La iniciativa, que recibió el apoyo de todo el arco político en Diputados y Senadores, recoge los aportes de varios proyectos presentados, uno de ellos de mi autoría del 2011. La nueva ley establece la creación de un entorno de contención en las escuelas, del que formen parte padres y docentes, para abordar los casos de violencia escolar, asistir a las víctimas y abordar de forma integral el problema trabajando en el aula. Involucrar a los adultos es esencial, puesto que muchas veces los episodios de agresión y discriminación ocurren fuera de su mirada, aún más dada la preocupante difusión de casos de acoso realizados a través de las redes sociales.

Esta es una problemática grave, que existe desde hace tiempo pero que ha ganado notoriedad recientemente debido a resonantes casos de acoso, abuso y agresión física en el ambiente escolar. Las estadísticas publicadas por FLACSO y UNICEF sobre el tema, a las cuales hemos hecho referencia en nuestro proyecto, son alarmantes. No podemos permitir que nuestros hijos se eduquen en un entorno violento y discriminatorio. Para eso, el Estado debe asegurarse de que la escuela sea un lugar de aprendizaje no sólo de conocimientos, sino también de valores. La tolerancia, el respeto a las diferencias y el pluralismo deben ser parte esencial de la educación de nuestros chicos. Ese es el objetivo de la ley que acabamos de aprobar.

Las consecuencias para las víctimas de acoso verbal y físico son duraderas, y afectan negativamente su desempeño social y el desarrollo personal.  Además, no hay dudas de que la existencia de casos de violencia entre estudiantes atenta directamente contra el derecho a la educación. Muchos problemas comunes en nuestro sistema educativo, como la deserción escolar, el bajo rendimiento académico y el ausentismo se ven agravados por la existencia de casos de bullying.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical apoyamos el proyecto sancionado por considerar que apunta a resolver un grave problema que se sufre en la mayoría de las escuelas del país. Terminar con la violencia escolar es un desafío que debemos abordar para hacer realidad las promesas de un país próspero y desarrollado con sustento en una educación de calidad y respetuosa de las diferencias y de los derechos de todos.

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los chicos sufren este tipo de agresión. Celebramos que el Congreso haya tomado cartas en el asunto sancionando una ley para poner fin a la discriminación y la violencia, sabiendo que es uno de los  primeros paso de muchos en la lucha contra esté fenómeno.

Los testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos que apuntaban a Milani no son nuevos, pero tomaron nuevo impulso a partir de su nombramiento como jefe máximo de la fuerza. Reclamamos entonces el retiro del pliego de ascenso de Milani del Senado de la Nación, y su inmediato cese como jefe de la fuerza. Lo hicimos convencidos de que todos los testimonios deben ser escuchados, y de que el Ejército debe estar encabezado por una persona intachable en términos morales y de apego a los derechos humanos.

Lamentablemente, el oficialismo no lo entendió así. Decidió ignorar las crecientes evidencias de que Milani fue parte del infame Operativo Independencia en Tucumán, y su participación en el encubrimiento de la desaparición del soldado Alberto Ledo en esa provincia. Milani firmó el parte que sostenía que Ledo había desertado, un mecanismo habitual durante la dictadura para encubrir las desapariciones forzadas de conscriptos.

El gobierno tampoco escuchó el testimonio de Ramón Olivera, que consta en el Informe de la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja publicado en 1984, donde confirma que Milani encabezó el allanamiento en el que fue secuestrado su padre y luego fue partícipe de los tormentos de los que él mismo fue víctima al ser detenido poco tiempo después.

Resulta incomprensible que un gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una bandera, y que ha dado un decidido impulso a los juicios contra represores en todo el país, sostenga a una persona con los antecedentes de Milani. La única explicación posible para tamaño retroceso es la que se encuentra en las primeras palabras de Milani como titular del Ejército, cuando sostuvo que busca unas Fuerzas Armadas “comprometidas con este proyecto nacional“, opinión que confirmó luego. Estas declaraciones confirman la intención de Milani de partidizar a las Fuerzas Armadas, apartándolas de la estricta neutralidad política que le dicta la Constitución y el orden democrático.

Ante la fuerte presión por parte de las fuerzas políticas y organismos de derechos humanos, el gobierno se vio forzado a posponer el debate del pliego de Milani hasta después de las elecciones. Esto es solo un burdo intento de demorar una definición para evitar el costo electoral de sostener a un personaje sospechado de ser parte del terrorismo de Estado, y es totalmente insuficiente. Los indicios contra Milani son suficientes para apartarlo definitivamente de la comandancia del Ejército. La defensa de los derechos humanos debe ser irrestricta, y no puede abandonarse para proteger a un amigo.

