Esta nueva estructura que fija la legislación sancionada presenta un esquema totalmente diferente en lo que refiere a la organización del trabajo de fiscales y fiscalías -que pasan de ser una estructura en espejo, donde por cada instancia judicial había un fiscal, a organizarse en fiscalías de distrito-, un tema que a lo largo de algunos meses fue resistido por algunos actores judiciales y que hoy llegó para instalarse.

Lo cierto es que mientras las miradas en el país están puestas en el escenario electoral, en la Justicia ya se comenzó a atravesar el que significa un contundente cambio en la organización y el desarrollo de los procesos judiciales, donde los fiscales pasarán a desempeñarse bajo un nuevo esquema de trabajo sobre el que aún no se sabe a ciencia cierta la forma en qué se materializará.

Para esto, el Ministerio Público Fiscal ya se encuentra dando los primeros pasos no solo en jornadas de capacitación de fiscales -que fueron llevados a Chile para adentrarse en el funcionamiento del nuevo modelo-, sino que también se está avanzando en la adquisición de tres edificios donde comenzarán a funcionar estas nuevas estructuras. Uno de ellos será alquilado, el otro fue comprado por la Procuración General y el tercero cedido por la Administración de Bienes del Estado. Los tres inmuebles están ubicados en la zona del centro de la ciudad y se están adaptando para poder contener a las nuevas fiscalías de distrito que establece la ley. Más allá de la adquisición de los edificios, el MPF también está avanzando en diferentes licitaciones, entre ellas la del equipamiento de los laboratorios que utilizarán los fiscales para sus investigaciones. Aún no se precisaron cifras oficiales para estas inversiones.

Cabe recordar que el camino para llegar a la ley no fue sencillo, el debate fue enérgico, dado que aquellos más cercanos al Gobierno defendieron la iniciativa que se convirtió en ley, que establece a una organización más flexible en la que se crea la figura del llamado fiscal coordinador de distrito -quien estará a la cabeza de un conjunto de fiscales que serán igualados en jerarquía- y que será designado por un período de dos años. Solo fiscales generales podrán aspirar a esa función y para ello deberán presentar un plan de trabajo ante el procurador general de la nación, quien los elegirá en función de su propuesta y su idoneidad personal para el cargo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al respecto.

Por otro lado, explican fuentes judiciales, “los fiscales con más años en la función no se ven dispuestos a resignar sus facultades procesales a manos de un colega coordinador designado directamente por el procurador general”.

Más allá de que aún existen voces que advierten que la legislación podría ser modificada por un nuevo Gobierno, el camino para la puesta en marcha de la nueva ley orgánica ya comenzó. En este contexto, antes de fin de mes se convocará a los gremios -la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la CABA y la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial- para coordinar la capacitación de todo el personal que quedará involucrado en este cambio de paradigmas que modificará los procedimientos de raíz.

Si bien el kirchnerismo y la oposición finalmente alcanzaron un acuerdo y firmaron dictámenes de mayoría favorables a cinco proyectos de ley que el oficialismo empuja para que vean la luz antes de las elecciones, se registran marcados puntos de discordancia que podrían llevar el tema a la Justicia. Se trata de los proyectos de ley de implementación del Código, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, la ley orgánica del Poder Judicial y una reforma del Código Penal.

En lo que respecta particularmente al proyecto de implementación del Código, el oficialismo realizó dos importantes concesiones: una consiste en posponer su puesta en marcha para el 1° de marzo de 2016, y la otra en anular la creación de la Comisión de Implementación que iba a mantener una integración de 9 miembros inamovibles de sus cargos durante un período de seis años; esto a simple vista permitía que un Gobierno saliente, lograra incorporar la mayoría de los cargos de esta Comisión. Ante el riesgo de que este punto hiciera tambalear toda la reforma, finalmente la facultad de la implementación quedará en manos de la misma Comisión Bicameral que viene trabajando en el tema, a la que se le agregará una Secretaría Técnica y un Comité Asesor.

Desde el oficialismo se avanzó con la firme idea de no cambiar una coma de la iniciativa, pero al trascender que distintos actores de la esfera judicial llevarían el tema a la Justicia, por tildar de inconstitucional a esta Comisión, aunque dieron lucha hasta el final y las negociaciones se estiraron al límite, prefirieron suprimir este punto para no hacer peligrar la ansiada reforma.

