Como funcionario internacional, el Secretario General, según la Carta de la ONU, solo rinde cuentas a las Naciones Unidas y jura no solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno ni autoridad ajena a la Organización. La función principal es ejercer la máxima representación diplomática de las Naciones Unidas y las tareas son tan variadas como los son los problemas y cuestiones que trata. No hay conflicto ni situación crítica en el mundo en la que no intervenga. Entre las competencias asignadas por la Carta, se encuentra la de convocar al Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros órganos de la ONU. Preside además el Consejo Ejecutivo que reúne a todos los fondos, programas y agencias de las Naciones Unidas. La Secretaría tiene aproximadamente 45 mil funcionaros en todo el mundo.

En este contexto, la importancia de la función es más que evidente. Que esa posición la pueda ocupar una argentina es una posibilidad que vale la pena  apoyar. Ya en 1971, un distinguido y prestigioso diplomático argentino, el Embajador Carlos Ortiz de Rozas, casi alcanzó esa nominación. Pese a haber logrado una mayoría de votos en el Consejo de Seguridad sobre su oponente, el austríaco Kurt Waldheim, se interpuso el veto de la Unión Soviética. Este ejemplo pone en evidencia la importancia primordial de la votación en el Consejo de Seguridad (15 miembros de los cuales cinco tienen derecho de veto) ya que será el candidato aprobado por dicho órgano el recomendado para consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En esta ocasión, el abanico de candidatos es muy amplio. La mayoría proviene de Europa del Este, un concepto geográfico político difuso en el mundo de hoy y que, de alguna forma es una reliquia diplomática de la Guerra Fría. Sin embargo, conforme al principio no escrito de la rotación geográfica tendrían derecho especial de postulación. No obstante, nada impide que otra área del mundo como América Latina pueda aspirar a competir por la Secretaria General.

Pese a que no existe un perfil de cualificaciones para el cargo, una resolución de la Asamblea General, con una redacción de épocas pasadas, las describe básicamente como alguien “eminente y de gran capacidad”. Sin duda Susana Malcorra, tanto por sus funciones previas en Naciones Unidas como por su papel de Canciller, se ha ganado con honores la postulación a Secretaria General de las Naciones Unidas.

Desde 1998 Corea del Norte se encuentra avanzando en tecnología nuclear y espacial con programas que combinan los lanzamientos periódicos de misiles y los ensayos nucleares. Un cohete balístico de las características anunciadas adquiere dimensión preocupante por haber efectuado cuatro pruebas subterráneos de armas nucleares previas (2006, 2009, 2013 y 2016), la última supuestamente de una bomba de hidrógeno. La frecuencia e intensidad de esos registros permiten estimar que Pyongyang cuenta con un arsenal nuclear de aproximadamente una docena de bombas lo suficientemente efectivas y letales para ser una amenaza concreta para Corea del Sur y Japón. También para Estados Unidos al disponer de un misil balístico capaz de alcanzar California y las Islas norteamericanas del Pacífico.

El nuevo desafío norcoreano pone a prueba la llamada “diplomacia nuclear” de Pyongyang tendiente a negociar un marco que le permita la supervivencia del régimen y obtener ayuda humanitaria. Poco después del primer ensayo de un arma nuclear, en 2006, logró un principio de acuerdo a seis bandas (China, Rusia, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur) destinado a detener el programa nuclear a cambio de reconocimiento diplomático, petróleo y asistencia alimentaria. El compromiso cayó en el 2008 por las dificultades de verificación del proceso de desarme tecnológico.

Es de imaginar que las dos últimas provocaciones norcoreanas (el ensayo termonuclear y el del reciente misil) intentarían retomar el ejercicio diplomático frustrado. La duda es si las potencias que intervinieron en el ejercicio a seis bandas estarán dispuestas a semejante chantaje. La reacción preliminar de China y Rusia no parecen ofrecer esa alternativa.

Estados Unidos, por su parte, se prepararía para la eventualidad de una confrontación ya que Pyongyang ha denunciado el armisticio de 1953. La respuesta sería desplegar el sistema antimisiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defence) en la Península coreana. Entre los problemas que enfrenta esa iniciativa es la resistencia de China y Rusia que consideran que el sistema antimisiles anunciado podría eventualmente estar simultáneamente dirigido contra ellos.

