Era esperable que no se llegara a un acuerdo teniendo en cuenta que el FPT se ha convertido en un instrumento de propaganda y manipulación de masas al mejor estilo goebeliano donde un gobierno utiliza miles de millones de pesos del presupuesto público para hacerse autopropaganda. Recordemos que utilizar fondos públicos como si fueran propios y encima para hacer política partidaria es fascismo en estado químicamente puro. En este sentido, el broche de oro de este enorme desmanejo fraudulento de fondos vino de la empresaria inmobiliaria y agitadora profesional Hebe de Bonafini cuando sentenció que “el FPT no está para hacer plata sino para hacer política” (sic). A confesión de parte, relevo de prueba.

Pero me gustaría detenerme unos minutos para mostrarles la cantidad de dinero que se va en financiar estos programas sin ningún tipo de utilidad pública, y también para poner un poco de perspectiva sobre estas cifras.

Desde que se estatizó el fútbol argentino, el FPT ya lleva despilfarrados la friolera de 6.500 millones de pesos si se contempla el presupuesto de este año. Cerca del 57% de ese dinero se va a en pago de derechos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), 26% en publicidad y el restante 17% en gastos de producción y comercialización.

Lo que es llamativo es que en cuanto a los gastos en publicidad, prácticamente la totalidad de la pauta proviene de fondos que aporta el gobierno. No hay publicidad privada. Es decir, que la única propaganda que llega a la totalidad de los hogares argentinos es el autobombo de los actos del Frente para la Victoria y las supuestas bondades de las empresas estatizadas por el kirchnerismo. En la misma línea, y siguiendo el modus operandi al que nos tiene acostumbrados el gobierno de la década ganada, las partidas asignadas a la producción del FPT se adjudicaron de manera directa a un puñado de productoras y empresas afínes al gobierno (son las mismas que realizan la producción de los actos del gobierno en la Casa Rosada). Pero esto no es nuevo, las estatizaciones de empresas y de estos estrafalarios programas fueron siempre un festín para los corruptos y su círculo de empresarios afínes, que se enriquecían a costa de enormes presupuestos pero siempre a costa del pueblo que financia las enormes pérdidas de estos dislates.

Pero vean las prioridades y el costo social de este disparate. Si tomamos el total del gasto acumulado del FPT desde su inicio hasta el presupuesto estimado para este año, con ese dinero se pudieron haber construido más de medio millón de viviendas sociales, más de 46 hospitales públicos, y cerca de ochocientas escuelas. Los recursos siempre son escasos, por eso lo que se malgasta tiene un enorme costo social, ya que son recursos que ya no están disponibles para atender las verdaderas necesidades del país.

Por todos estos motivos estamos realizando una campaña on-line para que todos los argentinos de bien puedan dar su “like” y ayudarnos a decirle basta al Fútbol Para Todos. Con las firmas que juntemos vamos a elevar nuestro reclamo al Congreso de la Nación. ¡Es ahora o nunca!

En este contexto, desde PRO Libres queremos aportar a esta causa. Nos ofrecemos a colaborar para la organización del partido Propuesta Republicana a lo largo y a lo ancho del país; con el afán de construir un partido estructurado, con una conducción nacional, representativa de los diferentes distritos y con conducciones locales.

¿Cómo se logra esto? Dándole más importancia a los comuneros, produciendo una plena descentralización y buscando a los referentes de cada pueblo y dejarlos hacer. Aquí yace la bolilla primera de la construcción política: generar internas democráticas para permitir la convivencia en paz entre personas disconformes, resolviendo sus diferencias por medios pacíficos y legales.

De esta manera, se promueven liderazgos alternativos, se renuevan las ideas y se inyecta de energía la estructura dinamizándose a través de la amplia participación de los afiliados. Con cimientos sólidos que dan agilidad al maniobrar político, fundamentales para enfrentar la alta complejidad de una organización y de su contexto tan volátil, se puede aspirar a alcanzar el desafío de conseguir un millón de afiliados a nivel nacional para generar sentido de pertenencia y miembros comprometidos con las ideas y su consecuente accionar.

