Hay situaciones particularmente complejas para ser analizadas, máxime cuando están involucrados numerosos factores, intereses contrapuestos y valoraciones personales que pueden estar influenciados por la subjetividad.

No obstante, hay que soltar el demonio que acosa e inquieta, porque el primer deber de un observador es decir lo que cree, más allá de lo bueno, malo o feo que pueda resultar.

Antes que todo, es justo aseverar una y mil veces que la raíz de todos los problemas de Cuba y los cubanos son consecuencias de la dictadura que rige el país. La falta de derechos, las penurias económicas y la discriminación, así como el exilio y la emigración, son productos del sistema.

La otra realidad, dura y cruda, es que el régimen ha sobrevivido 57 años por su capacidad represiva, por su habilidad para dispensar garrote y zanahoria, más lo primero que lo último, pero también porque un sector del pueblo, a pesar de los esfuerzos y el sacrificio de otra parte de los nacidos en la isla, optó por la complicidad o la simulación, que, a fin de cuentas, como expresó José Martí: “El que vive de la infamia, o la codea en paz, es un infame. Abstenerse de ella no basta: se ha de pelear contra ella. Ver en calma un crimen es cometerlo”.

La nación cubana lleva décadas en franco deterioro. Sus hijos son los que deben restaurarla. Esforzarse. Trabajar. Correr los riesgos que demanden las circunstancias para tener una vida libre, con la calidad a la que cada quien tiene derecho, sólo corresponde a los que nacieron en ella. En la isla no han faltado ejemplos. Ha habido derroche de valor y sacrificios, aunque también han sobrado cómplices y pusilánimes.

Como secuela, si algunos de sus vástagos no quieren o temen correr los riesgos que implica reparar la casa de todos, eso no les confiere el derecho a despojar la tranquilidad a sus vecinos. Ningún pueblo está obligado a disponer de sus bienes o hacer dejación de sus prerrogativas en beneficio de quienes no han sido capaces de conservar los propios.

No se trata de promover la insolidaridad. Simplemente, los que necesitan ayuda deben demostrar un genuino interés en resolver el problema que los agobia.

Emigrar es un derecho, pero es necesario contar con el beneplácito de quien acoge. Hay que respetar las reglas de quien hospeda y nunca exigir en la casa ajena lo que no se fue capaz de demandar en la propia.

La afirmación del periodista Rolando Cartaya: “El maleconazo debe ser en La Habana”, es válida para quienes sumisamente acataron en la isla las normas de la dictadura y en país extraño, cuando no satisfacen sus reclamos, exigen, protestan y vandalizan, actos que no se justifican, aunque es probable que hayan sido instigados por provocadores del castrismo.

Los derechos hay que reclamarlos en la tierra natal, no en el que acoge sin haber sido convidado. Es al castrismo a quien hay que exigir, es en Cuba donde hay que gritar “Hasta las últimas consecuencias”, es junto a las Damas de Blanco donde se debe marchar y hacer sentadas, hasta lograr que la dictadura cese.

Por otra parte, hay que partir de la premisa de que exiliado y emigrantes son condiciones diferentes, que, aunque la política juegue un rol en la decisión de abandonar el país de origen, la categoría la imponen los antecedentes de cada quien y la conducta que se asume en el exterior.

Exiliado es quien dejó su país por enfrentar el Gobierno, el que no regresa a su tierra natal, tanto en cuanto las condiciones que determinaron su destierro no hayan cambiado. Es el que lucha en el exterior, después de haberlo hecho en su país, por derrocar el régimen.

Emigrante es quien, haciendo uso del derecho inalienable a una vida mejor, busca otras tierras donde espera disfrutar de más oportunidades y seguridad. Trabaja para su beneficio y el de su familia, sin reparar en la opresión y los abusos de que son sujetos sus compatriotas.

Sin embargo, a pesar de las diferencias, hay un denominador común, y es que ambos están viviendo en casa ajena, las reglas las pone el dueño de la tierra. En consecuencia, salvo que se asuma la nacionalidad del país que aloja, se sigue siendo, en el mejor de los casos, un convidado.