Estas circunstancias muestran lo delicado de la situación. También lo importante y urgente de que la comunidad internacional ponga un límite definitivo a las actitudes amenazantes de Corea del Norte y evitar, a la vez, que la problemática de seguridad entre las dos coreas se traslade peligrosamente a gran parte de Asia.

La misión solicitada a la ONU estaría integrada por expertos de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). A diferencia de las Fuerzas de Paz de la ONU, conocidas como Cascos Azules, la misión no estaría integrada por cuerpos militarizados. Los participantes no portarán armas ni tendrán una función policial o militar. Se tratará principalmente de una presencia política de observación, con el mandato de monitorear y verificar los compromisos asumidos por las partes. Las características de la misión serían definidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, también su duración, estimada inicialmente en doce meses. En principio, el costo sería asumido por las Naciones Unidas.

Naciones Unidas posee una importante experiencia en supervisar el cumplimiento del alto de fuego, así como en tareas de desmovilización y desarme de combatientes. También en limpiar de minas los territorios afectados. En general, en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU no suelen participar representantes de países limítrofes. Consecuentemente, sería previsible que Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá se abstengan de ofrecer personal. Esta situación acentuaría el papel de Argentina, Chile y Uruguay, con una importante tradición técnica y diplomática en cuestiones multilaterales afines.

La tarea de la misión multilateral abarcaría todo el territorio de Colombia, aun cuando la presencia militar de las FARC ha tenido una influencia en 24 de los 32 departamentos del país. En el 2001, diversas fuentes estimaban que la guerrilla contaba con cerca de dieciséis mil combatientes. En la actualidad, según datos de prensa, la cifra no superaría los siete mil. Un informe de Human Rights Watch destaca que aproximadamente el 30% de los integrantes de las FARC son menores de 30 años.

Uno de los problemas del llamado proceso de desarme de las FARC es determinar el arsenal real de armas pequeñas y livianas, como de distinto tipo de municiones. Hasta ahora los únicos datos disponibles son los que suministra la propia guerrilla. Sin embargo, existe conciencia de que posee un número considerable de armamento. Se calcula, por ejemplo, que cuenta con más de diez mil fusiles AK-47 y alrededor de cinco mil fusiles M-15 y M-16, ametralladoras M-60 y, entre otros, AP-60, lanzador de granadas. Las FARC también dispondrían de armamento pesado, como misiles rusos Igla S-24 o lanzacohetes AT-4 de origen sueco. Human Rights Watch ha acusado a las FARC de haber sido el grupo que más minas antipersonales terrestres ha utilizado en el mundo.

Estas consideraciones genéricas son ilustrativas de la complejidad de la próxima misión de observación de la ONU, así como de la importancia política de que sea efectiva. Es de esperar que toda la región coopere para que el proceso de paz concluya a satisfacción de los colombianos y que los mecanismos de implementación reciban el mayor apoyo de toda la comunidad internacional y en particular de América Latina y el Caribe.

No es fácilmente comprensible que el proceso diplomático solicitado por las Naciones Unidas esté aún en el limbo y que los reclamos a la negociación sean ignorados por el Reino Unido, a pesar de haber compartido los fundamentos del mandato de la Asamblea General. A la falta de voluntad política para el inicio del diálogo bilateral, se agregan diversos comportamientos británicos que contradicen lo expresamente señalado por la ONU en la resolución 31/49 de 1976, que exhortó a las dos partes en disputa a que “se abstengan de adoptar decisiones que entrañen modificaciones unilaterales en la situación”.

Es previsible que el Comité de Descolonización vuelva a recibir, una vez más, los insistentes pedidos argentinos de conformidad con la resolución 2065 y que el Reino Unido haga oídos sordos con argumentos que van más allá de lo dispuesto expresamente por las Naciones Unidas. Terminadas las exposiciones, el clima de vacío será el mismo, caracterizado por una diplomacia ausente entre dos países que mantienen relaciones formales y que se ignoran mutuamente. El cuadro, de confirmarse, no puede ser más decepcionante.

Es hora que argentinos y británicos cambien de lógica, así como de aproximación diplomática. No es razonable que unos y otros no encuentren la forma ni los medios creativos para iniciar una atmósfera capaz de generar el ambiente bilateral que dé lugar al proceso previsto en la resolución 2065. También es momento de dejar de lado reproches y acusaciones mutuas para permitir, en su reemplazo, encontrar bases elementales de coincidencia y oportunidades. Ni la intransigencia ni la efervescencia son los mejores caminos en la búsqueda de un diálogo diplomático.