Tenemos en nuestras manos una oportunidad histórica de ofrecer una alternativa a la hegemonía del gobierno kirchnerista, a los reciclados y al chavismo más fundamentalista, disfrazado de oposición.

En los últimos sondeos que manejan varias consultoras porteñas confirman que Mauricio Macri se encuentra en un pico de popularidad con un 60 por ciento de imagen positiva y su gestión alcanza el 70 por ciento de aprobación.

Es el momento de arriesgarnos a cambiar para capitalizar todos estos logros legitimados por los ciudadanos, la clave estará en la lista de legisladores, siempre y cuando, volvamos a hablar de política. La misma que en las PASO exigió y premió la ciudadanía.

Los dirigentes y los partidos políticos del país, en gran medida, parecieran desconocer una regla elemental de la democracia, basada en el predominio de las mayorías, que a su vez reconocen a las minorías, a las cuales hay que respetar sus derechos y, además, concederles cuotas de participación. De allí surge la necesidad de darles la posibilidad a los ciudadanos de elegir a los representantes que crean más idóneos para que integren las listas partidarias, para que luego se enfrenten a otras fuerzas políticas.

La falta de democracia partidaria es el silencioso fraude que sufre el sistema democrático de nuestro país. Esto es realmente muy grave, pues son estas organizaciones políticas y su élite dirigencial los que determinan las listas de candidatos, programas de gobierno o políticas públicas, una vez en el poder, marginando absolutamente de la toma de decisiones a todos los ciudadanos con legítimo derecho de participar y monopolizando la oferta electoral que tendrá la ciudadanía.

El argumento pueril que se suele esbozar para no respetar las internas democráticas es que dividen y generan conflictos. Esta falacia se desvanece con el mero hecho de comprender que la democracia no es un sistema para poner a todos de acuerdo sobre todas las discordias posibles, sino para permitir la convivencia en paz entre personas disconformes, resolviendo sus diferencias por medios pacíficos y legales. 

Algunos síntomas que reflejan las heridas democráticas son el declive en la concurrencia a las urnas, menor identificación partidaria, caída en el número de afiliados y militantes, sumado a la pérdida de confianza en los partidos, como también una tendencia alcista hacia una centralización oligárquica del poder. A raíz de esto, el compromiso cívico le está dando la espalda a los partidos políticos y al proceso electoral para encauzarse por otros carriles, como organizaciones no gubernamentales o grupos civiles que no se sienten cómodos ni representados con las estructuras partidarias.

De esta manera es como los partidos se debilitan, se fragmentan, proscriben y ningunean a los mejores hombres, convirtiéndose en estructuras vacías, sin dinámica, dedocratizadas por el “líder” y su cúpula. Entonces, vale la pena preguntarse: ¿cómo habrán de gobernar estos partidos en democracia, si no son capaces de ejercerla internamente?

Por ello, los partidos juegan un rol clave en la construcción de un sistema democrático saludable, que nos permita a los ciudadanos participar activamente en pie de igualdad en el juego interno de las organizaciones políticas, ya que es nuestro deber elegir a los mejores candidatos para que nos representen, como también tener la oportunidad de ser elegidos si nos sentimos aptos para ello.

Es decir que si los políticos y sus partidos actuaran con respeto a las minorías y a las normas democráticas, seguramente más personas estarían participando en política y tendríamos una democracia más plena. Sin embargo, eso significaría que los caudillos podrían perder poder. ¿Se animarán a correr ese riesgo en favor de la democracia?

Las PASO son una extraordinaria oportunidad para demostrar qué políticos y qué partidos no sólo hablan de democracia, sino que la practican.

