El impacto de la escasez y las carencias sobre la conducta y la mente de las personas son estudiadas, en un contexto mucho más benévolo que el experimento de Minnesota, por Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir en su libro Scarcity: Why having too little means so much. Los autores muestran, con evidencia proveniente de la psicología, la neurociencia y la economía experimental, que cuando se priva a una persona de un recurso esencial para su bienestar y su supervivencia, sean alimentos, ingresos o cuestiones inmateriales como el tiempo, el afecto y la compañía, la focalización extrema en el recurso escaso produce un nivel de estrés que impacta negativamente sobre el intelecto y resiente capacidades como la atención, el autocontrol y la persecución de objetivos de largo plazo. Y esto sucede tanto en un mercado de frutas y verduras de Chennai como en un mall de Nueva Jersey, entre consumidores a los que les sobran deudas y ejecutivos a quienes les falta tiempo.

La hipótesis más provocativa y controversial es que la mayoría de las personas, sometidas a las mismas carencias, desarrollaríamos síntomas parecidos. Cualidades relacionadas con el carácter (autocontrol, impulsividad, etc.) pueden resentirse o no llegar a desarrollarse en un contexto de privaciones. En la pobreza, el sostenimiento de esas carencias a lo largo del tiempo vuelve imposible la focalización en objetivos de largo plazo. Y esto lleva, a su vez, a adoptar actitudes y conductas que contribuyen a perpetuar la situación adversa. Llevando el argumento al extremo, no se llega a la pobreza por tomar malas decisiones: tomamos malas decisiones cuando caemos en situación de pobreza.

Uno de cada diez argentinos de nivel socioeconómico muy bajo o que viven en villas y asentamientos precarios sufre inseguridad alimentaria severa, según el último relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Pero, más allá de estos casos extremos de carencias materiales que indignan y conmueven, los datos del Observatorio muestran que en las clases menos favorecidas hay mayor presencia de creencias, actitudes y conductas que conspiran contra el objetivo de mejorar la calidad de vida.

Empecemos por aquellas que inciden directamente en el estado general de salud. Tres de cada diez personas de nivel socioeconómico muy bajo, o con empleo precario, tienen el hábito de fumar. Ocho de cada diez realizan actividad física menor a la recomendada para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Si bien ninguno de estos factores es exclusivo de este grupo, en la clase media profesional son dos de cada diez los que fuman y cinco de cada diez los que tienen déficit de actividad física. Quienes tienen trabajo precario gozan de menor acceso a servicios de salud, razón por la cual deberían, en teoría, adoptar más conductas preventivas. Sin negar la importancia de la educación y la disponibilidad de espacios para deporte y recreación, siguiendo la hipótesis de Mullainathan y Shafir podemos plantear además que adquirir hábitos saludables, especialmente al principio, requiere un reacomodamiento de nuestra atención y nuestras prioridades. Esto es más difícil de lograr si buena parte de nuestros recursos cognitivos se destinan a lidiar con el día a día de la escasez.

En segundo lugar, un llamado de atención merecen las notables diferencias de recursos no cognitivos (aquellas habilidades que se desprenden de creencias y actitudes no relacionadas con la inteligencia). Prevalece, en los sectores desaventajados, la creencia en el control externo y el afrontamiento negativo. Quienes creen en el control externo tienden a pensar que su propia conducta es ineficaz para modificar positivamente el entorno. Ver reducida esa capacidad nos lleva a sentirnos a merced del destino. La segunda hace referencia al predominio de conductas destinadas a evadir situaciones problemáticas, sin realizar intentos activos por afrontarlas o resolverlas. La creencia en el control externo afecta a tres de cada diez personas de la clase obrera marginal, y el afrontamiento negativo a cuatro de cada diez. En la clase media profesional, la creencia en el control externo es excepcional y el afrontamiento negativo afecta a solo dos de cada diez personas.