La larga experiencia de los últimos cincuenta años debería servir para no repetir ni caer en antagonismos que, en definitiva, solo perjudican a argentinos y británicos. Todos merecemos una respuesta de mayor responsabilidad de nuestros respectivos gobiernos. Al mismo tiempo, sabemos, argentinos y británicos, que cuando hay voluntad política hay siempre un camino. Quizás se ha llegado al punto de hacer realidad diplomática la frase de J. R. R. Tolkien. Para eso, solo falta encarar el futuro con un mínimo de imaginación y disposición diplomática.

La sesión inaugural contó con la presencia de los Cancilleres de la mayoría de los países. Fue decepcionante que la Argentina no haya sido representada a ese nivel. La ocasión diplomática lo merecía. Es la actualidad es indispensable mayor presión internacional para que las potencias poseedoras de estos artefactos den cumplimiento al TNP, en particular de países que integran zonas libres de armas nucleares como es el caso de América Latina a través del Tratado de Tlatelolco.

Es evidente que mientras existan estas armas el peligro que sea objeto de una detonación, accidental o intencional, seguirá latente. Ese riesgo sería una catástrofe de consecuencias incalculables para todos los países del mundo. Nadie, ni ninguna región del mundo, estaría exento de las consecuencias. Sin embargo, lamentablemente no existen mayores esperanzas que la Conferencia produzca resultados que puedan ser considerados alentadores para el propósito de iniciar un ciclo de desarme nuclear conforme a los objetivos del artículo VI del TNP.

La frustración diplomática tiene antecedentes. Hace cinco años se acordó por consenso un Plan de Acción de 65 compromisos que ni siquiera han sido mínimamente considerados. Por el contrario, el cuadro general en lugar de acercar la posibilidad del desarme nuclear, se ha alejado. Naciones Unidas ha denunciado que los arsenales existentes han crecido en número y calidad. También ha destacado que los programas de modernización de los arsenales existentes apuntan a un mayor control de los efectos radiactivos y, en ese marco, han aumentado de manera considerable las amenazas de utilización en futuros conflictos.

El grado de confrontación entre Estados Unidos y Rusia ha alentado el nuevo ciclo armamentista nuclear. Si bien ambas potencias se encontrarían aplicando el Tratado del 2010 sobre Reducción de Armas Estratégicas, no están negociando futuras reducciones de los arsenales ni limitación en las modernizaciones. Tampoco el resto de los países poseedores de estas armas han reducido o limitado los respectivos arsenales. Se estima que Francia dispondría de 300 y el Reino Unido y China de 240 respectivamente. Pakistán e India contarían con 110. Israel entre 200 y 400. Corea del Norte 10. Asimismo, un número no determinado de armas nucleares, se encontrarían desplegados en 15 países. También en mares y océanos, incluyendo quizás el Atlántico Sur.

La urgencia y prioridad que merece el desarme nuclear exige que todos los países levanten la bandera de la no proliferación de las armas nucleares. Ha sido lamentable que el Canciller argentino no haya estado presente. Nuevamente el mensaje diplomático, como ha ocurrido con otras cuestiones relevantes como ha sido el de la lucha contra el terrorismo internacional, es perplejo.

Los efectos del cambio climático son cada día más graves y no hay región en el mundo que no sufra graves consecuencias. Las informaciones técnicas señalan que las emisiones de gases efecto invernadero han aumentado en el 2013 en un 2,3% lo que demuestra que lo que se ha hecho hasta el momento es claramente insuficiente.

Las actividades industriales continúan impulsado peligrosamente el volumen de los gases efectos invernadero en la atmósfera, en particular de carbono, metano y óxido nitroso que impiden que el calor de la Tierra se expulse al espacio. Como consecuencia, la temperatura ha subido 0,6 grados y se estima que podría aumentar en los próximos cien años entre 1,4 y 5,8 grados. También ha tenido efectos en el nivel de los océanos que han crecido en un promedio de 20 centímetros en las últimas cinco décadas.

Un acuerdo de alcance global y jurídicamente vinculante que detenga la situación es urgente. Según previsiones, los rendimientos agrícolas sufrirán de manera considerable en la mayor parte de las regiones tropicales y subtropicales como en zonas templadas si la temperatura se acentúa en dos grados. Asimismo, aumentarán episodios frecuentes de tormentas torrenciales, inundaciones y sequias como se ampliará las zonas críticas de desertificación. El escenario geopolítico global también se resiente. En el 2013, de acuerdo a las Naciones Unidas, 22 millones de personas han sido desplazadas con motivo de desastres naturales.

