Negando realidades obvias, como quién fue el responsable de la elección del fiscal a cargo de la Unidad AMIA, o la falta de independencia de la Procuración General de la Nación respecto del Ejecutivo, o la militancia de los fiscales militantes, -valga la redundancia-, ensayó una supuesta deuda de la democracia para con la sociedad; en ese tren, propuso -en rigor decidió, si nos atenemos a las mayorías que maneja el oficialismo en el Congreso-, un nuevo cambio de nombre a la Secretaría de Inteligencia (SI).

Recordemos que ya se había hecho cuando se cambió la denominación de la ex SIDE a la actual SI. Quizás lo que olvidó la Presidente, es que la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, data del año 2001. Es decir, fue reformada hace muy pocos años en plena democracia. Lo que sucede, es que este organismo, seguramente, ha ido deformando su actividad y prioridades.

Hace 12 años que este gobierno administra la suerte del país, y maneja con gente de su más íntima confianza la Secretaría de Inteligencia. No puede hoy la Presidente aparecer “sorprendida” con lo que sucede en esa Secretaría. En todo caso, si fuera sincera esa sorpresa, lo primero que debería hacer es pedir explicaciones en el ámbito de la Justicia a las personas que ella misma designó al frente de dicho organismo; y no echar la culpa a los demás. Lo que definitivamente no puede hacer, o no podemos permitir que haga, es que, a fin de “democratizar” la Secretaría de Inteligencia, intente ahora designar a la persona que quedará al frente de dicho organismo por los próximos 4 años. Dicho en criollo, no se puede admitir que sea ella quién designe a quién deba garantizarle al próximo Presidente de la Nación, la inteligencia del país.

Tampoco asoma razonable el traspaso de la sección encargada de las “escuchas”, conocida como Observaciones Judiciales (OJOTA), a manos de la Procuración General. En momentos en que a nadie se le escapa el enfrentamiento entre la Procuradora Alejandra Gils Carbó y el Poder Judicial, esta decisión pareciera querer profundizar las diferencias. Desde ya que comparto que sería saludable que la facultad de escuchar a la ciudadanía no quede en manos de una Agencia de Inteligencia. Sin embargo, dada la importancia y peligrosidad que nadie puede negar a esa facultad de escuchar a la ciudadanía, lo mas lógico sería que quedara en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pretender que la Dra. Gils Carbó es ajena al Ejecutivo es tomarnos el pelo a todos los argentinos.

Honestamente, me hubiera gustado escuchar algo distinto de boca de la Presidente de la Nación. Desgraciadamente, escuchamos más y peor de lo mismo…