En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri se refirió a la dictadura más sangrienta de nuestra historia como parte del proceso de consolidación de la violencia política de los años setenta. Quizá por descuido, quizá porque así lo cree, lo cierto es que el Presidente no condenó al terrorismo de Estado, sino a una violencia política en abstracto, definición que abonó durante las décadas de impunidad el discurso de los dos demonios.

A quienes militamos desde hace años por la memoria, la verdad y la justicia, reclamando el esclarecimiento y la condena a los responsables civiles y militares de los crímenes de lesa humanidad, nos inquieta esta definición tan ambigua de Macri. El esclarecimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura debe ser una política de Estado, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, y debe contar con la firme convicción y el acompañamiento de la dirigencia política democrática para que no vuelva a repetirse jamás aquella historia.

Las expresiones del ministro porteño Darío Lopérfido, quien cuestionó la cifra de desaparecidos, o la reflexión del propio Presidente, preguntándose si tenía sentido discutir sobre dicho aspecto, confirman que al menos existen dudas en el nuevo Gobierno con respecto a continuar y profundizar el camino de justicia iniciado. Un camino transitado que, dicho sea de paso, de ninguna manera se constituye en un logro del Gobierno que se fue, sino en un reclamo histórico de todo el pueblo argentino.

Este proceso de búsqueda de verdad, que es reparador para los familiares y las víctimas, pero también es indispensable para superar las heridas que la dictadura dejó en nuestra sociedad y en nuestra nación, colocó al país en un lugar ejemplar entre las naciones democráticas del mundo y esto debe continuar.

En este sentido, es muy preocupante que personajes nefastos ligados a la inteligencia militar como César Milani, otrora hombre fuerte del Gobierno k, sigan sobrevolando áreas sensibles del Estado (las actuales autoridades deberían aclarar las versiones que circulan al respecto). Como también lo es el hecho de que se estén desmantelando áreas del Ministerio de Justicia que cumplían funciones relevantes en las investigaciones de delitos económicos de la dictadura.

Este 24 de marzo tiene además un condimento adicional: la llegada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Es una pena que su visita coincida con el aniversario de un golpe militar en el que su país tuvo mucha responsabilidad, como la tuvo en la mayoría de las dictaduras de nuestro continente. No obstante, es también una oportunidad para que el presidente Obama pida disculpas al pueblo argentino en nombre de su país por la responsabilidad histórica que les cabe.

Al mismo tiempo, si se confirman los trascendidos de los últimos días y se desclasifican los informes históricos que el departamento de Estado norteamericano tiene en su poder, tendríamos un aporte invalorable en la lucha por la defensa de los derechos humanos; nos ayudaría a conocer la verdad sobre muchos de los hechos que ocurrieron durante la dictadura y posiblemente aportaría información respecto de las responsabilidades políticas, así como del paradero de muchas víctimas.

Quiero terminar reflexionando en torno a los objetivos que el nuevo Gobierno dice proponerse, lo que el presidente Macri definió como sus tres grandes desafíos: la Argentina con pobreza cero, la derrota del narcotráfico y la unión de los argentinos. Esos objetivos y otros con que todos los argentinos soñamos, muchos de ellos relacionados con el respeto de los derechos humanos de hoy, no serán alcanzados si nuestro Estado no concluye con el proceso de búsqueda de verdad, rescate de la memoria y logro de justicia por el que hemos luchado desde hace décadas.

La fecha elegida se retrotrae a 1911, año en el que 140 trabajadoras de Nueva York, la mayoría jóvenes inmigrantes italianas y judías que trabajaban en la Triangle Shirtwaist Company, perdieron la vida debido a la falta de seguridad laboral.

Un siglo pasó desde aquella tragedia evitable. Durante ese siglo, las mujeres hemos conseguido el reconocimiento de nuestros derechos en numerosos tratados internacionales y regionales. Los más emblemáticos son la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y, a nivel nacional, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Podríamos decir que, un siglo después, las mujeres contamos con la consagración de numerosos derechos en pos de la tan buscada igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, en 2011, cien años después y en Argentina, 282 mujeres fueron asesinadas por violencia machista (255 en el año 2012, 295 en el año 2013 y 277 en el año 2014).

