Mirando los noticieros nos enteramos que la discriminación todavía es moneda corriente en nuestro día a día. La primer víctima fue Ariel Olivera, un joven de 26 años que le pegaron por ser homosexual. Lo insultaron y golpearon brutalmente hasta dejarlo inconsciente tirado en la vereda. No quisieron robarle: el objetivo era lastimarlo, simplemente por su orientación sexual. Unos días después, Nahuel Albornoz viajaba con un amigo hacia su casa cuando fue interceptado por un grupo de personas que lo golpearon salvajemente y lo tiraron en movimiento de la camioneta que lo llevaba. Como en el caso de Ariel, la discriminación se presentó de la manera mas cruda, y el resultado la frustración e impotencia que generó ser maltratado una vez más por sus elecciones, además de las gravísimas lesiones físicas que le produjeron.

Me llena de tristeza saber que esta situación se repite diariamente y que muchas personas, producto de la discriminación, son lastimadas física y verbalmente por el hecho de expresar sin tabúes su amor por otra persona. La homo-lesbo-transfobia existe, está presente y es una realidad lamentable contra la que debemos luchar.

Por eso se presentó ante el Congreso la Ley de Sanción y Prevención de Actos Discriminatorios, que es una excelente herramienta para promover la igualdad en diversidad, erradicar prejuicios y eliminar todas las formas de segregación. El proyecto tomó como base la legislación vigente, así como también leyes de algunos países de la región que ya trataron el tema. Entre sus características más importantes podemos mencionar que amplía la legitimación civil, penal y administrativa para iniciar acciones por conductas u omisiones discriminatorias, eleva las penas previstas en el Código Penal para actos discriminatorios y agrega la obligatoriedad de acompañar la condena con procesos de sensibilización, capacitación y concientización del imputado.

También contempla la promoción de políticas públicas para prevenir actos discriminatorios e invierte la carga de la prueba en favor del discriminado, lo que significa que el presunto discriminador deberá probar de ahora en más que no actuó de esa manera para ser declarado inocente. Otra característica particular de este proyecto es evitar que se juzguen los actos a criterio de quien toma la denuncia o exposición. Por ejemplo, el policía que le tomó la declaración a Ariel caratuló la paliza como “robo y lesiones”. Si se aprueba este proyecto la caratula se vinculará con un ataque homofóbico, lo cual encuadrará la situación desde una perspectiva mucho más adecuada.

Este proyecto de ley, en conjunto con la ya sancionada y aún no reglamentada normativa contra la violencia escolar, es otro paso más para avanzar hacia un país más justo. Por primera vez en mucho tiempo, reconocemos la igualdad, la libertad y la ciudadanía como principios que dirigen nuestra vida social, y la realidad política y cultural de nuestro país nos ha puesto en la disyuntiva de elegir entre aceptar este camino de inclusión o seguir estigmatizando a quien es diferente.

Hace algunas semanas tuve la oportunidad de reunirme junto con la vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal con Marcela Romero (presidenta de ATTTA) y algunas activistas de la misma asociación. Dialogar con ellas y, sobre todo escucharlas, nos permitió conocer más en profundidad la situación que atraviesa la población trans femenina en nuestro país, la cual sigue siendo de extrema vulnerabilidad.

Pese a los avances jurídicos, la mayoría de las personas trans no goza hoy en día de igualdad de oportunidades, ni de trato en ningún ámbito de la vida social e institucional. Gran parte de este colectivo vive en situación de pobreza y esto se debe muchas veces a la discriminación, que claramente se traduce en exclusión y que lleva a que les sea muy complicado acceder a la educación o a un trabajo.

Por otra parte está el tema de la salud, situación que debe regularizarse con urgencia, sobre todo porque está vigente una ley de salud integral para personas trans (aprobada al mismo tiempo que la Ley de Identidad de Género) y que no se esta implementando correctamente. Algunas identidades trans (no todas) requieren de cirugías de reasignación de sexo y terapias de sustitución de hormonación para modificar sus corporalidades que deben ser financiadas por el Estado Nacional, según lo regula la normativa antes nombrada.

Las largas listas de espera (más de dos años), la falta de personal endocrinológico capacitado en diversidad y la carencia de medicamentos hacen que muchas veces los y las trans opten por medidas alternativas, como cirugías clandestinas (inyección de aceites, etcétera) o automedicación hormonal, lo cual representa un enorme riesgo para la salud.

En la actualidad, el 90% de las mujeres trans esta en situación de prostitución, aunque el 72% exprese estar en busca de otra forma de ingreso. Las precarias condiciones de vida y la falta de acceso a la salud lleva a que la expectativa de vida para ellas no supere los 35 años. Los hombres trans por su parte, continuan siendo los grandes invisibilizados, por lo que sus reclamos raramente son escuchados.

