Si por un momento creyéramos legítima esta dicotomía, aquellos que defendemos la educación pública y laica porque es una causa nacional tendríamos que optar entre dos candidatos que se formaron en universidades privadas, que comulgaron con el arancelamiento y las restricciones al ingreso en las universidades nacionales y que apoyaron la ley de educación superior menemista, que intentó desarticular y vaciar la educación pública.

Si los progresistas debiéramos optar por el mal menor, como insinúan, nos veríamos obligados a elegir entre dos candidatos que nacieron y crecieron en familias ricas y privilegiadas, que fueron firmes impulsores de las reformas neoliberales de los noventa, las mismas que destruyeron a la industria nacional y dejaron una herencia de pobreza estructural que aún se sostiene en torno al 30% de la población.

Si tuviéramos que aceptar que votar a uno u otro es un daño colateral para nuestras convicciones, nos enfrentaríamos al dilema de optar entre dos personajes públicos que utilizan al Estado como botín de guerra, haciendo negocios personales y favoreciendo a amigos con el dinero público. Y no sólo eso, deberíamos cerrar los ojos frente a declaraciones juradas “flojas de papeles” y que de ninguna manera justifican patrimonios millonarios.

Así podría seguir enunciando muchas más cosas en común entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, como su marcada tendencia a omitir al Parlamento o a la Legislatura en las decisiones de Gobierno, ya sea vetando leyes o gobernando a través de decretos. Sus trayectorias personales ligadas a los negocios y a la farándula; su sospechoso silencio ante el daño ambiental de los emprendimientos megamineros a cielo abierto; su pragmatismo político que les permite cambiar de discurso como de medias, etcétera, etcétera.

Yo quiero decir en esta columna a quienes trabajamos, creemos y soñamos con un país mejor, inclusivo, democrático y transparente que para nosotros, los progresistas de ayer y hoy, lo más importante en estas elecciones es sentar las bases de un proyecto político que mejore la calidad de vida de los argentinos —más allá de los votos que saquemos— y eso es imposible de lograr sin coherencia y honestidad.

Este último femicidio reabrió en los medios el tema de la violencia que vivimos las mujeres, en esta ocasión quizás debido a los detalles por demás morbosos del caso. Sin embargo, como en situaciones anteriores, vuelven a cargarse las tintas sobre la conducta de la mujer, su supuesta extorsión al marido, el estado de desequilibrio en que se encontraba él por razones laborales, etcétera. Todas estas explicaciones pretenden brindar cierta calma a nuestras conciencias sobre lo que nos resulta intolerable: que un hombre asesine a una mujer, y a la mujer con la que lo unía un vínculo afectivo.

La verdad es que Claudia vivía en un contexto de violencia y su marido la asesinó en forma cruel y brutal.

Sin embargo, lo cierto es que desde aquel 3 de junio donde la Plaza de los Congreso se colmó de una multitud de mujeres y hombres exigiendo #NiUnaMenos, las estadísticas arrojan la misma cifra de feminicidios: uno cada treinta horas. Es decir, han muerto 70 mujeres por feminicidio desde la marcha de #NiUnaMenos.

El caso de Claudia Schaefer resuena mientras son invisibilizados decenas de otros casos que ocurren por mes de mujeres asesinadas por hombres violentos, tal vez en contextos menos atractivos que el del coqueto country de Pilar y con protagonistas menos llamativos. En la mayoría de los casos, han tratado de pedir ayuda o denunciado al agresor sin ser escuchadas. La indiferencia, el ocultamiento, la invisibilización de la violencia machista es lo que mata a esas mujeres. Pero también la falta de espacios de acompañamiento y sostén. Sabemos, y lo sabe la Justicia, que las medidas cautelares son necesarias, son urgentes, pero no son suficientes para posibilitar que las mujeres vivan una vida libre de violencia.

La primera invisibilización se da cuando el Estado sigue sin realizar estadísticas oficiales para determinar la cifra de femicidios.

