Según esta visión, sus candidaturas, por el solo hecho de existir, serían funcionales al kirchnerismo. Es una posición bastante floja de argumentos y poco tolerante del juego democrático. Por más que ellos insistan, el país no está dividido en dos. Es cierto, hay dos extremos densos y bulliciosos de fanáticos e intolerantes, pero en el medio hay una porción anchísima de la ciudadanía (la famosa “ancha avenida del medio”) que no está dispuesta a resignarse a esa polarización ficticia. Mal haríamos los Progresistas, que hemos navegado en esas aguas los últimos 12 años, si nos diluyéramos en cualquiera de los extremos. Nuestro electorado no nos lo perdonaría nunca y, en el juego de la representación, nada hay más grave que la traición al propio electorado.

Irónicamente, el domingo 19 de julio, tras conocerse la victoria ajustadísima de Rodríguez Larreta sobre Lousteau (técnicamente, una diferencia del 1,5 % apenas), el que se bajó fue Mauricio Macri. Pero no se bajó de una candidatura como ya lo hizo otras veces. Se bajó de algo infinitamente más grave: se bajó de las ideas que vino sosteniendo desde que empezó en política e incluso antes, y sobre las cuales construyó su oposición al Gobierno nacional. No lo hizo precedido de ninguna reflexión autocrítica ni mea culpa. Lo hizo por susto, el susto que le dio el electorado de la ciudad que viene gobernando cómodamente desde hace 8 años.

Lo hizo también por una especulación netamente electoralista y rampante, de esas que generan el desprecio y el desprestigio de la actividad política entre la ciudadanía, porque transmite la idea de que los que hacemos política estamos en esto por los cargos o por la plata, la ambición de llegar sin importar para qué. A nosotros, en cambio, nos motivan la solidaridad con el que sufre, los proyectos y el sueño de ver feliz a nuestro pueblo.

Su especulación terminó siendo una capitulación. Para atraer a esa ancha avenida del medio, capituló en los únicos temas de política pública que lo ubicaban en la vereda de enfrente al kirchnerismo. Porque vamos a decirlo con toda claridad, mal que le pese a Elisa Carrió, en la agenda republicana el Gobierno del PRO en la ciudad ha sido un buen alumno del kirchnerismo: disciplinó los organismos de supervisión, controla los resortes principales del Poder Judicial -al punto de desplazar a los jueces que lo incomodaban-, maneja con total discreción y exceso de gasto la publicidad oficial -incluso copió la lógica de funcionamiento de Fútbol para Todos en la publicidad en el subterráneo-, dio vía libre a la expansión del juego, tiene a su amigo de juventud controlando la obra pública y le entregó la nueva terminal de micros al empresario que ya maneja pésimo la Terminal de Retiro. En definitiva, ya eran parecidos, ahora son lo mismo.

La paradoja es que esta acusación de ser funcionales al kirchnerismo también nos la espetaron cuando nuestros diputados apoyaban en el Congreso las medidas que ahora Macri, a destiempo, elogia.

Pero ni antes ni ahora nos confundimos. Podemos compartir algunas iniciativas del Gobierno nacional, pero nos separa un abismo: la manera de entender la práctica de la presidencia de los Kirchner, basada en la acumulación de poder a partir de la utilización patrimonialista y, de ser necesario, mafiosa, de los recursos públicos. Ejercicio que, pese a la retórica del relato, nos ha dejado un país siempre injusto y desigual.

No se puede construir una sociedad de iguales si no tenemos la capacidad de revelarnos ante el intolerable sufrimiento del otro. Si quienes gobiernan no pueden ejercer la docencia de la honradez, predicando con el ejemplo. Por eso, nuestro lema de campaña, lejos del marketing vacío, remite a dos valores centrales de la ética de izquierda democrática y centrales también para la Argentina que queremos: decencia e igualdad.

Más allá de lo interesante que pueda resultar la novedad que, por otra parte, ya conocía, me intrigó saber cómo era que el ministro Randazzo, que además de ministro es precandidato a la presidencia de la Nación, tenía mi mail personal. La respuesta me llegó vía Twitter. Muchos más -¿ciento de miles, tal vez?- habían recibido la misma carta. El común denominador de todos era que habíamos dejado nuestro mail personal en algunos de los tantos trámites que se hacen para renovar algún documento de identidad.

Las mejoras introducidas en la renovación del DNI y el Pasaporte por parte del gobierno nacional, y del ministro Florencio Randazzo en particular, deben ser uno de los pocos temas que generan la aprobación unánime de todo el arco político y de la ciudadanía en general.

