Este cuadro, junto con el grave desorden económico y la reducción de la producción del petróleo, está haciendo tambalear al presidente Nicolás Maduro. Venezuela se encuentra al borde del precipicio financiero y enfrenta el riesgo de un colapso económico. El fracaso de la gestión gubernamental parece un hecho ampliamente reconocido como el creciente clima de disconformidad social ante la escasez de productos básicos. El país se encamina a la décima devaluación.

El precio internacional del petróleo debería, por lo menos, duplicar su valor de mercado actual para sostener un gasto público en ascenso y una economía virtualmente paralizada. La creciente presencia e influencia cubana es también materia de encendidas críticas de la oposición como de sectores militares del oficialismo. La paradoja es que Cuba ha iniciado una serie de reformas estructurales que van en sentido contrario a lo que sus expertos tecnócratas promueven en Caracas.

En ese marco de grave polarización política y distorsiones económicas, el mayor reto que enfrenta el presidente Maduro es dentro del chavismo mismo. La futura militarización del gobierno bolivariano parece un hecho probable. La duda es la forma que puede adquirir esa intervención y si Nicolás Maduro la aceptará mansamente. Las milicias bolivarianas ya están en la calle.

La apagada critica sudamericana a los excesos represivos de Caracas pondría de manifiesto las intensas gestiones de Maduro para obtener apoyo internacional y apagar los riesgos que se avecinan. Es como si el propio Maduro advirtiera sobre los cambios de orientación del chavismo.

El Mercosur y Unasur, en comunicados recientes de apoyo a Nicolás Maduro, han efectuado un tímido llamado a dejar de lado la violencia “de todos los sectores“ lo que constituye una expresión que abarca, sin nombrarlo, al gobierno venezolano. Es de lamentar que América del Sur, en particular el Mercosur, no sea más firme y categórico en la condena a excesos represivos. Las violaciones a los derechos humanos como respuesta a protestas democráticas no tienen justificación alguna. Tampoco que se haya resentido el estado de derecho. La solidaridad regional como “los afectos ideológicos” debe tener el límite que impone la defensa de valores universales como son las libertades individuales y la libertad de prensa. Los venezolanos hoy lo están reclamando.

Un resultado desilusionante aunque nada sorprendente a pesar de las expectativas generadas y de las dramáticas consecuencias humanitarias que vive Siria tras tres años de guerra civil. La reunión Ginebra II también ha dejado al descubierto las limitaciones diplomáticas de Naciones Unidas para destrabar un conflicto agudo. La confusión inicial sobre la invitación a Irán y la posterior anulación del convite, es una demostración de falencias de coordinación como de la reducida capacidad de la ONU para convencer voluntades en una situación de la magnitud de la crisis siria.

Sin embargo, la perseverancia diplomática tiene los ojos puestos en Ginebra III en la esperanza de continuar intentando destrabar la grave y compleja madeja que ha enfrentado a todos los países participantes. Es de esperar que se aprovechen los errores cometidos para enmendar conductas de gestión diplomática. La gravedad de la guerra en Siria exige urgentes respuestas de la comunidad internacional.

El hecho que los dos países centrales en la convocatoria de la reunión, Estados Unidos y Rusia, se sigan manteniendo distantes entre sí y otorguen mayor prioridad a la defensa de sus intereses individuales hace que la búsqueda de una solución negociada sea aun más difícil. Washington y Moscú tienen en gran medida el mango de la sartén. Ni uno ni otro han hecho o demostrado encontrarse a la altura de las circunstancias. Rusia, al seguir sosteniendo el régimen de Al Assad como si fuera una cruzada ideológica en aras de mantener influencia en Medio Oriente y en los recursos petroleros de Siria. Estados Unidos, por su parte, sigue dando señales confusas. Por un lado, se encuentra obnubilado por la presencia de Al Qaeda entre los combatientes rebeldes a punto de haber debilitado a la oposición moderada. Por otro, insiste en la apertura democrática. La breve conversación inamistosa entre los presidentes Obama y Putin, en las horas previas al inicio de Ginebra II, permitía ya pronosticar el desenlace de la conferencia.

Es lamentable el comportamiento de Washington y Moscú cuando los horrores de la guerra se multiplican cada día. Human Rights Watch ha denunciado, en las últimas horas, la barbarie gubernamental de destrucción de barrios enteros para castigar a la población civil. El desborde no tiene límite.

Existe asimismo, en el caso norteamericano, un motivo jurídico. Las fuerzas militares de Estados Unidos no están autorizadas a efectuar actos hostiles fuera de una zona de guerra aun cuando algunos comandos específicos realicen acciones encubiertas que exceden ese marco. La CIA, en cambio, no tiene limitación alguna.

En este contexto, los drones son armas cuya nueva dramática característica es que pueden ser utilizadas fuera del derecho de guerra internacional. Las convenciones de Ginebra no parecen alcanzarlos a pesar de los daños humanitarios colaterales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han publicado un amplio informe de abusos y violaciones a todo tipo de leyes sobre conflictos armados. Los datos son alarmantes y revelan, cuanto menos, excesos de fuerza desproporcionados.

Los drones también son usados para matar personas específicas como ha sido reconocido por Estados Unidos en Pakistán, Yemen y Somalía. Esas acciones, independientemente de los antecedentes criminales del destinatario, son contrarias al derecho internacional que prohíbe los homicidios arbitrarios y limita el uso legítimo de la fuerza letal intencionada a situaciones excepcionales.

En casos de conflicto armado, sólo los combatientes y quienes participan directamente en las hostilidades pueden ser blancos de un ataque directo. Fuera de ese marco, sólo es legítima cuando sea estrictamente necesaria para proteger la vida.

Consecuentemente, muchas de las acciones conducidas con drones pueden constituir crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales, es decir, delitos de derecho internacional. Existen también otras implicancias en el uso de drones que afectan principios esenciales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Estas circunstancias, entre otras, hacen indispensable que Naciones Unidas regule la utilización de drones a través de mecanismo de transparencia informativa que evite la violación al derecho internacional, en particular los Protocolos de Ginebra, además de prever que quienes cometan actos ilegítimos rindan cuentas.

Asimismo, se requiere con urgencia de una norma internacional que garantice que en caso que se vea afectado el uso legítimo de drones se pueda llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial. Es de esperar que la comunidad internacional asuma con responsabilidad la necesidad de regular un instrumento revolucionario de amplias ventajas pacificas como de dramático uso letal ilegal.