Lo cierto es que este no resulta el único punto que podría hacer llegar el tema a instancia judicial, dado que según fuentes de la Justicia de Ciudad de Buenos Aires, “se sigue pensando en avanzar con esta implementación en territorio porteño, cuando debería comenzar a implementarse en la Justicia federal”.

Cabe destacar que consultado en este sentido cuando comenzaba el debate de la reforma, el titular de la Fiscalía de la Ciudad, Martín Ocampo, explicaba a Infobae: “Si nuestra voz no es escuchada, evaluaremos la posibilidad de presentar acciones judiciales. Como funcionarios de la Ciudad, debemos defender su autonomía”.

Por su parte, un grupo de jueces del fuero Nacional -que investiga y juzga los delitos ordinarios- mantuvo algunas reuniones en las que consensuaron un documento donde insisten sobre una cantidad de puntos con los que desacuerdan del proyecto, entre los que se encuentran el rol de la Oficina Judicial que se crearía, asimismo reclaman por la participación del Colegio Público de Abogados y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en la Bicameral, entre otros. El intenso debate de estos jueces se desarrolla más allá de las quejas por la posible existencia de un pacto con algunos de sus colegas del fuero Federal de Comodoro Py para que no se les aplique por el momento el nuevo Código.

En este escenario, el radicalismo y el peronismo federal presentaron dictámenes en minoría con observaciones en particular, en especial respecto a lo que entienden como “un exceso de facultades” que el proyecto kirchnerista le adjudica a la Procuración General de la Nación. En tal sentido, el fiscal de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital, Ricardo Sáenz, manifestó su preocupación a Infobae y advirtió que “la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que propone el Ejecutivo remueve la mayor garantía que tienen los justiciables respecto de sus fiscales, que consiste en que no se pueda elegir quién lo va a investigar con posterioridad al hecho de que se trate. Con la reforma la organización y adjudicación de los casos queda en manos del Fiscal Coordinador de Distrito, una nueva figura hoy inexistente y que es designado directamente por el Procurador, sin ningún concurso”.

Otro de los cambios que mostraron la voluntad del oficialismo refiere a la carrera judicial, lo que significa el reconocimiento de los empleados interinos y contratados para poder pasar a los ministerios públicos –tanto fiscal, como de la defensa- garantizándoles los derechos adquiridos.

El Anexo II sigue siendo el foco del conflicto

La gran piedra en el zapato de esta reforma, según lo explica el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato, es que no se modificó ningún aspecto del controvertido Anexo II sobre el que pesan tres amparos en la justicia contra la creación de 16 cargos de fiscal de cámara y 1600 puestos judiciales. “Sigue quedando abierta la ventana para los paracaidistas y vamos a insistir en el Senado para que se modifique este punto, porque por un lado se habla de respetar la carrera administrativa, y por otro se crean estos cargos que la violan sistemáticamente”, sostiene un enérgico Piumato. Cabe destacar que en su exposición ante la Bicameral, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tildó de “excesivos” la cantidad de cargos que el proyecto busca materializar.

Por otro lado, una de las mayores críticas que se sintió por parte de los actores judiciales refiere a que la atención del debate estuvo centrada en la implementación del Procesal Penal, dejando que prácticamente “pase inadvertida” la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que sin dudas aportará también modificaciones de relevancia para la organización de la Justicia y de la actividad de los fiscales. “La concentración de Poder va a hacer fracasar la reforma, porque ya sea Gils Carbó o el Procurador que venga mañana, va a tener un total manejo centralizado o personalista de todo y se va a perder la transparencia” en materia de investigaciones, sostuvo Piumato.

Las negociaciones avanzan y si bien “la oposición ha dado el acuerdo a las modificaciones de la Ley de Implementación, según entiendo, va a rechazar la ley del Ministerio Público Fiscal, justamente porque esta iniciativa termina por concentrar el poder”, analiza Piumato de cara al panorama que se avecina. Así las cosas, parece que aún quedan aspectos por pulir en las iniciativas que en horas más se tratarán en el Senado, donde por las lógicas mayorías conseguirán probablemente la media sanción de estas leyes que pasarán en tiempo récord a Diputados. Todo parece indicar que finalmente el kirchnerismo se alzará antes de octubre con el paquete de leyes anhelado.