Al momento de hacer el trámite miles de argentinos tenemos que dejar un mail e incluso un celular de contacto para que se nos informe sobre el trámite. Ese es el fin primario y único. En vez de asegurarnos que sea así, el Ministro se cree con derecho a usar nuestra información personal para hacer proselitismo, utilizando además recursos públicos que solventamos con nuestros impuestos.

De esta manera, viola información que está protegida por la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que, en su artículo 5.1 establece que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiera prestado su consentimiento libre, expreso e informado”.

Se podrá alegar que el Ministro está cumpliendo con su derecho/obligación de dar publicidad a los actos de gobierno. No es así. Tiene muchos medios a su alcance para cumplir con esta tarea. De hecho, yo me había enterado de la existencia de esta aplicación por los medios de comunicación (oficialista y opositores).

Por otra parte, ese ejercicio debe compatibilizarse con otros tres derechos igual de valiosos. Uno es el que mencionamos. Otro tiene que ver con el derecho de quienes compiten con el Ministro en la carrera por la presidencia de la Nación –tanto hacia el interior de la fuerza de gobierno como por fuera- de tener una competencia justa y equilibrada, garantizando la neutralidad de las agencias estatales en la promoción de uno u otro candidato.

Este último punto es crucial en vísperas de una frondosa y costosa campaña electoral. Mientras las agrupaciones políticas tienen fuertes restricciones para contratar avisos electorales, el gobierno, en cambio, podrá hacer uso de sus millonarios fondos en materia de publicidad oficial para canalizar sus mensajes prácticamente sin límites.

El tercer derecho lesionado tiene que ver con el derecho del ciudadano a tener información equilibrada de todos los candidatos.

Conocida es la reticencia del gobierno nacional en sancionar una ley que ponga límites a estos abusos. Si bien existen numerosos antecedentes judiciales tanto de la Cámara Electoral nacional como de la Corte Suprema exhortando al Congreso a dictar esta norma, su éxito ha sido nulo.

Como señaló el filósofo norteamericano John H. Ely, “es una función apropiada de los Tribunales mantener los mecanismos del gobierno democrático funcionando como deberían, para asegurar que los canales de participación política y comunicación se mantengan abiertos”. En este estado de cosas inconstitucional, es hora que los partidos políticos perjudicados se unan en un reclamo común y los Tribunales asuman una posición proactiva, disponiendo límites a la polución de publicidad oficial que se utiliza con fines propagandísticos, durante las campañas electorales.

Actualmente, el Código de Planeamiento Urbano zonifica estos terrenos para la construcción de vivienda. En los hechos, los vecinos los utilizan como espacio verde. De prosperar el proyecto del bloque del PRO, se re zonificarían como “Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors”.

A raíz de las sospechas que suscitó el trámite exprés que el PRO le estaba dando a la iniciativa, desde diferentes sectores salimos a alertar que el objetivo era la construcción de un nuevo estadio de fútbol y la transformación de la actual Bombonera en un estadio cerrado.

Desde la bancada del PRO se trató de desmentir esta información, afirmándose que ahí se haría un parque temático y no un estadio. No tuvieron en cuenta que hace más de un año, hubo una reunión en la Legislatura en la que la dirigencia del club presentó su propuesta y dejó ¡una carpeta!

En esta carpeta, que se puede ver aquí, se desarrolla la propuesta titulada: “Una nueva ‘Bombonera’ en el Barrio”, consistente en:

1. Dotar a la Ciudad de un estadio de última generación, adecuado a las normas FIFA y con capacidad para 80.000 espectadores sentados.
2. Mantener y adaptar la actual “Bombonera” para ser utilizada como el mayor espacio techado de la Ciudad de Buenos Aires para diversos eventos deportivos y culturales, con capacidad para aproximadamente 38.000 espectadores sentados. Dando cumplimiento a las normativas vigentes.
3. Revitalizar turísticamente el barrio de La Boca, San Telmo y Barracas.
4. Solucionar los inconvenientes urbanísticos del sector actual, producidos por las barreras arquitectónicas que constituyen las vías del ferrocarril.
5. El proyecto integral (nuevo Estadio + Bombonera) constituiría el conjunto edilicio de uso público más importante de la Ciudad de los últimos 100 años (sic).
6. Se generarían más de 2.500 puestos de trabajo, directos o indirectos (en ningún lado aclaran cómo y por qué).

El emplazamiento del flamante estadio sería exactamente en los terrenos remanentes de Casa Amarilla.

Para hacer realidad esta iniciativa haría falta, entre otras cosas, cambiar la zonificación de dichos terrenos (proyecto actual). Y, además, autorización para modificar la trama urbana (trasladar y ampliar calles, realizar cruces peatonales y vehiculares).

