Además, se ha mejorado profundamente el sistema de financiamiento: hoy las campañas electorales son financiadas principalmente por el Estado (a través de la pauta publicitaria en los medios de comunicación audiovisual) y por lo tanto la falta de fondos no es una limitación para que sean conocidas las propuestas de cualquier candidato, por pequeño que sea su partido. También se implementaron otras reformas de menos visibilidad pero muy profundas, como por ejemplo las mesas de votación mixtas que significan un paso más hacia la igualdad de género.

Estas novedades implementadas en el 2011 fueron un éxito: existió una alta participación ciudadana en las PASO (incluso ante la realidad de que muchos partidos presentaron lista única) y la distribución de la pauta publicitaria fue transparente y equitativa, tanto es así que no existieron reclamos relevantes al respecto. Las mesas mixtas no presentaron ningún tipo de inconveniente.

Este año electoral se agregan nuevas iniciativas. Por primera vez votarán jóvenes de 16 y 17 años, una ampliación con pocos precedentes en nuestra historia reciente respecto al derecho al voto. Esta iniciativa acompaña un proceso en el cual los jóvenes se han vuelto a interesar por la política, ya que durante la última década vieron que se pueden lograr transformaciones sociales hacia una mayor igualdad, a través de la participación y el involucramiento en la cuestión pública.

También el nuevo DNI, el cual es mucho más seguro que la libreta que usábamos antes y con una tecnología totalmente nacional, impactará en el 11 de agosto. Este documento implica un sistema informático que registra quién votó y quién no, de manera que se evita una práctica hasta ahora permitida que era el agregado manual de personas de las fuerzas de seguridad o autoridades de mesa en el padrón de cualquier mesa electoral, lo que le quitaba transparencia el procedimiento. Ahora todos los ciudadanos podrán votar solamente en la mesa donde figura en el padrón electoral, que es único y a través de un troquel tendrán la constancia de que han votado.

Estas reformas vinculadas con la ampliación de derechos han sido acompañadas por el pueblo argentino participando en las nuevas instancias electorales, haciendo uso de los nuevos derechos y haciendo realidad alternativas que se legislan, pero que si los ciudadanos no ejercen quedan en letra muerta. En este sentido, está claro que las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional representan con claridad las expectativas más avanzadas del pueblo argentino de más y mejor democracia.

Por ejemplo, en una nota publicada el 19 de mayo en el diario La Nación se destacan como grandes logros una caída muy importante de la pobreza (del 35,7 al 25,6% de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas), mejora relevante en la distribución del ingreso (el 10% más rico de la población bajó su participación en la renta nacional del 40,3 al 30,1%) y un aumento sin precedentes en el gasto público social (del 19 al 32% del PBI). Éstas no son cifras oficiales, sino que son datos utilizados por el columnista, tomados de distintas fuentes.

Ante este escenario, ¿quién puede dudar de que ésta fue una década ganada en inclusión social? Por supuesto, queda mucho para avanzar, pero es evidente que el rumbo es el correcto. Cuando hablamos de las políticas que produjeron estos resultados, el debate es más tenso, porque no se quiere reconocer la visión estratégica de los gobernantes que tuvimos estos años. En primer lugar, es evidente que las decisiones fueron tomadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Esto que hoy nos parece una obviedad, no lo era en otras épocas, cuando existía un “supermistro” o “grupos económicos” con el poder de facto suficiente para imponer el tenor de las políticas nacionales.

En segundo lugar, estos cambios se dieron gracias a políticas concretas y masivas. En estos diez años, se incorporaron 2,5 millones de adultos mayores (la mayoría pertenecientes a hogares de bajo ingresos) al sistema jubilatorio, la jubilación mínima aumentó de $150 a $2.165, se aumentaron las asignaciones familiares y se incorporó la Asignación Universal por Hijo llegando esta protección a la niñez a más de 7 millones de niños y adolescentes; y lo más importante, gracias a las políticas de estímulo a la demanda agregada y al mercado interno, se duplicó la cantidad de trabajadores registrados, aproximadamente de 4,7 a 9,2 millones.

El cierre de una década nos exige mirar la realidad con una perspectiva de más a largo plazo. Lo que importa es que estamos seguros que el país va en la dirección correcta, y que un proceso de este tipo, democrático y popular, difícilmente pueda ser frenado porque lo acompañan las mayorías, a quien favorece.