En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri se refirió a la dictadura más sangrienta de nuestra historia como parte del proceso de consolidación de la violencia política de los años setenta. Quizá por descuido, quizá porque así lo cree, lo cierto es que el Presidente no condenó al terrorismo de Estado, sino a una violencia política en abstracto, definición que abonó durante las décadas de impunidad el discurso de los dos demonios.

A quienes militamos desde hace años por la memoria, la verdad y la justicia, reclamando el esclarecimiento y la condena a los responsables civiles y militares de los crímenes de lesa humanidad, nos inquieta esta definición tan ambigua de Macri. El esclarecimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura debe ser una política de Estado, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, y debe contar con la firme convicción y el acompañamiento de la dirigencia política democrática para que no vuelva a repetirse jamás aquella historia.

Las expresiones del ministro porteño Darío Lopérfido, quien cuestionó la cifra de desaparecidos, o la reflexión del propio Presidente, preguntándose si tenía sentido discutir sobre dicho aspecto, confirman que al menos existen dudas en el nuevo Gobierno con respecto a continuar y profundizar el camino de justicia iniciado. Un camino transitado que, dicho sea de paso, de ninguna manera se constituye en un logro del Gobierno que se fue, sino en un reclamo histórico de todo el pueblo argentino.

Este proceso de búsqueda de verdad, que es reparador para los familiares y las víctimas, pero también es indispensable para superar las heridas que la dictadura dejó en nuestra sociedad y en nuestra nación, colocó al país en un lugar ejemplar entre las naciones democráticas del mundo y esto debe continuar.

En este sentido, es muy preocupante que personajes nefastos ligados a la inteligencia militar como César Milani, otrora hombre fuerte del Gobierno k, sigan sobrevolando áreas sensibles del Estado (las actuales autoridades deberían aclarar las versiones que circulan al respecto). Como también lo es el hecho de que se estén desmantelando áreas del Ministerio de Justicia que cumplían funciones relevantes en las investigaciones de delitos económicos de la dictadura.

Este 24 de marzo tiene además un condimento adicional: la llegada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Es una pena que su visita coincida con el aniversario de un golpe militar en el que su país tuvo mucha responsabilidad, como la tuvo en la mayoría de las dictaduras de nuestro continente. No obstante, es también una oportunidad para que el presidente Obama pida disculpas al pueblo argentino en nombre de su país por la responsabilidad histórica que les cabe.

Al mismo tiempo, si se confirman los trascendidos de los últimos días y se desclasifican los informes históricos que el departamento de Estado norteamericano tiene en su poder, tendríamos un aporte invalorable en la lucha por la defensa de los derechos humanos; nos ayudaría a conocer la verdad sobre muchos de los hechos que ocurrieron durante la dictadura y posiblemente aportaría información respecto de las responsabilidades políticas, así como del paradero de muchas víctimas.

Quiero terminar reflexionando en torno a los objetivos que el nuevo Gobierno dice proponerse, lo que el presidente Macri definió como sus tres grandes desafíos: la Argentina con pobreza cero, la derrota del narcotráfico y la unión de los argentinos. Esos objetivos y otros con que todos los argentinos soñamos, muchos de ellos relacionados con el respeto de los derechos humanos de hoy, no serán alcanzados si nuestro Estado no concluye con el proceso de búsqueda de verdad, rescate de la memoria y logro de justicia por el que hemos luchado desde hace décadas.

Los fundamentos expuestos en el decreto 349/2016 que regula la medida reiteran los argumentos de quienes gobernaron los últimos 30 años y mantuvieron los privilegios del sector: la pérdida de competitividad de Argentina en relación con el resto de países de la región, los grandes costos operativos, la necesidad de promover la actividad como “vector de potenciación del federalismo” y, sobre todo, la necesidad de “implementar medidas tendientes a revertir el estado actual de la economía, generando condiciones que permitan la reactivación y una mayor competitividad para los distintos sectores productivos del país, el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, llevando así a mayor prosperidad general al país”.

