Con mis 26 años como fiscal, lo que más me preocupa es que la Justicia pueda quedar partida con una lógica binaria, con generalizaciones injustas, que no se habían visto nunca antes. Como si dijéramos “Ellos o nosotros”.

Fui el primer presidente de la Asociación de Fiscales de la Argentina (2005-2010) y al mismo tiempo un activo militante entre los fiscales de la Asociación de Magistrados. De acuerdo a los principios mostrados por Justicia Legítima, la nueva corriente de reciente aparición, formaría parte de una justicia corporativa, autoritaria y anclada en la última dictadura. Así fue que cuando todos esperaban una convocatoria plural y honesta para dar un debate fructífero sobre estos temas, nos encontramos con una andanada de señalamientos injustos que sólo conducen a la división.

Esas afirmaciones no pueden ser aceptadas de ningún modo. Es que en mi caso y en el de cientos de magistrados y funcionarios que conozco es absolutamente falso. Somos muchos los que no tenemos relación alguna con la dictadura, no hicimos entrar en Tribunales a ningún pariente, no somos hijos de abogados o jueces con influencia, no le debemos a ningún político nuestros cargos, ni nos dejamos presionar por el poder político ni por el económico.

Por otro lado, en la “otra orilla”, queda el movimiento Justicia Legítima, al que sus integrantes en su gran mayoría, adhieren de buena fe, en el sentido de no encontrarse vinculados a la política del Gobierno nacional en esta materia. Sin embargo, la presidenta de la Nación se reconoció como una especie de disparador de este movimiento (así lo sostuvo en el mensaje del 1° de marzo a la Asamblea Legislativa), y los máximos referentes de Justicia Legítima ya se han reunido con el ministro de justicia para evaluar las propuestas.
En este contexto podría sostenerse entonces que “ellos” son oficialistas y “nosotros” opositores. Y en la mayoría de los casos esta idea también es falsa.

De allí la preocupación inicial de estas líneas. Si nos quedamos en el medio de estas generalizaciones injustas, seremos prisioneros de esa lógica binaria más propia de la dinámica política que de la justicia, sin que ello para nada implique aprobar su uso político.

Por el momento, y de la mano del debate de la aplicación del impuesto a las ganancias de magistrados, funcionarios y empleados de la justicia, se empieza a ver una luz, una sensata y meditada posición que expresa la Corte Suprema, en el sentido de que no tomará decisiones apresuradas ni motivadas en cuestiones ajenas al servicio que prestamos a la sociedad, mucho menos si pueden perjudicar a los empleados de nuestras dependencias, que no están amparados por la garantía de la intangibilidad del ingreso. Es de esperar que el criterio mesurado de nuestro Alto Tribunal prime sobre cualquier proyecto de reforma que se quiera imponer sin el suficiente debate interno.