Sobre un importante esfuerzo político para lograr el consenso que requieren las políticas de Estado, fuimos llevando a cabo una serie de reformas tributarias que, sobre la base de cinco ejes fundamentales, lograron un aporte solidario de los bonaerenses en beneficio de sus vecinos y de la República Federal toda:

-El creciente aporte de los sectores económicos concentrados y de los beneficiarios directos del modelo productivo, con resguardo sobre las PyMEs para potenciar la producción y el empleo;
-La diferenciación de los patrimonios según su uso productivo en conjunción con la progresividad de las escalas de alícuotas sobre tales manifestaciones patrimoniales;
-La actualización de todas las valuaciones inmuebles para lograr la exteriorización de la verdadera capacidad contributiva bonaerense, de forma de conseguir una progresividad efectiva en los tributos;
-El tratamiento de tal capacidad contributiva de manera igualitaria y progresiva en la cabeza de cada ciudadano;
-La descentralización de recursos hacia los gobiernos municipales, con el fin de promover una gestión menos centralizada y más cercana a la gente.

Un breve relato basta para evidenciar la coherencia de las mismas entre sí, y con el proyecto de país que emprendimos hace más de una década.

El crecimiento inclusivo que comenzamos en aquel entonces requería volver a componer todo un entramado productivo perdido durante la crisis que culminara en 2002, de manera que la reapertura de las fábricas y talleres, como así también la vuelta de los trabajadores a sus puestos de trabajo, no sólo debía admirarse y llenarnos de emoción, sino también cuidarse como el bien más preciado que se había quebrado junto con el país: nuestra clase trabajadora.

Pero como en toda familia o mesa de amigos, todos debemos poner nuestra parte en función de las necesidades del proyecto común, y en forma solidaria. La verdadera progresividad requiere que el aporte sea proporcionalmente mayor desde las “personas” que en mejor condición de pagar están, y nuestro ordenamiento constitucional determina que para las provincias eso sólo sea posible sobre el incremento de la presión y la progresividad de los impuestos patrimoniales.

Así, nuestra Provincia logró en el año 2011 y por unanimidad, la reintroducción del Impuesto a la Herencia, que había sido derogado por la dictadura militar, restituyéndose el valor de la igualdad de oportunidades dentro de la normativa tributaria Argentina. Este impuesto no sólo representa la redistribución social de los enriquecimientos gratuitos, sino que además ya en 1875 se había asignado al financiamiento de la educación, entendiendo que las condiciones iniciales de cualquier persona debían ser igualadas por parte del Estado, tanto desde la forma de gastar como de la de recaudar. Este impuesto, al igual que el de aquél entonces, se diseñó de manera tal de captar la capacidad tributaria global y personal con alícuotas progresivas.

No sólo los enriquecimientos gratuitos representan capacidades tributarias diferentes entre los ciudadanos, sino que también dan cuenta de ello los valores inmobiliarios y automotores. Pero a diferencia de otros tributos los patrimonios tienen muy poco margen de ajuste automático respecto de la evolución de la economía, requiriendo de un gran consenso político no sólo para incrementar su participación en la estructura tributaria provincial, sino incluso para mantenerla.

Así fue que durante el año 2012 los legisladores provinciales tuvieron un gran esfuerzo en la tarea de convencer a la ciudadanía de que la correcta valuación de la riqueza de la tierra bonaerense también forma parte de un proyecto de justicia en las contribuciones públicas. Finalmente, y luego de largas y muy enriquecedoras sesiones, nuestra legislatura aprobó el primer revalúo integral de la tierra rural en más de 50 años, permitiéndonos aplicar una escala de alícuotas con efectiva progresividad sobre valores de la tierra.

En el mismo sentido, también logramos acordar que para el año 2013 rija la nueva metodología valuatoria para las urbanizaciones de barrios cerrados, conocidos como “countries”, que determinó que una gran parte de estos inmuebles se ubicaran y comenzaran a pagar impuestos de una manera acorde a la riqueza evidenciada sobre la escala progresiva de alícuotas del impuesto inmobiliario.