Años atrás, desde la Vicepresidencia de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación tuve la oportunidad de viajar a La Rioja, Catamarca y San Juan, debido a denuncias presentadas por pobladores de zonas cercanas a emprendimientos mineros en marcha o en carpeta. Les puedo asegurar que, a pesar de años de incentivos fiscales de todo tipo, la minería ha provocado el achicamiento o la desaparición de muchos productores locales, con quienes compite por el uso del suelo o el agua; aumenta el desempleo, la pobreza y la contaminación. Y lo que es peor, encontré una marcada debilidad de las instituciones democráticas del lugar, a partir de Gobiernos cuasifeudales, que no toleran las voces críticas, que amedrentan a quienes deciden defender una tierra mejor para sus hijos.

La reactivación económica y la creación de puestos de trabajo siempre fueron la excusa para ampliar las ventajas del sector. El kirchnerismo prometía para el 2025 unos 380 mil empleos directos y 800 mil indirectos. Pero, según datos oficiales, en el 2010 hubo un promedio de 19.400 trabajadores registrados en explotación de minerales no energéticos (sin considerar petróleo, gas, carbón y uranio), 7.100 en minerales metalíferos y 12.200 en otras minas y canteras. Minera La Alumbrera, en Catamarca, prometía en 1993 unos diez mil puestos de trabajo directo; la propia empresa reconoce que actualmente trabajan 1.800 empleados: 800 permanentes y cerca de mil contratistas.

Pocos sectores económicos locales cuentan con los incentivos de esta actividad: no son alcanzadas por ningún aumento de impuesto nacional, provincial ni municipal durante 30 años; están eximidas de todo gravamen y tasa municipal y los Gobiernos deben facilitarles la infraestructura (caminos, servicios de agua y luz). No pagan más del 3% de regalías, según manifiesten en una declaración jurada, pudiendo descontar los gastos de traslado desde que el mineral es extraído hasta su comercialización. No pagan el impuesto al cheque; les reintegran el IVA de lo que invierten en inmuebles y maquinarias y descuentan del impuesto a las ganancias los gastos de exploración y toda la previa al inicio de funcionamiento.

A pesar de estas enormes ventajas, la megaminería no puede ser considerada motor de desarrollo: la tecnología y los principales insumos, maquinarias y recursos humanos son importados desde su país de origen. Casi no existen articulaciones con el aparato productivo nacional, ni en la fase previa de exploración ni en la final, ya que prácticamente todo lo que se extrae se exporta en bruto.

En cuanto al aporte a la prosperidad de la población, aún con cifras del cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el 2010 había en Argentina un 12% de personas bajo la línea de pobreza. Sin embargo, en el Gran San Juan representaba un 14,4%. En el Gran Catamarca, con 13 años de funcionamiento de la minera más grande del país, la cifra ascendía al 20,9%, nivel superior a la media del noroeste argentino. En esa provincia, los indicadores sociales siguen siendo alarmantes: 25% de su población económicamente activa trabaja en el Estado; 56% de los menores de 18 años reciben la asignación universal por hijo; 75% de las escuelas públicas alimenta a sus alumnos; 87 mil niños comen en comedores infantiles o escolares. La tasa de suicidios supera un 58% la media nacional: 13,5 casos cada cien mil habitantes.

Todos estos datos, muy bien señalados por Maristella Svampa y otros, en su libro Quince mitos y realidades de la minería trasnacional en la Argentina (El Colectivo, 2011), refutan los sustentos falaces de quienes pretenden continuar con la entrega de nuestros recursos naturales a costa del futuro de nuestra gente.

Por otro lado, al hablar de potenciar el federalismo, el Gobierno debería recordar que nueve legislaturas provinciales sancionaron leyes que prohíben o restringen en alguna medida la megaminería metalífera a cielo abierto: Chubut (2003), Río Negro (2005); Tucumán, La Rioja, La Pampa y Mendoza (2007); Córdoba y San Luis (2008); Tierra del Fuego (2011). Leyes logradas a partir de la movilización de distintos sectores de la sociedad, incluso de importantes actores económicos en clara contradicción de intereses. En el caso de La Rioja, Río Negro y Chubut, los Gobiernos sucesivos violaron la voluntad popular al vetar o modificar la norma, desvirtuarla.