Para abordar este tema, es fundamental analizar el cambio en las doctrinas jurisprudenciales sobre el “poder de policía” del Estado; desde una concepción de poder policía “restringido” a uno “amplio”.

Esa doctrina surge en el caso “Ercolano c/Lanteri de Renshaw” del 28 de abril de 1922, donde se cuestionó la constitucionalidad de una ley de congelamiento de los alquileres, ya que esta norma interfería en un contrato voluntariamente celebrado por las partes.

La visión acorde con la Constitución de 1853, ratificando al poder de policía limitado, es expresada en ese fallo por la posición minoritaria del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en ese entonces, mi tatarabuelo el juez Antonio Bermejo. Esta doctrina limitaba la acción interventora y regulatoria del Estado a cuestiones relacionadas con la seguridad, la salud y la moral pública, dejando incapaz al Estado para intervenir en la libertad contractual de los individuos. Sostenía, a tal efecto, que la reglamentación del precio de la locación es incompatible con el derecho de usar y disponer de la propiedad, con el principio de su inviolabilidad y con la prohibición de alterar las garantías fundamentales con leyes reglamentarias, consignadas respectivamente en los art. 14, 17 y 28 de la Constitución.

La Corte Suprema, sin embargo, en voto mayoritario se adscribiría aquí al concepto “amplio” del poder de policía, conforme al cual la reglamentación podía restringir los derechos de propiedad allí donde concurriera un interés público intenso. Sobre esa pauta, la Corte entendió que el Congreso podía intervenir en la materia y regular el precio.

Lamentablemente, al adoptar esta postura, la Corte mostró un total desconocimiento de la más básica teoría económica, afectando al derecho de propiedad privada, la libertad contractual y la seguridad jurídica, lo cual destruyó el mercado inmobiliario durante décadas, desalentando toda oferta de viviendas con destino al alquiler.

A diferencia de los argumentos populistas del legislador, bien sabemos que la principal razón del aumento de la demanda alquileres y, por ende, de su precio, es la carencia de un sistema de créditos, el cual se torna imposible en este contexto inflacionario y de poca seguridad jurídica. Quizá Aníbal se olvide que el Banco Ciudad, a pesar del difícil panorama económico, facilitó a los porteños el acceso a miles de viviendas con sus créditos hipotecarios hasta que el kirchnerismo, del cual es parte, le quitó los fondos judiciales que utilizaban para otorgar los créditos, por el mero hecho atacar al que gestiona correctamente.

Han pasado más de 90 años de ese histórico fallo, es momento de madurar como sociedad, aprender de los desaciertos, volviendo al criterio restringido para afianzar la seguridad jurídica, la confianza económica y la estabilidad política.

Si permitimos que controlen nuestra historia y nuestro presente, repitiendo argumentos arcaicos y falaces, controlarán nuestro futuro y volveremos a cometer los mismos errores. Por eso, te pido Ibarra, no nos tomes por idiotas.

Lamentablemente, crecí en medio de la vorágine populista que desde hace varias décadas se adueñó de la República. Sin embargo, ante la adversidad, siempre defendí con fervor estos ideales como también la democracia partidaria. Es decir, que los electores se expresen en las urnas para elegir a los candidatos que consideran más idóneos para llevar adelante la defensa de sus ideas en los cuerpos colegiados de la república.

Siguiendo mis principios, luego de un arduo trabajo en los grupos juveniles, el 10 de diciembre de 1985, asumí como concejal de la Ciudad de Buenos Aires (hoy legislador), banca a la que accedí con el apoyo de la juventud y a través de elecciones directas y democráticas, venciendo las actitudes “dedocráticas” en contra.

Como saben, falta poco tiempo para las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollarán el 11 de agosto, en las que elegiremos a los candidatos a diputados y senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

Claramente, ésta es una gran oportunidad para ejercer la democracia partidaria y comenzar a solucionar la crisis de representatividad que sufre el sistema político argentino.