Estas dos capitales representan modelos ideológicos, políticos y sociales antagónicos. Sin embargo, no significa que sus respectivos pueblos sean enemigos, como han sido sus líderes por décadas, a pesar de que desde La Habana se instrumentó una política estatal contra Estados Unidos y lo que representa.

La enemistad entre ambos Gobiernos estuvo signada por la violencia. La Casa Blanca se empeñó en destronar a la dinastía de los Castro, pero el clan de Biran, aun antes de llegar al poder, había manifestado que su verdadero enemigo sería Estados Unidos en cuanto triunfara la insurrección.

Si Washington instruyó, armó y financió operaciones militares contra la dictadura castrista, sus enemigos de Cuba apoyaron de diferentes maneras a todos los grupos antisistema que operaron en ese país, entre ellos, los Panteras Negras, los Macheteros y los Weatherman, por sólo mencionar unos pocos de una larga lista. Washington también fomentó fórmulas para contener el expansionismo castrista. Decretó un embargo como política de contención y dictó leyes con el objetivo de reducir la capacidad de acción de la dictadura insular.

Aunque a algunos no les gusta rememorar el pasado, Cuba fue la plataforma militar soviética más importante en el exterior, base de submarinos, de espionaje y varias instalaciones de misiles con capacidad nuclear para destruir ciudades estadounidenses.

Los Castro consonaron con sus intereses y en el marco de los planes de ser uno de los protagonistas de la Guerra Fría, auspiciaron una política de subversión en todo el hemisferio con el objetivo de dañar los intereses de Estados Unidos y de establecer Gobiernos aliados que también confrontaran con la nación del norte.

Los proyectos subversivos castristas se implementaron en diferentes lugares del mundo, África y Asia en particular. Ejércitos mercenarios cubanos ocuparon países africanos. Cuba fue taller para entrenar terroristas de la ETA y del IRA irlandés, también de tupamaros y narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Es evidente que entre ambos Gobiernos hubo grandes diferencias, intenciones de mutua destrucción, se espiaron y conspiró abiertamente el uno contra el otro, mientras, en foros internacionales, aireaban ácidamente sus diferencias.

Sin embargo, desde el principio del diferendo hubo un notable contraste entre la actuación de Washington y La Habana. El Ejecutivo estadounidense no gestó en su pueblo una política de odio contra Cuba. No orquestó campañas en contra de la música de la isla, tampoco contra otras expresiones de arte y cultura, ni organizó marchas, protestas y conferencias para desacreditar los valores de la sociedad insular.

Por parte de La Habana, como dijera Ernesto Guevara: “El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar, nuestros soldados deben ser así, un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal”, fue la consigna y la actuación oficial.

Fue el Gobierno cubano quien ordenó el derribo del monumento al acorazado Maine, una intensa campaña contra la música, el arte y los productos que se fabricaran en Estados Unidos, quien acusó a todos los que se enfrentaban al régimen de agente de CIA, una manera de responsabilizar ante el pueblo al vecino del norte porque hubiera conflictos en el isla.

El eslogan “Cuba sí, yanquis no” repercutió por décadas en todo el país. Correspondencia con allegados en Estados Unidos era un delito no codificado, pero sí factor para ser discriminado en la sociedad castrista. Fue el régimen quien inventó las Marchas del Pueblo Combatiente y la Tribuna Antiimperialista frente a la sede diplomática estadounidense.

El individuo que tenía un familiar en el extranjero, en particular en Estados Unidos, no era de fiar. Al respecto, una colega comentaba hace unos días que por los ochenta una tía visitó Cuba y que esta le preguntó por qué no conversaba con ella, a lo que respondió: “Tía, a nosotros nos enseñan en la escuela que todos los que viven en su país son nuestros enemigos”.

El régimen nunca cejó en su aspiración de destruir a Estados Unidos, sólo que su ineficiencia absoluta en la gestión económica, la creciente frustración de la población en el modelo de gobierno que le impusieron, sumado al fin de los subsidios de la Unión Soviética y el riesgo de perder las regalías del chavismo, han determinado que el enemigo de ayer sea el amigo del presente, con el fin de hacer los cambios que necesarios para que lo importante siga igual.