Argentina merece un cambio de 180 grados en materia minera, necesitamos modificar sus ventajas económicas y ponerlas en sintonía con nuestras necesidades más urgentes; fomentar los organismos de control, las auditorías permanentes y los monitoreos de obras con participación de las comunidades involucradas, respetar a los distritos que soberanamente decidieron decirle “no” a esta actividad contaminante; promover una amplia normativa legal de presupuestos mínimos de control ambiental, entre otras medidas. En eso estamos trabajando. En lo que sería un verdadero cambio para bien, muy lejos de la medida tomada recientemente por el actual Gobierno.

Sin embargo, esta columna intentará explicar que la pobreza, además, es un negocio para algunos sectores económicos y políticos que sin duda se benefician con su sostenimiento. Estos sectores, minoritarios, han visto crecer sus patrimonios y sus negocios durante la década, accedieron a fortunas enormes que les han permitido aislarse de las consecuencias más gravosas que la pobreza incorpora en el conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que condiciona el acceso de los sectores más vulnerables a derechos básicos.

Entre las consecuencias más visibles que el sostenimiento y la consolidación de la pobreza traslada al conjunto de la sociedad está el crecimiento de Estados paralelos, como lo son las redes de narcotráfico o delincuencia, que afectan fuertemente al conjunto de la sociedad y se sostienen especialmente en condiciones de desigualdad como la que vivimos.

Ocultar los números de pobreza no solo es ocultar una realidad visible que se quiere negar, es también ocultar que Argentina, como el conjunto de los países latinoamericanos que crecieron en la primera década del siglo, amplió la brecha de desigualdad al interior de sus economías.

Como ejemplo de esto podemos mencionar datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que muestran cómo en nuestra sociedad los sectores de mejores ingresos, es decir, aquellos individuos y grupos vinculados con la explotación y la exportación de productos primarios, de origen agropecuario o mineral, la actividad financiera y la concentración de la oferta de bienes consumo masivo, que no representan siquiera el 10% de la población, tienen ingresos comparables con los sectores de altos ingresos de los países centrales del mundo (aproximadamente 94 mil dólares anuales). Los sectores de bajos ingresos, mientras tanto, aproximadamente el 50% de la población, tienen ingresos promedio de 5 mil dólares al año, comparable con los promedios de ingreso de países africanos.

Esta relación que hace Cepal de la desigualdad reinante en América Latina, de la que somos una clara muestra, nos convierte en la región más desigual del mundo, incluso por encima de África subsahariana. A esto debemos agregarle que los sectores más beneficiados por el ciclo económico son grupos empresariales extranjeros y cada vez más concentrados.

Ahora bien, podríamos decir que esta es una tendencia mundial y que Argentina no puede escapar a esta lógica de acumulación. Sin embargo, otra vez nos encontramos con datos incontrastables de organismos inobjetables en el plano estadístico, como Naciones Unidas, que revelan que el crecimiento del PBI en Latinoamérica (alrededor de 4% promedio en la última década) ha beneficiado al segmento más rico de la población, aun en países como Argentina y Brasil, que lograron mejorar su esquema impositivo y fiscal.

A su vez, los impuestos en nuestro país recaen sobre los sectores medios y bajos de la población. El IVA generalizado y el impuesto al trabajo (mal llamado “ganancias”) son la base de nuestro esquema impositivo, al punto que entre trabajadores aportantes y consumidores de bienes básicos (alimentos, especialmente) se concentra la recaudación del Estado; mientras que las grandes corporaciones mineras, los complejos y los fideicomisos sojeros, el sector financiero y el automotriz cuentan con enormes subsidios del Estado, exenciones impositivas de todo tipo y un tratamiento especial por parte del Gobierno.

Si comparamos nuestro esquema impositivo con el europeo, por ejemplo, nos encontramos con que el índice de Gini (que mide la desigualdad en los Estados) en Europa, con un sistema impositivo progresivo, se reduce promedio un 30%, mientras que en nuestro país, con un esquema recaudatorio regresivo, dicho índice prácticamente no se modifica. Lo que estoy planteando es que mientras que en los países centrales el Estado cumple un papel de igualador de las condiciones de vida de la gente, en nuestro país cumple el papel de consolidar la desigualdad.

