Transcurrió un año en el que el Gobierno hizo lo indecible por destruir la imagen de Nisman como persona, con el claro propósito de que la sociedad no diera entidad a su denuncia. En no más de un par de meses algunos miembros de la Justicia se encargaron de archivar la denuncia sin atreverse a abrirla, en un proceso judicial sin precedentes ante las 46 trascendentales medidas de prueba propuestas por el fiscal que requiriera la presentación efectuada por Nisman.

Ningún intento de explicación dogmática o académica justifica tal celeridad a los ojos de quienes conozcan los rudimentos del derecho penal. No hace falta ser un especialista para entender que sólo la necesidad política del Gobierno podía explicar tal desatino jurídico.

Todos recordamos con emoción la marcha del silencio al cumplirse el primer mes de su muerte. Fuimos cuatrocientas mil personas bajo una lluvia torrencial que homenajeamos a un fiscal que, sea como fuere, dio su vida para intentar el esclarecimiento de hechos que, a mi juicio, sólo se explican bajo el prisma que planteara esa denuncia cuestionada sin ningún argumento de peso.

Pocos colegas de Nisman, cada vez menos, nos propusimos resistir los embates de encumbrados funcionarios de la anterior administración, incluida la propia Presidente de la Nación, que se encargó en varias cadenas nacionales de cuestionar nuestra posición. En mi caso, incluso mostró mi foto en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1.º de marzo.

La investigación de las causas de su muerte sigue abierta con idas y vueltas de las que no puedo abrir juicio por mi condición de fiscal del caso ante la Cámara de Apelaciones, aunque en mi fuero íntimo tengo una opinión formada en torno a una de las hipótesis que presenta el expediente.

Mientras tanto, y con una prisa que sólo la falta de independencia y la militancia puede explicar, otros funcionarios judiciales hicieron avanzar la investigación sobre las cuentas bancarias que podrían involucrar a la madre y a la hermana de Nisman, que soportan a pie firme esta carga sin saber todavía qué ocurrió con su muerte.

Por todo ello, entonces, y para volver a la idea inicial, es de esperar que algunas medidas del nuevo Gobierno, como el claro pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán o la ampliación de la unidad de apoyo a la investigación del atentado a la AMIA en el ámbito del Ministerio de Justicia, que ahora incluye la causa de la muerte de Nisman, genere una nueva impronta y provoque la reapertura de la investigación de la denuncia inicial de Alberto Nisman. Esa que desde el día en que se conoció su muerte los bien intencionados tratamos por todos los medios que no se muriera con él.

Ese es nuestro mejor homenaje a su memoria y su trabajo.

No puedo dar mi opinión sobre las circunstancias que la rodean porque es muy prematuro y porque además puedo llegar a tener que intervenir en esa investigación como Fiscal de Camara.

Solo quiero expresar mi pesar personal y profesional y mi preocupación profunda por la suerte que pueda correr la línea de investigación que Nisman iba a exponer hoy en el Congreso.

Resulta imprescindible para la salud de la República que Alberto Nisman sea reemplazado al frente de la Unidad Especial de la AMIA por uno o más fiscales absolutamente independientes, de reconocida probidad, autonomía y experiencia, sin identificación alguna, como ocurrió con las designaciones que se encuentran cuestionadas judicialmente.

La sociedad no resistiría una sospecha más de parcialidad o partidismo en la investigación de hechos de una gravedad extrema como estos.

Este será el mejor homenaje que podemos rendirle a Nisman, que su investigación no muera con él.