A pedido de las cinco centrales de trabajadores, el Congreso debatirá la ley de emergencia ocupacional, que plantea congelar los despidos entre seis meses y un año, pero el presidente Mauricio Macri prometió vetarla, porque agravará el problema. ¿Por qué la crisis la deben pagar los que menos tienen y no los que multiplicaron sus fortunas a costa de la corrupción y de políticas que los han favorecido en extremo?

Los bancos han tenido tasas de ganancias únicas en el mundo, que llegaron al 54% en el 2014 y las operaciones financieras no pagan impuestos. La impunidad con la que operan no tiene límites y junto al sector energético y la telefonía digital ganaron fortunas por sus constantes aumentos y la falta de inversión.

¿Por qué el Gobierno no plantea un bono de emergencia? Por el contrario, la habilidad de Macri ha sido satisfacer las demandas de los sectores más pudientes y de los fondos buitre, a quienes pagó 9.300 millones de dólares, y cumple con los que compraron dólar futuro (como Nicolás Caputo, José María Torello o Miguel Matías Galuccio, entre otros) al pagarles 46.500 millones de pesos.

“Ahora somos confiables, los bancos nos ofrecen más dólares”, parecería que el país está de fiesta, en realidad es un duelo. Durante cuarenta años, el excedente de riqueza que generaron los trabajadores y el pueblo argentino se fue del país para pagar los servicios de la deuda o se fugó hacia las cuentas offshore.

Se pagaron 430 mil desde la dictadura y ahora se vuelve a hablar de que la única manera de salir es endeudándonos. Pero no se habla de cómo lo devolveremos: este año vencen 68 mil millones de dólares de capital que el país deberá refinanciar, porque no los puede pagar. Ahora volvemos a depender de los mercados financieros.

La ley votada en el Congreso acotaba la emisión de bonos externos en 12.500 millones de dólares; el ministro Alfonso Prat-Gay, con una resolución, dispuso aumentarla en 16.500 millones de dólares y Macri firmó otro decreto para emitir 10 mil millones de dólares más. Esto se suma a los 5 mil millones de dólares ya colocados en bancos extranjeros en febrero.

A esta ingeniería financiera debe sumarse la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que excede los 37 mil millones de dólares, con tasas de interés promedio del 38% anual y este año habrá que pagar intereses por más de 150 mil millones de dólares.

En la Argentina los mitos se construyen, se meten en la mente colonizada. Después, cuando todo fracasa, comienzan los lamentos, las explicaciones crípticas. Nadie se hace responsable, total los autores no lo pagan nunca, sino la gente que trabaja.

La deuda interna con el pueblo argentino seguirá esperando, mientras las cinco centrales obreras comienzan a transitar el camino de la unidad al convocar a una marcha para reclamar por los despidos y ante el avance un modelo que golpea a la clase trabajadora. Porque todo es muy imaginativo: como diría John Galbraith, es propio de los economistas convencionales, que siguen las mismas recetas que terminan no sirviendo para nada.

Corre frío por la espalda cuando la funcionaria que debe velar por la transparencia de los actos de gobierno contradice ahora sus recientes declaraciones a favor del fallo y retacea el derecho a conocer la totalidad del contrato con la petrolera Chevron. El frío congela cuando la jueza interviniente, María Cristina Carrión de Lorenzo, acepta que YPF le entregue sólo una pequeña parte del contrato, con tachaduras de párrafos enteros, lo que contraviene lo ya resuelto por el máximo tribunal del país. El ocultamiento de los actos de gobierno confirma la impunidad con la que actúa la macrocorrupción y con la que se actuó con el contrato con Chevron que fue firmado por una sociedad offshore YPF Shale Oil Investment, creada en el paraíso fiscal del estado de Delaware, Estados Unidos. Entraron y salieron de nuestro país cientos de millones de dólares por cuentas a nombre de funcionarios y fuera de toda fiscalización o control.

Respondiendo a los argumentos peregrinos usados para justificar el ocultamiento de los actos de YPF para preservar supuestos secretos contractuales e industriales, la Corte ha sido contundente: “Convalidar, sin más, una respuesta de esa vaguedad significaría dejar librada la garantía de acceso a la información al arbitrio discrecional del obligado y reduciría la actividad del magistrado a conformar, sin ninguna posibilidad de revisión, el obrar lesivo que es llamado a reparar”. Además de ser YPF una compañía de capital mayoritariamente estatal, la CSJN sostuvo: “Una empresa que funciona bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional [y que] […] desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público” no puede ampararse en su configuración societaria como sociedad anónima para negar el libre acceso a la información pública.

