A pedido de las cinco centrales de trabajadores, el Congreso debatirá la ley de emergencia ocupacional, que plantea congelar los despidos entre seis meses y un año, pero el presidente Mauricio Macri prometió vetarla, porque agravará el problema. ¿Por qué la crisis la deben pagar los que menos tienen y no los que multiplicaron sus fortunas a costa de la corrupción y de políticas que los han favorecido en extremo?

Los bancos han tenido tasas de ganancias únicas en el mundo, que llegaron al 54% en el 2014 y las operaciones financieras no pagan impuestos. La impunidad con la que operan no tiene límites y junto al sector energético y la telefonía digital ganaron fortunas por sus constantes aumentos y la falta de inversión.

¿Por qué el Gobierno no plantea un bono de emergencia? Por el contrario, la habilidad de Macri ha sido satisfacer las demandas de los sectores más pudientes y de los fondos buitre, a quienes pagó 9.300 millones de dólares, y cumple con los que compraron dólar futuro (como Nicolás Caputo, José María Torello o Miguel Matías Galuccio, entre otros) al pagarles 46.500 millones de pesos.

“Ahora somos confiables, los bancos nos ofrecen más dólares”, parecería que el país está de fiesta, en realidad es un duelo. Durante cuarenta años, el excedente de riqueza que generaron los trabajadores y el pueblo argentino se fue del país para pagar los servicios de la deuda o se fugó hacia las cuentas offshore.

Se pagaron 430 mil desde la dictadura y ahora se vuelve a hablar de que la única manera de salir es endeudándonos. Pero no se habla de cómo lo devolveremos: este año vencen 68 mil millones de dólares de capital que el país deberá refinanciar, porque no los puede pagar. Ahora volvemos a depender de los mercados financieros.

La ley votada en el Congreso acotaba la emisión de bonos externos en 12.500 millones de dólares; el ministro Alfonso Prat-Gay, con una resolución, dispuso aumentarla en 16.500 millones de dólares y Macri firmó otro decreto para emitir 10 mil millones de dólares más. Esto se suma a los 5 mil millones de dólares ya colocados en bancos extranjeros en febrero.

A esta ingeniería financiera debe sumarse la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que excede los 37 mil millones de dólares, con tasas de interés promedio del 38% anual y este año habrá que pagar intereses por más de 150 mil millones de dólares.

En la Argentina los mitos se construyen, se meten en la mente colonizada. Después, cuando todo fracasa, comienzan los lamentos, las explicaciones crípticas. Nadie se hace responsable, total los autores no lo pagan nunca, sino la gente que trabaja.

La deuda interna con el pueblo argentino seguirá esperando, mientras las cinco centrales obreras comienzan a transitar el camino de la unidad al convocar a una marcha para reclamar por los despidos y ante el avance un modelo que golpea a la clase trabajadora. Porque todo es muy imaginativo: como diría John Galbraith, es propio de los economistas convencionales, que siguen las mismas recetas que terminan no sirviendo para nada.

Apoyados por una agónica seudoizquierda, el impostor Sabbatella silenció o le dio apoyo a la entrega de bienes y recursos naturales, yacimientos, tierras fiscales, soberanía jurídica en tribunales extranjeros y prorrogó por 35 años las concesiones petroleras sin licitación ni pago de canon alguno. Ningún otro Gobierno en democracia se animó a una traición semejante. Posaba como la izquierda del Frente para la Victoria y a la vez compartía la fórmula para gobernador de la provincia de Buenos Aires como vice de Aníbal Fernández, la “Morsa”, ex menemista-duhaldista y obsecuente cristinista, denunciado por su relación con grupos narcos y el triple crimen de General Rodríguez.

Lejos de poner en ejecución las medidas democratizadoras de la ley de medios, Sabbatella se burló de ellas: sin justificación legal alguna no realizó el plan técnico que marca la ley para regularizar las emisoras comunitarias (artículo 162) que tienen un permiso precario y provisorio. De esta manera, no se hacía efectiva la reserva del 33% del espacio radioeléctrico para estas emisoras que son entidades sin fines de lucro, lo que impedía el sano principio del “concurso público abierto y permanente” de las licencias (artículo 32, ley 26522), como establece la ley.

Sin justificación legal alguna, la Afsca no asignó la totalidad de los fondos que la ley destina al apoyo a los servicios de comunicación audiovisual y a las entidades comunitarias (artículo 97 de la ley 26522), ni cumplió con lo dispuesto por el artículo 67 de la citada ley y la reglamentación de la cuota de pantalla del cine nacional en todas las señales de la televisión, con lo que perjudicó seriamente a la producción nacional de cine y telefilms.

En lugar de garantizar la pluralidad informativa y la libertad de expresión en el complejo de medios públicos —Canal 7, Radio Nacional y Télam—, los transformó en instrumentos políticos del partido gobernante y en espacios de alta corrupción. Basta recordar el programa 678, los abultados contratos, la censura a la oposición y la tergiversación de sus posiciones.

Poco le importó a Sabbatella el cierre la FM Identidad, la radio crítica del Gobierno k que fue comprada por el empresario kirchnerista Sergio Szpolski y que se transformó en Vorterix, por lo que todo el personal de la 92.1 quedó sin trabajo.

Mientras Afsca se demoraba en tratar el caso Telefónica, avanzaba a paso veloz con el caso Clarín; mientras adecuaban de oficio su propuesta, le extendían las prórrogas al Grupo Nemesio; mientras permitían las ventas a empresarios amigos, cada vez que alguien ofertaba canales de Clarín repetían que las licencias eran intransferibles.

Todas las leyes son perfectibles y la ley de medios requiere ser revisada para garantizar sus objetivos democratizadores y no para frenarlos. Durante décadas entraron proyectos al Congreso, pero no pudieron vencer el lobby mediático. Ni Raúl Alfonsín, siendo presidente, consiguió que se discutiera una ley de medios que reemplazara la de la dictadura. La presión de cientos de organizaciones sociales logró que se abriera el debate, pero el proyecto krichnerista llegó del brazo de las telefónicas, que exigían el triple play. Finalmente, se lo impidió, hasta ahora, que lo lograron con la ley de telefonía digital.

Entre las objeciones de fondo que pusimos a la ley de medios, cuando se debatió y la votamos, en general, está la necesidad de asegurar la total independencia del ente regulador (Afsca). Como el espacio radioeléctrico es el mayor escenario de comunicación, información y debate político, y el espejo cultural de la comunidad, debe asegurarse la autonomía de Afsca y su control parlamentario, que fue reemplazado por una dirección ejecutiva con mayoría gubernamental.

Cuando la Corte Suprema declaró constitucional la ley de medios, dejó expresa constancia de que debía ser aplicada con ecuanimidad y no utilizada como herramienta para castigar a medios no afines.

Necesitamos funcionarios surgidos de un riguroso concurso público de oposición de antecedentes y un gran consejo asesor donde esté representado el arco plural de la sociedad —partidos políticos, organizaciones sociales, iglesias, etcétera—, con facultades de mover al Ejecutivo cuando se apartan del cumplimiento de la ley. La intervención a Afsca no es el mejor mecanismo y riñe con la concepción republicana de respeto a las instituciones y los poderes. Pero una cosa es la ley de medios, votada en el Congreso por la gran mayoría, y otra muy distinta, la gestión politizada y partidista de Martín Sabbatella, a quien denunciamos ante la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.