Si no fuera así, veríamos que todos los esfuerzos estarían encaminados a reducir el gasto público, que bien medido no es menor al 45% del PBI. Muy por el contrario, este crece por el aumento del gasto social, de las transferencias a las provincias y de los intereses de la deuda (fiscal y cuasi fiscal). A ello se le debe sumar la reducción de impuestos y retenciones, de forma que el déficit del 8% apenas si mueve el amperímetro en la dirección deseada y por el monto necesario para hacer creíble la posibilidad de que la inflación baje. A no ser por la recesión.

Puede afirmarse que no hay política económica en el verdadero sentido técnico de la expresión, coordinación de la política fiscal con la monetaria fundamentalmente. En lugar de eso, está solo en el frente de batalla el Banco Central (BCRA), utilizando la tasa de interés para absorber circulante a un nivel inferior al de la inflación, pero aún mayor que el ajuste cambiario. Con ello, los capitales especulan arbitrando pesos contra dólares y las autoridades logran que la divisa quede anclada para contener la inflación. Después de liberado el cepo cambiario, el peso se apreció un 13% y aún más si se toman en cuenta los últimos aumentos de combustibles, que alejan de la competitividad a los productores, agropecuarios, industriales y comerciales.

Pero para no seguir con el análisis de la coyuntura veamos una misión más profunda de las finanzas públicas. El gasto público no alcanza a ser financiado por quienes son responsables del 42% de la presión tributaria, récord en la historia argentina. Dado el grado de evasión y la ausencia de ajuste por inflación, ese porcentaje no recae sobre el universo definido por la ley. En estas condiciones, quienes no evaden, porque no pueden o no quieren, tienen un fuerte desestímulo para seguir operando y aumentando sus inversiones, simplemente porque la mochila les resulta cada vez más pesada. Es que la tasa real de los impuestos es mayor a la nominal. Esto que viene de mediados de la década de los treinta seguirá así cualquiera sea el gobierno presente o futuro.

¿La razón? La ley de coparticipación federal. La última negociación en el Congreso pone de manifiesto la carencia de principios políticos y la ausencia de calidades republicanas de nuestros gobernantes. Transferencias, deudas (dudosas), autorizaciones para emitir deuda, desgravaciones impositivas que son verdaderos artificios para evadir (Tierra del Fuego, San Luis, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera), son muestra de elementos de negociación para conseguir votos en el Parlamento. Es que la república federal desapareció y se convirtió en un Estado unitario, donde el que “controla la caja, controla el poder”. Y así los gobernadores amanuenses del Presidente (del actual y de los que pasaron) gastan a discreción, salvo excepciones, se preocupan de recaudar y se alinean con los intereses de la nación y no de sus provincias. Hay que volver a la Constitución alberdiana. Sólo así tendremos un verdadero sistema rentístico nacional. Además, un Presidente con un ministro de Economía y no una mélange como tenemos hoy, lo que ha dado por resultado que sea una utopía que lleguen capitales para explotar nuestros recursos, ya que la presión impositiva es excesiva, las cargas sociales elevan el costo de la mano de obra, el tipo de cambio está revaluado, carecemos de infraestructura en caminos, puertos, comunicaciones, contamos con un Estado que fija precios desconociendo las reglas del mercado. Donde el crédito no existe y se tiene como un éxito renegociar deuda externa a más del 7% o colocar bonos soberanos al 9 por ciento.

Repito, es poco el tiempo transcurrido para arreglar todo esto, pero el problema es que el discurso y la acción van en la dirección contraria. Ejemplos de toma de decisiones erradas pueden ser la manifestación que el Gobierno no impidió en Comodoro Py cuando llegó a declarar Cristina Fernández de Kirchner, la preferencia que hacía el Presidente por Ricardo Echegaray para dejarlo al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o los elogios a Miguel Galuccio, todo un fiasco en YPF y que negoció su renuncia por más de 5 millones de dólares, todo un ejemplo de austeridad en el manejo de los fondos públicos. O no conoce bien a la gente o está mal asesorado. Resultaría muy interesante para la ciudadanía argentina que el Gobierno decidiera una auditoría sobre la estructura estatal y publicara cuáles reparticiones se cierran por inútiles, indemnizando al personal que no contribuya al bienestar del conjunto. Eso y no otra cosa sería el verdadero cambio.

