Es una realidad, pero a costa de las dolorosas contracciones de la sociedad venezolana, los pueblos de América podrán aprender cómo evitar que regímenes autocráticos con base popular lleguen al poder, y las medidas a tomar para derrocarlos en caso de que eso suceda, sin tener que recurrir a la violencia.

También los políticos y los académicos venezolanos están en óptimas condiciones para instrumentar una estrategia que tenga como objetivo formar y educar al electorado en la desconfianza hacia políticos ocasionales o de profesión, que prometen resolver los problemas del país sin presentar soluciones reales.

Este es un aspecto clave, porque la única fórmula que inocula contra el mesianismo es que el elector tome conciencia de que denunciar las dificultades no significa su solución, que las propuestas deben ser concretas y realistas.

Lo anterior es posible porque la estrategia, la coordinación y la firmeza de los sectores mayoritarios de la oposición lograron derrotar parcialmente a la dictadura institucional vigente, un hecho sin precedentes en lo que respecta a los despotismos institucionales.

La Asamblea Nacional tiene la oportunidad y la capacidad de legislar en beneficio de la nación, lo que se traduce en contra del régimen y la oposición, y de ampliar su base social, al exponer de manera sistemática y permanente a la población las nefastas secuelas que el chavismo ha significado para el país.

Es cierto que el control que ejerce el Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado es una seria amenaza a las prerrogativas de la Asamblea Nacional. Aparte de que el oficialismo siempre puede recurrir a sus partidarios —particularmente a los cuerpos de seguridad y a los paramilitares— para generar un clima de inseguridad con el propósito de intimidar y neutralizar a los sectores que estén más dispuestos a implementar, a la mayor brevedad, acciones que tiendan a sacar a Nicolás Maduro del poder, lo que, de lograrse, quebraría la autocracia de manera terminante.

El tiempo es un factor clave para los fines de quienes rivalizan con el Gobierno. El régimen tratará de involucrar en sus decisiones a la oposición. Hará todo lo posible por transferirle la responsabilidad de sus desaciertos, vincularla a las medidas impopulares que demanden las difíciles circunstancias en las que se encuentra el país.

En consecuencia, la oposición, aunque tiene que ser cuidadosa en la estrategia a implementar para sacar a Maduro del Gobierno, debe apresurarse en esa gestión. Cuenta con recursos legales para hacerlo y con el apoyo popular necesario, aunque sí debe ser transparente en las razones que la impulsan a buscar la salida del mandatario para que no se interprete como simple revancha entre fuerzas antagónicas que pueden conducir al país a una debacle nacional.

El chavismo ha arrastrado a Venezuela a una profunda crisis. Los factores que han incidido son muchos, pero entre todos destacan la ineficiencia gubernamental, la corrupción y, muy particularmente, la incubación de conflictos sociales que no dejarán de ser un componente de desestabilización, aun si esa propuesta populista desapareciera como fuerza política.

Es de prever que el enfrentamiento será severo. El oficialismo no sólo corre el riesgo de perder el poder, sino también lo que ha derivado en su beneficio por haber gobernado para su exclusivo provecho por casi veinte años. Además, es posible que más de uno de sus líderes termine en prisión, por los graves perjuicios causados a la nación, en consecuencia, bregarán para no ser defenestrados.

Es evidente que en cualquier acción a tomar hay que considerar la capacidad de respuesta del contrario. A tal efecto, la oposición debe estar preparada para responder a las reacciones en su contra que implemente el Gobierno. Mientras más se aproximen a limitar o lograr la salida del Gobierno de los herederos de Hugo Chávez, más difícil y complicada será la situación del país.

La solidaridad con la Venezuela democrática es un mandato que todos los que aman la libertad deben asumir.

A partir del 5 de enero se inició en Venezuela un proceso sin precedentes. Una mayoría parlamentaria, con vocación democrática, está dispuesta a retar un Ejecutivo que controla el resto de los poderes del Estado.