Preocupados por esta situación y alertados por las cifras, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires venimos trabajando fuertemente en conjunto con ATTTA, en un sistema de integración para la comunidad trans. El sistema, apunta a varios objetivos: inclusión laboral en el sector público y privado, inclusión cultural, erradicación de la discriminación y la inauguración de la primera Casa Trans.

La Casa Trans es una idea innovadora que nace de las mismas necesidades de la población trans. Es un espacio que apunta a la integración, la capacitación laboral, el esparcimiento, el asesoramiento en temas de salud y educación sexual.

En cuanto a la desocupación, entendemos que la estigmatización hace que muchas veces las y los trans tengan grandes inconvenientes a la hora de encontrar un empleo. Por este motivo, desde el Gobierno de la Ciudad tomamos la decisión de integrar en sus distintos ministerios y secretarias personas pertenecientes a este colectivo. Es una gran política pública que apunta a insertar laboralmente tanto varones como mujeres trans en igual medida.

Lograr una real igualdad social es un gran desafío, pero tenemos nuestros objetivos fuertemente puestos en eso. Sabemos que los grandes cambios deben empezar por la cultura y la sociedad, para que realmente estos sectores de la población que han sido excluidos, silenciados y marginados puedan apropiarse de una vez por todas de aquellos espacios que les han sido negados históricamente.

Creo fehacientemente que como ciudadanos y ciudadanas debemos asumir el compromiso de construir juntos una sociedad más igualitaria e inclusiva. Al fin y al cabo, desde el Gobierno pueden generarse leyes y políticas públicas excelentes, pero transformar la realidad también depende del compromiso de todas las personas que habitan el territorio argentino.

Felizmente, este año se abre una oportunidad para introducir aires de cambio en las políticas adoptadas por nuestro gobierno. Me refiero a la habilitación del voto de los ciudadanos de 16 y 17 años mediante la Ley de Voto Joven adoptada a fines de 2012. El ingreso de estos jóvenes a la contienda electoral siembra la esperanza de que ingresen nuevos temas en la agenda pública y de que los que ya tienen tratamiento se aborden desde nuevas perspectivas.

¿Cuáles son los problemas que afectan la vida cotidiana de los jóvenes? Indudablemente, el lavado de dinero, los avances sobre la Justicia, la aplicación de la Ley de Medios, son temas de gran relevancia nacional, y por tal razón reciben la necesaria atención de parte de nuestros políticos. Pero no son cuestiones que afecten de manera directa la vida de los más jóvenes. Estos temas muchas veces no acceden a la agenda pública o son desplazados por otras problemáticas. Me refiero, por ejemplo, a la difícil inserción laboral, la presencia de la droga en las calles y cerca de las escuelas, la inseguridad, la discriminación. Se trata de cuestiones que tienen una gran presencia mediática pero que aún no recibieron una respuesta sólida por parte del Estado. La reforma del Código Nacional Electoral es trascendente en el sentido de que permite incorporar la mirada de los más jóvenes respecto de estas cuestiones y hacer valer sus intereses en las soluciones propuestas.

Para ello, no obstante, es imperioso que los jóvenes hagan uso de su nuevo derecho adquirido. La celebración el pasado 30 de junio de los comicios legislativos provinciales en Misiones, donde rige una ley que replica a la aprobada por el Congreso Nacional, plantea un triste antecedente: según sondeos realizados minutos antes del cierre de urnas, la participación de los menores de 18 años en los comicios fue escasa. Si los ciudadanos de 16 y 17 años quieren ser tenidos en cuenta a la hora de formular políticas públicas, deben votar.

Por otra parte, es crucial para la calidad de nuestra democracia que los jóvenes que se incorporan a la contienda electoral capitalicen esta ampliación de sus derechos de manera positiva, consolidando su participación ciudadana e involucrándose activamente en los asuntos políticos del país. El derecho al voto constituye una herramienta clave para dar visibilidad a un grupo poblacional que cada vez asume mayores roles en nuestra sociedad. Pero también  implica una gran responsabilidad a asumir y valorar. Los jóvenes electores deben ser críticos y entender que, mediante el voto, podemos obligar a nuestros políticos a escucharnos y a darle respuesta a nuestras demandas. Deben aprovechar esta oportunidad para presionar por la adopción de políticas que realmente mejoren la calidad de vida.

La meta a alcanzar mediante la Ley de Voto Joven debe ser diversificar la agenda pública y fomentar la participación política de nuestros ciudadanos desde una edad temprana. Es tarea de los jóvenes ejercer plenamente su derecho al voto y evitar que estos objetivos sean tergiversados por intereses partidarios.