La vigésima Conferencia de las Partes (COP 20) en Perú intentará concluir un mecanismo de fondos para enfrentar el cambio climático y el compromiso de cada país en la reducción de emisiones de gases invernadero. Sin embargo, los problemas políticos entre los principales países emisores y aquellos que no los son, siguen siendo los mismos que hasta ahora han frustrado un entendimiento efectivo. Ninguno quiera hacerse cargo del costo.

Es de esperar que la comunidad internacional, en particular los países más emisores, asuma la responsabilidad que les corresponde independientemente de las implicancias económicas que las medidas demanden. No es posible seguir ignorando el problema.

De los quince miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solo Rusia votó en contra con tres abstenciones (Argentina, China y Ruanda). Los restantes once integrantes lo hicieron a favor, que incluye a Chile.
El balance de muchos votos, por consideraciones geopolíticas, no sorprende salvo en el caso latinoamericano. Tampoco la abstención de Brasil por la prioridad estratégica que otorga a la integración a los BRICS y por ser próxima sede de una reunión Cumbre tras el mundial de futbol en la que participaría Vladimir Putin.

Los casos más llamativos han sido los de Argentina y Uruguay. Ninguno de los dos necesitaba, en principio, quedar tan en evidencia ya que el Mercosur votaba dividido (Paraguay a favor). En particular en una cuestión de principio en la que habían anunciado estar a favor. Montevideo podría haber decidido ser más consecuente con Rusia para compensar el favor a la Casa Blanca con la próxima recepción de cinco presos de Guantánamo. También para seguir los lineamientos de Brasilia.

La actitud más difícil de entender es la abstención de Argentina. Primero por haber votado a favor de una resolución básicamente idéntica en el Consejo de Seguridad. Segundo, por tratarse de argumentos que le vienen al dedo por Malvinas al ser un respaldo al principio de integridad territorial e imponer un límite al de la autodeterminación además de insistir en el dialogo político para la solución de controversias. Tercero, por necesitar un clima más propicio en algunas negociaciones urgentes como podría ser las del Club de Paris.

La duda es si la tendencia de Argentina de mirar al mundo de reojo, en lugar de hacerlo de frente, es lo más apropiado. Los ejemplos de Chile y otros países que hoy integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, parecerían aconsejar lo contrario y que la contribución a la compleja realidad del mundo se asume con actitudes responsables y miradas cristalinas.

Resulta desilusionante y preocupante que una resolución de esta naturaleza fuera necesaria cuando lo que reclama la disposición es lo que ya prescribe expresamente el derecho internacional humanitario y en particular los Protocolos de Ginebra. Sin embargo, fue el grado dramático de violación de la normativa internacional lo que exigió al Consejo de Seguridad adoptar una reafirmación de conductas humanitarias elementales de todo conflicto armado.

Es de esperar que, de ahora en más, el gobierno sirio entienda razones y se logre reducir el grave sufrimiento de la población civil, en particular en las ciudades de Alepo, Homs y Damasco. El embajador de Australia ante el Consejo de Seguridad, uno de los promotores de la iniciativa, indicó que en caso de incumplimiento “habría consecuencias”. La advertencia del embajador Gary Quilan probablemente se refiera, como primer paso, a eventuales sanciones económicas al gobierno sirio en caso de violación en el cumplimiento de obligaciones humanitarias universales.

En esa hipótesis, la tradición de Rusia y China en el conflicto permitirá presumir que sería difícil que apoyen una medida punitiva multilateral ya que interpretan afectaría la estabilidad del régimen sirio. Sin embargo, es de esperar que ante la necesidad de medidas adicionales revean su posición y otorguen prioridad a las necesidades humanitarias. Sería una señal preocupante que el Consejo de Seguridad no pudiera dar respuesta efectiva e inmediata ante un agravamiento del actual cuadro humanitario.

El secretario general de Naciones Unidas ha denunciado que, además de un millón y medio de refugiados y otro millón de desplazados, hay 200 mil personas sitiadas y que el gobierno sirio utiliza el hambre y el chantaje contra la disidencia. 45 mil civiles también se encuentran acorralados en zonas rebeldes dominadas por el Ejercito Libre de Siria.