Como quiera que sea y atendiendo ambas capacidades inexistentes, aprovechó la oportunidad para explayarse sobre temas fiscales acerca de los cuales no sabía nada, aunque él parecía ignorarlo. En un momento de la exposición, que ya pasaba de mi presentación, a juzgar por los bostezos de los comensales, dijo algo que nunca pude soportar con impasividad, de la misma manera que un cirujano no soportaría una lección sobre su técnica operatoria. Y lo que dijo fue: “El Estado no puede gastar más de lo que recauda”. Como ya lo había escuchado antes, lo escuché después y lo sigo escuchando hoy, me sonreí y dejé de escuchar lo que siguió, porque volvieron a mi memoria los recuerdos relacionados con los caballos y el carro.

Esta regresión al pasado la originaba el “erudito general”, ya que, con su afirmación, sin saberlo, estaba poniendo el carro delante de los caballos. Si hubiera sido ministro de Economía, se colocaba en un gran dilema: ¿Cómo haría para avanzar? O lo que es lo mismo, cómo podría generar el crecimiento de la economía.

¿Cuál es la razón por la que la gente plantea el problema fiscal de manera inversa a lo que es su planteo normativo? Esa pregunta la planteaba y respondía en mi Cátedra de Finanzas Públicas. Y la respuesta era y es: porque al pertenecer al sector privado, cada uno está sujeto al principio de restricción presupuestaria, como hacían mis padres con el sueldo del viejo. Cada mes llegaba con su sueldo y sentados en la cocina, hacían montoncitos con mi madre, cada uno de los cuales tenía una finalidad. Y esto es así porque nadie puede imaginarse a un trabajador, a un comerciante, a un industrial y a un productor agropecuario gastar más de sus ingresos corrientes. Puede sí endeudarse para incrementarlos en el futuro pagando una tasa de interés, pero comprometiéndose a amortizar la inversión con el transcurrir del tiempo; en el caso de mis padres era “el montoncito” del cuenten al que le compraban distintas cosas.

El caso del sector público es absolutamente distinto. Su función no es producir bienes y servicios que pueden obtenerse a través del mercado. Su función es producir bienes sociales, sin los cuales la sociedad no puede funcionar y por los cuales no está obligada a pagar un precio, ya que no hay modo de establecerlo. Esos bienes se financian con impuestos y, por lo tanto, recaen sobre todos los ciudadanos. Porque no rige el principio de exclusión. Si alguien va a comprar un par de zapatos, sólo podrá tenerlos si paga el precio que cuestan. En cambio, si alguien concurre a una plaza, no debe pagar por el disfrute que le proporcione el paseo, ya que no está excluido de su uso. Para ir a Palermo, nadie paga entrada. Y lo mismo con servicios como el de seguridad, hospitales públicos, escuelas públicas, Justicia, etcétera.

Por bienes privados se paga un precio y el monto total que se puede obtener de ellos depende del ingreso del consumidor. En cambio, los bienes sociales se ofrecen y luego se busca el financiamiento para proveerlos el Estado.

En sus orígenes, los estudios sobre la hacienda pública aparecen a mediados de los años 1650-1660, con los aportes de William Petty, que se ocupó de resolver los problemas financieros de las democracias modernas. Desde ese momento queda establecido que los medios para financiar el gasto en que incurra el Estado deben ser soportados por los ciudadanos, pero de una manera razonable y equitativa, de modo que no se comprometa la actividad privada. Y esto por una razón muy simple, porque el gasto público insume recursos económicos que representan un costo para la actividad productiva. Y así se prueba que el presidente al que aludí cometió un error propio de ignorantes en esta materia.

Ahora bien, de esto deriva otro importante error, como es obvio, que la inflación es un fenómeno monetario; la preocupación para eliminarla no debería estar en recaudar más dinero, se trate por vía de impuestos o por deuda pública —aunque esta última puede utilizarse sólo en el corto y mediano plazo. La preocupación de toda la sociedad debería ser la de reducir el gasto público en sus tres niveles: municipal, provincial y nacional. El tema dista de ser simple, pero de este objetivo depende el futuro argentino. Cuando el gasto es excesivo, la verdadera solución es bajarlo, sí o sí.

El gasto público consolidado en Argentina es del 50% del PBI aproximadamente, cuando en promedio anual era del 30%-33% hasta 2002. Desde entonces y para acompañar su crecimiento se produjo un “salvaje aumento de la presión impositiva” del orden del 44% del PBI, cuando lo normal debería ser del 25%, una inflación que va camino del 35%-40% en 2016. No hay otra explicación que este desbalance para pasar en 2016 a una tasa de inflación del 30%-35%, la pérdida de competitividad argentina, el aumento de la pobreza, la corrupción y los deficientes servicios públicos, de caminos rurales a energía, salud, educación, seguridad y afines. Esa pesada mochila está desjerarquizada, falta de meritocracia, imbuida de muestras de nepotismo, amiguismo y clientelismo político.

