Resulta difícil determinar cuándo empezó esta cultura. Seguramente, Raúl Zaffaroni haya sido un abanderado en este tránsito. Sin embargo, su máxima expresión la encontramos con lo que se ha dado en llamar Justicia militante. Fiscales como Javier De Luca, verbigracia, integrante de dicha agrupación, quien ha sido explícito al afirmar que el Código Penal debe servir, antes que nada, no para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado. O el fiscal Alejandro Alagia, también simpatizante de dicha sector, quien destacó que lo positivo del otrora proyecto de reforma del Código Penal que impulsara Zaffaroni es que se trataba de “una declaración de desconfianza, pero hacia las penas”.

Para estos fiscales, el delito es un “conflicto social”, es decir, en alguna medida, hasta lo legitiman o lo exculpan. La definición más rotunda al respecto es que, para ellos, “el castigo es una solución irracional”. Lo que vemos sucede, o mejor dicho no sucede, con quienes cometen un delito, va en línea con la ideología que impera hoy en Tribunales. Lo que no se alcanza a colegir es si esta línea de pensamiento que manda en el ámbito judicial va de la mano con lo que piensa y siente la ciudadanía en general. Cada vez son más las voces que se alzan para reprochar que muchos homicidios o robos que se sufren a diario son cometidos por delincuentes que deberían estar detenidos y, sin embargo, se encuentran en libertad.

Desde ya que esta liviandad con que se exculpa a quien delinque encuentra su límite, una vez más, en cuestiones de ideología. No está políticamente bien visto tratar con la misma vara a los hoy ancianos que están involucrados en causas relacionadas con el proceso militar. Para ellos, se ve que el castigo es una solución racional. Tan así resulta que tampoco son susceptibles del beneficio por razones humanitarias de la prisión domiciliaria por cuestiones de edad avanzada. Lo paradójico es que a la mayoría de estos ancianos se los juzga en causas que tienen que ver con derechos humanos. Está tan desnaturalizado el proceso penal en nuestro país que ni los propios actores del sistema, es decir, abogados, jueces y fiscales, coincidimos o tenemos pautas claras sobre cómo interpretar cuándo una persona debe ir presa y cuándo no.

Con tan sólo ver lo que está sucediendo en estos días en causas tan notorias como las que está llevando adelante el juez Sebastián Casanello, se advertirá en toda su dimensión lo que vengo describiendo. Así, pues, no resulta fácil explicar por qué algunos imputados en dichas causas se encuentran detenidos con prisión preventiva y otros en libertad; y otros ni siquiera son llamados a declarar. Tal el caso de los Báez, padre e hijo: uno, detenido, el otro, en libertad. A esta altura, cuesta creer que la razón del diferente tratamiento radique en el temor a que uno se profugue y el otro no. Al respecto, si tomamos el caso del abogado Víctor Stinfale, detenido al momento de ir a ponerse a disposición del juez, no se entiende el criterio utilizado entonces para decidir su detención. El argumento de que se pudiera profugar en este caso parecería no alcanzar.

En síntesis, daría la sensación de que hoy todo queda librado a la total discrecionalidad de los jueces. Las reglas, o ya no se entienden, o en todo caso ya no se conocen. O peor, ya no hay reglas. Causas que se encuentran bajo “secreto de sumario” son comentadas públicamente con lujo de detalle por radio o televisión. Dicho de otra forma, parecería que el secreto de sumario queda limitado a alguna de las partes, mas no así al público en general. Absurdo.

Tampoco encuentra explicación que causas denunciadas hace muchos años no hayan merecido actividad por parte de los mismos jueces que ahora pretenden mostrarse preocupados por su gravedad y entidad. Resulta una obviedad que su falta manifiesta de actividad derivó, una vez más, en un gran beneficio para los imputados. Lo cierto es que, como están dadas las condiciones, hoy, en nuestro país, es muy difícil que quien incurre en un delito vaya preso. Y, claro está, dicha postura sólo alienta a más delito. Se llega al absurdo de especular abiertamente con cargos en función de obtener fueros para eludir responsabilidad en el futuro por delitos cometidos en el pasado, cual si fueran prerrogativas personales, haciendo caso omiso de lo que indica al respecto nuestra Carta Magna en sus artículos 16 y 68.

