e información, y el acceso a centros interdisciplinarios de tratamiento.

Sin embargo, y a pesar del consenso, no pudimos avanzar en el tratamiento en el recinto de la despenalización de la tenencia para consumo personal. Desde mi punto de vista, por falta de decisión política de los bloques mayoritarios.

La resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre del 2012 expresa su preocupación por el aumento del uso de drogas en jóvenes y niños, el uso de nuevas sustancias psicoactivas cada vez más nocivas y el incremento del narcotráfico y, por lo tanto, de nuevas actividades delictivas cada vez más violentas.

Ante esta situación, la Asamblea propone que los Estados miembros aúnen esfuerzos en la reducción de la oferta y la demanda de sustancias ilícitas. Y especialmente en el combate de los graves problemas planteados por los vínculos cada vez mayores entre el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada.

En estos días, la ministra Patricia Bullrich, que en su momento participó de las audiencias que mencioné anteriormente en el Congreso de la Nación, manifestó, según una nota del diario Clarín, que el Gobierno irá a la ONU con un claro mensaje de no hablar de despenalización, porque cree que sería equivocado para nuestro país.

Creo que sería equivocado para nuestro país no centrar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Debemos concentrarnos en cuidar las fronteras, en tener un sistema de radarización, en investigar las pistas clandestinas que existen a lo largo y ancho de nuestro país, en terminar con la connivencia política y de las fuerzas de seguridad con el tráfico de drogas. Y sobre todo, combatir el lavado de dinero, la corrupción y las grandes redes criminales asociadas a ese delito.

Sin embargo, esta columna intentará explicar que la pobreza, además, es un negocio para algunos sectores económicos y políticos que sin duda se benefician con su sostenimiento. Estos sectores, minoritarios, han visto crecer sus patrimonios y sus negocios durante la década, accedieron a fortunas enormes que les han permitido aislarse de las consecuencias más gravosas que la pobreza incorpora en el conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que condiciona el acceso de los sectores más vulnerables a derechos básicos.

Entre las consecuencias más visibles que el sostenimiento y la consolidación de la pobreza traslada al conjunto de la sociedad está el crecimiento de Estados paralelos, como lo son las redes de narcotráfico o delincuencia, que afectan fuertemente al conjunto de la sociedad y se sostienen especialmente en condiciones de desigualdad como la que vivimos.

Ocultar los números de pobreza no solo es ocultar una realidad visible que se quiere negar, es también ocultar que Argentina, como el conjunto de los países latinoamericanos que crecieron en la primera década del siglo, amplió la brecha de desigualdad al interior de sus economías.

Como ejemplo de esto podemos mencionar datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que muestran cómo en nuestra sociedad los sectores de mejores ingresos, es decir, aquellos individuos y grupos vinculados con la explotación y la exportación de productos primarios, de origen agropecuario o mineral, la actividad financiera y la concentración de la oferta de bienes consumo masivo, que no representan siquiera el 10% de la población, tienen ingresos comparables con los sectores de altos ingresos de los países centrales del mundo (aproximadamente 94 mil dólares anuales). Los sectores de bajos ingresos, mientras tanto, aproximadamente el 50% de la población, tienen ingresos promedio de 5 mil dólares al año, comparable con los promedios de ingreso de países africanos.

Esta relación que hace Cepal de la desigualdad reinante en América Latina, de la que somos una clara muestra, nos convierte en la región más desigual del mundo, incluso por encima de África subsahariana. A esto debemos agregarle que los sectores más beneficiados por el ciclo económico son grupos empresariales extranjeros y cada vez más concentrados.

Ahora bien, podríamos decir que esta es una tendencia mundial y que Argentina no puede escapar a esta lógica de acumulación. Sin embargo, otra vez nos encontramos con datos incontrastables de organismos inobjetables en el plano estadístico, como Naciones Unidas, que revelan que el crecimiento del PBI en Latinoamérica (alrededor de 4% promedio en la última década) ha beneficiado al segmento más rico de la población, aun en países como Argentina y Brasil, que lograron mejorar su esquema impositivo y fiscal.

A su vez, los impuestos en nuestro país recaen sobre los sectores medios y bajos de la población. El IVA generalizado y el impuesto al trabajo (mal llamado “ganancias”) son la base de nuestro esquema impositivo, al punto que entre trabajadores aportantes y consumidores de bienes básicos (alimentos, especialmente) se concentra la recaudación del Estado; mientras que las grandes corporaciones mineras, los complejos y los fideicomisos sojeros, el sector financiero y el automotriz cuentan con enormes subsidios del Estado, exenciones impositivas de todo tipo y un tratamiento especial por parte del Gobierno.

Si comparamos nuestro esquema impositivo con el europeo, por ejemplo, nos encontramos con que el índice de Gini (que mide la desigualdad en los Estados) en Europa, con un sistema impositivo progresivo, se reduce promedio un 30%, mientras que en nuestro país, con un esquema recaudatorio regresivo, dicho índice prácticamente no se modifica. Lo que estoy planteando es que mientras que en los países centrales el Estado cumple un papel de igualador de las condiciones de vida de la gente, en nuestro país cumple el papel de consolidar la desigualdad.

