En otras palabras, mientras la ciudadanía se desayuna acerca de la manera en que funcionarios de este Gobierno habrían utilizado sus resortes de poder para apropiarse ilegítimamente de la imprenta que puede fabricar billetes de curso legal, un Congreso virtualmente paralizado, que sólo homologa los proyectos que manda el poder Ejecutivo e ignora los de los representantes del Pueblo de la Nación, busca restringir injustificadamente la forma en que el Estado debe hacerse responsable de sus actos frente a los ciudadanos con esta ley sancionada.

Este no es un tema menor, si se considera que la tendencia jurisprudencial nacional e internacional ha sido la de ampliar los supuestos de reparación -y no restringirlos-, en el marco de la normativa que surge del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que goza de jerarquía constitucional luego de la reforma de 1994. Es una contradicción que pueda hablarse desde los palcos oficiales de “ampliación de derechos”, y que a su vez se restrinja injustificadamente el derecho a una reparación integral, cuando el autor del obrar ilícito es justamente el propio Estado. Estado que además es el garante ante los Organismos Internacionales del cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra República Argentina.

El kirchnerismo, gozando de mayoría propia en ambas cámaras legislativas, no permitió realizar ningún avance en ampliar los criterios en los casos de daños cometidos por empresas concesionarias de  servicios públicos, sino todo lo contrario.

Por dar un ejemplo concreto, este proyecto impide que el Estado Nacional responda patrimonialmente en un caso como el de  la masacre de Once, puesto que, en el artículo 6º, y a pesar de que la jurisprudencia venía flexibilizando el criterio acotado de los años 90, se excluye expresamente la reparación por parte del Estado, aún en forma subsidiaria, por perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos. O sea, los damnificados de este hecho aberrante no podrán reclamar al Estado y a los funcionarios, sino que deberían accionar directamente contra el concesionario. En este sentido, se puede verificar que ninguna de las víctimas de la masacre de Once ha contado con ningún tipo de ayuda oficial, tal como ellas mismas han relatado en las audiencias que se llevan adelante en la actualidad, en Comodoro Py.

De esta forma, podemos advertir cómo este gobierno pretende contar con todas las herramientas legales a su alcance para garantizar su impunidad, aunque ello implique un grave retroceso para nosotros, simples ciudadanos y ciudadanas, al aplicar leyes como esta “Ley de irresponsabilidad del Estado”.

Algunas voces oficiales, por cierto muy pocas, y el propio Vicepresidente, destacan el interés de otros factores de poder sobre la compañía de los billetitos, pero esas acusaciones, fundadas o no, no motivaron ningún accionar legítimo por parte del Estado. Recordemos que la expropiación llegó luego de que el Vice se encontraba acorralado por la causa judicial en la que se acumulaba prueba y más prueba en su contra. Boudou pensó que su mejor defensa era un buen ataque,  que  podía ensayar una defensa política en el escenario de los medios de comunicación. No se quiso enterar de que sus movimientos habían dejado muchas huellas, que en un proceso penal se llaman PRUEBAS.  Ninguna de las pruebas fue rebatida por Boudou con argumentos serios, es decir, lo que cualquier mortal llamaría una explicación verosímil y con cierto grado de sensatez.

Si hay algo que debe llamar la atención de la ciudadanía, es la forma en que quienes detentan el poder de turno en las más altas funciones hayan perdido todo tipo de respeto por la legalidad, y que se crean con la impunidad suficiente para usar a los organismos públicos como “medios” para sus fines. En este caso, el fin fue muy evidente, y dejó heridos que hablaron porque se sintieron intimidados, empezando por una mujer a la que muchos llamaron loca y despechada. Comprarse la fábrica de hacer billetes y boletas partidarias no es un hecho fácilmente ocultable, aunque Boudou pretenda ver sólo conspiraciones en su contra y agravie nuestra inteligencia alegando una cadena de casualidades.

Pero “su empresa”, The Old Fund, no sólo adquirió Ciccone; esa misma empresa cobró del Gobierno formoseño, desde un supuesto rol de consultora, honorarios millonarios por participar en la reetructuración de deuda de la provincia de Formosa en la que intervino, adivinen,  el propio Ministro de Economía del otro lado del mostrador. Formosa es la misma provincia que, según el último Censo, lidera los rankings de pobreza. Robarle al pueblo formoseño, además de un delito a investigar, es un acto de indignidad impropio de un Vicepresidente de la República. La única explicación pública de Boudou acerca de esa operatoria fue que es la única provincia que reestructuró su deuda….

Amado Boudou debe ejercer su derecho de defensa, con todas las garantías que le asisten, lo que no puede es seguir siendo nuestro Vicepresidente.

Es sabida nuestra postura respecto de esta situación: Boudou, actualmente citado a declarar por el Juez Lijo, debería pedir licencia a su cargo y prestar su colaboración para que la justicia vaya a fondo con la investigación en el corto plazo. De determinarse que tiene responsabilidad en la causa por incumplimiento con los deberes de funcionario público, el Vicepresidente debería renunciar inmediatamente y someterse a lo que dictamine la sentencia del juez.

De no ser así, es decir, de no ser el vicepresidente quien voluntariamente pida licencia, sin dudas debería ser Cristina Fernández de Kirchner quien se lo solicite. Al menos demostraría que la presidenta no tiene nada que esconder en este asunto y que la “sintonía fina” que prometió en el plano institucional, cuando fue reelecta por el 54% de los votos en el 2011, no es solo una anécdota electoral.

Ahora bien, hay un hilo conductor entre lo que está investigando la justicia en esta causa y en varias otras, con lo sucedido en la década de los ’90 en relación a los funcionarios políticos y los bienes públicos. Y no es casual, en los noventa el kirchnerismo forjó sus primeras armas para insertarse en la política nacional; lo hicieron a través de sus gestiones en la municipalidad de Río Gallegos y luego en la Gobernación de Santa Cruz. Del mismo modo, resulta por lo menos curioso que el vicepresidente Boudou haya comenzado su actividad política en esos años en la juventud neoliberal de la UCeDe.

Lo que quiero decir es que, como en los ’90, el justicialismo no ha tenido ningún inconveniente para, en primer lugar, tener una relación muy pragmática con figuras provenientes de las canteras del pensamiento liberal, cuya característica es el desprecio por lo público y la utilización del Estado en pos del beneficio personal o privado. Recordemos la responsabilidad de la clase política en el desguace del Estado, el crecimiento patrimonial de los funcionarios menemistas y la impunidad que siguió a ese saqueo.

Para terminar, quiero detenerme un segundo en este último párrafo, porque creo que es uno de los principales valores del espacio político que integro. El Frente Amplio UNEN ha dicho con claridad que somos la única garantía de que el enriquecimiento de funcionarios, luego de tantos años de gestión kirchnerista, no quede impune. Algo que no está dispuesto a llevar adelante el Frente Renovador de Sergio Massa (por razones obvias), ni Mauricio Macri, que vaya casualidad, está procesado en una causa judicial siendo el Jefe de Gobierno porteño…