Esto demuestra que la ambición de poder y de procurar por todos los medios perpetuarse en él no es potestativo de los caudillos latinoamericanos, aunque contamos en este hemisferio con el dictador que por más años ha gobernado en todo el orbe en los tiempos modernos, Fidel Castro. Pero ni Castro ni Augusto Pinochet ni Rafael Leónidas Trujillo, algunos de sus émulos más notorios, son objetos de esta columna.

El propósito es presentar a los líderes políticos que utilizan los mecanismos democráticos para acceder al gobierno y, cuando lo asumen, procuran legitimar la extensión de sus mandatos cambiando y reformando, según el caso, las cartas magnas de sus respectivos países.

El ejemplo más próximo en el tiempo es la intentona frustrada de Evo Morales de eternizarse en la Presidencia de Bolivia. Electo en el 2005, volvió a postularse en el 2009 en el marco del concepto de refundación nacional. En el 2015 repitió y ganó, pero, no satisfecha su ambición continuista, intentó este año una reforma constitucional con vistas a un cuarto mandato, en el que cosechó un rotundo fracaso.

El más connotado de estos caudillos de urnas fue Hugo Chávez Fría. Su primera elección fue en 1998; la Constitución que promovió, confeccionada a su medida, le permitió postularse en el 2000, 2006 y 2012. Este último mandato fue interrumpido por su muerte, pero se puede afirmar que, de estar vivo, estaría preparando una nueva candidatura a la Presidencia, porque su afición al poder era tan enfermiza como la de los Castro.

Otro embaucador de oficio es Daniel Ortega, el gobernante que más autoridad ha acumulado en la historia de Nicaragua, por encima de la familia Somoza. Lideró un gobierno de facto por seis años, posteriormente fue electo presidente en 1985, perdió las elecciones de 1990, pero, como no estaba saciado, se postuló en 1996 y 2001, hasta ganar en 2006 y 2011. Ortega reformó la Constitución en el 2014, para establecer la reelección presidencial indefinida, lo que lo convierte en el candidato ideal en los comicios de este año.

Rafael Correa es otro autócrata que gusta del juego de refundar naciones. El ecuatoriano fue electo por primera vez en el 2006, pero, siguiendo el patrón de sus pares del despotismo electoral, promovió una nueva Constitución que le permitió una segunda elección que extendiera su mandato, 2009, para volver a aspirar en el 2013, al gestar otra reforma constitucional que le aprueba la reelección indefinida, 2015, aunque el mandatario afirma que no se presentará en los sufragios del próximo año.

Por supuesto que los caudillos del socialismo del siglo XXI no son los únicos que gustan de la autoridad hasta el hastió. Hay líderes democráticos que también gozan en extremo de los placeres del poder y quisieran eternizarse, pero se ajustan a la leyes y esperan el tiempo que marcan las Constituciones de sus países para buscar la reelección.

Entre los que amenazan con regresar se destaca Luiz Inácio Lula da Silva, el caudillo del Partido de los Trabajadores (PT) que gobernó a Brasil por dos períodos y apoyó a su sustituta, Dilma Rousseff, con el fin de que la mandataria lo respaldara en un eventual retorno.

Sin embargo, las posibilidades de retorno de Lula se aprecian muy difíciles si se consideran los escándalos por corrupción en los que se encuentra envuelto su partido y que la propia mandataria haya declarado que Lula da Silva es “objeto de una gran injusticia”, consecuencia de las denuncias en su contra por supuesto blanqueo de dinero y ocultación de patrimonio.

Hay quienes afirman que algunos políticos son adictos al poder y dependen tanto de su ejercicio que no usufructuarlo les produce grandes trastornos emocionales y de salud, condición que los motiva a retenerlo o reconquistarlo cuando lo pierden.

A fin de cuentas, como diría uno de los muchos abogados de los demonios que están dentro de todos, hay que aceptar que ellos tienen responsabilidad, porque sus ambiciones ilimitadas tienden a generar ingobernabilidad y caos, pero los verdaderos culpables son sus electores, quienes, haciendo uso del privilegio ciudadano, empiedran las avenidas por la que los autócratas con respaldo popular sepultan el Estado de derecho.