Finalmente, una de las brechas más notorias es la falta de redes de apoyo social estructural. Menos de una de cada diez personas de clase media profesional se siente sola, sin amigos o carece de alguien a quien recurrir en caso de necesidad. La proporción se multiplica por cuatro entre los integrantes de la clase trabajadora marginal, y por cinco en habitantes de villas y asentamientos precarios.

Lo más grave es que las familias privadas de recursos críticos para su bienestar físico y emocional tienen que resolver problemas mucho más arduos que requieren una dosis extra de ingenio, persistencia, voluntad y apoyo social. No se trata de terminar a tiempo el informe que pidió el jefe en un contexto de prioridades en conflicto, sino de optar entre racionar la alimentación de nuestros hijos o pagar el alquiler, acumular deudas, estar en riesgo de perder el trabajo o enfrentar gastos y problemas de salud inesperados.

¿Qué implican estas hipótesis y estos hallazgos para las políticas públicas? Primero, que las transferencias condicionadas de ingresos, tan de moda en estos tiempos, no deben imponer condiciones demasiado exigentes o de difícil cumplimiento para la persona beneficiaria si el propósito principal es construir una red de protección social, o si el riesgo de perder los beneficios puede disparar alguno de los mecanismos mencionados anteriormente. Segundo, nos sugiere la necesidad de brindar apoyo y contención más allá de lo monetario para integrar a personas en situación de pobreza. El diseño de políticas no solo debe basarse en consideraciones técnicas y económicas. Personas que sufrieron carencias de todo tipo durante períodos prolongados no necesitan solamente disponer de herramientas para superar esa situación, sino también desarrollar la convicción de que es posible y vale la pena hacerlo. Esto se logra mirando la realidad social desde la cercanía y el acompañamiento, antes que desde la distancia tibia y condescendiente de la caridad y el asistencialismo.

Como muchos preveían, el impacto se sintió no sólo sobre los vehículos de mayor valor sino también en los modelos más económicos que venían encareciéndose por efecto de la devaluación. Sucede que terminales y concesionarias fijan precios buscando un margen de rentabilidad global, y lo que dejan de obtener por modelos de alta gama (cuyos márgenes son relativamente más elevados) pueden compensarlo aumentando precios de modelos de gama media o baja.

La medida tuvo como consecuencia una caída inmediata en las ventas a concesionarios. En los primeros cinco meses del año las ventas cayeron 32% según información de ADEFA. Contrariamente al objetivo de la medida, que apuntaba principalmente a desalentar la compra de importados, el impacto se sintió fuertemente en las ventas de vehículos nacionales: las ventas cayeron 26% y la producción 22%. Los efectos se trasladaron al empleo de terminales y autopartistas: según fuentes sindicales, habría 15.000 trabajadores suspendidos en plantas de Rosario y Córdoba de las compañías General Motors, Volkswagen, Renault y Fiat.

Hoy, el Gobierno quiere dar marcha atrás y fomentar la demanda de automóviles con créditos a 60 meses a una tasa subsidiada de entre 17% y 19%. Con el propósito de generar un shock inmediato, se anunció que el programa tendrá una duración de sólo tres meses y que será aplicable a una selección de 26 modelos. Como ya es costumbre, siguiendo el esquema de Precios Cuidados, el Gobierno restringe de manera arbitraria la variedad de productos a precios supuestamente accesibles. Si el programa tuviera impacto, y dudamos que lo tenga en la coyuntura actual, los modelos comercializados pasarían a depender más de la negociación entre empresarios y funcionarios de turno que de las preferencias de los ciudadanos y de las capacidades productivas de las firmas.

Más allá del cuestionamiento sobre la escasa progresividad de  la medida (se prioriza acá el subsidio de clase media en un contexto en el que casi la cuarta parte de la población vive en condiciones de pobreza), el problema es la improvisación. Creemos efectivamente que la industria automotriz enfrenta desafíos importantes pero su razón no está en el debilitamiento de la demanda interna por falta de créditos accesibles (un problema generalizado en una economía inflacionaria, en contracción, poco integrada al mundo y con reglas de juego inciertas). Además de los problemas coyunturales provocados por el impuesto a los autos de alta gama, que debería derogarse de inmediato, el desarrollo de la industria necesita una política sostenible en el tiempo. Queremos una industria automotriz dinámica que genere beneficios netos para la población en su totalidad y no sólo para aquellos vinculados al sector. Esto se logra con medidas que fomenten la competitividad y promuevan inversiones destinadas a la modernización y a las mejoras de productividad. Para que esto ocurra se necesitan reglas de juego simples, claras y estables.

