Así hasta ayer. De repente, todo parece tomar un rumbo diametralmente opuesto. Cada vez cobra más cuerpo la versión de que los buitres ya no serían tan buitres, y que a partir del mes de enero este gobierno resolvería el problema de los holdouts y arreglaría no sólo con los que tienen sentencia pari passu, sino con todo el 7% que no entró al canje. Al respecto, sorprendió la declaración del Presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, afirmando ayer en un reportaje que, a partir de enero, él no tenía dudas que el gobierno arreglaría con los holdouts como ya lo hizo con el Club de Paris o con YPF. El gobernador Daniel Scioli también habló en ese sentido en otro reportaje brindado por la misma emisora radial. Recordemos que Scioli es el jefe del kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires, y que Marangoni preside el banco más importante de la Provincia de Buenos Aires.

Más contundente aun resultó el dato de que Alejandro Vanoli, flamante titular del Banco Central, habría afirmado en secreto frente a banqueros internacionales, según informa Clarín, que el gobierno de Cristina Kirchner estaría dispuesto a resolver el litigio con los holdouts. Según lo informado por ese diario, el titular del Banco Central, ante inversores de Wall Street, habría admitido que el Gobierno cumpliría con el fallo del juez Griesa, aunque buscaría un modo “elegante” para informarlo al país.

A primera vista, uno podría adjudicar esto al vencimiento de la cláusula RUFO en enero próximo; sin embargo, a poco que se analice el tema con un poco de profundidad, se advertirá que esa cláusula ha perdido virtualidad frente a leyes como la 26.886 o la recientemente sancionada de cambio de jurisdicción y legislación, que prohíben negociar con los holdouts en condiciones más favorables a aquellos que entraron al canje. Incluso, prohíben negociar con los holdouts que estuvieran en juicio con el país. Luego, “arreglar” con los holdouts en el mes de enero no respondería al vencimiento de la cláusula RUFO. Máxime cuando el gobierno fustiga a la oposición que anuncia la “derogación” de leyes recientemente sancionadas. Me cuesta creer que el gobierno esté pensando, luego, en derogar leyes recientemente sancionadas…

Me pregunto entonces qué cambió en estos días, para que esa “política de Estado” instalada con tanta intensidad, “patria o buitre”, ceda y dé paso a una versión que pregona una solución integral y negociación con todos los holdouts a partir del próximo enero…

¿Tendrán algo que ver las investigaciones que llevan adelante los fondos de inversión respecto de actos de corrupción que podrían involucrar a funcionarios del gobierno y/o a personas vinculadas a él? Digo, porque “casualmente” cuando empezaron a tomar estado público algunas de estas investigaciones o citaciones de algún funcionario por algún tribunal de los Estados Unidos, comenzó a tomar cuerpo la posibilidad de cumplir con la sentencia del juez Griesa y de arreglar con la totalidad de los holdouts. Se entenderá la sorpresa ante el  hecho de que un tema tan “estudiado” por el Ministro Kicillof, que en todo momento aseguró que lo decidido por Griesa era de cumplimiento “imposible”, se vuelva de pronto perfectamente “posible” y se decida tan súbitamente su cumplimiento.

Conjeturas o meras casualidades, -ciertamente no serían las primeras, Boudou y el caso Ciccone ya nos tienen acostumbrados-, lo cierto, es que habrá que dejar correr estos últimos meses del año, para conocer verdaderamente, que es lo que cambió, si es que algo cambió. Como sea, no habrá que esperar mucho; enero está a la vuelta de la esquina…

Me asombra incluso, cuando escucho de actores que estuvieron directamente involucrados en la reestructuración de la deuda, que no tienen claro y resuelto cómo se debe interpretar esta singular cláusula, y no llegan a ponerse de acuerdo entre ellos mismos.

Lo cierto es que la cláusula RUFO no fue escrita para perjudicar a nadie, sino como un principio rector y de defensa en resguardo de la buena fe que debe primar en los contratos. De allí que ella dispusiera que a partir de lo convenido para concretar la reestructuración de la deuda con los bonistas que entraron al canje, la Argentina no pudiera ofrecer a los que optaron por no entrar mejores condiciones a las pactadas con aquellos. Cláusula justa y razonable.

Sucede que Argentina cumplió con esta obligación. Tanto es así, que los tenedores de bonos que no entraron en ninguna de las dos reestructuraciones de deuda que el país ofreció no obtuvieron ninguna mejor “oferta” para cancelar la deuda. Precisamente, porque la República Argentina no aceptó “ofrecer un mejoramiento de la oferta”, es que estos tenedores de bonos optaron por demandar el cobro de sus tenencias por la vía judicial. Aunque resulte obvio decirlo, el país no podía negarse a defenderse en la contienda judicial. Lo que queda claro a esta altura, es que nuestro país no ofreció ninguna mejora, ni incurrió en incumplimiento de la cláusula RUFO. Por el contrario, defendió el derecho de igualdad entre todos los acreedores durante todo el proceso judicial. Dicho de otra forma, defendió la cláusula RUFO. Lamentablemente, le tocó perder, y así llegamos a una sentencia en la que se condena al país a pagar, lo que los tenedores de esos bonos reclamaban cobrar.

Ya en esta instancia, no le queda mas alternativa al país, para no incurrir en desacato, que cumplir con la sentencia de condena. Nadie puede acusar a la República Argentina de violar la cláusula RUFO. Por el contrario, la defendió a mas no poder. Lo que tampoco nadie le puede exigir al país es que incurra en desacato y viole lo dispuesto por una sentencia judicial. No fue ese, sin ninguna duda, el ánimo que llevó a escribir dicha estipulación. Ningún juez del planeta puede interpretar que cumplir esta sentencia pudiera implicar violar la cláusula RUFO; una vez mas, se llega a esta sentencia, justamente por no incumplirla.

Finalmente, creo una obligación aclarar para aquellos que sostienen que la cláudula RUFO vencería a partir de Diciembre de este año que ello no es así. En septiembre del año pasado, el Congreso Nacional dictó la ley 26.886, la que en su art. 2 expresamente dispone que “Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto No 563/10.” Y en el art.4 in fine, mas contundentemente agrega “Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho.”

Luego, creo queda claro a esta altura que le está completamente vedado a nuestro país, antes de diciembre o después, negociar con los tenedores de deuda pública, y específicamente con los que iniciaron acciones judiciales, en condiciones mas favorable que con aquellos que no lo hubieran hecho. Sorprende que los legisladores que sancionaron esta ley, y quienes negocian por el país desde el Ejecutivo, no tengan presente la ley 26.886.

Para concluir, el país cumplió con las obligaciones contractuales a su cargo y en ningún momento violó la cláusula RUFO. Por el contrario, por respetarla y defender la igualdad entre todos los acreedores, se vio envuelto en una contienda judicial. Esa contienda se perdió, y ahora el país debe honrar y respetar la sentencia que lo condena a pagar. No cumplir y desacatar lo decidido por el juez Griessa implicaría no atender regularmente las obligaciones a su cargo, lo que en nuestra legislación se traduce en entrar en cesación de pagos. No pongamos la RUFO como excusa para no cumplir. Seamos serios.