El tiempo pasa, los derechos se reconocen en tratados, pero a las mujeres nos siguen matando. De los 277 femicidios de 2014, en el 14% las mujeres habían hecho las denuncias judiciales por violencia contra sus agresores. Como en el caso de Cintia, la mujer asesinada por su ex pareja de 17 puñaladas en Morón, quien había denunciado y contaba con una orden de prohibición de acercamiento contra su ex pareja.

Se trata de muertes evitables. Estamos hablando de mujeres, madres, hijas, amigas que podrían seguir con vida si funcionaran las instituciones, si el Poder Judicial, si las fuerzas de seguridad hicieran su trabajo como corresponde. Muertes evitables si el Gobierno tuviera en su agenda la violencia contra las mujeres como una problemática a resolver.

No parece ser el caso del Gobierno que nunca dotó de presupuesto necesario al Consejo Nacional de las Mujeres, que nunca publicó estadísticas acerca de la violencia contra las mujeres, herramienta indispensable para la elaboración de políticas pública, nunca quiso poner en discusión el debate sobre el aborto. Es cierto que discursivamente el tema estaba presente en el relato, pero en los hechos los femicidios crecieron exponencialmente durante los años kirchneristas.

En esta nueva administración, el tema directamente fue acallado, invisibilizado a tal extremo que, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri no dedicó párrafo alguno a la agenda legislativa que propone para combatir la violencia contra las mujeres. No parece ser un tema relevante.

Por su parte, la sociedad sí habló. El 3 de junio del año pasado miles de personas salieron a la calle a gritar “#NiUnaMenos, basta de mujeres muertas”. A pesar de todo esto, como una crónica anunciada, las mujeres seguimos siendo asesinadas por hombres violentos.

¿Cuánto más hay que esperar? ¿Cuántas más tienen que morir? ¿Qué envergadura debe tomar el problema para que los Gobiernos trabajen por una solución?

La violencia de género es una violación grave a los derechos humanos. Incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, y también mortales, para mujeres y niñas, lo que afecta negativamente su bienestar e impide su plena participación en la sociedad.

Se trata de una problemática compleja cuyas causas se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales provenientes de una sociedad patriarcal y los estereotipos de género que la perpetúan.

Tan compleja es la problemática como su solución. Para abordar una solución a la violencia de género es necesario hacerlo en forma interdisciplinaria. Necesitamos fuerzas de seguridad especializadas en la temática y no una policía que revictimice a las denunciantes, las expulse del sistema de protección y les ponga obstáculos para hacer la denuncia. También hace falta un Poder Judicial que cuente con un fuero especial para las causas de violencia de género: un expediente en donde se denuncia que un agresor violó en reiteradas oportunidades una cerca perimetral no puede esperar a los tiempo de la Justicia.

Necesitamos que se declare la emergencia social en materia de violencia contra las mujeres para poder dotar al Consejo Nacional de Mujeres del presupuesto necesario para que comience a elaborar y aplicar políticas públicas destinadas a combatir la violencia. Necesitamos que el Poder Ejecutivo trabaje en esa dirección para evitar más muertes anunciadas.

Hemos elaborado una agenda de trabajo para este año con distintos proyectos de ley que tienen como finalidad frenar la violencia de género. Entre ellos, un proyecto de ley para el uso de una pulsera electrónica para los violentos que tengan orden de prohibición de acercamiento y que las fuerzas de seguridad estén conectadas en el momento en que el agresor viola el perímetro y puedan actuar; un proyecto de ley que sanciona con pena privativa de la libertad a los agresores que violan las órdenes de restricción; un proyecto de ley para la creación de una comisión de las mujeres en el Congreso Nacional para que pueda tratar de forma urgente todos los proyectos que tengan esta finalidad y los pueda enviar a votación.