Podría seguir describiendo muchísimas características del modelo “década ganada” que echan por tierra el relato K, pero creo que los datos que señalé son suficientes para comprender por qué el Gobierno oculta los datos de la pobreza.

Para terminar, resulta importante que nuestra mirada no se quede en la mera crítica, por lo que señalaré algunas medidas que un Gobierno progresista debería adoptar para resolver esta lamentable situación, una vez que se regularizara el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) y se sinceraran las cifras. En primer lugar, una reforma impositiva integral y progresiva, para que paguen más los que más tienen; un plan agresivo que promueva el empleo formal, premie a los empresarios que registren a sus trabajadores. Además, un Estado que castigue con firmeza la corrupción, empezando por la de los funcionarios públicos, para que el sector privado comprenda que esta no es una práctica “normal”; una promoción del sector de la economía social con una ley nacional de compra estatal y el reconocimiento del sector para que pueda elegir a sus representantes en el acuerdo en paritarias del ingreso de los trabajadores. Finalmente, un Estado activo y fuerte en la negociación con los sectores que explotan los recursos naturales demandados en el mercado mundial, para que una parte de esa renta se destine al desarrollo y la infraestructura educativa, social y científica del país.

Este no será un 24 de marzo en el que solamente miremos para atrás y recordemos el comienzo de la noche más larga y cruel que haya conocido nuestro país. Este marzo de 2015 significa, además y luego de doce años del kirchnerismo en el ejercicio del poder, la posibilidad de reflexionar y realizar un balance acerca de una materia, los DDHH, sobre la cual el “gobierno nacional y popular” se apoyó simbólica y políticamente durante este período.

Ante todo, el kirchnerismo pretendió hacer de los DDHH una de sus banderas principales, incluso existiendo contradicciones tan dolorosas como inexplicables durante este ciclo. Para empezar, quiero decir que desde Libres del Sur entendemos a los DDHH en un sentido amplio. Luchamos de igual modo por los ultrajados ayer y hoy, porque entendemos que los DDHH son una categoría que encierra a los derechos civiles y políticos; al derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; como así también los derechos colectivos. No pareciera ser esta la concepción del kirchnerismo.

No obstante lo anterior, también debo decir que durante todos estos años existieron avances notables en esta materia. Pero me permito. a diferencia del Gobierno, remarcar el carácter colectivo de esos progresos. Son conquistas del pueblo; no pertenecen con exclusividad a ningún espacio político.

De hecho, cómo olvidar la derogación de las leyes del perdón, lo que permitió reabrir los juicios y condenar a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. No quiero tampoco dejar de mencionar la emoción que significó la recuperación de la ESMA como espacio de la Memoria. O la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hecho que nos entusiasmó y que muchos creímos implicaba que la Argentina entrara en una etapa de avances y conquistas.

Sin embargo, y frente a todos estos hechos, el gobierno de Cristina Kirchner tomó la triste decisión de impulsar a Cesar Milani como jefe del Ejército, desdibujando y amenazando todo el esfuerzo anterior y el avance institucional que aquello significó. Aun existiendo, al decir de la Justicia, “elementos suficientes” para llamar a indagatoria al general Milani, por secuestros y torturas cometidos durante la dictadura, y estando imputado en la causa por la desaparición de un conscripto, el “gobierno de los DDHH” lo sostiene con esmero y entusiasmo. Todos miran para otro lado, incluso la juventud K que dice representar ideales del campo nacional y popular. Como tampoco se hacen cargo del Proyecto X, de la ley antiterrorista, del gendarme carancho, del pedido de mano dura para reprimir la protesta social y de la omnipresente presencia del “Rambo” Berni al frente de la secretaría de Seguridad, uno de sus principales abanderados.

Como sociedad tenemos la obligación de ver los “otros” DDHH que siguen violándose y para los cuales el kirchnerismo hizo la vista gorda. Durante la proclamada “década ganada” vimos atónitos la aparición de los desmontes masivos, la proliferación de agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Estos hechos traen aparejados, a su vez, desalojos, violencia institucional y vulneración de derechos a comunidades campesinas e indígenas. La persecución en particular a los QOM por parte de los gobiernos oficialistas del Chaco y Formosa es una muestra descarada de esto. ¿Seguirá “el Cuervo” Larroque entusiasmado en desalojar de la vía pública a quienes como los QOM reclaman al Estado?

