Tuvo que acentuarse la pérdida de reservas y producción de gas y petróleo para que el gobierno tomara nota que los discursos grandilocuentes debían dejar lugar a la búsqueda de acuerdos, necesarios para destrabar el arribo de inversión genuina en uno de los principales reservorios que tiene la Argentina: Vaca Muerta. Casualmente el yacimiento no convencional que había comenzado a desarrollar YPF durante la conducción de Repsol y la familia Esquenazi. Ambos expropiados.

La posición intransigente de Brufau también tuvo que ceder (corriéndose de escena) al unísono con la del ministro Kicillof, llamado ahora a arreglar lo que había desarreglado. Cual conflicto entre adolescentes testarudos, pareciera que se impuso la voluntad del adulto responsable de que ambos jugadores se den la mano. En efecto, la personalidad de Miguel Galuccio y su esfuerzo en lograr convencer al ala política de la necesidad de un acuerdo, parece haber adquirido máxima relevancia. Sin duda la figura adulta dentro del gobierno nacional.

Si bien el acuerdo no resuelve el problema macroeconómico de la Argentina, que se manifiesta principalmente por la elevada inflación y la pérdida vertiginosa de reservas, se vislumbra un cambio de tendencia en lo que son las políticas de estado más razonables. Es que tras haberle dado la espalda a los mercados y a los organismos internacionales, es posible que la compensación a Repsol reduzca la desconfianza de inversores externos y domésticos y posibilite un reacomodamiento en el mediano plazo. En particular si estos anuncios se complementan con decisiones orientadas a cerrar la brecha fiscal y recomponer el ingreso de las empresas concesionarias de servicios públicos; y sobre todo, sincerar y combatir la inflación.

Resulta prematuro anticipar la respuesta de la comunidad empresaria ante un acuerdo sobre el que aún no han trascendido los detalles; y será muy importante que éstos se conozcan. Pero lo cierto es que se podría constituir en la señal de largada en la carrera por invertir en Argentina. Lo que no hay dudas es que este cambio de posición del gobierno nacional, más abierto al diálogo y propenso a revertir los desequilibrios que estaban amenazando el crecimiento económico, es una condición necesaria aunque no suficiente.

La evolución de la actividad económica en general y en el sector energético en particular dependerá de qué grado de compromiso tomará de acá en más el gobierno nacional en asumir posiciones que pueden no ser muy populares, pero que han de contribuir a la convergencia hacia un modelo sustentable en el mediano y largo plazo, tras una década de fuerte descapitalización.

El decreto establece las pautas que se les impone a las empresas para concederle precios y divisas en condiciones ventajosas, del estilo de las existentes en la década del 90’, eliminándoles de este modo el impuesto a las exportaciones que se aplican en el país tras la salida de la convertibilidad. Para ello se requiere una inversión que supere los US$ 1000 millones en 5 años. Nada de pequeñeces.

Los productores que soliciten la inclusión en este régimen promocional deberán cumplir con el plan de inversiones que será monitoreado por la Comisión de Planificación que se había creado de acuerdo al decreto 1277/2012 que reglamenta a la Ley 26.741 de Soberanía Energética, por la cual se había expropiado el 51% de las acciones de YPF a la empresa Repsol (aún impagas). Lo curioso es que aquel decreto había eliminado la libre disponibilidad de los recursos, tanto físicos como financieros, y seguía manteniendo las alícuotas de retenciones a las exportaciones, con lo que se ha dado un nuevo giro regulatorio de 180 grados.

Resulta curioso que el presente decreto se haya sancionado mientras las firmas YPF y Chevron procuran sellar un acuerdo de explotación conjunta sobre los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, y que involucraba el desembolso de una suma del tenor de la que ha resultado el umbral en la nueva norma regulatoria, con lo que pareciera haber sido más bien una norma “a medida”, en lugar de una de criterio general para toda la industria. Por otra parte, la norma contiene una serie de pautas en las que contempla especialmente la explotación no convencional, objeto del acuerdo entre ambas compañías.