Tal es la importancia del más alto tribunal. Un poder semejante debe ser ejercido con prudencia, cuidando de no excederse de sus confines estrictamente jurisdiccionales para no invadir esferas de decisión que corresponden a los representantes del pueblo. Pero, cada vez que los otros poderes se extralimitan y vulneran la Constitución, todos los jueces -y en particular, la Corte Suprema, que es el último intérprete de la ley fundamental- deben ejercer sin titubeos el papel que les corresponde.

Es lo que hizo hace unas horas el alto tribunal. En una sentencia impecable, de sólidos e incontrovertibles fundamentos, confirmó el fallo de la jueza electoral Servini de Cubría que había declarado la inconstitucionalidad de varios artículos de la reciente ley que reformaba el Consejo de la Magistratura. No habrá, como no debía haber, elecciones populares por parte de toda la ciudadanía de representantes de jueces, abogados y académicos. La incompatibilidad entre esa ley y el artículo 114 de la Constitución es manifiesta. No hace falta ser un avezado constitucionalista para comprobarlo.

El kirchnerismo quiso avasallar la independencia del Poder Judicial. Sin jueces independientes la misma democracia puede ser una ficción. La Corte Suprema acaba de recordarle al Poder Ejecutivo, inspirador de este inadmisible atropello, que no hay 54% que valga si lo que se pretende es violar la Constitución. Celebremos esta bocanada de aire fresco. Celebremos que seguimos viviendo en libertad.

Sin embargo, era evidente que esa tendencia no estaba en su naturaleza. Bastaba saber lo que había hecho en Santa Cruz como gobernador para advertir que se trataba de meras maniobras tácticas. Una vez que consolidó su poder, el verdadero Kirchner comenzó a despuntar. En 2006 hizo sancionar -por iniciativa de su esposa, entonces senadora- una ley que modificaba el Consejo de la Magistratura para romper el equilibrio que la Constitución establece entre distintos estamentos en favor de la representación política. Al mismo tiempo, neutralizó a los órganos de control.

La llegada de Cristina Kirchner a la presidencia -precedida por vagas promesas de mejorar la calidad institucional- profundizó hasta extremos insospechados esa línea autoritaria. Los episodios de atropello a la independencia judicial que el Poder Ejecutivo viene impulsando desde el año pasado son tantos y tan groseros que su inventario detallado excede la extensión de esta columna. La protección al seriamente sospechado vicepresidente terminó con la renuncia del Procurador General y con el apartamiento de un juez y un fiscal. Más adelante, la guerra santa contra el Grupo Clarín llevó al ministro de Justicia a embarcarse en acciones contra los jueces y contra los miembros no alineados del Consejo de la Magistratura de una gravedad inusitada. Se fraguaron causas de recusación, se presionó de todas las formas posibles a los magistrados, se llegó a recusar a toda una Cámara y, en el colmo del disparate, se denunció penalmente a los consejeros “díscolos” por el delito de no opinar del mismo modo que el oficialismo.

Por último, el fracaso del publicitado “7D”, cuando la Corte Suprema se negó a intervenir por la vía del per saltum en casos que no le competían, abrió las puertas a un paquetazo de leyes judiciales que se aprobaron casi sin debate durante los últimos días. Entre ellas, deben mencionarse en especial la del Consejo de la Magistratura -que tiende a convertir a este órgano constitucional en un apéndice del Poder Ejecutivo-, la que restringe o anula las medidas cautelares contra el Estado nacional y la que -a contrapelo del per saltum habilitado el año pasado- crea cámaras de casación para dilatar la llegada de las causas al máximo tribunal. Confiamos en que los tribunales, y en particular la Corte Suprema, les pondrán un freno a estos ataques directos a la independencia del Poder Judicial. No se trata de devaneos abstractos de constitucionalistas. Sin jueces independientes todos los derechos de los ciudadanos están en riesgo. Lo está también la propia democracia.

Los partidos políticos, los colegios profesionales, las asociaciones de magistrados, entre otros, estamos promoviendo todas las acciones legales para que, sin pérdida de tiempo, se declare la inconstitucionalidad de la embestida contra el Poder Judicial. La comunidad jurídica ha reaccionado casi sin fisuras, alertando sobre las consecuencias que acaecerían si el paquetazo entrara efectivamente en vigencia. Nunca, desde el auspicioso inicio de la democracia a fines de 1983, la República fue tan agredida. Es un enorme retroceso que no debemos admitir. Vamos a enfrentarlo en paz, con la Constitución en la mano.

