Este último femicidio reabrió en los medios el tema de la violencia que vivimos las mujeres, en esta ocasión quizás debido a los detalles por demás morbosos del caso. Sin embargo, como en situaciones anteriores, vuelven a cargarse las tintas sobre la conducta de la mujer, su supuesta extorsión al marido, el estado de desequilibrio en que se encontraba él por razones laborales, etcétera. Todas estas explicaciones pretenden brindar cierta calma a nuestras conciencias sobre lo que nos resulta intolerable: que un hombre asesine a una mujer, y a la mujer con la que lo unía un vínculo afectivo.

La verdad es que Claudia vivía en un contexto de violencia y su marido la asesinó en forma cruel y brutal.

Sin embargo, lo cierto es que desde aquel 3 de junio donde la Plaza de los Congreso se colmó de una multitud de mujeres y hombres exigiendo #NiUnaMenos, las estadísticas arrojan la misma cifra de feminicidios: uno cada treinta horas. Es decir, han muerto 70 mujeres por feminicidio desde la marcha de #NiUnaMenos.

El caso de Claudia Schaefer resuena mientras son invisibilizados decenas de otros casos que ocurren por mes de mujeres asesinadas por hombres violentos, tal vez en contextos menos atractivos que el del coqueto country de Pilar y con protagonistas menos llamativos. En la mayoría de los casos, han tratado de pedir ayuda o denunciado al agresor sin ser escuchadas. La indiferencia, el ocultamiento, la invisibilización de la violencia machista es lo que mata a esas mujeres. Pero también la falta de espacios de acompañamiento y sostén. Sabemos, y lo sabe la Justicia, que las medidas cautelares son necesarias, son urgentes, pero no son suficientes para posibilitar que las mujeres vivan una vida libre de violencia.

La primera invisibilización se da cuando el Estado sigue sin realizar estadísticas oficiales para determinar la cifra de femicidios.

El Congreso, por su parte, se niega a tratar la ley que declara la emergencia nacional en materia de violencia contra las mujeres, proyecto que permite dotar de presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres, órgano encargado de la aplicación de la ley de prevención contra este tipo de violencia. El presupuesto permitiría, entre otras cosas, establecer a lo largo y ancho del país espacios de acompañamiento y empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, tal como lo dispone la ley 26.485. Permitiría la creación de nuevos patrocinios jurídicos gratuitos especializados en violencia de género y la asistencia financiera urgente que requieren las mujeres víctimas que tienen como único sustento el ingreso de estos hombres violentos. Si bien todos estos derechos están contemplados en la legislación vigente, sabemos que no están garantizados para las mujeres víctimas de violencia.

Ninguno de los tres candidatos a presidente que más miden en las encuestas ha puesto el tema de la violencia contra las mujeres en su agenda de campaña. Solo se han limitado oportunamente a sacarse la foto con el cartelito de #NiUnaMenos. Daniel Scioli, por ejemplo, si bien firmó los cuatro objetivos de la campaña, como los otros dos candidatos a presidente más votados y responsables políticos en sus jurisdicciones, se encuentra con un retraso notable en la aplicación de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Las problemáticas relacionadas con la violencia de todo tipo, y la violencia que sufren las mujeres por su condición de tal en particular, son complejas. Es necesario un abordaje interdisciplinario y una real voluntad política para llevar adelante las transformaciones más urgentes a fin de terminar con este flagelo.

Desde nuestro espacio reclamamos con carácter inmediato la declaración de la emergencia nacional como primer paso ineludible. Pero principalmente reclamamos voluntad política por parte del oficialismo para terminar con la violencia contra las mujeres. Ni una menos.

Así, la sociedad mira atónita y no deja de conmoverse por el tremendo espectáculo diario de mujeres asesinadas en manos de sus esposos, parejas y padres de sus hijos. El hecho presenta la innegable capacidad de dejarnos perplejos, porque justamente suele ocurrir entre quienes han mantenido un vínculo afectivo, entre quienes son cercanos o lo han sido, en algún momento de su  historia de vida. Las historias sobre los femicidios nos impactan y nos hacen preguntarnos, por ejemplo, qué conduce a un hombre a matar a su compañera, a la madre de sus hijos.