Por último, debemos remarcar que la mayor progresividad sobre la tierra que se le dio a todas las escalas de los impuestos inmobiliarios, también se transformó en una mayor progresividad sobre los grandes propietarios con la creación del Impuesto Inmobiliario Complementario (conocido como “Multipropietario”). Este instrumento permite una verdadera equidad horizontal (igualdad) en el tratamiento de la efectiva equidad vertical (progresividad), y consiste en contemplar la totalidad de la riqueza inmobiliaria de similares características en el momento de la aplicación de la escala de alícuotas diseñada. Así, hoy en la Provincia quien tenga una gran riqueza dividida en muchos pequeños campos, muchas pequeñas casas o muchos pequeños baldíos, enfrentará la misma carga en el inmobiliario que quien tiene un campo, una casa o un baldío de una respectiva valuación equivalente, logrando el tratamiento justo de nuestros ciudadanos.

Una vez asumidos en la gestión provincial, sobre un modelo productivo consolidado que ya llevaba 4 años de desarrollo, fuimos la primera provincia que comenzó a requerir a las patronales del agro y la industria su aporte al erario público.

Desde 2008 se eliminaron exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a las grandes empresas agropecuarias e industriales, que habían recuperado rentabilidad con el nuevo modelo, pero manteniendo la exención a más del 97% de los contribuyentes PyMEs, disminuyendo así la posibilidad de traslado a precios y sus efectos sobre el consumidor a la vez que protegiendo las fuentes de trabajo.

Pero dentro mismo de los sectores existían también actores que debían solidarizar los beneficios de una posición dominante con el resto de la sociedad. De tal forma, se avanzó con el incremento en un 50% de la alícuota del Impuesto de Sellos sobre los arrendamientos rurales, a la vez que se duplicaron las alícuotas sobre los ingresos brutos de los pooles de siembra y la venta de agroquímicos. Desde la misma convicción, también se reintrodujo la carga sobre la televisión por cable, se establecieron las mayores alícuotas vigentes a nivel nacional sobre las telefónicas, a la vez que se duplicó la carga sobre el Juego (con alícuota del doble de la de CABA, y triplicando las vigentes en Córdoba y Santa Fe). Por último, y en relación a la participación de los Bancos al aporte provincial, entre 2011 y 2013 se incrementó en un tercio el gravamen sobre el sector, con una alícuota del 8% que supera ampliamente las vigentes entre sus vecinos.

Surge claramente que, en relación al aporte desde los sectores económicos, la carga sobre aquellos de concentración y poder resultaron los más gravados, logrando así una redistribución solidaria de las bondades del crecimiento económico logrado desde el modelo productivo. Nada de esto hubiera sido posible sin una articulación de estos claros lineamientos políticos hacia adentro del Poder Ejecutivo con equipos idóneos e instituciones de alta eficiencia en la Provincia. Eso es gestionar para el desarrollo.

Queda en evidencia que nosotros conocemos el proyecto que iniciamos en 2003 y para cuya gestión fuimos votados desde entonces, pero también sabemos que la democracia permite llevarlos adelante convenciendo y logrando consensos. Por eso es muy importante no sólo conocer desde donde venimos sino también hacia dónde vamos, porque las grandes transformaciones no se hacen de la noche a la mañana ni desde la redacción de cartas abiertas, sino abriendo las cartas para que la sociedad se convenza de que el camino de la equidad es el camino mejor para todos.

Es a través de la construcción colectiva de todos los niveles de gobierno que se crean las condiciones para el desarrollo sostenible, equitativo y generador de empleo. Nuestra Provincia cumple un rol central en esta construcción, tanto por su importancia estratégica como por su compromiso con un federalismo solidario y justo. Asumimos esta responsabilidad con miras al bien común no sólo de los bonaerenses, sino de todos los ciudadanos argentinos.

Por eso nuestro gobierno tiene un compromiso ineludible con el desarrollo de sus municipios, por lo que hemos avanzado mucho para mejorar su capacidad financiera. Por eso, realizamos diversas políticas con el objetivo de fortalecer las finanzas municipales y así poder satisfacer mejor las necesidades de sus habitantes.

