Pero se mantienen la ampliación del número de consejeros, su elección popular no proporcional, la pérdida de representatividad de jueces y abogados a quienes corresponde según la Constitución la elección de sus representantes, y la consiguiente politización de este órgano. El partido político que obtenga más votos, aun cuando sea la primera minoría, podrá así suspender a cualquier juez con la mitad más uno de los integrantes del Consejo.

Pero el texto aprobado por Diputados es aún menos democrático que el que obtuvo media sanción en el Senado. Actualmente, para presentar candidatos a Presidente de la Nación y vice, los partidos deben ser reconocidos en al menos cinco distritos electorales. En su nueva versión, la iniciativa exige que los candidatos a consejeros sean presentados en partidos de idéntica denominación con presencia en 18 jurisdicciones. Y esto es exigido a apenas 40 días del vencimiento del plazo para la constitución de alianzas electorales.

Es fácil advertir que, hoy, sólo el Frente para la Victoria está en condiciones de participar de la elección; seguramente se le sumen el radicalismo y algún otro frente o alianza. En cualquier caso, se limitan sensiblemente los derechos políticos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, y se proscribe la participación de los partidos más chicos que, además, no podrán adherir a otras listas de candidatos al Consejo de la Magistratura.

Más consejeros para el partido gobernante (cualquiera sea éste), elegidos por quienes no están habilitados para ello, entre la menor cantidad de candidatos posible. Esa es la nueva fórmula de la “democratización de la Justicia”, que se confirma como un vano recurso retórico para esconder una práctica tendiente a obtener la suma del poder público.

Puedo compartir, con algunos matices, esas premisas pero el mencionado proyecto está muy lejos de concretarlas; antes bien, reproduce el gesto autoritario, tantas veces visto en la historia, de oligarquías gobernantes que, al amparo de contingentes mayorías obtenidas electoralmente, pretenden perpetuarse en el poder. Insisto: este proyecto sólo contempla la participación y el control ciudadano en la letra; en su espíritu y sus efectos previsibles sólo se propone propiciar la conservación del poder por la elite política y económica que gobierna el país desde hace diez años, colonizando el Poder Judicial.

¿Cuál es el mecanismo que el proyecto plantea para alcanzar ese objetivo?

En primer lugar, establece que los jueces, abogados y académicos que se postulen para el cargo de consejeros deben que hacerlo como parte de la propuesta electoral que los diferentes partidos políticos presenten para las elecciones presidenciales: en el caso de los jueces, ello implica romper con la tradición republicana –reflejada en diferentes normas legales nacionales y provinciales- que impide la participación de jueces en toda actividad política, pues ello pondría en cuestión su imparcialidad; y todos (jueces, abogados, académicos) quedarían así, obviamente, disciplinados al partido que los postularía.

La lista de candidatos al cargo de consejeros que obtenga más votos se quedará con la mayoría de los cargos y la primera minoría con el resto, lo que en los hechos supone una suerte de revival del espíritu del Pacto de Olivos que, más que previsiblemente, otorgará al Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical el monopolio de la representación en el Consejo.

Me pregunto: si se pretende, realmente, democratizar la justicia, ¿por qué no se utiliza, para la elección de consejeros el sistema D´Hondt, demostrando la vocación pluralista de permitir la incorporación de otras fuerzas políticas que representan a porciones sustanciales del electorado, aun sin ser mayoría y primera minoría?

Pero incluso para la primera minoría la representación en el Consejo será punto menos que testimonial porque -y en esto radica el ataque a la vez más grave y burdo a la independencia del poder judicial-, el proyecto modifica el régimen actual que exige, para la selección o remoción de magistrados, una mayoría de dos tercios de los votos computables, reemplazándolo por la exigencia de una simple mayoría absoluta.

Si actualmente la oposición podía vetar, con el peso numérico de su representación, los nombramientos de candidatos o la remoción de jueces, a futuro, de prosperar el proyecto, bastará el voto de los miembros del Consejo integrantes de una misma fuerza política (que podría ser la que, al mismo tiempo, ocupe el Poder Ejecutivo, la que tenga la mayoría en el Poder Legislativo y la que tenga mayoría, también, en el Consejo de la Magistratura) para seleccionar a un magistrado o sentenciar esa destitución. Que es lo mismo que decir que el oficialismo podrá integrar a voluntad cualquier vacante en un tribunal y, también a voluntad, remover a cualquier magistrado, por buenas o malas razones.

En esas condiciones: ¿qué quedará de la independencia del Poder Judicial? Poco y nada y más nada que poco. ¿Qué duda puede caber? Jueces adictos al poder político o temerosos del mismo nunca podrán constituir un Poder Judicial auténticamente democrático.

Lo dicho viene a cuento de los anuncios efectuados por la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al inaugurar las sesiones legislativas de este año. Algunas de las ideas genéricamente mencionadas parecen ir en esa dirección; otras, generan legítimas reservas.

En el sentido apuntado, pienso que ideas como la de transparentar la gestión de los integrantes de los tres poderes del Estado, estableciendo la publicidad obligatoria de sus declaraciones juradas es muy positiva, aunque no puedo dejar de preguntarme por qué ese espíritu de transparencia no se ha puesto de manifiesto para sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública, que el oficialismo se niega a concretar desde hace diez años.

También resulta plausible la creación de Cámaras de Casación para los fueros civil y comercial, contencioso-administrativo y laboral, del mismo modo que existe, actualmente, un tribunal semejante para el fuero penal. No obstante ello, es de lamentar que esa propuesta se formule cuando desde hace años existen cantidad de puestos vacantes por completar en el ámbito del Poder Judicial.