La resolución del Consejo de Seguridad también enfatiza que la situación humanitaria empeorará de manera drástica de no encontrarse una pronta solución diplomática al conflicto. El reciente fracaso de la Conferencia en Ginebra, lamentablemente no permite mayor esperanza. No obstante, es de esperar que los principales actores extra regionales, en particular Estados Unidos y Rusia, demuestren mayor disposición en la búsqueda de fórmulas que permita impulsar un proceso político más alentador. Ese paso es hoy indispensable. Representaría también una contribución efectiva para reducir el drama humanitario que enfrenta hoy Siria.

El articulo IV señala que esa declaración deberá ser verificada in situ minuciosamente por la organización conforme un procedimiento detallado que supone la presencia de técnicos de la OPAC en el terreno para comprobar la veracidad de toda la información suministrada. De acuerdo con experiencias anteriores de países con volúmenes similares de armamento químico, esa verificación en territorio sirio podría llevar, cuanto menos, entre seis meses y un año y medio. Las condiciones imperantes de guerra civil en Siria permitirían presumir que ese tiempo podría ser mayor.

La destrucción de los arsenales declarados, de acuerdo al artículo IV inciso 6, comenzaría recién dos años después de la entrada en vigor de la convención para Siria. Esa misma disposición indica que el proceso de eliminación de las armas podría llevar hasta un período de diez años aunque nada impide que pueda concretarse en un plazo menor si no produce consecuencias en el medio ambiente. Los costos de toda esa operación corresponderían a Siria (inciso 16).

En caso de incumplimiento de todo o parte del compromiso asumido por Siria, la Convención no establece ninguna sanción específica, sólo prevé que la cuestión sería sometida, después de una votación de la Conferencia de Estados Parte, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para adoptar las medidas pertinentes.

En este marco, la iniciativa de Rusia de que Siria se incorpore a la Convención de Armas Químicas es una medida diplomática significativa en la buena dirección pero no es suficiente ni resuelve la emergencia ante la variedad de problemas derivados de las complejas circunstancias y dinámica que rodean al caso sirio, en particular frente al riesgo que supone la implementación del instrumento en un país en guerra civil.

La intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas parece necesaria para contribuir a que la Organización de las Armas Químicas, con sede en La Haya, pueda alcanzar el difícil cometido conforme los términos de la convención. De lo contrario, se corre el riesgo que el anuncio de la incorporación de Siria al régimen de la prohibición de las armas químicas sea sólo una mera expresión de intenciones.

Tampoco ha sugerido un curso de acción diplomática para romper el impasse, pese a la reciente presencia de la presidenta de la Nación al inaugurar la presidencia argentina al único órgano multilateral con la responsabilidad primordial de preservar la paz y la seguridad internacional. La pasividad argentina, en ese contexto, es interpretada como un apoyo a la visión reticente de Moscú al tratamiento de la cuestión como a la insistencia que las armas químicas fueron lanzadas desde posiciones ocupadas por las fuerzas opositoras al régimen de Al Assad. Ya hace aproximadamente un mes, en oportunidad de la visita a Buenos Aires del canciller ruso, Serguei Lavrov, la Argentina había firmado un comunicado conjunto en el que avalaba esencialmente la posición de Rusia en el conflicto sirio. El comportamiento de la Argentina en el Consejo de Seguridad, que podría calificarse de burocrático, podría obedecer a las coincidencias con Moscú contenidas en ese documento.

Las expresiones de la representante de Argentina en el sentido de que “el Consejo no es indiferente ni precipitando decisiones que no le competen” avalarían esa conclusión. La misma tibieza con la cual la embajadora de Argentina ante la ONU se refirió públicamente al tema del uso de armas químicas en Siria, en nombre del Consejo de Seguridad, fue motivo de desilusión de varios miembros del Consejo por no reflejar el grado preocupación y alarma expresada en la reunión. También fueron objeto de críticas las declaraciones de la diplomática argentina que calificaron como un “fracaso” las complejas gestiones diplomáticas del respetado enviado especial del Secretario General de ONU para Siria, el ex canciller de Argelia, Lakhdar Brahimi.

Es decepcionante que la Argentina no esté actuando con la misma responsabilidad con la que ha desempeñado en nueve ocasiones, desde la creación de las Naciones Unidas, la importante y delicada función de presidir el Consejo de Seguridad. Aunque quizás, en este caso, no se trate tanto de un problema sobre posiciones políticas de fondo sino, simplemente, de falta de experiencia profesional.