A partir del 5 de enero se inició en Venezuela un proceso sin precedentes. Una mayoría parlamentaria, con vocación democrática, está dispuesta a retar un Ejecutivo que controla el resto de los poderes del Estado.

El Parlamento venezolano ha sido uno de los principales instrumentos usado por el chavismo para instalar una dictadura institucional sobre una colosal farsa democrática, lo que le confirió la capacidad de cercenar paulatinamente los derechos ciudadanos, arruinar la economía nacional y generar una corrupción sin precedentes en un marco de relativa legitimidad.

La convivencia en un parlamento integrado por legisladores con diferentes ideas e intereses es complicada y difícil, pero lo que se experimenta en la Asamblea Legislativa  venezolana no tiene precedentes ya que enfrenta un ejecutivo y un poder judicial que responden a una ideología excluyente y sectaria, con medios suficientes para intentar neutralizar y hasta sabotear las decisiones de los legisladores.

Es de suponer que los líderes políticos de la oposición estén desarrollando recursos para blindarse contra las agresiones que en su contra va a desplegar el chavismo, instrumentados de la peor manera posible por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; este último procurará generar conflictos dentro y fuera de la Asamblea, incentivando a los grupos más radicales del chavismo a establecer bloqueo y a agredir a los legisladores contrarios al gobierno.

Por su parte el presidente Maduro tratará de responsabilizar a la Asamblea de la agudización de la crisis económica, y de los problemas que afronte el gobierno a partir del momento que el poder legislativo se emancipó del ejecutivo, intentara bloquear las decisiones del Parlamento y desconocer sus atribuciones.

El Poder Judicial ha sido la primera herramienta del gobierno para tratar de ilegalizar las decisiones de la Cámara, los magistrados hurgaran o interpretaran a conveniencia cualquier legislación que afecte al gobierno, serán la primera línea del frente oficialista contra la oposición.

Cierto que la Asamblea Nacional tiene potestad para nombrar magistrados y hasta promover la revocación del presidente, pero ambas habilidades, aunque cuentan con la fuerza moral que le otorgó el pueblo, en caso de rebeldía, tiene que tener la subordinación de las fuerzas públicas para hacer cumplir sus decisiones,  lo que no parece factible en base a las recientes declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino Lopez, quien dijo que se había ultrajado a la Patria cuando la mayoría parlamentaria decidió retirar un cuadro del comandante golpista Hugo Chávez, el general, reiteró su respaldo al gobierno y no a la Constitución, un indicativo que refleja que parte está en un conflicto de poderes que tiende a agravarse.

Ante esta situación el apoyo activo de los electores que votaron a favor del cambio, es la principal defensa de los legisladores que impugnan la autocracia.

El éxito de la campaña electoral de la oposición hay que validarlo con otra cruzada que muestre que la mayoría de la población no votó exclusivamente contra el oficialismo por el pésimo gobierno, sino también, porque está a favor de cambios sustanciales que desmonten unas estructuras políticas y administrativas contrarias a los mejores intereses de la nación.

Es de suponer que un cierto porcentaje del electorado votó contra el régimen por el empobrecimiento, la alta inflación y la extendida escasez de bienes de primera necesidad, incluidos los productos farmacéuticos, pero es de esperar -ahí está la garantía de futuro- que la mayoría haya hecho conciencia que las propuestas populistas que enarbola el régimen, por muy bien elaboradas que estén, solo sirven para socializar la miseria y convertir al individuo en una masa amorfa que solo responde a los dictados del caudillo.

Es preciso trabajar a favor de que el chavismo deje de ser una alternativa electoral, no porque se prohíba o ilegalice lo que Hugo Chávez representó para un sector de la población, sino porque el ciudadano habría tomado conciencia que las propuestas que encarnó, eran inviables y voluntaristas, y que en ningún momento estaban sostenidas en postulados que tuvieran el trabajo y el respeto a la libertad como fundamento.

Hay que demostrar que el denominado Socialismo del Siglo XXI como en su momento lo fue el socialismo real castrista, aun en el supuesto negado de que hubieran sido un éxito económico, son negativos para el ciudadano, porque atacan la condición de hombres y mujeres con derechos a tomar decisiones, acertadas o erradas, pero propias.