En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri se refirió a la dictadura más sangrienta de nuestra historia como parte del proceso de consolidación de la violencia política de los años setenta. Quizá por descuido, quizá porque así lo cree, lo cierto es que el Presidente no condenó al terrorismo de Estado, sino a una violencia política en abstracto, definición que abonó durante las décadas de impunidad el discurso de los dos demonios.

A quienes militamos desde hace años por la memoria, la verdad y la justicia, reclamando el esclarecimiento y la condena a los responsables civiles y militares de los crímenes de lesa humanidad, nos inquieta esta definición tan ambigua de Macri. El esclarecimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura debe ser una política de Estado, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, y debe contar con la firme convicción y el acompañamiento de la dirigencia política democrática para que no vuelva a repetirse jamás aquella historia.

Las expresiones del ministro porteño Darío Lopérfido, quien cuestionó la cifra de desaparecidos, o la reflexión del propio Presidente, preguntándose si tenía sentido discutir sobre dicho aspecto, confirman que al menos existen dudas en el nuevo Gobierno con respecto a continuar y profundizar el camino de justicia iniciado. Un camino transitado que, dicho sea de paso, de ninguna manera se constituye en un logro del Gobierno que se fue, sino en un reclamo histórico de todo el pueblo argentino.

Este proceso de búsqueda de verdad, que es reparador para los familiares y las víctimas, pero también es indispensable para superar las heridas que la dictadura dejó en nuestra sociedad y en nuestra nación, colocó al país en un lugar ejemplar entre las naciones democráticas del mundo y esto debe continuar.

En este sentido, es muy preocupante que personajes nefastos ligados a la inteligencia militar como César Milani, otrora hombre fuerte del Gobierno k, sigan sobrevolando áreas sensibles del Estado (las actuales autoridades deberían aclarar las versiones que circulan al respecto). Como también lo es el hecho de que se estén desmantelando áreas del Ministerio de Justicia que cumplían funciones relevantes en las investigaciones de delitos económicos de la dictadura.

Este 24 de marzo tiene además un condimento adicional: la llegada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Es una pena que su visita coincida con el aniversario de un golpe militar en el que su país tuvo mucha responsabilidad, como la tuvo en la mayoría de las dictaduras de nuestro continente. No obstante, es también una oportunidad para que el presidente Obama pida disculpas al pueblo argentino en nombre de su país por la responsabilidad histórica que les cabe.

Al mismo tiempo, si se confirman los trascendidos de los últimos días y se desclasifican los informes históricos que el departamento de Estado norteamericano tiene en su poder, tendríamos un aporte invalorable en la lucha por la defensa de los derechos humanos; nos ayudaría a conocer la verdad sobre muchos de los hechos que ocurrieron durante la dictadura y posiblemente aportaría información respecto de las responsabilidades políticas, así como del paradero de muchas víctimas.

Quiero terminar reflexionando en torno a los objetivos que el nuevo Gobierno dice proponerse, lo que el presidente Macri definió como sus tres grandes desafíos: la Argentina con pobreza cero, la derrota del narcotráfico y la unión de los argentinos. Esos objetivos y otros con que todos los argentinos soñamos, muchos de ellos relacionados con el respeto de los derechos humanos de hoy, no serán alcanzados si nuestro Estado no concluye con el proceso de búsqueda de verdad, rescate de la memoria y logro de justicia por el que hemos luchado desde hace décadas.

La abogada de la mujer, María José Varela, explicó al ser consultada por distintos medios que García Muñoz, antes de ser condenado por violación, tuvo denuncias y condenas previas en Barcelona por un delito de violencia habitual, un delito de amenazas y cinco faltas por lesiones leves; siempre contra su actual ex esposa. Luego, cuando cumplía condena por malos tratos, permaneció detenido, pero esta vez por el hecho ocurrido el 10 de Julio de 1999, cuando ingresó al domicilio de su ex esposa, le exigió mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de la mujer, la amenazó con una navaja y la violó.

A pesar de estos antecedentes, y dando una clara muestra del “compromiso” que el Gobierno Nacional tiene con los derechos humanos de las mujeres, García Muñoz es funcionario de la Secretaria de Derechos Humanos y recorre el país dando testimonio de su experiencia como ex detenido en la Mansión Seré durante la última dictadura militar. Se difundió incluso un video donde la Presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre,  destacó su presencia y lo hizo poner de pie para que recibiese una ovación del público.

Manifiesto mi repudio a la designación de García Muñoz ante cualquier dependencia como funcionario público y exijo su destitución del cargo que ocupa en la actualidad.

La verdad es que este debate es muy urgente. Si pensamos que necesitamos instituciones acordes a un Estado de derecho y democrático, el servicio penitenciario debe ser parte de ese imaginario institucional, y es una deuda de la democracia que éste no se haya desmilitarizado aún. En este sentido, son varios los proyectos de ley sobre materia carcelaria que hemos elaborado con mi equipo de trabajo, y en particular, desde el año 2012 tiene estado parlamentario un proyecto de ley que presentamos para la reestructuración integral del SPF.