Podría seguir describiendo muchísimas características del modelo “década ganada” que echan por tierra el relato K, pero creo que los datos que señalé son suficientes para comprender por qué el Gobierno oculta los datos de la pobreza.

Para terminar, resulta importante que nuestra mirada no se quede en la mera crítica, por lo que señalaré algunas medidas que un Gobierno progresista debería adoptar para resolver esta lamentable situación, una vez que se regularizara el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) y se sinceraran las cifras. En primer lugar, una reforma impositiva integral y progresiva, para que paguen más los que más tienen; un plan agresivo que promueva el empleo formal, premie a los empresarios que registren a sus trabajadores. Además, un Estado que castigue con firmeza la corrupción, empezando por la de los funcionarios públicos, para que el sector privado comprenda que esta no es una práctica “normal”; una promoción del sector de la economía social con una ley nacional de compra estatal y el reconocimiento del sector para que pueda elegir a sus representantes en el acuerdo en paritarias del ingreso de los trabajadores. Finalmente, un Estado activo y fuerte en la negociación con los sectores que explotan los recursos naturales demandados en el mercado mundial, para que una parte de esa renta se destine al desarrollo y la infraestructura educativa, social y científica del país.

Este martes 22 de abril, en la ciudad de Buenos Aires, lanzaremos -un conjunto de ocho partidos y diversas destacadas personalidades políticas- un frente progresista cuyo objetivo primordial en una primera etapa es llegar al gobierno del país, triunfando en las presidenciales de 2015.

Luego de meses de diálogo, distintos sectores hemos arribado a la unidad. Con opiniones diversas en varios temas, pero con convicciones comunes. Venimos a presentar una opción de la mano de la honestidad, la transparencia y el compromiso por tener una nación justa, sin impunidad. Que resuelva en serio el problema del hambre y la exclusión social.

Necesitamos ofrecer a nuestra ciudadanía una nueva esperanza poniendo las coincidencias por encima de las diferencias. Es preciso que este conjunto de 8 partidos pueda brindar una salida a este modelo mentiroso que nos ha ofrecido el kirchnerismo durante once años.

Creemos que es necesaria otra política que no plantee el ajuste como receta ante los desbarajustes de una economía que bien podría haber planteado nuevas oportunidades para quienes hoy siguen en el desempleo, la indigencia y la pobreza. Y también para quienes tienen sólo acceso a un puesto de trabajo no registrado.  En estos diez años no ha existido la voluntad de una reforma impositiva progresiva, para que paguen más quienes más tienen y no lo mismo o menos que la inmensa mayoría que paga el IVA, el impuesto al cheque o a las ganancias porque la inflación los desplazó en las escalas tributarias.

Creemos que los pueblos originarios deben tener derechos  en serio y no un nombre en un salón de la Casa Rosada.

Que nuestros recursos naturales deben cuidarse, tanto los bosques nativos, como el agua y el suelo. No puede ser que seamos rehenes de empresas multinacionales al compás de su furiosa extracción, al mismo tiempo que gozan de beneficios fiscales que no poseen ni micro, ni pequeñas empresas que dan trabajo a un tercio de la población económica de nuestro país.

Necesitamos terminar con la corrupción que se devora vidas inocentes, como también se traduce en inequidades constantes, en falta de derechos para las y los que menos tienen.

Los derechos humanos deben servir para plantear la necesaria reparación con Memoria, Verdad y Justicia. Pero también tomando las situaciones del presente que diariamente golpean a los sectores más vulnerables de nuestra población.

La seguridad no puede ser una ruleta rusa, es un problema complejo pero debemos abordarlo con políticas de estado que contemplen compromisos duraderos y en conjunto con la participación de vecinas vecinos y de todos los sectores sociales, religiosos, políticos.

También hay que terminar con la impunidad que permite que mafias con participación policial, jurídica e institucional acechen a nuestra gente de la mano de flagelos tremendos como lo son el narcotráfico y la trata de personas. Sólo cuando se destrabe ese cóctel explosivo de complicidades ocultas podremos terminar con estos males que de uno u otra forma llevan a la esclavitud a nuestros jóvenes.

Hay que terminar la política de la imposición y el desprecio, para pasar a una del dialogo constructivo de analizar las diferencias y sumar con el objetivo de lograr una sociedad más justa, con más derechos y más inclusiva.

Creemos que debemos tener acuerdos básicos y sólidos que nos permitan tomar lo mejor de nuestra historia y desechar los peores vicios de la política.

En el Frente Amplio UNEN estamos convencidas y convencidos que la mejor forma de elegir los candidatos es mediante el voto de la gente, por eso tomamos el ejemplo que llevamos adelante en la Ciudad de Buenos Aires.

Entendemos que este frente se perfila como un proyecto serio y audaz, con amplitud política para atraer y contener nuevos componentes. Con fuerte competencia -sana y honesta- para ganar la representación ante la sociedad, priorizando los múltiples acuerdos por sobre las diferencias. Con generosidad y mirada estratégica en los dirigentes, quienes deben ser los pilares donde apoyarnos para aspirar al triunfo. Trabajaremos con entusiasmo en esa dirección. Argentina no merece más de lo mismo.

Venimos a ofrecer una esperanza de cambio, donde empecemos a contar otra historia. Estamos a tiempo de que todos se sumen a este nuevo desafío.