No obstante, el presente decreto, en tanto reglamenta la retribución de una producción futura (a 5 años vista) contra un desembolso presente, deja abierto un sinnúmero de interrogantes. Por un lado sólo asegura un precio libre, equivalente al precio de exportación sin impuestos, para sólo el 20% de la producción. Por otra parte, genera un régimen de potenciales concesiones superpuestas entre áreas convencionales y no convencionales, en las que no queda del todo claro como se reglamentarán los contratos de explotación convencional en marcha que venzan con anterioridad a los nuevos contratos realizados sobre áreas de mayor profundidad (no convencional).

Para las petroleras, a partir de esta norma existirá una ventaja con la que no han podido contar ninguna de las empresas mineras, ni siquiera la firma Vale do Río Doce, a pesar del respaldo de la mismísima presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Se trata del beneficio de poder transformar las utilidades en dólares en el mercado libre de cambio, pero sólo por el 20% de la producción futura. Estímulos que aparecen en un horizonte muy lejano respecto a un compromiso de inversión actual en un contexto de fuerte intervención y manejos discrecionales de todas las variables económicas.

A partir de comienzos de 2012, el gobierno tomó conciencia del frustrado ensayo de transferencia de la renta petrolera a grupos locales y el sinsabor que dejó la experiencia del vaciamiento de YPF con la anuencia del gobierno.

A pesar del entusiasmo de su nueva conducción, los esfuerzos por ahora no se han transformado en resultados económicos y las nuevas promesas de inversión (en el marco de un plan ambicioso) involucran ahora al grupo local Bridas, asociado a capitales chinos, por un lado, y a la gran petrolera internacional Chevron, por el otro. Aunque las negociaciones tienen por ahora más de una partida de póker que de una convocatoria abierta y competitiva, en una suerte de “quid pro quo” o “te doy si me das”.

La sensación dominante es que la convocatoria competitiva, que siempre ha probado generar mayor bienestar agregado, requiere culminar el proceso de expropiación de Repsol, tras la determinación de un valor de la compañía por parte de una institución neutral y prestigiosa, como condición necesaria.

En el contexto actual, sin el proceso expropiatorio completado, el gobierno ha conseguido concitar estas dos voluntades.  Por un lado Chevron está sometida a una fuerte presión a nivel regional, liderada por el propio presidente Rafael Correa, tras la sentencia judicial local a favor de los pueblos originarios del Ecuador por sumas multimillonarias. Su acuerdo de inversión potencial en Vaca Muerta está condicionado a que el gobierno argentino logre eximir a la multinacional del embargo de sus activos en el país, así como de una serie de requerimientos sobre la disponibilidad de divisas, que actualmente parecen impensadas (y serían extremadamente discriminatorias hacia el resto de los actores).

El caso de Bridas es algo distinto. La familia Bulgheroni tiene una larga tradición en negociaciones bajo estrés. En nuestro país enfrenta un duro conflicto gremial con un grupo radicalizado en la zona más productiva del país. No obstante, mundialmente ha sido capaz de sortear peores obstáculos, como el caso de su negociación con grupos talibanes en Asia. Históricamente su capacidad de negociación en Argentina le ha dado réditos con sucesivos gobiernos locales desde la época de Frondizi, pasando por gobiernos militares y democráticos, hasta su última conquista en el año 2007, cuando logró la prórroga del contrato de concesión de Cerro Dragón, en condiciones muy favorables (motivo por el que desistió de continuar el juicio contra el Estado nacional en el Ciadi). Seguramente su capacidad adaptativa y de negociación le permitirá, acuerdo mediante, recuperar la rentabilidad a partir de este acuerdo.

Lograr que estos principios de acuerdo se transformen en acciones concretas sería importante para recuperar el autoabastecimiento energético, pero más importante va a ser generar un ámbito de buenas prácticas regulatorias que fomenten la competencia bajo condiciones igualitarias para todos los participantes de la industria.