El Congreso, por su parte, se niega a tratar la ley que declara la emergencia nacional en materia de violencia contra las mujeres, proyecto que permite dotar de presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres, órgano encargado de la aplicación de la ley de prevención contra este tipo de violencia. El presupuesto permitiría, entre otras cosas, establecer a lo largo y ancho del país espacios de acompañamiento y empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, tal como lo dispone la ley 26.485. Permitiría la creación de nuevos patrocinios jurídicos gratuitos especializados en violencia de género y la asistencia financiera urgente que requieren las mujeres víctimas que tienen como único sustento el ingreso de estos hombres violentos. Si bien todos estos derechos están contemplados en la legislación vigente, sabemos que no están garantizados para las mujeres víctimas de violencia.

Ninguno de los tres candidatos a presidente que más miden en las encuestas ha puesto el tema de la violencia contra las mujeres en su agenda de campaña. Solo se han limitado oportunamente a sacarse la foto con el cartelito de #NiUnaMenos. Daniel Scioli, por ejemplo, si bien firmó los cuatro objetivos de la campaña, como los otros dos candidatos a presidente más votados y responsables políticos en sus jurisdicciones, se encuentra con un retraso notable en la aplicación de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Las problemáticas relacionadas con la violencia de todo tipo, y la violencia que sufren las mujeres por su condición de tal en particular, son complejas. Es necesario un abordaje interdisciplinario y una real voluntad política para llevar adelante las transformaciones más urgentes a fin de terminar con este flagelo.

Desde nuestro espacio reclamamos con carácter inmediato la declaración de la emergencia nacional como primer paso ineludible. Pero principalmente reclamamos voluntad política por parte del oficialismo para terminar con la violencia contra las mujeres. Ni una menos.

El debate alrededor de la baja de la edad de imputabilidad dado por el candidato Martín Insaurralde (que no es lo mismo que discutir la creación del régimen penal juvenil) tuvo un fuerte sesgo “derechoso”, lo que demuestra que en esta materia también el Gobierno nacional cedió a la línea dura del gobernador Daniel Scioli, que además les impuso a Granados como ministro provincial de Seguridad, al que el resto de los kirchneristas tuvieron que salir a aplaudir dado la dependencia evidente que hoy tienen de ex motonauta para no perder más terreno político en la provincia de Buenos Aires.

Es una realidad que la sanción de un Régimen Penal Juvenil que reemplace la actual Ley de Patronato dictada por la última dictadura es algo impostergable y urgente. Pero dicha sanción no puede ser una respuesta coyuntural, sino que debe darse en un contexto de políticas más abarcadoras y de largo plazo que garanticen la protección de niños y jóvenes. Lo que también es una realidad es que prácticamente no existen datos oficiales acerca de la situación de las niñas, niños y adolescentes en el sistema penal. Mal puede solucionarse aquello que evidentemente prácticamente se ignora. En este sentido, las pocas estadísticas que existen dicen que en la provincia sólo el 4% de las causas están relacionadas con menores; lo que demuestra que los verdaderos delincuentes están en otra parte, donde el poder político no quiere poner la lupa.

En efecto, el proceso de actualización legislativa se ha constatado muy lentamente, tanto a nivel nacional como en las provincias. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que además reconoce una cantidad de condiciones básicas de existencia para aquellos, que diariamente no se ven satisfechas, como cloacas, agua potable, vivienda, educación, salud de calidad, un ambiente sano, acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, etcétera; receptan la concepción de los niños, niñas y adolescentes como “sujetos” dignos de reconocimiento especial de derechos, en su condición de ser humano en desarrollo, y eliminan toda posibilidad de “disposición tutelar”, consagrando el principio rector del “interés superior del niño”. Además, con este cuerpo legal se derogó expresamente la Ley 10.903 de Patronato del Estado, de 1919, que concebía a la persona menor de edad como un “objeto” de tutela que debía ser protegido por carecer absolutamente de autonomía.

