La baja en el nivel de actividad del mercado automotor hizo que varias empresas suspendan a su personal, anticipen vacaciones y recorten turnos para atenuar el efecto negativo que les generó la menor demanda. En enero de este año, casualmente el mes en el que comenzó a aplicarse este impuesto, la producción de autos bajó un 17,9% interanual, y las ventas de automóviles nuevos cayeron un 19,5%, según datos de ADEFA.

Esta semana los directivos de las empresas automotrices mantuvieron una reunión con el ministro de Economía, Axel Kicillof, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y otros funcionarios del Gobierno. La expectativa del encuentro por parte de los empresarios era que se modifique el nuevo impuesto, pero finalmente se fueron decepcionados porque no se les hizo ningún anuncio en ese sentido.

Por otra parte, hace pocos días la AFIP dio a conocer la valuación fiscal de los automóviles a considerar en la declaración jurada de bienes personales de 2013. El organismo recaudador aclaró que dichos valores no contemplan la suba de precios registrada en los primeros meses del año, que se debe principalmente al nuevo impuesto, y también a la devaluación sufrida en el mes de enero. De todas formas, el efecto de este nuevo gravamen tendrá una importante repercusión en el impuesto a los bienes personales de 2014, ya que en caso de que no se actualice el mínimo no imponible de dicho tributo, lo cual no se hace desde el año 2008, habrá muchas más personas que tendrán que pagarlo.

Es importante destacar que no siempre una suba de impuestos implica una mayor recaudación. Ya que si los montos que se cobran son excesivos, entonces puede disminuir tanto la oferta como la demanda de los bienes gravados por ese impuesto, de forma tal que la caída en las ventas termine siendo mayor al efecto del aumento impositivo. Esto es lo que en 1980 explicó el economista Arthur Laffer, utilizando a tal efecto un gráfico que se terminó conociendo como la curva de Laffer, la cual muestra que a partir de un determinado punto subir los impuestos puede producir una baja en la recaudación.

Este nuevo impuesto, que se creó para frenar la salida de divisas, terminó afectando a toda la industria automotriz, provocando una caída importante en el nivel de actividad, y puede terminar perjudicando el trabajo de muchas personas. A veces se toman medidas de forma improvisada, sin analizar los efectos colaterales que pueden tener. El problema es que, en casos como este, los efectos colaterales negativos terminan siendo más importantes que el supuesto beneficio que implicaba esta medida.

Hace un tiempo el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, había manifestado públicamente que no pagarían nada a Repsol por expropiar las acciones de YPF. Finalmente tuvo que desdecirse y reconocer que había que cumplir con la ley y por lo tanto había que pagar por esta expropiación.

Desde hace varios años el gobierno viene hablando del desendeudamiento. Pero también tuvo que hacer lo contrario a lo que dijo, y terminó endeudándose para pagar por YPF. Lo curioso es que demoró la negociación mucho tiempo, y finalmente cierra un acuerdo a largo plazo, de forma tal que lo tenga que pagar otro gobierno. Lo preocupante es que se comprometió a entregar títulos que pagan intereses que van del 7% al 8,75% por un período de casi 20 años.

Hay países de la región, como Bolivia o Perú, que consiguen deudas a una tasa inferior a la mitad de lo que vamos a pagar por YPF. Y hay países que se financian a tasas del orden del 2%. El mundo está atravesando desde hace años un período en el que las tasas de interés son bajísimas. Las tasas Libor y Euribor son del 0,55%, la tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años es del 2,6%. Pero Argentina tiene que pagar casi el 9%.

Con este acuerdo, Repsol consigue cobrar tasas de interés que no existen en casi ningún país del mundo, haciendo un muy buen negocio financiero. Pero como contrapartida, Argentina hace un pésimo negocio, comprometiéndose a pagar un costo financiero altísimo por un período de tiempo demasiado largo.

Un problema adicional es que si en unos años la situación de nuestro país mejora, si baja el riesgo país, y si logramos conseguir financiamiento a tasas más bajas, lamentablemente vamos a tener que seguir pagando estos títulos por muchos años a tasas altísimas. Es fácil comprometerse con dinero ajeno. Es más fácil cuando las deudas las paga otro. Y esto es lo que acaba de hacer el kirchnerismo, manejó muy mal la expropiación de YPF y esta deuda se la deja al próximo gobierno.

