La fecha elegida se retrotrae a 1911, año en el que 140 trabajadoras de Nueva York, la mayoría jóvenes inmigrantes italianas y judías que trabajaban en la Triangle Shirtwaist Company, perdieron la vida debido a la falta de seguridad laboral.

Un siglo pasó desde aquella tragedia evitable. Durante ese siglo, las mujeres hemos conseguido el reconocimiento de nuestros derechos en numerosos tratados internacionales y regionales. Los más emblemáticos son la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y, a nivel nacional, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Podríamos decir que, un siglo después, las mujeres contamos con la consagración de numerosos derechos en pos de la tan buscada igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, en 2011, cien años después y en Argentina, 282 mujeres fueron asesinadas por violencia machista (255 en el año 2012, 295 en el año 2013 y 277 en el año 2014).

El tiempo pasa, los derechos se reconocen en tratados, pero a las mujeres nos siguen matando. De los 277 femicidios de 2014, en el 14% las mujeres habían hecho las denuncias judiciales por violencia contra sus agresores. Como en el caso de Cintia, la mujer asesinada por su ex pareja de 17 puñaladas en Morón, quien había denunciado y contaba con una orden de prohibición de acercamiento contra su ex pareja.

Se trata de muertes evitables. Estamos hablando de mujeres, madres, hijas, amigas que podrían seguir con vida si funcionaran las instituciones, si el Poder Judicial, si las fuerzas de seguridad hicieran su trabajo como corresponde. Muertes evitables si el Gobierno tuviera en su agenda la violencia contra las mujeres como una problemática a resolver.

No parece ser el caso del Gobierno que nunca dotó de presupuesto necesario al Consejo Nacional de las Mujeres, que nunca publicó estadísticas acerca de la violencia contra las mujeres, herramienta indispensable para la elaboración de políticas pública, nunca quiso poner en discusión el debate sobre el aborto. Es cierto que discursivamente el tema estaba presente en el relato, pero en los hechos los femicidios crecieron exponencialmente durante los años kirchneristas.

En esta nueva administración, el tema directamente fue acallado, invisibilizado a tal extremo que, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri no dedicó párrafo alguno a la agenda legislativa que propone para combatir la violencia contra las mujeres. No parece ser un tema relevante.

Por su parte, la sociedad sí habló. El 3 de junio del año pasado miles de personas salieron a la calle a gritar “#NiUnaMenos, basta de mujeres muertas”. A pesar de todo esto, como una crónica anunciada, las mujeres seguimos siendo asesinadas por hombres violentos.

¿Cuánto más hay que esperar? ¿Cuántas más tienen que morir? ¿Qué envergadura debe tomar el problema para que los Gobiernos trabajen por una solución?

La violencia de género es una violación grave a los derechos humanos. Incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, y también mortales, para mujeres y niñas, lo que afecta negativamente su bienestar e impide su plena participación en la sociedad.

Se trata de una problemática compleja cuyas causas se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales provenientes de una sociedad patriarcal y los estereotipos de género que la perpetúan.

Tan compleja es la problemática como su solución. Para abordar una solución a la violencia de género es necesario hacerlo en forma interdisciplinaria. Necesitamos fuerzas de seguridad especializadas en la temática y no una policía que revictimice a las denunciantes, las expulse del sistema de protección y les ponga obstáculos para hacer la denuncia. También hace falta un Poder Judicial que cuente con un fuero especial para las causas de violencia de género: un expediente en donde se denuncia que un agresor violó en reiteradas oportunidades una cerca perimetral no puede esperar a los tiempo de la Justicia.

Necesitamos que se declare la emergencia social en materia de violencia contra las mujeres para poder dotar al Consejo Nacional de Mujeres del presupuesto necesario para que comience a elaborar y aplicar políticas públicas destinadas a combatir la violencia. Necesitamos que el Poder Ejecutivo trabaje en esa dirección para evitar más muertes anunciadas.

Hemos elaborado una agenda de trabajo para este año con distintos proyectos de ley que tienen como finalidad frenar la violencia de género. Entre ellos, un proyecto de ley para el uso de una pulsera electrónica para los violentos que tengan orden de prohibición de acercamiento y que las fuerzas de seguridad estén conectadas en el momento en que el agresor viola el perímetro y puedan actuar; un proyecto de ley que sanciona con pena privativa de la libertad a los agresores que violan las órdenes de restricción; un proyecto de ley para la creación de una comisión de las mujeres en el Congreso Nacional para que pueda tratar de forma urgente todos los proyectos que tengan esta finalidad y los pueda enviar a votación.

