En esta inteligencia, el esquinero deviene en un eslabón fundamental: es el experto y conocedor de la dinámica de un barrio, observa cada día los movimientos y las situaciones que se desarrollan en una comunidad.

Esta figura resulta esencial dentro de la estructura de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Es quien conoce a los vecinos, los horarios, el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, etcétera, y con ello, las vulnerabilidades y las oportunidades que se presentan, de lo que se genera un mapa de actividad criminal único y dinámico, donde la esquina se transforma en el punto estratégico de monitoreo, cercanía, accesibilidad y transacción para esta actividad criminal.

Informes oficiales dan cuenta de esta tendencia en aumento, explican que en los últimos años, en promedio, cerca del 40 % de las causas judiciales iniciadas en jurisdicciones federales por infracción a la ley de drogas son por tenencia para consumo, esto es, se originan en detenciones de infractores que tenían escasa cantidad de droga, básicamente para consumo personal, quienes resultan ser los principales clientes de este modelo de comercialización, denominado narcomenudeo.

El narcomenudeo está íntimamente vinculado con la criminalidad urbana organizada que se desempeña en una zona determinada, es decir, presenta una estructura organizacional con áreas y roles definidos para la producción, la distribución, la comercialización, el acopio, el abastecimiento y la seguridad. Uno de sus principales objetivos es la territorialización -cuya finalidad es la de apropiarse y controlar el entramado urbano y social- para imponer el uso de la violencia como forma de vivir y resolver conflictos, y crear de esta manera un contexto acorde y funcional a sus intereses, que les garantice un modelo de negocio seguro, eficiente y en crecimiento.

En efecto, empieza a manifestarse una fuerte presencia de este tipo de tráfico de drogas ya sea en asentamientos, villas o barrios de clase baja y media, donde aproximadamente el 30 % de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires declara la presencia del tráfico de droga en sus barrios, mientras que el porcentaje asciende casi al 39 % si los consultados viven en el Gran Buenos Aires. Es de destacar que los números pueden hasta duplicarse si se consulta a quienes viven en asentamientos informales en ambas jurisdicciones. Es claro que la droga no discrimina por clase social, sino que penetra en el tejido social del conjunto.

El diagnóstico exhibe la pérdida del control físico del territorio, así como de autoridad para combatir esta criminalidad, por lo que se evidencia la necesidad de un ordenamiento político, legal, jurisdiccional y operativo a fin de definir una estrategia unívoca y sustentable que permita al Estado recuperar la legitimidad y la efectividad como instrumento para la implementación de políticas públicas focalizadas a la urgencia ciudadana.

Por ello deviene imprescindible desarrollar y ejecutar un sistema de análisis de criticidad de las problemáticas ciudadanas, que permita identificar los conflictos y segmentar los mismos a fin de focalizar los controles dentro de un marco de priorización de riesgo el cual dará previsibilidad permitiendo un mejor abordaje de la problemática.

Este sistema, que se alimenta de las denuncias ciudadanas, de información administrativa de la actividad económica como ser la habilitación del local, sus antecedentes inspectivos y de sanciones, entre otras, permite detectar las zonas sensibles o calientes como asi también las actividades comerciales criticas y/o ilegales (matriz de riesgo), y que en ocasiones actúan como pantalla para la ejecución de diferentes delitos como la explotación laboral o sexual, el trabajo infantil, la pedofilia, la corrupción de menores o la trata de personas.

Esta matriz está dada en función de la concentración de las actividades comerciales críticas en un barrio determinado, ya sea por su dimensión, cantidad, afluencia de público, tipo de rubro o materiales sensibles que allí se manipulan, permitiendo un abordaje estratégico, donde el control preventivo se desarrolle a través de una coordinación multidisciplinaria, esto es, con distintos actores del control gubernamental, tanto municipal como nacional, a fin de dar respuesta a los nuevos modelos delictuales.

Las redes delictivas, como cadenas de valor ilegales, requieren de ciertas condiciones y lugares de neutralidad para poder operar la logística de sus ilícitos. El “control de proximidad y cercanía” opera contra estas condiciones de estabilidad.

De allí, se entiende la virtud del modelo de “control de proximidad comunal”, que acompaña no solamente la preocupación del vecino a través de una denuncia sino que posibilita actuar como un sistema preventivo de delitos complejos. Es por ello que el fortalecimiento de este sistema  de control de proximidad posibilita la detección de conductas que generan ilícitos, y que en definitiva busca proteger los derechos esenciales a nivel personal y social, tales como la vida, la propiedad, la salud, la integridad física y la seguridad común.