El tratamiento de esta cuestión referida a la sociedad argentina, y particularmente a su clase dirigente, me remitió de inmediato al ámbito de la administración de justicia, que tantas veces hemos abordado desde esta columna.

Más allá de que son muchos años los que llevamos transitados en los que ni los poderes políticos ni gran parte del Judicial han abrazado los valores republicanos que consagra la Constitución Nacional, la circunstancia de hallarnos a pocos días de elegir un nuevo Gobierno me ha hecho pensar en la idea de un balance, por lo menos uno que alcance al último tramo de este largo período de 12 años de hegemonía de un mismo signo político.

Así como muchos auguran en el futuro inmediato una devaluación de nuestra moneda, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en estos años hemos asistido a una constante y sistemática devaluación de la institucionalidad.

Podemos enumerar en este sentido la reforma del Consejo de la Magistratura por iniciativa de la entonces senadora Cristina Kirchner en 2006, que rompió el delicado equilibrio que en ese cuerpo impone la Constitución Nacional y trajo aparejado un sinfín de irregularidades que aún hoy no terminan y que heredará el próximo Gobierno. En relación con este órgano, también cabe señalar el fallido intento de colonizarlo políticamente en aquella cruzada de 2013, mal llamada “democratización de la Justicia”, que la Corte Suprema declarara inconstitucional a pedido de todos los organismos serios del mundo jurídico de nuestro país.

El Gobierno no se detuvo en su accionar con el fin de interferir en las decisiones de los expedientes judiciales que le interesaban, y así se crearon irregularmente (sin ley alguna) organismos dentro del Ministerio Público Fiscal denominados Procuradurías, con el triste antecedente de que una de las primeras intervenciones, en la que debía perseguir el lavado de dinero, fue encubrir a Lázaro Báez.

También se llevaron a cabo polémicas reformas del Código Penal (afortunadamente dejadas de lado), y del Procesal Penal, con numerosas acciones judiciales en su contra (como las de los fiscales subrogantes suspendidos en su designación por la medida cautelar conseguida por la Asociación de Magistrados). Además de la polémica desatada por su apresurada entrada en vigencia, que trae todo tipo de problemas de implementación, y circunscrita sólo al fuero ordinario de la capital nacional.

Esta apretada síntesis continúa con la trágica y violenta muerte de mi colega Alberto Nisman, luego de formular una gravísima denuncia de encubrimiento contra la Presidente y su canciller por la firma del polémico Pacto con Irán. Resultó muy llamativa la celeridad y el empeño —dignos de objetivos más nobles— puestos por algunos operadores judiciales para archivar esa denuncia. Luego vino la también inconstitucional ley de subrogancias, de la mano de la que se modificaron, entre otras cosas, la composición de la Cámara de Casación para tratar de torcer la suerte de dos expedientes de importancia central para el Gobierno que culmina, como son la inconstitucionalidad del mentado Pacto con Irán y la causa Hotesur, donde se investigan los emprendimientos empresariales hoteleros de la familia presidencial.

Para finalizar este muestreo sólo basta recordar la feroz carga que el oficialismo emprendió contra el juez de la Corte Carlos Fayt, al que no pudo remover, y quien nos demostró a los argentinos el valor de la moral y la dignidad.

Este panorama de grave devaluación institucional no se circunscribe únicamente a la Justicia, también podemos señalar brevemente que el Congreso en estos años ha tratado solamente los proyectos del Poder Ejecutivo, que los ha aprobado sin debate, que el Gobierno ha seguido utilizando leyes de emergencia, que ha desbaratado la actuación de los órganos de control y que jamás ha dialogado francamente con la oposición, a la manera de cualquier país medianamente democrático.

