¿Y si lo que se está creando es un partido político con un brazo armado, sobre el que los miembros de ese partido, aparentemente, no saben nada y por ende no se hacen responsables de sus actos? Un escenario así sería peor que todos los años de guerra. ¿Se imaginan a congresistas barriendo a la oposición a punta de bombas y balas, y de paso, patrocinando sus campañas con los ingresos de la empresa más lucrativa del país actualmente, como es el narcotráfico? Maduro y Chávez, les quedarían en pañales.

Por eso, las FARC deben ser claras de una vez por todas sobre si su mando está unificado o si hay una ruptura en sus filas. Si no la hay, no sé cómo el presidente puede seguir dialogando, con personas que cuando se levantan de la mesa, están planeando asesinatos. Y si la hay, que muestren abiertamente su desacuerdo y que digan quiénes son los insurrectos, para depurarlos del proceso de Cuba, y se les comience a dar tratamiento de bandas criminales. Eso sí sería una muestra de voluntad, mucho más concreta que la firma de acuerdos que, bien lo han dicho, no tienen ningún peso hasta que se acuerde todo.

Cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció su intención de lanzarse a la reelección esta misma semana, lo hizo con lo que parece que será su lema de campaña: “La paz es la mejor seguridad, es la seguridad última”. Pues yo miro a la vecina Venezuela, un país sin guerrilla, es decir (supuestamente) en paz, y veo que la han convertido en la nación más insegura del continente latinoamericano, y quizá una de las más inseguras del mundo. La zona que componen Honduras, El Salvador y Guatemala, también se considera como una de las más peligrosas del globo, y no tiene guerrillas armadas hostigando sus campos e infraestructura. No, esa paz de la que habla el presidente, ni garantiza la seguridad última, ni es necesariamente la mejor seguridad. Es más, si de lo que aquí se trata, como todo parece indicar, es de que estos jefes guerrilleros no paguen un día de cárcel y puedan presentarse a cargos de elección popular, creo que Colombia en lugar de estar dando un paso hacia la prosperidad, puede estar dándolo hacia un escenario mucho peor que el que hoy viven los países gobernados por el arruinado socialismo del siglo XXI, con sus presidentes aferrados al poder, recortando libertades y ordenando saqueos, a la manera de los dictadores de antaño, pero legitimados por unas elecciones compradas cuyos resultados han sido alterados por ellos. Por cierto, si la paz es justicia, ¿cómo podría darse ésta ante un escenario de tal impunidad?

El presidente Juan Manuel Santos debería saber que en una democracia, la oposición no puede ser tildada de “enemiga”, se utilice en el contexto que se utilice, como él lo hace al referirse a “enemigos de la paz”. Enemigos de la paz son los que asesinan y secuestran, los que cometen y planean atentados y siembran los campos de minas y los corruptos y mafiosos, mas no las personas de bien que simplemente no están de acuerdo con un proceso llevado a cabo por el gobierno, sin siquiera haberle consultado al pueblo. Los enemigos de la paz son los que en principio perpetuaron esta guerra, no un ex presidente que liberó a tantos de la tortura del secuestro, y en cuya administración se logró lo que en todas las otras fue imposible. Es que si los enemigos de la paz son los que indica el presidente Santos, ¿entonces qué son las FARC? ¿Amigos?

A pesar de ser consciente del avance maravilloso que sería para Colombia que en lugar de un grupo narcoterrorista haya un partido político, sí son muchas las dudas que me asaltan al leer sobre lo acordado.

La primera duda radica en la confianza que se le pueda tener, una vez desmovilizados, a los miembros de un grupo que lleva demasiados años engañando al país, incluso después de que los hechos los han dejado en evidencia, como en el caso de los diputados del Valle, que ejecutaron a sangre fría, y cuya muerte quisieron atribuir a un ataque del ejército.

Otra duda tiene que ver con quiénes y cómo, de este grupo, podrían ejercer cargos de elección popular, o presentarse a elecciones, ya que muchos de ellos están acusados de crímenes de lesa humanidad. ¿No sólo no pagarían un solo minuto de cárcel, sino que además tendrían todas las garantías para ejercer el intento de llegar al poder? ¿Cómo actuaría una persona que ha cometido esta clase de delitos, sentada en una silla del Congreso de la República, o investida (en un caso hipotético) de presidente?

Me resulta difícil comentar sobre este tema, ya que la paz es un anhelo que desde hace demasiados años tenemos los colombianos. ¿Cómo sería el país, si por fin hubiera paz con la guerrilla? Lo paradójico es que este proceso, que ha resultado en el que más avances se han logrado, se da después de una década en la que a la guerrilla se le propinaron golpes inimaginables, y su poderío militar ha disminuido sustancialmente. Pero por eso resulta más complejo aceptar que impongan puntos en la agenda, o que se hable de garantías para ejercer la política, como si no fueran más que unas pobres víctimas de un Estado perseguidor, y olvidando que esas garantías por las que ahora claman, muchas veces no pudieron tenerlas miles de colombianos de bien, porque las FARC interponían sus balas y amenazas en el camino de los que no estaban de acuerdo con ellos, o consideraban sus enemigos, tan solo por el hecho de ser dueños de una empresa, o de hacer parte de un gobierno.

En ese sentido me pregunto si la agenda de las negociaciones se trata de un proceso en el que un grupo entrega sus armas para reinsertarse en la sociedad, o de un cúmulo de reformas, que no se sabe con que derecho constitucional, la guerrilla negocia con el gobierno. Se habla de un “estatuto para la oposición”, de una “revisión al régimen electoral”, de un “fortalecimiento en la transparencia de procesos electorales en zonas que tradicionalmente son vulnerables al fraude…”. ¿Significa entonces que tenían razón? ¿No debe el gobierno, por su cuenta, revisar el régimen electoral y fortalecer la transparencia de los procesos, sin que unas personas que llevan décadas al margen de la ley intervengan? Si se tiene que crear un estatuto para la oposición, ¿significa esto que ahora mismo en Colombia no se puede ejercer oposición? Yo veo que el presidente Uribe la ejerce desde hace mucho y que, quizá, el mayor peligro que enfrenta, para poder seguir ejerciéndola sin que lo maten, proviene precisamente del grupo que hoy pide garantías para que no los maten cuando la ejerzan.

Por último, uno de los mayores miedos que escucho es a que los miembros del secretariado de las FARC participen en política es que en Colombia termine gobernando una especie de Chávez, que lleve al país a la ruina. Yo no estoy de acuerdo. Pero porque me parece que podría ser peor. Chávez, con todo el daño que hizo, antes de ser presidente, que yo sepa, no mataba, secuestraba, masacraba, atentaba contra la infraestructura de su país, ni extorsionaba ni sembraba minas y traficaba con drogas.

Sin embargo, habría que ver si Colombia los escoge. Y yo quiero dudarlo.