Evidentemente, la violencia de género debe ser prevenida, con educación, con la modificación de los estándares de la cultura patriarcal, con la eliminación de estereotipos de mujeres propios de estas sociedades, con la garantía de la independencia económica de las mujeres, etcétera.

Hoy tendríamos que estar hablando de cómo lograr la igualdad real y total de derechos entre varones y mujeres, sin embargo, este 8 de marzo nos encuentra, nuevamente, hablando acerca de cómo hacemos para que nos deje de matar la violencia machista.

Este 8 de marzo debemos ir todos a la marcha del Día Internacional de las Mujeres y pedir por #NiUnaMenos, por más y mejores derechos, por la igualdad entre varones y mujeres. Debemos desarrollarnos, debemos aspirar, en definitiva, a una sociedad más justa e igualitaria.

Si por un momento creyéramos legítima esta dicotomía, aquellos que defendemos la educación pública y laica porque es una causa nacional tendríamos que optar entre dos candidatos que se formaron en universidades privadas, que comulgaron con el arancelamiento y las restricciones al ingreso en las universidades nacionales y que apoyaron la ley de educación superior menemista, que intentó desarticular y vaciar la educación pública.

Si los progresistas debiéramos optar por el mal menor, como insinúan, nos veríamos obligados a elegir entre dos candidatos que nacieron y crecieron en familias ricas y privilegiadas, que fueron firmes impulsores de las reformas neoliberales de los noventa, las mismas que destruyeron a la industria nacional y dejaron una herencia de pobreza estructural que aún se sostiene en torno al 30% de la población.

Si tuviéramos que aceptar que votar a uno u otro es un daño colateral para nuestras convicciones, nos enfrentaríamos al dilema de optar entre dos personajes públicos que utilizan al Estado como botín de guerra, haciendo negocios personales y favoreciendo a amigos con el dinero público. Y no sólo eso, deberíamos cerrar los ojos frente a declaraciones juradas “flojas de papeles” y que de ninguna manera justifican patrimonios millonarios.

Así podría seguir enunciando muchas más cosas en común entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, como su marcada tendencia a omitir al Parlamento o a la Legislatura en las decisiones de Gobierno, ya sea vetando leyes o gobernando a través de decretos. Sus trayectorias personales ligadas a los negocios y a la farándula; su sospechoso silencio ante el daño ambiental de los emprendimientos megamineros a cielo abierto; su pragmatismo político que les permite cambiar de discurso como de medias, etcétera, etcétera.

Yo quiero decir en esta columna a quienes trabajamos, creemos y soñamos con un país mejor, inclusivo, democrático y transparente que para nosotros, los progresistas de ayer y hoy, lo más importante en estas elecciones es sentar las bases de un proyecto político que mejore la calidad de vida de los argentinos —más allá de los votos que saquemos— y eso es imposible de lograr sin coherencia y honestidad.

Lo que se busca en el fondo con estas reformas es estabilizar los sistemas democráticos independientemente de los vaivenes económicos o sociales que atraviesan a las sociedades nacionales o locales.

En la moderna Constitución de la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la mayoría de los distritos provinciales del país, se contempla la figura del ballottage para resolver quién debe ocupar la Jefatura de Gobierno y la regla es que quien sea jefe de Gobierno debe recibir al menos la mitad más uno de los votos del total de los electores. Está claro que el objetivo de esta normativa es que quien conduzca el Poder Ejecutivo de la ciudad empiece su gestión con un amplio, aunque relativo, apoyo ciudadano. La primera opción de los votantes ya está reflejada en la composición de la legislatura porteña.

Algo parecido a lo que se produce con los hinchas de una selección de fútbol -cuando su equipo queda eliminado, optan por uno de los dos finalistas- es lo que nos va a pasar a los porteños este domingo que viene. En el caso específico de este ballottage, los motivos de dicha opción son muy variados, algunos históricos, otros técnicos y otros puramente afectivos.