En la Argentina la hegemonía del kirchnerismo no es eterna. Depende, eso sí, de la oposición, generar una alternativa sólida, con dinámica interna y con dirigentes surgidos de las bases partidarias, que pueda darle al país un gobierno republicano que esté a la altura de los desafíos que el mundo demanda.

En este sentido, desde PRO Libres queremos contribuir a esta causa presentando nuestra lista de candidatos a las PASO y es necesario que los demás afiliados a nuestro partido, que deseen ser candidatos, se presenten a lo largo y a lo ancho del país, para estimular la más amplia participación y democracia interna, con una pluralidad de figuras, expertos y cuadros, de modo que el PRO pueda transformarse en la gran fuerza nacional de las ideas que representa.

Es por eso que hoy, como en esos años, he retomado la actividad político-partidaria con el compromiso de luchar por la libertad, la república y la democracia interna y externa, para que el espíritu y la letra de la Constitución no sean sólo ideas escritas sino una realidad palpable.

Después de muchos años espero volver a representar a los ciudadanos, esta vez desde la Cámara baja, donde garantizaremos la protección de nuestras vidas, libertades y propiedades, terminando con los atropellos de parte de los agentes del “progresismo”, y de quienes quieren imponernos, a través de la suma del poder público y con la complicidad de los cuerpos legislativos, lo que no pudieron imponernos por las armas.

Me gustaría que sean parte del evento que hicimos el martes pasado que despertó la curiosidad de cientos de ciudadanos y por eso los invito a imaginarse que estamos frente al Banco Central con un billete congelado como lo muestra esta imagen y a escuchar atentamente estas palabras:

Les hablo de la inflación, de esa inflación que nos derrite como se derrite esta barra de hielo. Nos derrite nuestros ahorros, nuestro poder adquisitivo y, en suma, nuestros sueños de una vida mejor.

No quiero entrar a la discusión de cuanto es el nivel de la inflación. Ustedes lo viven cuando van al supermercado o salen a comer. Pero todos sabemos que el Indec y Cristina mienten. El tema es por qué pasa esto y cómo se puede solucionar. La barra de hielo se sigue derritiendo al igual que nuestro poder adquisitivo.

Es posible que los muy jóvenes recién ahora experimenten este flagelo. Pero hay innumerables argentinos que todavía recuerdan con amargura la época del ministro Rodrigo en 1975, la circular 1050 durante el último gobierno militar o la hiperinflación del presidente Alfonsín. Peronistas, radicales y militares coquetearon con la inflación, y todos sin excepción, acabaron por empobrecer al país y a su gente.

Nos alarma que el gobierno no tenga en cuenta estos antecedentes y que a su vez siga empecinado en reflotar medidas que han fracasado una y otra vez, como los controles de precios y las crecientes trabas burocráticas a los que producen.

Pero lo más triste es que en algún momento —con todos los problemas que tenía y tiene el país—, parecía que al menos en los últimos años habíamos logrado vencer y deshacernos de la inflación. Y ahora la vemos resurgir otra vez con los K, en un mundo donde ya casi ningún país tiene inflación alta. No es casualidad que Argentina y Venezuela estén entre los cuatro o cinco países con más inflación del mundo: no hay duda de que Cristina quiere que nos parezcamos más a Venezuela, con todo los que esto implica.

Es la irresponsabilidad de este gobierno, de este Banco Central que está aquí frente a mis espaldas, los que han producido este retroceso. Cada punto de inflación que sube significa 150.000 nuevos argentinos que entran al infierno de la pobreza. Son los mismos puntos de inflación que el gobierno oculta, como oculta a los pobres debajo de la alfombra, arrojándolos previamente a un pozo y del cual quieren sacarlos parcialmente –sólo parcialmente— con clientelismo a cambio de votos. Es una mecánica perversa y que degrada a la gente. Por eso no es un juego de palabras decir que degradar la moneda es degradar también a las personas.