Este planteamiento del comandante Pastor Alape demuestra que el grupo guerrillero que en el pasado encarnó una propuesta política antidemocrática —pero fundamentada en una ideología—, aparte de mutar a fuerza terrorista enraizada en el narcotráfico, está dispuesto a convivir con su enemigo más acérrimo si esa cohabitación está respaldada por grandes cantidades de dinero.

Durante décadas, las FARC proclamaron orgullosa y estentóreamente su hostilidad hacia Estados Unidos y los valores que esa nación representa. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que las diferencias podían ser superadas si Washington paga la consolidación del proceso de paz, financiamiento que repercutiría favorablemente en los bolsillos de los comandantes.

Para los jerarcas de la narcoguerrilla, lo importante es el cash. Los que cayeron defendiendo los postulados que las FARC enarbolaron en el pasado no cuentan, porque las propuestas ideológicas, a pesar de estar sostenidas en los fusiles, nunca lograron arraigar en el pueblo colombiano.

No les resultó reclutar niños a la fuerza, colocar minas antipersonales en zonas transitadas por campesinos y sus hijos, abusar de la población en todas las formas imaginables y expropiar bienes con el pretexto de que eran necesarios para la sacrosanta revolución. Los insurgentes nunca contaron con el suficiente respaldo popular que les permitiera proyectarse como una alternativa viable de acceder al Gobierno.

Las FARC decidieron participar con relativa seriedad en los diálogos de paz en La Habana, porque arribaron al convencimiento de que las fuertes bajas que les infligió el Gobierno de Álvaro Uribe hacían imposible una victoria militar. En consecuencia, optaron por negociar políticamente con el presidente Juan Manuel Santos lo que les era imposible obtener militarmente.

La acumulación de fracasos y el inexorable paso del tiempo transformaron a los comandantes y sus subalternos directos en caciques con disposición y capacidad de imponer en las regiones que operan su voluntad por medio de la fuerza.

La avaricia devoró los ideales, pero siguieron arropando sus actividades ilegales con la bandera de la insurgencia. El liderazgo de las FARC desde hace muchos años disfruta de riquezas que nunca produjeron. Los mandos superiores y medios se han dedicado a amasar una fortuna personal y familiar, producto de la extorsión, el secuestro y muy particularmente del narcotráfico.

En la actualidad, los jefes de las FARC cuentan con jugosas cuentas bancarias y poseen bienes inmuebles en Colombia y en el extranjero. Los compran directamente o a través de testaferros. Uno de los últimos escándalos que está siendo investigado por la fiscalía colombiana está relacionado con propiedades valuadas en 30 millones de dólares en Costa Rica, que supuestamente pertenecen al comandante Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo.

El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, coincidió con la revista Forbes Israel cuando, en un informe, la publicación reseñó que las FARC eran multimillonarias. Agregó que ese grupo terrorista tenía miles de millones de euros y dólares, lo que daba lugar a una operación de lavado de activos sin precedentes en la historia.

El periodista Ricardo Puentes Melo indicó que uno de los planes de las FARC es invertir parte de sus riquezas en Cuba, aproximadamente novecientos millones de dólares en el sector del turismo. Según el director de Periodismo sin Fronteras, los ingresos de la narcoguerrilla superan los ochocientos millones de dólares al año, y su fortuna llega a más de veinte mil millones.

La mayor parte de esta fortuna es producto de la droga que durante años introdujeron en Estados Unidos, país que quieren que siga pagando las cuentas de sus gastos. A pesar de que, como dice la congresista Ileana Ros-Lehtinen: “Los miembros de las FARC tienen sangre de ciudadanos de Estados Unidos en sus manos y deben ser enjuiciados por lo que han cometido”, que termina demandando: “Los Estados Unidos deben mantener a las FARC en la lista de organizaciones terroristas”.

Todo parece indicar que las FARC gozarán de una gran impunidad, no sólo en lo que concierne a sus innumerables crímenes contra el pueblo colombiano, sino que también podrán conservar los cuantiosos bienes que han acumulado de forma ilícita. Al parecer, no pagarán con cárcel sus crímenes, tampoco compensarán económicamente a sus miles de víctimas, porque han dicho públicamente que no cuentan con recursos para hacerlo.