Estoy de acuerdo con la Presidenta en que los jueces deben pagar el Impuesto a las Ganancias; pero como es sabido se trata de una situación que debe resolverse en el ámbito del Poder Judicial.

Ciertamente más delicada es la idea de someter la representación de los miembros del Consejo de la Magistratura a elección popular, un órgano que no ha quedado exento de sospechas y denuncias por irregularidades en algunos concursos. A priori, como idea, es interesante la posibilidad de que los representantes de los abogados resulten de la elección popular. En cambio, las dudas se plantean a la hora de proponer que los representantes de los jueces sean elegidos por quienes no son sus pares y ello, a luz de la prohibición que tienen los magistrados para participar en política. Se perdería mucho de la necesaria imparcialidad que deben conservar si tuvieran que abocarse a la tarea de conseguir electores (y fondos para sus campañas electorales) en lugar de dedicarse estrictamente a impartir justicia a través de sus sentencias.

Finalmente, parece un exceso la idea de restringir de un modo riguroso la posibilidad de obtener medidas cautelares contra disposiciones del Poder Ejecutivo; hablamos de herramientas imprescindibles para el individuo frente al omnipotente poder del Estado. Las malas experiencias que el actual gobierno nacional puede haber tenido en su aplicación son una prueba de su necesidad, porque demuestran la relevancia de un Poder Judicial independiente que no sea una mera sombra del Presidente de turno.

Tenemos los títulos más no conocemos aún el contenido de la propuesta democratizadora de la Presidenta. No sabemos si el Gobierno busca genuinamente llevar adelante una verdadera reforma para garantizar la equidad, transparencia y eficiencia en la prestación del servicio de justicia,  o si en verdad lo que se pretende es avanzar sobre la independencia del Poder Judicial.

El valor de esa independencia es esencial para una república democrática, si el Poder Judicial se convirtiera en un reflejo de la voluntad de las mayorías, los individuos quedarían absolutamente desprotegidos frente a aquellas. Las mayorías electorales son contingentes, cambiantes, y las medidas que hoy se aprueban en la confianza de que nos benefician, mañana nos mortificarán en manos de otros.

Lo que los jueces deben aplicar es la ley, con prescindencia de los deseos de las mayorías de turno. La independencia del Poder Judicial garantiza que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos, sin importar su ideología o afiliación política.

No se discute la buena voluntad del gobierno argentino ni la política de diálogo con Irán. Al contrario. El mundo cambió. La doctrina del choque de civilizaciones, que inspiró la guerra contra el terrorismo, mostró sus limitaciones en el nuevo escenario geopolítico. Entre ellas, haber sido diseñada sobre la base de la imposición de un pensamiento maniqueo según el cual el mundo se divide en países buenos y países “ejes del mal”. El diálogo cedió lugar a la fuerza, direccionada a través de prejuicios. La violencia no engendró más que violencia en una espiral sin fin.

Desde este punto de vista, es todo un posicionamiento ante el mundo reconocer el fracaso de la estrategia de la fuerza y priorizar el diálogo, reclamando un retorno a la diplomacia.

Pero ¿era éste el modo de avanzar respecto a la causa AMIA?

El acuerdo fue planteado por el gobierno argentino como un mecanismo para avanzar en la paralizada causa judicial que investiga el atentado contra la sede de la AMIA y, en especial, como una estrategia que permitiría interrogar a los cinco iraníes sobre quienes pesa una orden de captura de Interpol. Recordemos que se trata de personalidades altamente vinculadas al gobierno de Ahmanidejad, entre ellas, el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi.

Aun si se presentaran ante las autoridades judiciales y éstas confirmaran las sospechas, ¿qué sucedería? No podrían ser extraditados porque no hay acuerdo que lo habilite. ¿Los entregarían a Intrerpol? ¿Irán los llevaría a prisión? ¿Qué impedirá que Irán actúe como lo ha hecho hasta ahora?

Sin embargo, uno de los puntos más cuestionables es la llamada Comisión de la Verdad que será integrada por cinco juristas internacionales con el fin de analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de ambos países. El propio acuerdo refiere que “los comisionados llevarán adelante una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados”. ¿Acaso tendrá la Comisión la facultad de desestimar lo actuado hasta el momento por la Justicia argentina? Sería un claro retroceso a riesgo de tejer un manto de impunidad.

El Congreso argentino no puede aceptar la actuación de una comisión revisora sobre el poder judicial, sería inconstitucional y configuraría el delito de traición a la patria. A fin de cuentas, se trata de la concesión de la facultad de revisar lo actuado por la Justicia argentina. La propia denominación “Comisión de la Verdad” da lugar a confusión. ¿La Justicia argentina no es veraz?

Si la comisión hubiese sido asesora, orientada a garantizar que los interrogatorios se realicen conforme a derecho, estaríamos ante un avance. Pero, como vemos, no es el caso. ¿La Comisión será acaso una especie de tribunal internacional ad hoc? No se registran antecedentes en el mundo de tamaña concesión.

Aunque se tratara de una Comisión de la Verdad, la ONU ha afirmado que no reemplazan la necesidad de juicios y que hay que tener especial cuidado en su diseño. Para ello es fundamental aclarar una serie de cuestiones: plazos limitados, que la decisión sea fruto de un proceso amplio de consulta nacional (y no la imposición de una mayoría automática), una genuina voluntad política de búsqueda de la verdad, etc. Un sinfín de puntos pendientes y dudas para las que, lamentablemente, no tenemos respuesta.

La República Argentina sufrió dos atentados terroristas que a la fecha continúan impunes. La renuncia a la justicia es flagrante impunidad. Tal como está planteada en el proyecto enviado al Congreso, la comisión de la verdad parece ser, en suma, una concesión al olvido.