Si hacemos un poco de historia, veremos que la ley que regula actualmente al SPF, surgió durante un gobierno de facto; pero esto no siempre ha sido así. De hecho, el SPF no era considerado una “fuerza de seguridad” como hoy, incluso, en algún momento fue establecido como un “servicio público” y civil. El hecho de que se le diera un rango de fuerza de seguridad obedeció a lo que mandaba entonces la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Por otro lado, las estadísticas disponibles que ilustran la realidad de las cárceles argentinas y que son muy pocas, disparan cifras de ciencia ficción: hacia fines del año pasado se registraba que la población carcelaria ya superaba los 60 mil presos en todo el país, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (Sneep). Agrava este escenario, que de esas personas encarceladas, unas 30.795 están sin sentencia firme, o sea, que son, según nuestra Constitución Nacional, inocentes hasta que una sentencia judicial los declare culpables.

Sin embargo, al menos el 32% de los detenidos condenados vuelve a la cárcel, y a pesar de que este porcentaje, de por sí alarmante, es muy probable que sea mayor aún, pues ese cálculo sólo toma a los condenados (no a los procesados), es decir, el cálculo se realiza sobre 29.094 de un total de 60.789 reclusos.

El resultado de todo esto es que queda en evidencia que el sistema penitenciario argentino no cumple con su objetivo principal de lograr la “reinserción social” del recluso y que, en consecuencia, un alto porcentaje de detenidos vuelve a cometer delitos, agravando la situación de inseguridad que se vive en el país.

Asimismo, se ha analizado que las “fugas” son un eslabón más de la cadena de corrupción de las cárceles. David Nievas, un ex detenido, contó el año pasado a diversos medios de comunicación, como el programa PPT: “Vos podés pagar una salida transitoria. Ahí se hacen informes dentro del Servicio Penitenciario por el cual ellos te hacen bien los informes a cambio de dinero. Tenés que pagar diez mil pesos. Es bastante plata. Muchas veces ellos escriben cualquier cosa, vos les das el dinero y ya está”.

Es lo que Juan Manuel Casolati, Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, explica como “el doble pacto de gobernabilidad”: el poder político le pide al servicio penitenciario tolerantes niveles de conflictividad, y éste establece otro pacto con un sector de los presos, que consiste en la regulación de la violencia para que se mantenga en niveles tolerables. Esa es la política pública carcelaria en todo el país.

Creemos que si bien actualmente está en cuestión el objetivo de la pena de encierro y la resocialización misma, mientras los teóricos de debaten estas crisis de paradigmas, debemos adecuar nuestra legislación a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales, queriendo decir con esto que debemos cambiar la concepción que tenemos de la institución penitenciaria argentina. El problema es tan complejo como la batería de medidas necesarias para desarticular la red tejida durante las últimas décadas, que posibilita el funcionamiento de esta máquina de denigración humana que llamamos Cárcel.

En principio, no hay un problema de recursos humanos: el SPF tiene 12.132 agentes en actividad (entre oficiales y suboficiales) para atender una población de 10.322 presos. Ni de recursos: cada preso federal cuesta $ 29.799 por mes.

Creemos que debe reestructurarse el actual Servicio Penitenciario Federal y establecerse en su lugar, lo que llamamos, un “Sistema de cuidado y resguardo en el cumplimiento de la pena”, el cual creemos que debe ser  una institución de carácter federal, civil y profesional dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, despojándolo del estado de militarización en la que se estructura actualmente. Además, su personal de grado Superior, debería estar obligado a presentar anualmente su Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Comisión Nacional de Ética Pública y a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; mientras al resto del personal del Servicio Público de Cuidado y Resguardo, debería reconocérsele la posibilidad a asociarse sindicalmente en defensa de sus derechos, para no quedar “presos”, valga la redundancia, de sus superiores, en la negociación de sus intereses laborales más básicos; en forma seria y civilizada.

También creemos que debe introducirse un nuevo sistema de control y juzgamiento de faltas disciplinarias, que garantice la independencia en el proceso de investigación y de juzgamiento de faltas, ocurridas durante el desempeño de tareas. Esto podría realizarse a través de una Auditoría integrada por un cuerpo de abogados, y dirigido por un funcionario designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En definitiva, debe derogarse definitivamente a la Ley 20.416/73, aún vigente en la normativa nacional, que en su art. 10 establece que el nombramiento de este funcionario “deberá recaer en un oficial superior de las Fuerzas Armadas de la Nación, del escalafón comando”. Si bien es cierto que en los últimos años han ocupado dicho cargo funcionarios civiles, desafortunadamente ello no ha sido garantía de la democratización del sistema del encierro, pues ninguna administración nacional ha puesto en cuestión el carácter militarizado del sistema en su conjunto. Una nueva ley del SPF debe ante todo desmilitarizar las estructuras, criterios y prácticas del sistema del encierro, para terminar con una asignatura pendiente de nuestra democracia.