En ese entendimiento, aquella ley otorgaba al juez un poder discrecional para decidir acerca de su bienestar cuando se encontrara en “estado de peligro o abandono moral o material”, facultándolo a “disponer” de él -recurriendo generalmente a la internación- hasta sus 21 años de edad. Actualmente es una falacia que los menores no tengan responsabilidades en materia penal. El joven de 16 años no está exento de responsabilidad penal para ciertos delitos. Pero, en los hechos, el sistema actual viola este enunciado, admitiendo la posibilidad de dar respuestas penales (internación de niños por órdenes impartidas por la justicia penal de menores) con fundamentos no punitivos de cuidado y tutela, propios de la derogada Ley de Patronato y el aún vigente decreto-ley 22.278, e incompatibles con el ordenamiento legal y constitucional; que en concreto es un sistema de responsabilidad penal.

Por otro lado, una de las hipocresías que se plantean en todo este debate es que “debe reducirse la edad penal, para dotar de garantías procesales a los menores de edad”. En realidad esto es una falacia, porque el niño debe gozar de las garantías reconocidas por la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley 26.061 y leyes provinciales -siendo el Estado el máximo responsable de que así sea-, y no es precisamente la introducción al sistema penal el medio adecuado para restituir sus derechos. Este planteo es equivalente a creer que el bienestar del niño se va conseguir a través de su penalización con “mayores garantías”, porque, a pesar de todo lo que se quiera plantear, es innegable el carácter estigmatizante del sistema penal, ya que el encierro siempre resulta nocivo para los adolescentes en pleno proceso de maduración y formación de su personalidad, al verse privados de su vida familiar, social, educacional; en definitiva, de su desarrollo integral.

Nada mejor que ir a la realidad concreta para ver cómo fracasaron estas recetas retrógradas: por un lado, la reducción de la edad penal en toda América Latina no ha incidido en la reducción del índice de los delitos de los jóvenes, porque no se desarrollaron políticas preventivas ni programas de integración social. Por otro lado, todos sabemos que la justicia nacional y las provinciales ya se encuentran colapsadas sin menores de 16 años (imaginemos qué sucedería si reducimos la edad de imputabilidad). Por último, el avance del sistema penal en la Argentina no ha provocado un descenso en los índices delictivos. Prueba de ello es el severo endurecimiento penal, mediante el paquete de “leyes Blumberg”, que sólo repercutió en un extraordinario incremento de la población penitenciaria.

Un análisis real de esta situación marca que la mayoría de estos niños, en conflicto con la ley penal, son utilizados por mayores -muchos de ellos integrantes de las propias fuerzas de seguridad, como vemos que pasó con Luciano Arruga, al que terminaron “desapareciendo”, por negarse a trabajar para ellos- para realizar “trabajos” para su beneficio. Entonces, debemos ante todo preguntarnos: de reducirse la edad de imputabilidad, ¿no estaríamos poniendo en “disposición” para dichos trabajos, por su carácter de inimputables, a los chicos menores de 14 años? Es que así, este mayor que los maneja, va a descartar al chico de entre 14 a 16 años, porque ya no le sirve y va a ir a buscar a uno de 13.

Evidentemente, la solución no es que el sistema penal siga avanzando sobre los niños que, como ya señalamos, son los más expuestos y revisten mayor vulnerabilidad. Frente a esta situación, estamos convencidos de que la relación entre pobreza y delito no es de causa a efecto, sino que concurren otras determinaciones: las promesas incumplidas, el retiro del Estado de sus funciones de protección social, la ruptura de los lazos sociales y la subordinación a los preceptos del individualismo más cruel. Es un engaño plantear que podemos resolver los problemas del delito y la violencia si no los relacionamos a los parámetros básicos de inequidad económica y marginalidad social. Esto debe ser parte de un profundo y amplio debate que apunte a la construcción de un modelo distinto de sociedad, y no reducirse a la adopción pasiva y efectista de consignas autoritarias (“tolerancia cero”, “mano dura”).