Más en general, debemos abandonar la lógica de abordar con intervenciones sectoriales problemas de consistencia agregada como la inflación y la falta de crédito que surgen por la falta de una visión estratégica y por partir de un diagnóstico equivocado de la realidad. Estas “soluciones” terminan deteriorando el entramado productivo y agravando los desequilibrios globales. El déficit energético, la caída de la producción de carnes, el trigo, y el debilitamiento de las economías regionales dan cuenta de ello. La experiencia se repite ahora en el sector que fuera estrella de la “década ganada”. Seguir con los atajos y los parches no hace más que prolongar la incertidumbre y postergar el camino del desarrollo con inclusión social.

Aunque la brecha viene cerrándose, la participación en el mercado laboral de las argentinas todavía es menor a la de los argentinos. Según datos de la última Encuesta Anual de Hogares Urbanos, en el tercer trimestre de 2013 había 6,6 millones de “ocupadas” y 9,5 millones de “ocupados” en la población urbana de nuestro país. Tengamos en cuenta que definimos como persona ocupada a aquella que trabajó “al menos una hora la semana de referencia”. Como retribución por el total de ocupaciones, los hombres percibieron ingresos por alrededor de $5.000 mensuales y las mujeres por $3.800. La menor cantidad de ingresos se explica en parte porque las mujeres contribuyen con un promedio de 35 horas semanales y los hombres con alrededor de 45 al mercado de trabajo.

Los resultados cambian cuando contabilizamos las horas destinadas al trabajo doméstico no remunerado. La misma encuesta muestra que las mujeres mayores de 18 años dedicamos a esas actividades 5,7 horas diarias en promedio que se reparten entre quehaceres domésticos (3,4), cuidado de personas (1,9) y apoyo escolar (0,4). Los hombres, en cambio, trabajan 2 horas diarias en estas tareas. Si incluimos ambos tipos de trabajo en nuestra definición, las mujeres en edad activa estarían trabajando alrededor de 10 horas más que los hombres durante la semana.

Además de las tareas domésticas que por inclinación, tradición o imposición cultural se concentran en el género femenino, las mujeres dedicamos más tiempo al voluntariado. En este caso se trata de 0,9 horas por mujer y 0,6 horas por varón semanales empleadas en actividades no remuneradas hechas libremente para el beneficio de personas ajenas a la familia, sea en el marco de organizaciones o de manera directa.

¿Hasta qué punto esta situación debería incorporarse al debate público a nivel político y social? No se trata sólo de consideraciones de equidad de género e igualdad de oportunidades sino también de la contribución que podríamos hacer al desarrollo económico del país. Hoy en día hay más estudiantes universitarias mujeres que varones, y también somos más las que se gradúan cada año. El último censo universitario muestra que de las universidades públicas y privadas en 2011 egresaron 66.894 mujeres y 42.466 varones. Dado que alrededor de dos tercios de los egresados estudiaron en universidades públicas, podríamos preguntarnos si no es hora de empezar a invertir recursos intelectuales además de económicos para mejorar el aprovechamiento que como sociedad hacemos de nuestras graduadas.

A nivel de política, hay dos aspectos entre muchos otros para tener en consideración. Podría avanzarse en el ámbito laboral para equiparar las condiciones laborales en materia de licencias por maternidad y paternidad, además de promover la participación de mujeres en puestos ejecutivos y con capacidad para la toma de decisiones. Pero ante todo el cambio debe ser cultural, y en un nuevo festejo la semana pasada del Día del Trabajador (y de la Trabajadora) es importante recordar que esto es difícil de acelerar sin cambios de actitud que otorguen visibilidad a demandas sociales de mayor participación.