Puesta en la situación de elegir entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, mi opción es clara. En lo histórico Larreta fue funcionario de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Carlos Ruckauf, en el Anses, el PAMI y la ex-DGI, todo antes de ser ministro de Mauricio Macri. En casi todos los casos recibió denuncias y se le abrieron causas por defraudación, malversación de fondos públicos, etc.

Martín Lousteau, por su parte, después de presidir el Banco Provincia de Buenos Aires en la gestión de Felipe Solá, fue el ministro de Economía más joven designado por Cristina Kirchner. Ministerio al que renunció luego de hacer públicas sus diferencias insalvables con el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Su historia reciente está más fresca, es diputado nacional por aquel acuerdo amplio que denominamos UNEN en el 2013.

Técnicamente, la formación académica de Rodríguez Larreta y de Lousteau es económica. Solo que mientras el primero adscribe con claridad a las recetas neoliberales que se ejecutaron en nuestro país durante la década del noventa, el segundo parece tener una mirada más heterodoxa de la economía, además de haber logrado una manera de comunicar esta materia más simple y coloquial.

En lo afectivo o emocional, nada me une a Rodríguez Larreta debido a que desde siempre fui una férrea opositora a la lógica individualista de los modelos empresariales que tanto daño le hicieron a nuestro país y a nuestra población. Ni hablar, por otro lado, del desprecio que quienes dirigen el Gobierno de la ciudad tienen por los derechos humanos, lo público en general y los sectores más vulnerables de la población. Con Martín, aunque provenimos de historias muy distintas, me une un lazo generacional que aprendió a valorar y defender a rajatabla la democracia, el pluralismo y el respeto por la diversidad.

Estoy segura de que más allá de la opinión de los dirigentes políticos, los porteños este domingo vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda el ballottage.

Este no será un 24 de marzo en el que solamente miremos para atrás y recordemos el comienzo de la noche más larga y cruel que haya conocido nuestro país. Este marzo de 2015 significa, además y luego de doce años del kirchnerismo en el ejercicio del poder, la posibilidad de reflexionar y realizar un balance acerca de una materia, los DDHH, sobre la cual el “gobierno nacional y popular” se apoyó simbólica y políticamente durante este período.

Ante todo, el kirchnerismo pretendió hacer de los DDHH una de sus banderas principales, incluso existiendo contradicciones tan dolorosas como inexplicables durante este ciclo. Para empezar, quiero decir que desde Libres del Sur entendemos a los DDHH en un sentido amplio. Luchamos de igual modo por los ultrajados ayer y hoy, porque entendemos que los DDHH son una categoría que encierra a los derechos civiles y políticos; al derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; como así también los derechos colectivos. No pareciera ser esta la concepción del kirchnerismo.

No obstante lo anterior, también debo decir que durante todos estos años existieron avances notables en esta materia. Pero me permito. a diferencia del Gobierno, remarcar el carácter colectivo de esos progresos. Son conquistas del pueblo; no pertenecen con exclusividad a ningún espacio político.

De hecho, cómo olvidar la derogación de las leyes del perdón, lo que permitió reabrir los juicios y condenar a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. No quiero tampoco dejar de mencionar la emoción que significó la recuperación de la ESMA como espacio de la Memoria. O la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hecho que nos entusiasmó y que muchos creímos implicaba que la Argentina entrara en una etapa de avances y conquistas.

Sin embargo, y frente a todos estos hechos, el gobierno de Cristina Kirchner tomó la triste decisión de impulsar a Cesar Milani como jefe del Ejército, desdibujando y amenazando todo el esfuerzo anterior y el avance institucional que aquello significó. Aun existiendo, al decir de la Justicia, “elementos suficientes” para llamar a indagatoria al general Milani, por secuestros y torturas cometidos durante la dictadura, y estando imputado en la causa por la desaparición de un conscripto, el “gobierno de los DDHH” lo sostiene con esmero y entusiasmo. Todos miran para otro lado, incluso la juventud K que dice representar ideales del campo nacional y popular. Como tampoco se hacen cargo del Proyecto X, de la ley antiterrorista, del gendarme carancho, del pedido de mano dura para reprimir la protesta social y de la omnipresente presencia del “Rambo” Berni al frente de la secretaría de Seguridad, uno de sus principales abanderados.