El cronograma a llevar a cabo sería el siguiente:

1. Concenso (sic) de la Legislatura, respecto de la adecuación de la normativa (Etapa actual).
2. Concurso urbano de ideas auspiciado por la Legislatura, la Institución, la Universidad de Buenos Aires y demás entidades profesionales pertinentes.
3. Adecuación de la normativa para la materialización del proyecto integral.
4. Concurso internacional para el proyecto de nuevo estadio.
5. Inicio de las obras.
6. Inauguración de las obras.
7. Concurso de refuncionalización de la Bombonera.
8. Refuncionalización de la Bombonera.

La carpeta no lo dice, pero según se dijo en esa reunión, el proyecto integral demandaría una inversión aproximada de 100 millones de dólares.

Es cierto que la Bombonera ha quedado chica para la enorme cantidad de simpatizantes xeneizes que quisieran ir a la cancha. Se trata de un problema que se arrastra desde hace años y por tanto, es lógico que la dirigencia del club pretenda buscarle una solución. Ahora bien, la que se plantea no la única solución posible. Otras serían: la ampliación del estadio a través de la anexión de los terrenos lindantes ya sea por compra o por la figura de la expropiación privada (la misma que usó el club San Lorenzo para recuperar los terrenos del viejo Gasómetro); la recuperación de los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de La Boca, en la Costanera Sur; la compra de otros terrenos en otra parte de la Ciudad. En cada caso habrá que mensurar la dimensión económica del proyecto y el efecto que eso va a tener sobre el patrimonio social. Menciono estas variantes para evitar caer en la trampa de creer que lo que plantea la dirigencia es la única solución posible.

En términos urbanos y sociales esta opción no es buena. Si hiciéramos una lista de prioridades para el postergado barrio de La Boca, seguramente habría otras cuestiones que estarían primero. De las 12ha que conformaba el conjunto de los terrenos de “Casa Amarilla” apenas 1ha se ha destinado a espacio verde, mientras que Boca ya se ha quedado gratis con 4,5ha, gracias a la generosidad de Carlos Grosso.

Destinar otras dos hectáreas al mismo fin en un barrio catalogado como crítico en espacio verde por el propio gobierno de la Ciudad, parece, en cambio, una buena solución. Y un límite a la apropiación privada de bienes públicos, que suele fomentar con tanta vocación y esmero el gobierno local.

Sucintamente, podemos identificar 3 prioridades divergentes.

Prioridad 1. “Recuperar la República”. La abanderada de esta postura es Elisa Carrió. Según esta visión, es imprescindible la unidad de todo el espacio político no PJ, a lo largo y ancho de país, detrás de una candidatura presidencial común, a definirse en las PASO.  De ahí la necesidad del acuerdo con el PRO de Mauricio Macri, única fuerza nacional que, pese a tener una importante representación del PJ, reuniría estas condiciones. Massa claramente no.

Esta estrategia exige la subordinación de las estrategias locales al proyecto nacional. No desalientan las opciones competitivas que pudiera haber a nivel local, sino que las encuadran a la prioridad construida a nivel nacional.

Prioridad 2. “Recuperar poder territorial”, o sea ganar la mayor cantidad de intendencia y gobernaciones en el país, sin entrar a analizar demasiado la gravitación política de los distritos. Representan esta postura la conducción de la UCR y los liderazgos locales con posibilidades ciertas de disputar con éxito sus distritos.

Este objetivo exigiría mayor amplitud a la hora de analizar alianzas a nivel local. Tienen claro que el adversario es el kirchnerismo y sus aliados del “aparato del PJ”. Todos los demás pueden ser necesarios, aun cuando representen la versión del PJ disidente.

Desde esta postura, la necesidad de “recuperar la República” queda relegada a un segundo plano. Es viable mientras no impida alcanzar los objetivos locales.

Prioridad 3. “Afianzar la centroizquierda”.  Expresan esta postura el Partido Socialista de Hermes Binner y el GEN de Margarita Stolbizer, que siguen presentándose como FAP (Frente Amplio Progresista). Con el mérito de gobernar decente y bastante eficazmente, una de las tres provincias más importantes del país, arrebatada, luego de un largo caminar, a una de las peores expresiones del “aparato del PJ”, ellos protagonizaron la mayor novedad que dejaron las elecciones presidenciales de 2011. Y con esos créditos –y una dosis de pragmatismo- se pusieron a construir con vistas al 2015.

Reconocen la importancia de “recuperar la República” y ganar gobernaciones e intendencias. Pero, para ellos, ambas cuestiones deben encararse de manera simultánea y solo tienen sentido si se hace desde una propuesta con un claro perfil ideológico progresista.