Frente a generaciones enteras de argentinos que quieren trabajar en otro rumbo, con la renovación política, el reconocimiento y la garantía de más DDHH desde una mirada integral, no podemos conformarnos.  En un nuevo aniversario del último golpe honramos a los que ya no están de la mejor manera, teniendo memoria y peleando por un país verdaderamente para todos. Esto se logrará garantizando el respeto por los DDHH de ayer y de hoy.

La abogada de la mujer, María José Varela, explicó al ser consultada por distintos medios que García Muñoz, antes de ser condenado por violación, tuvo denuncias y condenas previas en Barcelona por un delito de violencia habitual, un delito de amenazas y cinco faltas por lesiones leves; siempre contra su actual ex esposa. Luego, cuando cumplía condena por malos tratos, permaneció detenido, pero esta vez por el hecho ocurrido el 10 de Julio de 1999, cuando ingresó al domicilio de su ex esposa, le exigió mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de la mujer, la amenazó con una navaja y la violó.

A pesar de estos antecedentes, y dando una clara muestra del “compromiso” que el Gobierno Nacional tiene con los derechos humanos de las mujeres, García Muñoz es funcionario de la Secretaria de Derechos Humanos y recorre el país dando testimonio de su experiencia como ex detenido en la Mansión Seré durante la última dictadura militar. Se difundió incluso un video donde la Presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre,  destacó su presencia y lo hizo poner de pie para que recibiese una ovación del público.

Manifiesto mi repudio a la designación de García Muñoz ante cualquier dependencia como funcionario público y exijo su destitución del cargo que ocupa en la actualidad.

Es sabida nuestra postura respecto de esta situación: Boudou, actualmente citado a declarar por el Juez Lijo, debería pedir licencia a su cargo y prestar su colaboración para que la justicia vaya a fondo con la investigación en el corto plazo. De determinarse que tiene responsabilidad en la causa por incumplimiento con los deberes de funcionario público, el Vicepresidente debería renunciar inmediatamente y someterse a lo que dictamine la sentencia del juez.

De no ser así, es decir, de no ser el vicepresidente quien voluntariamente pida licencia, sin dudas debería ser Cristina Fernández de Kirchner quien se lo solicite. Al menos demostraría que la presidenta no tiene nada que esconder en este asunto y que la “sintonía fina” que prometió en el plano institucional, cuando fue reelecta por el 54% de los votos en el 2011, no es solo una anécdota electoral.

Ahora bien, hay un hilo conductor entre lo que está investigando la justicia en esta causa y en varias otras, con lo sucedido en la década de los ’90 en relación a los funcionarios políticos y los bienes públicos. Y no es casual, en los noventa el kirchnerismo forjó sus primeras armas para insertarse en la política nacional; lo hicieron a través de sus gestiones en la municipalidad de Río Gallegos y luego en la Gobernación de Santa Cruz. Del mismo modo, resulta por lo menos curioso que el vicepresidente Boudou haya comenzado su actividad política en esos años en la juventud neoliberal de la UCeDe.

Lo que quiero decir es que, como en los ’90, el justicialismo no ha tenido ningún inconveniente para, en primer lugar, tener una relación muy pragmática con figuras provenientes de las canteras del pensamiento liberal, cuya característica es el desprecio por lo público y la utilización del Estado en pos del beneficio personal o privado. Recordemos la responsabilidad de la clase política en el desguace del Estado, el crecimiento patrimonial de los funcionarios menemistas y la impunidad que siguió a ese saqueo.

Para terminar, quiero detenerme un segundo en este último párrafo, porque creo que es uno de los principales valores del espacio político que integro. El Frente Amplio UNEN ha dicho con claridad que somos la única garantía de que el enriquecimiento de funcionarios, luego de tantos años de gestión kirchnerista, no quede impune. Algo que no está dispuesto a llevar adelante el Frente Renovador de Sergio Massa (por razones obvias), ni Mauricio Macri, que vaya casualidad, está procesado en una causa judicial siendo el Jefe de Gobierno porteño…