Las medidas implementadas al respecto fueron muchas, pero hoy queremos destacar los resultados, porque son muchos y porque son positivos. Pero también porque nos alientan a seguir creyendo y defendiendo la mirada amplia e integral como contraposición de visiones miopes y obtusas que sólo miran lo local y que alientan las inequidades bajo el ardid de defender al vecino. Hay problemáticas que exceden lo local y necesitan de un abordaje integral y coordinado. Y hay problemas locales, claro que sí. Es por eso que incrementamos las transferencias de recursos corrientes a los municipios, para que se complementen con los recursos locales y se encuentren soluciones para esas demandas. En este marco es que nos pareció oportuno dar a conocer algunos resultados de la fiscalidad municipal consolidada, que surgen del Informe Anual de la Dirección Provincial de Coordinación Municipal:

• En 2007 el consolidado de municipios de la Provincia de Buenos Aires tenía déficit. En 2012 exhibieron un superávit de $445 millones y para este año que está finalizando ese superávit será de $1.300 millones.
• Durante el período 2008-2013, la evolución de las finanzas municipales revela  que en forma consolidada los municipios bonaerenses han mantenido niveles de ahorro sostenidos.
• Las transferencias corrientes desde otras jurisdicciones son las que más han aportado a ese ahorro dado que representaron un 55% del total de sus ingresos corrientes entre 2007 y 2012. Esta proporción alcanzaría 56% en 2013.
• La inversión municipal acumulada en el período 2007-2012 representó un 18% del gasto total, pero es importante destacar que el 69% de esa inversión fue financiada por transferencias de otras jurisdicciones.
• En proporción de los ingresos corrientes, la deuda consolidada municipal se redujo del 16% en 2007 al 4,2% en 2012 y alcanzaría 3% en 2013. En proporción del PBG, la deuda cayó de 0,45% en 2007 a 0,15% en 2012.
• Las mayores transferencias le permitieron aplicar políticas salariales locales que impulsaron sus respectivos mercados internos. El aumento en el gasto en personal entre 2007 y 2012 (270%) estuvo por encima de otros gastos municipales, lo que generó en definitiva una mayor participación del mismo en el total de erogaciones corrientes, pasando de 52% en 2007 a 55% en 2012, relación que alcanzaría 56% en 2013.

Creemos en el federalismo y en la coordinación, lo que no necesariamente implica una ciega descentralización que nos aleje de los objetivos de equidad. Quizás uno de los desafíos en el escalón que sigue hacia el desarrollo es entender que tenemos que tener una mirada colectiva, madura y estratégica.

A las voces que especulaban con la supuesta incapacidad de la Provincia de Buenos Aires de afrontar el pago del medio aguinaldo del mes de julio, los hechos demostraron una vez más la previsibilidad y sustentabilidad de nuestras políticas.

Muchos hablaron de déficits astronómicos, con predicciones que lo llevarían hasta $20 mil millones para el actual ejercicio 2013. No son sólo las cifras las que están fuera de la realidad de la Provincia.

Por estos días se conmemoró el nacimiento de un célebre escritor, Franz Kafka. En su obra La metamorfosis, el personaje de Gregorio Samsa se despierta un día transformado en un gran insecto. El desconcierto y la agonía que transmite el autor son los mismos sentimientos que generan los agoreros profetizando sobre la crisis provincial. En términos económicos, el déficit de la provincia es el que sufre la terrible metamorfosis y se transforma en cifras siderales. En este caso, el escenario no son los pasajes imaginarios de Kafka sino la pesadilla de aquellos que temieron no cobrar el aguinaldo.

Si quienes opinan públicamente y construyen un relato penoso analizaran las proyecciones oficiales, observarían que la estimación del déficit para 2012 fue de $9.042 millones, y el cierre demostró que fue de $8.857 millones.

Lo que revela la evolución de las finanzas públicas provinciales, con números concretos, es el sostenido esfuerzo para cambiar el curso del déficit estructural que tiene históricamente la provincia de Buenos Aires. Déficit estructural que muchos parecen hoy descubrir pero que data de la década de los ’80.

Históricamente esta brecha se cubrió tanto con aportes nacionales no automáticos como por endeudamiento, instrumentos de los que hoy no disponemos. Pero no nos quedamos cruzados de brazos sino que optamos por diseñar una estrategia de financiamiento en base al esfuerzo propio. Realizamos reformas tributarias de carácter progresivo que aumentaron la recaudación; fortalecimos ARBA para bajar la evasión y nos concentramos en sacarle el máximo de eficiencia a cada peso invertido.