Pero ¿por qué ocurre todo esto? La inflación es consecuencia de un Banco Central que se transforma en una maquinita de imprimir billetes por sobre las demandas reales de la economía. ¿Y por qué el gobierno imprime dinero en exceso? Pues para financiar el despilfarro y sus gastos espúreos: Aerolíneas, 678, la publicidad oficial que nos que nos cuenta el relato, los Báez y los Fariñas, el fútbol “gratis”, la militancia rentada de La Cámpora, los viajes al exterior, los lujos de todos los funcionarios, los subsidios a los empresarios amigos, como los que manejan los trenes y tantas otras cosas. Porque ya ni siquiera les alcanza con los impuestos draconianos que nos cobran, impuestos que ni siquiera vuelven al pueblo bajo la forma de bienes públicos y de infraestructura básica teniendo en cuenta el estado lamentable de la educación, los hospitales públicos, los niveles de inseguridad, la infraestructura vial, por nombrar sólo algunos ejemplos.

Hay quienes dicen que parar la inflación trae un costo social, que implica un ajuste. Y yo tengo noticias para los que dicen esto: el costo social es esto mismo que estamos viviendo. El sector privado hace rato que dejó de crear trabajos; el desempleo —hasta reconocido por el propio Indec— sube, mientras el sueldo y los ingresos fijos van siempre por la escalera y nunca se compensa con los aumentos, que se van derritiendo como se sigue derritiendo la barra de hielo.

Nosotros creemos que se puede combatir la inflación sin hacerle pagar el costo a los sectores populares. Ni incurrir en el cuco del “ajuste” con el que nos tratan de asustar todos aquellos que les conviene la inflación, empezando por el propio gobierno. Mientras paramos esa maquinita, hay que crear un cambio de expectativas: adoptar un plan agresivo para atraer inversiones agresivas para crear empleos en forma rápida (para que no se vayan empresas como Vale y vengan nuevas), cortar subsidios a todos los empresarios amigos del poder que no producen, bajar el costo de la política y del gobierno, levantar todos los cepos y detener las fugas de divisas, favorecer a quienes tomen trabajadores y empleados y a quienes quieran instalar su pequeño negocio o empresa.

Cristina decía en Harvard –no en La Matanza– que si hubiera 25% de inflación el país estallaría por el aire. Le tengo noticias a usted señora presidente: ¡el país está estallando en estos momentos! Pero podemos hacer un control de daños antes de que sea tarde y revertir la tendencia. Para que la inflación no nos derrita del todo… ¡miren la barra de hielo! para que no se derrita nuestro poder adquisitivo, para que el país y nuestros sueños dejen de derretirse y empiecen a crecer, fuertes y vigorosos.

Un verdadero golpe de estado que atenta contra su letra y, por sobre todo, contra su espíritu.

El artículo 29 de la Ley Fundamental establece, con toda claridad: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Y el artículo 36 lo complementa: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.
Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo (…)”.

A exactamente una semana de este atropello que atenta contra nuestras vidas, libertades y propiedades y que tiene como único fin garantizar la impunidad de los personeros del régimen frente a la escalada de latrocinios que se conocen a diario por los medios de prensa que pugnan por silenciar; hoy se cumplen dos aniversarios que han sido una bisagra en la historia de la república Argentina para conducirla hacia la senda del orden en libertad:

• El 162º aniversario del pronunciamiento de Justo José de Urquiza contra la tiranía de Juan Manuel de Rosas, primer peldaño para el derrumbe de la suma del poder público que se terminaría haciendo efectivo en la Batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852.
• El 160º aniversario de la sanción de la Constitución Nacional de 1853 que abrió las puertas a la civilización y a la organización jurídica y política de la república, llevándola, al momento del centenario de la Revolución de Mayo celebrado en 1910, a una posición respetable en el concierto de las naciones, colocándola en sus primeros puestos y con un futuro promisorio que, desafortunadamente, fue quebrado por los populismos y los autoritarismos de las más diversas especies, haciéndonos ingresar en un cono de sombras mediocres y decadentes.