La economía del país perdió la brújula. Empezando con el presupuesto y el Indec, en el que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La inflación prevista y el tipo de cambio estipulado en el presupuesto para el corriente año es de 10% y 6,4% respectivamente. Lejos de esto, hoy se convive con una inflación del 30% y un tipo de cambio que se disparó a 8 pesos en tan sólo un mes.

A pesar del acuerdo de precios que intentó imponer el ministro de economía Axel Kicillof, recientemente permitió un  incremento del 7,5% en el sector de electrodomésticos.

¿Qué habría que hacer para combatir la inflación? En primer lugar es necesario generar confianza y revertir las expectativas actuales de una mayor suba de precios. Para ello se requiere transparentar el Indec y realizar un presupuesto coherente que permita conocer los ingresos con los que va a contar el país para distribuirlos de forma eficiente, sin dilapidar los recursos en gastos que no reportan beneficios para la sociedad.

Algunos gastos que se podrían reducir son los $ 1.400 millones de fútbol para todos, los $ 750 millones de publicidad oficial, los $ 1.000 millones destinados a mantener Canal 7 (Televisión Pública), que debería financiarse con publicidad privada; y los casi $ 2.000 millones que se le dan a Aerolíneas Argentinas, empresa que debería gestionarse con eficiencia para que deje de ser deficitaria.

Por otra parte, si se subieran las tasas de interés se le quitaría presión al dólar, lo que serviría para que no se recaliente el consumo. Para esto habría que considerar un acuerdo social entre sindicatos, empresarios, y el gobierno, para lograr frenar la espiral inflacionaria.

Adicionalmente, es necesario fijar los objetivos monetarios, de forma tal de frenar la emisión de dinero, lo cual sería posible si se logra revertir el déficit fiscal.

Si se lleva adelante un plan económico integral que abarque como mínimo estos temas, si se le da difusión al mismo, y se toman medidas tendientes a cumplirlo, esto generaría confianza y lograría revertir las expectativas desfavorables sobre la economía. Pero también es necesario que haya reglas claras, que se combata la corrupción y que haya una justicia independiente que garantice el cumplimiento de las leyes. Esto permitiría atraer inversiones, lo cual también quitaría presión sobre el dólar y sobre la inflación.

Es necesario que seamos un país serio, creíble. Pero si se sigue utilizando la mentira como política de Estado, si se usan los recursos para reclutar militantes, si sigue habiendo una justicia adicta al poder, si se sigue emitiendo para financiar un déficit creciente, entonces difícilmente se combata la inflación.

Hoy en día el valor a partir del cual hay que pagar este tributo es irrisorio. Si se actualizase dicho mínimo no imponible de forma tal que siga siendo, como en su creación, equivalente a 500 salarios mínimos vitales y móviles, entonces debería ser de $1.800.000. Y si se actualizase en función al incremento del valor de las propiedades medido en pesos, entonces debería superar ampliamente los 2 millones de pesos.

Por el contrario, en estos últimos días el gobierno anunció, a través del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que se estaba estudiando un aumento en el impuesto a los bienes personales. Sin embargo, la versión fue desmentida por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Al parecer, la modificación a este cuestionado gravamen estaba en los planes de la AFIP, pero tuvieron que dar marcha atrás para evitar un mayor malestar social.

El proyecto de modificación de este impuesto implicaría revaluar los inmuebles a su valor de mercado. Actualmente, la ley establece que las propiedades deben ser valuadas a su valor de compra o a su valuación fiscal, el que sea mayor. Considerar el valor de mercado implicaría que muchas personas más tengan que pagar este gravamen.

Lo inexplicable es que el gobierno, en lugar de pensar en actualizar el mínimo no imponible, piensa en aumentar la valuación de las propiedades para recaudar más. Si se realizase ese revalúo, entonces tendrían que pagar el tributo incluso personas que tengan propiedades en asentamientos precarios. Es decir, terminarían pagando este impuesto a las riquezas personas que apenas tienen dinero para subsistir.

Pretender incrementar la recaudación con una maniobra como la que trascendió en estos días sería realmente disparatado porque el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales sigue sin actualizarse desde 2008. Por lo cual, hoy en día, si se toman los valores de mercado, todos los que posean una propiedad, aunque sea un departamento de un ambiente, deberían pagar este tributo.

Vale recordar que Argentina es uno de los países que tiene mayor presión fiscal y, lamentablemente, las contraprestaciones que se reciben por los impuestos que se pagan dejan mucho que desear.