En aquel momento, la reforma al Código Procesal Penal era tan solo “potencia”, un proyecto. Hoy, lamentablemente ya es “acto”, es una realidad; mas allá de los planteos e impugnaciones que se han formulado en su contra y que todavía deben ser resueltos. Lo cierto es que lo que entonces parecía tan solo una posibilidad lejana, hoy se ve plasmado, a partir de las designaciones de los nuevos fiscales nombrados por la Procuradora General de la Nación, y especialmente por las destituciones y reasignaciones de funciones que han sufrido los fiscales Marijuan, Taiano y Ernst. Tan preocupante es la realidad que atraviesan el Poder Judicial y el Ministerio Público, que ha merecido por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la emisión de un comunicado para manifestar su “preocupación” por las resoluciones que dictó en los últimos días la procuradora, Alejandra Gils Carbó, para “cubrir con fiscales subrogantes los 17 cargos de Fiscal General creados por el Anexo II de la Ley 27.063.

El enfrentamiento de los integrantes del Ministerio Público entre si, y entre muchos de ellos y la Procuradora, ya no es un secreto para nadie. Varias misivas y declaraciones que se han hecho públicas dan buena cuenta de ello. No hay más que ver, por caso, la carta enviada por el fiscal Carlos Ernst a Gils Carbó en la que denuncia un “trato desaprensivo”, o las declaraciones del fiscal Marijuán, quejándose de la persecución a sus empleados. O que decir del episodio que le tocó vivir al fiscal José María Campagnoli, a quien se buscó desplazar de sus funciones por todos los medios. O la denuncia del fiscal Augusto Troncoso por supuesto espionaje desde la Procuración. Lo mismo sucede entre integrantes del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público y la Procuradora. A esta altura, es pública la cruzada de Gils Carbó contra el juez Claudio Bonadío, al que se ha llegado al extremo de sancionar con una quita del 30% de su salario. Tampoco resulta ajeno a este enfrentamiento el Gremio Judicial, desde el que se afirma que la finalidad última de las designaciones que está realizando la Procuradora de fiscales y empleados con jerarquía es la de  “perseguir opositores” y “garantizar la impunidad” del gobierno saliente más allá del 2015. 

Definitivamente, se ha ideologizado la función jurisdiccional. Para un sector que lidera la Procuradora, daría la sensación que priva el interés político por sobre la razón jurídica. El enfrentamiento entre los enrolados en la corriente autodenominada “Justicia Legítima”, y  los históricos funcionarios de carrera o no comprometidos “ideológicamente” ya es manifiesto. Están los que, contrariando el deseo del Secretario de Justicia, prefieren resolver “ciñéndose” a los Códigos contra los que prefieren amoldarse a la pretensión política que se les marca desde la estructura. Préstese atención, y pronto se advertirá que los fiscales y jueces que han sido objeto de embestida por parte de algún integrante de Justicia Legítima, son aquellos que tienen a su cargo causas con alto contenido político; ya sea por tratarse de temas como el de Papel Prensa (Clarín/Nación), tal el caso del fiscal Taiano, o por tener que intervenir en causas que involucran a personas relacionadas con el poder político, como sucede verbigracia con Báez, en el caso de Marijuan y Bonadío, y sucedió antes con Campagnoli.

Sentirse un fiscal militante, por definición, es lo contrario a ser un fiscal independiente. Integrar una agrupación política, o una agrupación con ideología en el caso de jueces y fiscales, es una limitante que los inhibe de ser imparciales, pues siempre va a primar su interés político o ideológico por sobre cualquier otro;  sobre todo cuando les toque intervenir en causas con contenido político. El enfrentamiento público entre la Procuradora y miembros del Ministerio Público a su cargo debería inhabilitarla para seguir en el cargo. No por el enfrentamiento en si, sino por su condicionamiento politico y/o ideológico. A nadie podría culparse a esta altura por dudar de su “imparcialidad” en la toma de decisiones. No dejan de llamar la atención las designaciones de fiscales que, tras rendir exámenes escrito y oral y por el análisis de sus antecedentes, no quedaron en lugares expectantes; por qué no se eligió a los que obtuvieron las primeras posiciones es la pregunta que surge. Porque ¿cuál es entonces la razón de ser de los concursos? En el caso de los recientemente designados como subrogantes en el fuero federal porteño, donde “curiosamente” tramitan causas sensibles contra funcionarios públicos y de narcotráfico, -Juan Pedro Zoni y Leonel Gómez Barbella-, quedaron en el noveno y undécimo lugar respectivamente; como para pensar…