En la Constitución de 1853, siguiendo el modelo de la Constitución de los Estados Unidos, la designación y remoción de los magistrados era puramente política: los nominaba el presidente y les debía prestar acuerdo el Senado. Este esquema, que en el país del norte ha funcionado relativamente bien, en la Argentina exhibió sus defectos hacia principios de la década del noventa del siglo pasado. La reforma constitucional de 1994, a la luz de esa experiencia, resolvió despolitizar parcialmente la selección y remoción de jueces, creando el Consejo de la Magistratura, con participación de jueces y abogados, además de miembros de carácter político, para impedir que el amiguismo o la pertenencia partidaria fueran determinantes en tales decisiones.

Ahora se pretende establecer la elección popular de todos los consejeros. Del artículo 114 de la Constitución Nacional surge que la reforma es inconstitucional. Para ser representante de los abogados, por ejemplo, no tiene sentido que voten todos los ciudadanos. Si así fuera, sería preferible prescindir del Consejo de la Magistratura y volver a un sistema totalmente político, lo que sólo podría conseguirse mediante una reforma constitucional.

Asimismo, la limitación de las medidas cautelares dictadas contra el Estado puede dejar inermes a los ciudadanos, al ponerlos en un plano de inferioridad incompatible con el Estado de Derecho. Tampoco ayuda a las personas la creación de Cámaras de Casación, tribunales intermedios entre las actuales Cámaras y la Corte Suprema, que sólo pueden prolongar los juicios, en detrimento de los justiciables. El propósito verdadero es debilitar el poder de la Corte Suprema, que ha sido un dique para los desbordes del poder político. Ayer nomás se imponía el “per saltum” para llegar muy rápido a la Corte; hoy se busca demorar ese acceso. En ambas oportunidades, el único fundamento real fue la conveniencia política inmediata, no el perfeccionamiento de la legislación.

Este núcleo duro del paquete de reformas viene envasado en proyectos sobre transparencia, publicidad de las causas y acceso de empleados al Poder Judicial, cuyos fines todos compartimos, y algunos de cuyos contenidos ya rigen. Pero estos son la guarnición; el plato principal está en los tres primeros.

La falsa “democratización” se tramita sin democracia, dejando de lado el debate e imponiendo una mayoría circunstancial. No hemos de consentir pasivamente este grosero atropello a la independencia judicial y al Estado de Derecho. Queremos jueces de la Constitución y no jueces militantes, que legitimarán las violaciones de todos nuestros derechos y garantizarán la impunidad del poder.

El único acuerdo admisible sería uno que facilitara la inmediata entrega de los ocho iraníes imputados por la Justicia argentina. Una causa judicial en trámite no puede ser detraída de sus jueces naturales -es decir, aquellos que la ley prevé con anterioridad al hecho de la causa (art. 18, CN) ni ser objeto de interferencias por parte del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo.

Por lo demás, aun cuando pudiera sortearse ese obstáculo constitucional, la proyectada comisión sólo emitiría recomendaciones, que los Estados signatarios pueden cumplir o no, lo que indica que no habrá avance alguno en la causa.

Las ventajas para Irán están a la vista: sin perder nada, momentáneamente “salva la ropa” en el ámbito internacional -donde se halla cada vez más aislado-, mediante la apariencia de querer colaborar con la investigación del siniestro atentado. Lo que no se entiende es cuáles son las ventajas para la Argentina. Si se trata de oscuros negocios de trastienda, sería una infamia sacrificar la memoria de las víctimas en el altar de conveniencias económicas. Los países democráticos contemplan azorados este nuevo papelón de nuestro gobierno, perpetrado a espaldas del Congreso de la Nación y seguramente también de los avezados profesionales de carrera de la Cancillería.

En definitiva, este acuerdo -gestado en el más absoluto hermetismo- parece una cortina de humo que enmascara, detrás de sus alegados propósitos y del rimbomante anuncio presidencial (que exigía, por su trascendencia, otros canales que los de los superficiales y unilaterales tweets), relaciones entre nuestro Poder Ejecutivo y un régimen teocrático y dictatorial que resultan sumamente sospechosas.

Que nuestro aliado en el esclarecimiento de los crímenes de la AMIA sea precisamente el país cuyos altos funcionarios están imputados por la Justicia argentina de haberlos cometido nos llena de estupor. Es un acto ignominioso que ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial de nuestro país deberían consentir.