Por otro lado, ya en 2007 habíamos encarado una sustancial política de desendeudamiento, en consonancia con la aplicada a nivel nacional, para aliviar los pagos de deuda. De esta manera, refinanciamos deuda más cara por deuda más barata aprovechando la liquidez del mercado local, a la vez que fuimos beneficiados por los planes de refinanciación de deudas del Gobierno Nacional.

El efecto conjunto de la política de desendeudamiento y el incremento de la recaudación permite hoy mostrar una mejora histórica en los indicadores de sustentabilidad fiscal. Mientras que al inicio de la gestión, necesitábamos recaudar 13 meses para pagar la totalidad de la deuda, hoy nos alcanzaría con menos de 7 meses. De seguir este camino, nuestras proyecciones indican que a fines de 2015 sólo se necesitarán entre 2 y 3 meses.

Desendeudarse no es un objetivo en sí mismo. Su razón de ser es mejorar la redistribución de recursos, en consonancia con el sesgo progresista de la gestión provincial: recursos que antes se destinaban a pagos de deuda se pueden asignar a servicios sociales para los que más lo necesitan.

Los resultados de la estrategia de recuperación fiscal en la provincia son los que aseguran el cumplimiento de los compromisos asumidos, como el pago del medio aguinaldo. En palabras de nuestro gobernador, honramos los compromisos “para seguir contribuyendo en una provincia que tiene una gran responsabilidad de cara al conjunto de la Nación, en influir positivamente en un agenda económica y social más exigente que tenemos por delante, convencidos de las enormes oportunidades y posibilidades que hay en la provincia”.

Sólo así se podrán resolver cuellos de botella históricos y que han explicado el stop and go de la posguerra, con mejoras en la productividad que no atentan contra el empleo y por lo tanto no retraen el consumo. La mayor complejidad del aparato productivo permite sustituir importaciones, los proyectos, al ser locales, pueden lograr una radicación de más largo plazo y no sólo en la explotación de recursos naturales; cuando son de gran escala (cono se requiere en general en sectores como agroalimentos, maquinaria agrícola, autos, etc) permiten el desarrollo de la cadena de valor hacia adelante y el nacimiento de Pyme proveedoras. Todos estos elementos contribuyen a lograr una mayor actividad económica en localizaciones específicas que deben aún desarrollarse, y más y mejor empleo.

En estos años, el gobierno provincial -además de tantos otros instrumentos de apoyo a la producción industrial- ha sostenido enérgicamente uno fundamental: la promoción industrial. Mediante este mecanismo, las empresas beneficiadas en forma individual o en agrupamientos industriales gozan de una exención total de hasta diez años  de los impuestos: Inmobiliario, sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Automotores, sobre los consumos energéticos, y otros servicios públicos.

La promoción es una estrategia muy útil para lograr los pilares mencionados (fomentar la inversión a gran escala y la innovación) porque la formulación de los proyectos prioriza el aumento del nivel de actividad, el empleo, la localización, etc. y es de fácil evaluación y control. Los beneficios pueden ser interrumpidos cuando se verifican anomalías.

Si se observa lo sucedido desde el 2009: la Provincia tuvo un costo fiscal para la promoción industrial de unos 500 millones totales. Este esfuerzo a permitido alcanzar un monto total de 5,5 mil millones, lo que representa  un efecto multiplicador promedio de 10 veces el gasto público comprometido.  Los proyectos aprobados apuntan a una mayor diversificación del sistema productivo provincial, el 30% correspondió a alimentos y bebidas, lo que permite agregar mayor valor a la actividad agropecuaria de la provincia; un interesante 25% se relaciona con la metalmecánica y la industria automotriz, sectores claves de la economía y con un poder multiplicador del costo fiscal muy superior al de la media.

Si se estudia la complejidad tecnológica de los proyectos financiados: un 59,6% corresponde a un nivel de complejidad medio-alto, un 32,9% a un nivel medio y sólo el 7,5% a un bajo aporte tecnológico. Es evidente que las empresas con capacidades tecnologías han respondido con inversiones al estímulo planteado por la política económica intensiva, incluso aprovechando el nivel profesional de excelencia del personal, los técnicos y los graduados de nuestras universidades.