Es un año de elecciones. Seguramente los candidatos a asumir la Primera Magistratura en el curso del 2015 estén mirando con mucha atención este conflicto y su desarrollo. No sería de extrañar que, ni bien asumidos, tengan que revisar designaciones y resoluciones…

Refiriéndose a aquella reforma al Código Penal, Alagia destacaba entonces que lo positivo de ese proyecto es que era “una declaración de desconfianza”, una “desconfianza hacia las penas”. Por su parte, Javier de Luca, refiriéndose al concepto de seguridad, manifestaba que “la seguridad en democracia es también seguridad frente a las autoridades, y frente al accionar policial; el primer problema es quién controla al controlador”. En esa línea, criticaba que para combatir la inseguridad siempre se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo”, haciendo una curiosa asociación entre las penas que derivan de las leyes y el “mal”. Dicho de manera mas sencilla, estos fiscales no creen en las penas, y prefieren controlar a quienes aplican las penas,-los jueces-, en lugar de a quienes delinquen.

Luego, en la medida que todos estos fiscales enrolados en lo que se ha dado en denominar “Justicia Legítima” acompañen estos pensamientos, advierto que va a resultar difícil confiar en que los delitos sean investigados. Sobre todo, porque para estos fiscales, no existen los “delitos” sino meros “conflictos sociales”. De manera concordante, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, al jurar como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura, señaló que los jueces deben entender que “tienen que hacer política en sus sentencias, entendida como herramienta de transformación de la realidad, mirando al más débil”. Una vez más, daría la sensación que quienes debieran estar más preocupados por custodiar los derechos e integridad del ciudadano honesto, estarían más afligidos por la suerte de quién viola esos derechos. Tanto es así, que este funcionario no se cansa de repetir, que hay que fomentar la conciencia social en los jueces como parte del proceso de “democratización”, y no oculta su aspiración de que los jueces se ciñan no a los códigos y a las leyes, sino a una visión política. Imaginen ustedes entonces a los fiscales al momento de decidir si llevar adelante o no una investigación, privilegiando “su visión política” por sobre la ley y el Código Penal.

Recientemente, hemos tenido el antecedente del Fiscal Carlos Gonella -a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por decisión de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó-, quién será indagado la semana próxima por la Justicia, imputado por el delito de prevaricato, acusado de haber excluido al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a sus dos hijos del dictamen que impulsó la investigación por lavado de dinero que se inició en 2013. Por este tema, el Fiscal Federal Guillermo Marijuan, que estaba de licencia cuando ese expediente llegó a su fiscalía, denunció a Gils Carbó por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario por haber designado al titular de Procelac sin concurso ni acuerdo del Senado y apuntó a Gonella en duros términos. A estar a los dichos de Marijuan, daría la sensación que Gobella actuó más “inspirado” en su “visión política” que en lo que marca la ley. La contracara de esta moneda, es lo que se actuó desde la Procuración General respecto del Fiscal Campagnoli, a quién se quiso destituir por el hecho de investigar ajustadándose a la ley, y no en función de alguna “visión política”.

A esta realidad que describo, agréguense los 1200 empleados que propone incorporar el Anexo 2 del Proyecto de Reforma para Fiscalías y Defensorías, más los 17 nuevos fiscales que se quieren designar. Estos nombramientos, naturalmente, los hará Gils Carbó que es precisamente quien lidera la agrupación Justicia Legítima; es de suponer que esas incorporaciones estén alineadas con el pensamiento de la agrupación. A esta altura, creo se vuelve manifiesto que una reforma como la proyectada resultaría harto inconveniente para la sociedad, frente a esta particularidad tan kirchnerista de imponer y fogonear los “fiscales militantes”.