Por ello deviene imprescindible desarrollar y ejecutar un sistema de análisis de criticidad de las problemáticas ciudadanas, que permita identificar los conflictos y segmentar los mismos a fin de focalizar los controles dentro de un marco de priorización de riesgo el cual dará previsibilidad permitiendo un mejor abordaje de la problemática.

Este sistema, que se alimenta de las denuncias ciudadanas, de información administrativa de la actividad económica como ser la habilitación del local, sus antecedentes inspectivos y de sanciones, entre otras, permite detectar las zonas sensibles o calientes como asi también las actividades comerciales criticas y/o ilegales (matriz de riesgo), y que en ocasiones actúan como pantalla para la ejecución de diferentes delitos como la explotación laboral o sexual, el trabajo infantil, la pedofilia, la corrupción de menores o la trata de personas.

Esta matriz está dada en función de la concentración de las actividades comerciales críticas en un barrio determinado, ya sea por su dimensión, cantidad, afluencia de público, tipo de rubro o materiales sensibles que allí se manipulan, permitiendo un abordaje estratégico, donde el control preventivo se desarrolle a través de una coordinación multidisciplinaria, esto es, con distintos actores del control gubernamental, tanto municipal como nacional, a fin de dar respuesta a los nuevos modelos delictuales.

Las redes delictivas, como cadenas de valor ilegales, requieren de ciertas condiciones y lugares de neutralidad para poder operar la logística de sus ilícitos. El “control de proximidad y cercanía” opera contra estas condiciones de estabilidad.

De allí, se entiende la virtud del modelo de “control de proximidad comunal”, que acompaña no solamente la preocupación del vecino a través de una denuncia sino que posibilita actuar como un sistema preventivo de delitos complejos. Es por ello que el fortalecimiento de este sistema  de control de proximidad posibilita la detección de conductas que generan ilícitos, y que en definitiva busca proteger los derechos esenciales a nivel personal y social, tales como la vida, la propiedad, la salud, la integridad física y la seguridad común.