En este marco, la cumbre del radicalismo sirvió para ratificar con mayor nitidez su prioridad por las estrategias locales.

La única duda que pareciera quedarles es si este objetivo lo pueden alcanzar yendo con una fórmula presidencial surgida de la competencia interna del FAUnen tal como está ahora, o es necesario ampliar el nivel de acuerdo nacional con otras fuerzas (el PRO, el FR, ambos). Por eso, si bien se menciona la necesidad de convocar a una convención nacional partidaria, la fecha de su realización es incierta.

Por otra parte, el reclamo de ”redefinición de las reglas de funcionamiento” del Frente tendría la finalidad de garantizar que las decisiones sobre el esquema de acuerdos a nivel nacional estén en sintonía con estas prioridades. En otras palabras, que el FAUnen estará donde el radicalismo esté.

Habrá que ver cómo reaccionan sus socios luego de decodificar el mensaje, aunque visto el tiempo que falta para el comienzo del calendario electoral, es probable que la incertidumbre sobre el desenlace final de esta historia se mantenga un tiempo más.

El riego es que la incertidumbre termine debilitando no solo el Frente sino también las prioridades de cada uno, y que, al final de la historia, ninguna parte haya conseguido lo que tanto buscaba.

Quisiera decir algunas cosas sobre estas, cuanto menos, alarmantes declaraciones. En primer lugar, el subsecretario omite aclarar que se gastaron $200 millones de más. La obra del Metrobus 9 de Julio, de acuerdo a la información pública disponible, para sus tres kilometros lleva un costo acumulado a la fecha de $322.171.937, que comprende el presupuesto adjudicado para la construcción de las estaciones (cada una con un increíble costo de $8 millones, monto similar al de equipar la sala de terapia intensiva del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez que continua pendiente) adicionales de obra, pavimentación y el túnel Constitución. Este monto sería aún mayor, atento al túnel que se proyectó construir para unir la Av. 9 de Julio y Libertador.

Cabe aclarar que para la implementación del Metrobus de la Avenida 9 de Julio, de las tres opciones posibles, el gobierno porteño eligió la más cara y con mayor impacto negativo sobre el entorno urbano, destruyendo 10 plazoletas enteras. Esta obra no sólo resultó faraónica en sus costos, sino que además fue a todas luces una muestra de una mala gestión de recursos públicos, dado que con una inversión mucho menor, al menos respetuosa de los montos adjudicados en las licitaciones de obra, se hubieran obtenido resultados similares. Tamaña inversión omitió una senda para bicicletas, no conectó la obra con las líneas de subterráneo, ni integró en la tarifa ambos servicios, ni exigió a las empresas contraprestación alguna; en otras palabras no se aprovechó la oportunidad para dotar a Buenos Aires de una solución moderna a la altura de sus recursos y su historia en materia de transporte y movilidad.

Además, no hay una relación directa entre mayores costos y mejores condiciones de transporte para la población. Lo que la gestión PRO denomina “Metrobus” no es más que una serie de carriles exclusivos y estaciones carísimas, por donde transitan los mismos colectivos, igual de contaminantes y abarrotados de pasajeros que antes de esta obra. En tercer lugar, estas declaraciones omiten mencionar el gasto del erario público que implica el túnel bajo la Av. San Juan, que no estaba incluido en el proyecto original, ni fue incluido en el estudio de impacto ambiental, ni en los costos originales del Metrobus, ni fue comunicado a la ciudadanía durante las únicas instancias participativas de este proceso, esto es en la audiencias públicas de año pasado. El costo de los túneles se estima en $127 millones pero, con los antecedentes de los costos finales del Metrobus, esa cifra tranquilamente podría duplicarse. ¿Es realmente necesaria y urgente tamaña inversión? Con mucho menos que lo que se piensa invertir en el túnel para el Metrobús, se puede poner a punto la Línea C, con más formaciones y modernización del sistema de frenos, para lograr mayor frecuencia y confort.

Por último, pero no menos importante: sería cuanto menos imprescindible que tanto el subsecretario de Transporte y Tránsito, Guillermo Dietrich, como la responsable del Proyecto  Metrobus, Manuela López Menéndez, recordaran que la Ley porteña N° 2095, señala entre los principios que rigen las contrataciones y adquisiciones el principio de economía: “en toda compra o contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos”. Porque gobernar la Ciudad no es hacer “lo que al gobierno le parece bien”; la ciudadanía no firma un cheque en blanco en cada elección, y cada gobierno tiene la obligación de administrar los fondos públicos de acuerdo a los parámetros fijados por ley y en base al bien común. Pero la transparencia en la gestión de los recursos públicos no es una característica PRO.