La respuesta no es sencilla y como todo fenómeno de violencia está atravesado por muchas aristas. El primer mito que hay que derribar es que estamos ante la presencia de “locos” o de actos propiciados por personas con patologías psiquiátricas graves. Quienes reciben las denuncias de víctimas de violencia y trabajan diariamente con estos temas se cansan de ver informes psiquiátricos que dicen que la gran mayoría de estos hombres que ejercen violencia no padecen patologías psiquiátricas y que están en condiciones de comprender  perfectamente su accionar. Será entonces que estamos en presencia de una conducta repetitiva, habitual, de un hombre  que se siente con “poder suficiente para herir, dañar y hasta matar”, porque “el otro”- su mujer – es suya, es su propiedad, y puede hacer con ella lo que le plazca.

Así ocurrió con la joven Suhene, quien falleció con motivo de la feroz golpiza que le dio su novio y murió tiempo después de ese hecho,  porque las lesiones cerebrales fueron tan traumáticas que no pudo restablecerse.Hay que decir además que su victimario continúa libre, porque toda una serie de desdichados acontecimientos han sido  introducidos judicialmente para interrumpir el nexo causal entre la golpiza y la muerte de ella, y así favorecer la situación procesal de quien agredió a su novia con la violencia suficiente para causarle la muerte. Lo mismo acontece, pero de manera inversa, cuando las mujeres nos defendemos legítimamente de las agresiones sistemáticas y continuas: la Justicia siempre posa la mirada desde la óptima masculina, y víctimas de violencia terminan años y años presas porque no se termina de dimensionar la gravedad de la problemática.

A su vez, la Argentina tiene un marco legal de avanzada en materia de derechos de la mujer, pero toda una estructura administrativa y judicial que por sí sola resulta insuficiente para hacer frente a esta problemática extendida y generalizada. Hay provincias de nuestro país que aún no han adherido a la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y muchas que han decidido no reglamentar normativa específica. Por otro lado, y luego de casi seis años de dictada la ley nacional, no se ha hecho operativo el observatorio de la violencia contra las mujeres que prevé la norma, ni contamos con los recursos necesarios para atender a las mujeres que deciden tomar la decisión de denunciar a los victimarios, aún a riesgo de quedarse sin sustento económico para ellas y para sus hijos. El Consejo de la Mujer no ha impulsado de manera efectiva la creación de refugios ni espacios aptos para la protección de mujeres y familias en alto riesgo.

Frente a esta terrible problemática debemos ser activos, cada uno desde su lugar. Desde el mío, el de diputada, en 2010 presenté un proyecto de ley para aprobar un protocolo de atención policial de víctimas de violencia, con la finalidad de poner en debate uno de los aspectos más trascendentes, que es justamente el momento en que se recibe una denuncia policial que involucra hechos delictivos en un contexto de marcada violencia de género. La contención de la víctima, la creación de un ambiente adecuado es importante y permite que los operadores judiciales cuenten con la riqueza de un relato ajustado a la realidad de lo acontecido y no con meros extractos o recortes de la historia familiar. También presenté un proyecto de ley para aumentar las penas de aquellos hombres que ejercen violencia e incumplen las medidas judiciales restrictivas dispuestas por jueces de familia, pues sabemos que las normas penales, en países con nuestra tradición ejercen una fuerte influencia simbólica.

Por otro lado, el proyecto de ley contra el acoso callejero que presentamos hace poco días, también surge como una manera de visibilizar el enorme daño que se les provoca a mujeres, adolescentes y niñas en la vía pública, pues esta conducta hostil por parte de los hombres impacta fuertemente en la subjetividad femenina, y colabora en la reconstrucción de un imaginario social donde la mujer es débil y dependiente, donde el hombre tiene más derechos para invadir espacios que hacen a la integridad de la mujer.   

Por último, también presentamos una iniciativa de implementación urgente frente a este espiral de violencia, el proyecto de emergencia publica en materia social por violencia de genero, en el que se delega al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la ley Nº 26.485, hasta el 31 de diciembre de 2017, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente, las que tienen como objetivo primordial paliar y revertir el número víctimas por violencia de género en todo el territorio nacional.

Necesitamos que haya una fuerte voluntad política de avanzar en forma efectiva para erradicar toda forma de violencia hacia la mujer, por eso todos tenemos que movilizarnos el próximo 6 de Junio y alzar nuestras voces. Ni una menos, es la fuerza que nos impulsa.

Le solicito a la Sra. Presidenta que reciba a los padres de estas mujeres víctimas para dar el puntapié inicial y aunar a todas las  fuerzas políticas en un camino unificado que permita poner en marcha medidas efectivas contra la violencia de género.