Como sociedad tenemos la obligación de ver los “otros” DDHH que siguen violándose y para los cuales el kirchnerismo hizo la vista gorda. Durante la proclamada “década ganada” vimos atónitos la aparición de los desmontes masivos, la proliferación de agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Estos hechos traen aparejados, a su vez, desalojos, violencia institucional y vulneración de derechos a comunidades campesinas e indígenas. La persecución en particular a los QOM por parte de los gobiernos oficialistas del Chaco y Formosa es una muestra descarada de esto. ¿Seguirá “el Cuervo” Larroque entusiasmado en desalojar de la vía pública a quienes como los QOM reclaman al Estado?

Frente a generaciones enteras de argentinos que quieren trabajar en otro rumbo, con la renovación política, el reconocimiento y la garantía de más DDHH desde una mirada integral, no podemos conformarnos.  En un nuevo aniversario del último golpe honramos a los que ya no están de la mejor manera, teniendo memoria y peleando por un país verdaderamente para todos. Esto se logrará garantizando el respeto por los DDHH de ayer y de hoy.

Es sabida nuestra postura respecto de esta situación: Boudou, actualmente citado a declarar por el Juez Lijo, debería pedir licencia a su cargo y prestar su colaboración para que la justicia vaya a fondo con la investigación en el corto plazo. De determinarse que tiene responsabilidad en la causa por incumplimiento con los deberes de funcionario público, el Vicepresidente debería renunciar inmediatamente y someterse a lo que dictamine la sentencia del juez.

De no ser así, es decir, de no ser el vicepresidente quien voluntariamente pida licencia, sin dudas debería ser Cristina Fernández de Kirchner quien se lo solicite. Al menos demostraría que la presidenta no tiene nada que esconder en este asunto y que la “sintonía fina” que prometió en el plano institucional, cuando fue reelecta por el 54% de los votos en el 2011, no es solo una anécdota electoral.

Ahora bien, hay un hilo conductor entre lo que está investigando la justicia en esta causa y en varias otras, con lo sucedido en la década de los ’90 en relación a los funcionarios políticos y los bienes públicos. Y no es casual, en los noventa el kirchnerismo forjó sus primeras armas para insertarse en la política nacional; lo hicieron a través de sus gestiones en la municipalidad de Río Gallegos y luego en la Gobernación de Santa Cruz. Del mismo modo, resulta por lo menos curioso que el vicepresidente Boudou haya comenzado su actividad política en esos años en la juventud neoliberal de la UCeDe.

Lo que quiero decir es que, como en los ’90, el justicialismo no ha tenido ningún inconveniente para, en primer lugar, tener una relación muy pragmática con figuras provenientes de las canteras del pensamiento liberal, cuya característica es el desprecio por lo público y la utilización del Estado en pos del beneficio personal o privado. Recordemos la responsabilidad de la clase política en el desguace del Estado, el crecimiento patrimonial de los funcionarios menemistas y la impunidad que siguió a ese saqueo.

Para terminar, quiero detenerme un segundo en este último párrafo, porque creo que es uno de los principales valores del espacio político que integro. El Frente Amplio UNEN ha dicho con claridad que somos la única garantía de que el enriquecimiento de funcionarios, luego de tantos años de gestión kirchnerista, no quede impune. Algo que no está dispuesto a llevar adelante el Frente Renovador de Sergio Massa (por razones obvias), ni Mauricio Macri, que vaya casualidad, está procesado en una causa judicial siendo el Jefe de Gobierno porteño…