Nuestro país ha suscrito distintos acuerdos internacionales en los que se comprometió a disuadir el delito. Sólo como ejemplo, tómese el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés) o el Protocolo Mercosur 8/95. Evitar sanciones o permitir que un delincuente transite todo el proceso penal en libertad, en un país donde los procesos son eternos, o se “cajonean”, o se dilatan hasta el infinito, o sencillamente se los deja prescribir, lejos de disuadir en la comisión del delito, lo alienta. Y eso es lo que sucede en el país. Por eso vemos que, verbigracia, las defraudaciones en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se repiten sistemáticamente, o que las denuncias por violencia de género terminan inexorablemente en femicidios. O que delincuentes que deberían estar presos y vaya uno a saber por qué se encuentran en libertad o con salidas transitorias no tienen ningún reparo a la hora de volver a reincidir. O que personas que han hecho grandes desfalcos a las arcas públicas gozan de su libertad como si nada hubiera pasado, y otras incluso ocupan cargos públicos de suma entidad.

Sencillamente, todo esto sucede porque parecería ser, desgraciadamente, que en la Argentina delinquir es gratis.

Las minorías fueron totalmente avasalladas. Los organismos de control tampoco funcionaron. Los pocos que pretendieron cumplir con su finalidad o fueron desarticulados o sus funcionarios terminaron desafectados. Pero el peor defecto que tuvo esta década fue la descomposición que sufrió el Poder Judicial. Apareció algo inédito en el país que fue la justicia militante. Por propia definición, justicia y militancia son conceptos antagónicos. Una procuradora militante, fiscales militantes que alentaban a los jueces a hacer política en sus sentencias y jueces partidarios resultaron la antítesis del equilibrio y la objetividad que requiere la labor judicial.

Al igual que lo sucedido en el ámbito del Poder Legislativo, aquí también se echó mano del Poder Judicial para dar apariencia de legalidad a actos ciertamente ilegítimos. Así hubo un sinfín de causas que involucraban a funcionarios o a empresarios vinculados al poder político que rápidamente fueron sobreseídas, desestimadas o archivadas, o sencillamente encajonadas. En este transcurrir hubo persecución y destituciones para aquellos jueces y fiscales que osaron cumplir con su deber. Todos saben a lo que me refiero. Sin embargo, para ser honestos, reconozcamos que esta Justicia militante fue el caldo ideal para dar lugar también a otros jueces que aprovecharon para lucrar con el poder económico. Jueces que se presentaban como probos luchando contra el poder político, hacían su negocio por detrás con sentencias que favorecían a distintos grupos económicos poderosos enfrentados con el poder político. Hay algún caso emblemático de algún tribunal que interviene y resuelve en causas donde el cónyuge de uno de sus integrantes es reconocido abogado de una de las partes.

Todo este desmoronamiento de la Justicia alimentó una sensación de impunidad que rápidamente se transformó en una realidad. No tiene sentido ponerme a enumerar los casos más emblemáticos, pues todos los conocen acabadamente. Sólo diré que el grado de corrupción al que hemos asistido es definitivamente alarmante. De la familia presidencial para abajo, le caben a funcionarios del más alto nivel todo tipo de denuncias; algunas, ciertamente muy graves, otras, escandalosas.

Con el nuevo Gobierno llega la hora de borrar esa huella. El país pide a gritos terminar con la impunidad y castigar la corrupción. La República Argentina necesita recuperar la confianza y el equilibrio en su Poder Judicial. Hay que terminar con los jueces subrogantes a medida, o con los fiscales militantes, o con los jueces y los fiscales que sencillamente no cumplen con sus deberes de funcionarios públicos. Ni que hablar de los corruptos. El Gobierno de Mauricio Macri debe dar señales claras y concretas al respecto. Debe comenzar por exigir lo más sencillo, que se aplique la ley. Es cierto que hay que modificar leyes; hay que otorgar mayor severidad a ciertos delitos que hacen a la corrupción del Estado. Hay que readecuar la prescripción para los delitos por corrupción para evitar que se los evada tan fácilmente. Hay que suprimir la “probation” para los casos de corrupción. Pero hasta tanto todo esto suceda, cuanto menos hay que exigir que se aplique la legislación vigente. Y castigar con juicio político al que no cumpla con los deberes del funcionario público o falle en la aplicación de la ley.

De cara a lo que viene, es fundamental que el nuevo Gobierno comprenda la importancia que tiene la recomposición judicial. En este orden, un paso importante en la lucha contra la corrupción, y un mensaje indubitado de la voluntad de dar combate a este flagelo, sería volver a otorgarle autarquía a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, aun cuando se la mantenga bajo la órbita del Ministerio Público, pero debidamente separada de la Procuración General de la Nación. La Fiscalía ha sido un organismo muy eficaz para investigar la corrupción del Estado. Hoy se encuentra totalmente desaprovechada y prácticamente sin actividad. Sería un buen comienzo, y por cierto muy accesible, volver a motorizar esta Fiscalía en aras de facilitar que se investigue la corrupción en el ámbito de la administración pública.