Es urgente modificar esta situación, con éstas propuestas, o con otras que sean mejores tal vez; pero siempre con el norte claro en el fortalecimiento y garantía de los derechos humanos de todos y todas. Y porque creemos en el debate y en el intercambio de ideas mantenemos viva la expectativa de que el proyecto que dicen que va a mandar el Poder Ejecutivo, no sea nuevamente un relato de ampliación de derechos, que viene al Congreso a votarse a libro cerrado sin escuchar otras voces y considerar otros proyectos que impulsan este tema desde hace años, como el mío.

En esta máquina de denigrar personas en que se han convertido nuestras cárceles se van muchas vidas y se arruinan tantas otras; y además no deja de ser un nuevo foco de regeneración de la “inseguridad”. Tenemos el deber político y ético de abordarlo urgente y seriamente porque la ciudadanía hace tiempo que lo reclama.

Este martes 22 de abril, en la ciudad de Buenos Aires, lanzaremos -un conjunto de ocho partidos y diversas destacadas personalidades políticas- un frente progresista cuyo objetivo primordial en una primera etapa es llegar al gobierno del país, triunfando en las presidenciales de 2015.

Luego de meses de diálogo, distintos sectores hemos arribado a la unidad. Con opiniones diversas en varios temas, pero con convicciones comunes. Venimos a presentar una opción de la mano de la honestidad, la transparencia y el compromiso por tener una nación justa, sin impunidad. Que resuelva en serio el problema del hambre y la exclusión social.

Necesitamos ofrecer a nuestra ciudadanía una nueva esperanza poniendo las coincidencias por encima de las diferencias. Es preciso que este conjunto de 8 partidos pueda brindar una salida a este modelo mentiroso que nos ha ofrecido el kirchnerismo durante once años.

Creemos que es necesaria otra política que no plantee el ajuste como receta ante los desbarajustes de una economía que bien podría haber planteado nuevas oportunidades para quienes hoy siguen en el desempleo, la indigencia y la pobreza. Y también para quienes tienen sólo acceso a un puesto de trabajo no registrado.  En estos diez años no ha existido la voluntad de una reforma impositiva progresiva, para que paguen más quienes más tienen y no lo mismo o menos que la inmensa mayoría que paga el IVA, el impuesto al cheque o a las ganancias porque la inflación los desplazó en las escalas tributarias.

Creemos que los pueblos originarios deben tener derechos  en serio y no un nombre en un salón de la Casa Rosada.

Que nuestros recursos naturales deben cuidarse, tanto los bosques nativos, como el agua y el suelo. No puede ser que seamos rehenes de empresas multinacionales al compás de su furiosa extracción, al mismo tiempo que gozan de beneficios fiscales que no poseen ni micro, ni pequeñas empresas que dan trabajo a un tercio de la población económica de nuestro país.

Necesitamos terminar con la corrupción que se devora vidas inocentes, como también se traduce en inequidades constantes, en falta de derechos para las y los que menos tienen.

Los derechos humanos deben servir para plantear la necesaria reparación con Memoria, Verdad y Justicia. Pero también tomando las situaciones del presente que diariamente golpean a los sectores más vulnerables de nuestra población.

La seguridad no puede ser una ruleta rusa, es un problema complejo pero debemos abordarlo con políticas de estado que contemplen compromisos duraderos y en conjunto con la participación de vecinas vecinos y de todos los sectores sociales, religiosos, políticos.

También hay que terminar con la impunidad que permite que mafias con participación policial, jurídica e institucional acechen a nuestra gente de la mano de flagelos tremendos como lo son el narcotráfico y la trata de personas. Sólo cuando se destrabe ese cóctel explosivo de complicidades ocultas podremos terminar con estos males que de uno u otra forma llevan a la esclavitud a nuestros jóvenes.

Hay que terminar la política de la imposición y el desprecio, para pasar a una del dialogo constructivo de analizar las diferencias y sumar con el objetivo de lograr una sociedad más justa, con más derechos y más inclusiva.

Creemos que debemos tener acuerdos básicos y sólidos que nos permitan tomar lo mejor de nuestra historia y desechar los peores vicios de la política.

En el Frente Amplio UNEN estamos convencidas y convencidos que la mejor forma de elegir los candidatos es mediante el voto de la gente, por eso tomamos el ejemplo que llevamos adelante en la Ciudad de Buenos Aires.

Entendemos que este frente se perfila como un proyecto serio y audaz, con amplitud política para atraer y contener nuevos componentes. Con fuerte competencia -sana y honesta- para ganar la representación ante la sociedad, priorizando los múltiples acuerdos por sobre las diferencias. Con generosidad y mirada estratégica en los dirigentes, quienes deben ser los pilares donde apoyarnos para aspirar al triunfo. Trabajaremos con entusiasmo en esa dirección. Argentina no merece más de lo mismo.

Venimos a ofrecer una esperanza de cambio, donde empecemos a contar otra historia. Estamos a tiempo de que todos se sumen a este nuevo desafío.