Se siente frío por la espalda cuando no se dice la razón por la que no se da a conocer al público y a los legisladores y los magistrados. ¿Por qué se lo esconde? ¿Será por las cláusulas secretas que abren puertas hacia las operaciones de corrupción y ocultan las cuentas secretas offshore creadas en el paraíso fiscal de Delaware? ¿O será porque el endeudamiento que tiene YPF por siete mil millones de dólares —casi el doble del valor actual de la empresa— es la causa de no haber controlado los actos y los contratos secretos firmados por el señor Miguel Matías Galuccio, CEO y presidente de YPF, aprobados por el ex ministro Julio de Vido y Cristina Kirchner? ¿No será que el contrato con Chevron oculta operaciones de dudosa legalidad que hubieran impedido su firma por ser lesivas al interés de la nación? ¿O porque no quiere revelar que Galuccio —alabado por el oficialismo y la oposición de Cambiemos— gana más de cuatro millones de dólares anuales, el doble que el CEO de una compañía similar?

Corre frío por la espalda cuando en nuestro querido país, que atraviesa una crisis económica y social, la funcionaria anticorrupción y el jefe de gabinete, Marcos Peña, sostienen que mantendrán en secreto el contrato firmado con Chevron por 35 años para explotar Vaca Muerta, que es el tercer yacimiento de gas y petróleo no convencional del mundo. El convenio fue ocultado a los legisladores de la provincia de Neuquén, que lo aprobaron sin leerlo, con el agravante de que la petrolera norteamericana ha merecido la mayor condena ambiental de la historia —19 mil millones de dólares— por la Corte Suprema de Ecuador, que declaró a Chevron responsable de contaminar quinientas mil hectáreas de la Amazonia y de graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, obligados a abandonar sus tierras ancestrales por la contaminación de los ríos.

Se sentirá frío por la espalda mientras no se cumpla completamente con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no se repare la deuda con la transparencia y el acceso a información pública. ¿Hasta cuándo el Gobierno continuará manteniendo los inaceptables procedimientos y medidas de su antecesora Cristina Kirchner?

Apoyados por una agónica seudoizquierda, el impostor Sabbatella silenció o le dio apoyo a la entrega de bienes y recursos naturales, yacimientos, tierras fiscales, soberanía jurídica en tribunales extranjeros y prorrogó por 35 años las concesiones petroleras sin licitación ni pago de canon alguno. Ningún otro Gobierno en democracia se animó a una traición semejante. Posaba como la izquierda del Frente para la Victoria y a la vez compartía la fórmula para gobernador de la provincia de Buenos Aires como vice de Aníbal Fernández, la “Morsa”, ex menemista-duhaldista y obsecuente cristinista, denunciado por su relación con grupos narcos y el triple crimen de General Rodríguez.

Lejos de poner en ejecución las medidas democratizadoras de la ley de medios, Sabbatella se burló de ellas: sin justificación legal alguna no realizó el plan técnico que marca la ley para regularizar las emisoras comunitarias (artículo 162) que tienen un permiso precario y provisorio. De esta manera, no se hacía efectiva la reserva del 33% del espacio radioeléctrico para estas emisoras que son entidades sin fines de lucro, lo que impedía el sano principio del “concurso público abierto y permanente” de las licencias (artículo 32, ley 26522), como establece la ley.

Sin justificación legal alguna, la Afsca no asignó la totalidad de los fondos que la ley destina al apoyo a los servicios de comunicación audiovisual y a las entidades comunitarias (artículo 97 de la ley 26522), ni cumplió con lo dispuesto por el artículo 67 de la citada ley y la reglamentación de la cuota de pantalla del cine nacional en todas las señales de la televisión, con lo que perjudicó seriamente a la producción nacional de cine y telefilms.

En lugar de garantizar la pluralidad informativa y la libertad de expresión en el complejo de medios públicos —Canal 7, Radio Nacional y Télam—, los transformó en instrumentos políticos del partido gobernante y en espacios de alta corrupción. Basta recordar el programa 678, los abultados contratos, la censura a la oposición y la tergiversación de sus posiciones.

Poco le importó a Sabbatella el cierre la FM Identidad, la radio crítica del Gobierno k que fue comprada por el empresario kirchnerista Sergio Szpolski y que se transformó en Vorterix, por lo que todo el personal de la 92.1 quedó sin trabajo.

Mientras Afsca se demoraba en tratar el caso Telefónica, avanzaba a paso veloz con el caso Clarín; mientras adecuaban de oficio su propuesta, le extendían las prórrogas al Grupo Nemesio; mientras permitían las ventas a empresarios amigos, cada vez que alguien ofertaba canales de Clarín repetían que las licencias eran intransferibles.

Todas las leyes son perfectibles y la ley de medios requiere ser revisada para garantizar sus objetivos democratizadores y no para frenarlos. Durante décadas entraron proyectos al Congreso, pero no pudieron vencer el lobby mediático. Ni Raúl Alfonsín, siendo presidente, consiguió que se discutiera una ley de medios que reemplazara la de la dictadura. La presión de cientos de organizaciones sociales logró que se abriera el debate, pero el proyecto krichnerista llegó del brazo de las telefónicas, que exigían el triple play. Finalmente, se lo impidió, hasta ahora, que lo lograron con la ley de telefonía digital.