Es obvio que será una tarea que demandará tiempo y esfuerzos, pero hay que empezarla. Si bien es cierto que es necesario y conveniente eliminar los subsidios allá donde no correspondan, también es cierto que hay que comenzar sin pérdida de tiempo a eliminar departamentos, secciones, oficinas, direcciones generales y otras de variada denominación, para que terminemos de subsidiar la desidia, la vagancia y todas las muestras de los que esperan el nombramiento de un pariente para pasar al frente. Hay que bajar costos y aumentar la eficiencia.

A modo de guía y como contribución a la tarea del Gobierno es necesario:

1. Aceptar la versión de un país desequilibrado, por la superficie argentina y su baja población, concentrada en pocos centros urbanos.
2. Seguir el camino iniciado de hacer cierto al país federal.
3. Terminar con el sistema rentístico unitario.
4. Redefinir un sistema impositivo distorsivo, inequitativo y costoso.

Si solamente debemos gastar lo que recaudamos, terminaremos pareciéndonos a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Los burócratas se quedarán con todo, como hoy se quedan con el 50% del salario de un trabajador y en algunos casos bastante más.

Esto podremos lograrlo si agarramos los libros, empezamos a trabajar como lo está haciendo el ministro Rogelio Frigerio y, puestos a la tarea, recordamos aquel tango que cantaba Alberto Castillo: Manoblanca (de Bassi-Homero Manzi), que debía ir al cruce de avenida Centenera y Tabarpe. “Vamos, vamos, ya llegamos”.

Pero eso no es tan así. ¿No hay un límite para la emisión, o el BCRA puede hacer funcionar las impresoras de la Casa de la Moneda hasta que se fundan los engranajes? Para responder al interrogante hay que conocer cuáles son las funciones de ese papel que se denomina billete y que tiene distintas nominaciones. Ellas son: a) intermediario en la compra-venta de bienes y servicios, b) como unidad de cuenta y c) como depósito de valor. En un escenario inflacionario, estimado entre 25 y 26% anual, la primera función se cumple en tanto y cuanto las operaciones se hagan de contado ya que las compras a plazo implican un cargo adicional por la desvalorización presunta. La segunda función no se cumple plenamente a menos que se calcule por una tasa de inflación presunta. La tercera función no se cumple a partir de cierto punto, que es el que veremos.

En el año 2012, el BCRA aumentó sus pasivos monetarios (emisión) en 86.707 millones de pesos, de los cuales el 54,8% se usaron para financiar al fisco (47.495), el resto fue para comprar dólares y el resto para esterilización vía Lebacs neto de redescuentos. En definitiva la variación en la emisión respecto de 2011 fue de + 36,7%. Veamos ahora el corriente año.

Se estima que en el 2013 la emisión aumentará hasta 82.702 millones, de los que 75.000 millones tendrán como destino al fisco, es decir el 90,7%. Frente a esta realidad, que marca un aumento interanual del 47,495% al 90,7%, pierden identidad los demás conceptos y da lugar a expresar que la oferta de dinero está creciendo aceleradamente. Esto da base a que el M3 (dinero + crédito) haya pasado de 36,4% a 31,3% año contra año, con una tasa de inflación en crecimiento (24,9% contra 26,9%) y un PBI creciendo (0,8% contra 3,5% en 2013). De este modo, la demanda real de dinero cayó de 10,7% en 2012 a 0,1% a 2013). En otros términos que la gente no quiere más dinero en su bolsillo. DEMANDA MENOS DINERO.

¿Y qué ocurre en la economía si las necesidades del fisco aumentan, el BCRA emite y la demanda de dinero baja? Algo muy simple, el exceso de pesos aumenta la inflación al aumentar la velocidad de circulación y/o va a atesorarse por medio de la compra de dólares, el que al subir, alimenta a su vez a la inflación. ¿Cómo se corta el nudo? Muy simple, ajustando las necesidades del fisco a la baja.

Así se demuestra que la emisión tiene límites y que el “maldito ajuste” ha de venir por necesidad más que por virtud. Esto da pie a afirmar que después de perder las elecciones de octubre, el rol de la oposición será fundamental para apuntalar políticamente a un gobierno que carecerá de bases de sustentación económica. La situación no es dramática, pero estamos en la faz de amarillo a anaranjado. Para el rojo todavía falta.