Este es el panorama imperante a pocas horas de una nueva oportunidad de elegir un presidente por cuatro años. Esa circunstancia también me recuerda aquella famosa frase acuñada en la campaña de 1992 en Estados Unidos, cuando Bill Clinton venció a George Bush padre: “Es la economía, estúpido”. Lamentablemente, a nuestra sociedad en general los temas institucionales como la división de poderes y el imperio de la república todavía no la conmueven como para influir en el resultado electoral. Ojalá en pocos años ante una elección presidencial podamos afirmar casi con orgullo: “Es la institucionalidad, estúpido”.

La cuestión que quiero presentar acerca de la legalidad y la legitimidad tiene dos vertientes. Una referida a si resultaría legal (o legítimo) que el Gobierno intente reformar la ley y subir el número de integrantes de la Corte, y la otra atinente a los consensos que sería necesario alcanzar a nivel de la política para cubrir con legitimidad la vacante que deja Zaffaroni con su retiro.

Ni bien se produjo la muerte de Petracchi, algunos integrantes del Gobierno teorizaron en apariencia sobre la posibilidad de ampliar el número de jueces del Tribunal más alto del país. Si podían ser siete, nueve, diecinueve divididos en distintas Salas, varias fueron las opciones lanzadas a rodar en distintos ámbitos. Ahora bien, no podemos dejar de señalar que fue este Gobierno el que promovió la sustitución de los Jueces de la Corte denominados de la “mayoría automática”, el que logró un cambio profundo en la integración del Tribunal a partir de 2003 (incluida la promoción de dos prestigiosas juristas argentinas) y el que promovió, finalmente, la ley destinada a que el número de jueces volviera a ser cinco. Entonces, ¿sería legítimo que ese mismo Gobierno intentara ahora elevar de nuevo el número de integrantes? ¿cómo podría explicarse que la intención no es volver a tener Jueces afines al pensamiento oficial como ocurrió en la época de la “mayoría automática”?

Digo “legítimo” y no “legal” porque si el Gobierno obtuviera la mayoría simple en ambas Cámaras del Congreso para modificar la ley que fija el número de integrantes de la Corte (ley que no requiere mayorías calificadas), su reforma sería legal aunque de dudosa legitimidad en virtud de las circunstancias referidas en cuanto a la inconveniencia de un tribunal más numeroso sumada a la posibilidad de que se integrara con Jueces más cercanos al pensamiento del Gobierno. De otro lado, algo similar ocurriría, aunque por distintas razones, con la cuestión relativa al reemplazo del Juez Zaffaroni.

Estamos asistiendo en los últimos meses a profundas reformas legales que no logran el consenso que sería dable esperar para temas tan importantes (Código Civil Comercial, Ley de Hidrocarburos, reforma penal tributaria, primeros debates sobre el Código Procesal Penal, etcétera). En la forma en que se están presentando las votaciones en el Congreso, con un oficialismo que con números ajustados logra imponer su voluntad, y una oposición que vota en contra y hasta ha denunciado penalmente a las autoridades de las Cámaras por incumplir los reglamentos, no podemos esperar que se produzcan los acuerdos meditados y bien intencionados que requeriría el reemplazo de tan alta magistratura como la de un Juez de la Corte Suprema (recordemos que su acuerdo requiere dos tercios de los miembros del Senado).

Tampoco contribuyen a una salida realmente republicana los rumores más o menos fundados de acuerdos poco claros entre el oficialismo y el radicalismo para designar jueces de la Corte o de la Cámara Federal de Casación, siempre atados a la sospecha de que el Gobierno intenta nombrar jueces afines para lograr una mejor suerte en las numerosas investigaciones en trámite (y las que puedan sobrevenir en el futuro) por acusaciones de hechos de corrupción.

Estoy convencido que nuestro país en general y el oficialismo en particular debe correrse de toda esta rara lógica de cambios profundos y vertiginosos que, sin duda, requieren un debate en la sociedad y en la política mucho más extendido que el estrecho margen que nos marca el calendario electoral de 2015. Para ello, y en lo referido a la Corte Suprema, la mesura que demanda la hora indica que deberían dejarse las cosas como están y que naturalmente el recambio político que surja de las elecciones del año entrante haga su trabajo con tranquilidad y con consenso.