El Parlamento venezolano ha sido uno de los principales instrumentos usado por el chavismo para instalar una dictadura institucional sobre una colosal farsa democrática, lo que le confirió la capacidad de cercenar paulatinamente los derechos ciudadanos, arruinar la economía nacional y generar una corrupción sin precedentes en un marco de relativa legitimidad.

La convivencia en un parlamento integrado por legisladores con diferentes ideas e intereses es complicada y difícil, pero lo que se experimenta en la Asamblea Legislativa  venezolana no tiene precedentes ya que enfrenta un ejecutivo y un poder judicial que responden a una ideología excluyente y sectaria, con medios suficientes para intentar neutralizar y hasta sabotear las decisiones de los legisladores.

Es de suponer que los líderes políticos de la oposición estén desarrollando recursos para blindarse contra las agresiones que en su contra va a desplegar el chavismo, instrumentados de la peor manera posible por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; este último procurará generar conflictos dentro y fuera de la Asamblea, incentivando a los grupos más radicales del chavismo a establecer bloqueo y a agredir a los legisladores contrarios al gobierno.

Por su parte el presidente Maduro tratará de responsabilizar a la Asamblea de la agudización de la crisis económica, y de los problemas que afronte el gobierno a partir del momento que el poder legislativo se emancipó del ejecutivo, intentara bloquear las decisiones del Parlamento y desconocer sus atribuciones.

El Poder Judicial ha sido la primera herramienta del gobierno para tratar de ilegalizar las decisiones de la Cámara, los magistrados hurgaran o interpretaran a conveniencia cualquier legislación que afecte al gobierno, serán la primera línea del frente oficialista contra la oposición.

Cierto que la Asamblea Nacional tiene potestad para nombrar magistrados y hasta promover la revocación del presidente, pero ambas habilidades, aunque cuentan con la fuerza moral que le otorgó el pueblo, en caso de rebeldía, tiene que tener la subordinación de las fuerzas públicas para hacer cumplir sus decisiones,  lo que no parece factible en base a las recientes declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino Lopez, quien dijo que se había ultrajado a la Patria cuando la mayoría parlamentaria decidió retirar un cuadro del comandante golpista Hugo Chávez, el general, reiteró su respaldo al gobierno y no a la Constitución, un indicativo que refleja que parte está en un conflicto de poderes que tiende a agravarse.

Ante esta situación el apoyo activo de los electores que votaron a favor del cambio, es la principal defensa de los legisladores que impugnan la autocracia.

El éxito de la campaña electoral de la oposición hay que validarlo con otra cruzada que muestre que la mayoría de la población no votó exclusivamente contra el oficialismo por el pésimo gobierno, sino también, porque está a favor de cambios sustanciales que desmonten unas estructuras políticas y administrativas contrarias a los mejores intereses de la nación.

Es de suponer que un cierto porcentaje del electorado votó contra el régimen por el empobrecimiento, la alta inflación y la extendida escasez de bienes de primera necesidad, incluidos los productos farmacéuticos, pero es de esperar -ahí está la garantía de futuro- que la mayoría haya hecho conciencia que las propuestas populistas que enarbola el régimen, por muy bien elaboradas que estén, solo sirven para socializar la miseria y convertir al individuo en una masa amorfa que solo responde a los dictados del caudillo.

Es preciso trabajar a favor de que el chavismo deje de ser una alternativa electoral, no porque se prohíba o ilegalice lo que Hugo Chávez representó para un sector de la población, sino porque el ciudadano habría tomado conciencia que las propuestas que encarnó, eran inviables y voluntaristas, y que en ningún momento estaban sostenidas en postulados que tuvieran el trabajo y el respeto a la libertad como fundamento.

Hay que demostrar que el denominado Socialismo del Siglo XXI como en su momento lo fue el socialismo real castrista, aun en el supuesto negado de que hubieran sido un éxito económico, son negativos para el ciudadano, porque atacan la condición de hombres y mujeres con derechos a tomar decisiones, acertadas o erradas, pero propias.