Entre las objeciones de fondo que pusimos a la ley de medios, cuando se debatió y la votamos, en general, está la necesidad de asegurar la total independencia del ente regulador (Afsca). Como el espacio radioeléctrico es el mayor escenario de comunicación, información y debate político, y el espejo cultural de la comunidad, debe asegurarse la autonomía de Afsca y su control parlamentario, que fue reemplazado por una dirección ejecutiva con mayoría gubernamental.

Cuando la Corte Suprema declaró constitucional la ley de medios, dejó expresa constancia de que debía ser aplicada con ecuanimidad y no utilizada como herramienta para castigar a medios no afines.

Necesitamos funcionarios surgidos de un riguroso concurso público de oposición de antecedentes y un gran consejo asesor donde esté representado el arco plural de la sociedad —partidos políticos, organizaciones sociales, iglesias, etcétera—, con facultades de mover al Ejecutivo cuando se apartan del cumplimiento de la ley. La intervención a Afsca no es el mejor mecanismo y riñe con la concepción republicana de respeto a las instituciones y los poderes. Pero una cosa es la ley de medios, votada en el Congreso por la gran mayoría, y otra muy distinta, la gestión politizada y partidista de Martín Sabbatella, a quien denunciamos ante la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante diciembre participaré de la 21.ª Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21) que se realiza en París y tiene una propuesta superadora en materia ambiental: Argentina en el año 2050 tiene que tener su matriz energética 100% renovable.

Para ello, presenté en el Senado Nacional un proyecto de ley que establece la obligatoriedad para la República Argentina de incorporar progresivamente, con plazos intermedios e incentivos económicos, las energías renovables hasta el plazo límite del año 2050, donde se prohibirá en todo el territorio la utilización de energías no renovables. Esto no es sólo posible técnica y económicamente, sino que es necesario y vital.

Este compromiso que llevamos intenta compensar la pobrísima propuesta del Gobierno argentino, que sólo propone reducir sus emisiones en un 15% a 2030 (respecto de los niveles de 2005) y que, además, ni siquiera cuenta las enormes emisiones de gases de efecto invernadero que produce el fracking en su proceso extractivo (y, obviamente, también en la quema del combustible fósil).

Nuestra ambiciosa propuesta está vinculada con la intensa labor que realicé al asumir la Presidencia de la Comisión de Ambiente del Senado Nacional. En este carácter, a principios del año, participé de la Cumbre “Proteger la Tierra, dignificar la humanidad”, organizada por la Academia Pontificias de Ciencias Sociales del Vaticano, invitado espacialmente por el papa Francisco. Fue la cumbre previa y preparatoria de Laudato si’, la encíclica verde que realiza un diagnóstico preciso sobre el calentamiento global, con un dramático llamamiento del papa Francisco a pensar esta tragedia.

En este sentido, resulta fundamental trabajar un plan mundial que haga más lento el cambio climático, controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, promover tecnologías que no perjudiquen el clima, adaptar los territorios y sensibilizar a los ciudadanos para la cooperación en una conciencia colectiva para enfrentar este tema. Hay que promover un cambio cultural profundo que permita transformar los hábitos de consumo y replantear las necesidades básicas que aseguren vivir con dignidad y en armonía con la naturaleza.

Esta cumbre de París es un llamado a tener el coraje de empezar a frenar en esas maquinarias de desarrollo. Es un grito a la conciencia solidaria para que la humanidad entera se movilice en favor de la vida y la naturaleza. Es también una denuncia feroz al modelo civilizatorio que busca sólo rentas y que convierte a la naturaleza en un mero objeto de mercantilización.

El colonialismo extractivista domina nuestras legislaciones, nuestros parlamentos y se lleva de manera salvaje materias primas que nos pertenecen. Nuestros países son tomados como territorios y pueblos de sacrificio, donde las transnacionales explotan y degradan la tierra con toda impunidad. El cambio climático se ha venido agravando porque las previsiones y los topes que se habían fijado en los anteriores encuentros ambientales fueron sobrepasados. La lucha contra la contaminación y el saqueo resultan inseparables de la lucha contra el neocolonialismo, ahora materializado por el extractivismo transnacional.

Por mi parte, llevaré a París un proyecto que venimos impulsando hace varios años junto con Adolfo Pérez Esquivel, el fiscal federal Gustavo Gómez, entre otros: los delitos ambientales deben ser considerados delitos de lesa humanidad, porque dañan a poblaciones enteras y urge crear un tribunal internacional que los juzgue.

Los impactos asociados al calentamiento global en Argentina son significativos: la variabilidad de las lluvias y sus resultados reflejados en las inundaciones, la expansión de la frontera agropecuaria, la reducción de los glaciares y la deforestación, entre otros. Nuestro país debe adaptarse ya mismo a esta nueva realidad.

Esta es una causa fundamental para la Argentina, para el ser humano y la naturaleza. Es irresponsable darle la espalda a un tema que pone en juego la salud, la vida y el futuro de comunidades enteras.