Evidentemente, la violencia de género debe ser prevenida, con educación, con la modificación de los estándares de la cultura patriarcal, con la eliminación de estereotipos de mujeres propios de estas sociedades, con la garantía de la independencia económica de las mujeres, etcétera.

Hoy tendríamos que estar hablando de cómo lograr la igualdad real y total de derechos entre varones y mujeres, sin embargo, este 8 de marzo nos encuentra, nuevamente, hablando acerca de cómo hacemos para que nos deje de matar la violencia machista.

Este 8 de marzo debemos ir todos a la marcha del Día Internacional de las Mujeres y pedir por #NiUnaMenos, por más y mejores derechos, por la igualdad entre varones y mujeres. Debemos desarrollarnos, debemos aspirar, en definitiva, a una sociedad más justa e igualitaria.

De hecho, las cifras son escalofriantes: en el 2013 se registraron 295 femicidios en el país, un 16 por ciento más que en el año 2012; una mujer es muerta cada 30 horas víctima de femicidio; en el año 2008 hubo 208 femicidios, en el año 2009 fueron víctimas 231 mujeres, en el año 2010, 260, en el 2011 la cifra subió a 282 y en el año 2012 los femicidios fueron 255.

El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Se trata de un término político que denuncia la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El concepto femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas., actualmente incorporado al diccionario por la Real Academia Española gracias a la antropologa feminista mexicana Marcela Lagarde.

En marzo del año 2009 se sancionó la ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Una ley que consagra un gran cúmulo de derechos que protegen a la mujer contra la violencia de género.

Ahora bien, los números, objetivos y ajenos a todo relato épico, nos muestran que la sola sanción de una ley cargada de derechos y reconocimiento no elimina este flagelo social. Los números evidencian que la política pública que se esté llevando adelante al respecto no está dando resultados positivos.

Quizás, ese sea el primer problema que evidencia la ausencia del Estado en esta materia: los números. Las cifras antes citadas son relevadas por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

En Argentina no existe organismo estatal alguno que brinde datos oficiales sobre femicidios. Entonces, los datos estadísticos, insumo indispensable para la construcción de políticas pública, dependen de iniciativas privadas que con gran esfuerzo llevan adelante una difícil tarea que el Estado no cumple y sin contar con las herramientas apropiadas (acceso a datos hospitalarios, policiales y judiciales).

No puede haber política pública exitosa si, en primer lugar, no contamos con un claro y preciso diagnóstico que nos permita atacar la conflictiva de la mejor manera. Para la elaboración de políticas públicas que protejan la vida de las mujeres es siempre necesario contar con el diagnóstico adecuado para así encontrar cuál es el abordaje necesario.

Allí nos encontramos con el segundo problema: los recursos económicos. No existe política pública que pueda tener éxito si no se destinan para su ejecución los recursos materiales y humanos necesarios para llevarlas adelante, una cuestión que, a primera vista, pareciera básica.

Quizás no lo vean así quienes hoy están encargados de elaborar y llevar adelante las políticas públicas contra la violencia de género. Aquí, nuevamente, pareciera que los números no acompañan la lucha contra la violencia de género: el monto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres en el presupuesto 2014 es de 16, 2 millones de pesos, dentro de los cuales el 71,6% (11,6 millones de pesos) son destinados al pago de los haberes del personal. Es decir, sólo el 28,4% del presupuesto del Consejo se destina al cumplimiento de la ley 26.485 de violencia contra las mujeres. A su vez, el presupuesto del Consejo representa tan solo el 0,0018% del presupuesto total,  lo cual significa un 33% menos de lo asignado en el presupuesto 2013.

La declaración de la emergencia nacional en materia de violencia de género es una necesidad imperiosa, repito, una mujer muere cada 30 horas a causa de la violencia de género en nuestro país. La no elaboración de estadísticas no va a ocultar el problema, la violencia de género y los femicidios no son una sensación: son una realidad que hay que combatir.