Estos dos hechos ocurrieron un 1º de mayo. Recordarlos siempre es un deber cívico de todo argentino de bien que quiera la plena vigencia del legado de los soldados de Caseros y de los Constituyentes de 1853: asegurar los beneficios de la libertad.

El régimen kirchnerista, probablemente uno de los más siniestros de nuestra historia, ha decidido retrotraernos al 2 de febrero de 1852, esto es, a la suma del poder público. Con todo rigor y justicia, podríamos decir que ya nos encontramos frente a una tercera tiranía que azota a la república.

En este contexto, volver al futuro es rescatar la Constitución Nacional originaria de 1853, que es la mejor plataforma de gobierno, ya que garantiza la protección de nuestras vidas, libertades y propiedades, limitando las aspiraciones al poder absoluto de potenciales tiranos.

Me inicié en la carrera política en los inicios de la década de 1980, cuando en el mundo se estaba librando la batalla final entre un modelo de libertad –más allá de cualquier imperfección propia del ser humano– y uno de esclavitud totalitaria como lo era el comunismo soviético y sus satélites.

Mi norte siempre ha sido la democracia partidaria. Que los electores se expresen en las urnas para seleccionar a quienes consideran más capacitados para llevar adelante una ardorosa defensa de la libertad en los cuerpos colegiados de la república.
Aquellos que habremos de exigir que sea debidamente castigada esta década de corrupción y desvergüenza mediante la aplicación de los artículos 29º y 36º de la Constitución Nacional para que nunca más intente ningún “aventurero o aventurera” cernirse como amenaza contra lo que tanto les costó conseguir a nuestros próceres más preclaros para que nosotros disfrutemos de los beneficios que trae una vida civilizada y respetuosa de las normas dentro de un orden virtuoso en libertad.

Hoy, como en esos años, he retomado la actividad político-partidaria con dos promesas: La lucha por la libertad, la república y la democracia para que el Preámbulo de nuestra Constitución no sea sólo un rezo laico, sino una realidad tangible.

En este 1º de mayo, como lo hiciera Urquiza, llamo a todos a pronunciarnos por los valores que jamás debimos haber abandonado y a constituir la unión nacional en base a ellos.

¿Recuerdan estos precios?

¿Quién es el culpable? ¿Clarín? ¿Fondos buitres? ¿FMI? ¿Grupos concentrados? ¿Comerciantes? ¡NO nos dejemos engañar! ¡El único culpable de la inflación es el gobierno nacional y su banco central!

La inflación la genera el Gobierno Nacional emitiendo más dinero que la demanda de la gente, con el fin de pagar sus estrafalarios gastos. Es un impuesto que pagamos de forma indirecta. Es el más inmoral de los impuestos porque ataca al fruto de nuestro trabajo y perjudica, más que nada, a los ciudadanos con menos recursos. Lo pagamos para mantener empresas ineficientes y deficitarias como Aerolíneas Argentinas; lo pagamos para que el Gobierno financie Fútbol para Todos, propaganda estatal y 678.

¿Qué hizo el Gobierno Nacional para combatirla?

• Lo único que ha hecho contra la inflación ha sido intervenir el Indec para adulterar los índices de precios y de esta manera engañar a la población sobre la alarmante suba de precios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo del salario. ¿Ustedes le creen?

• Se encargó de transmitir que “un poco de inflación no importa”. Desde el 2003 a la fecha la inflación acumulada ya asciende al 275%, lo que significa que 1 (un) peso del año 2003 hoy solo “vale” 27 centavos. Piensen cuánto va a valer su jubilación en unos años.

• Le echó la culpa de la inflación a los empresarios. Del 2003 al 2007 la inflación promedio fue del 7,7% mientras que del 2008 al 2012 la inflación promedio fue del 20,9%. Son los mismos empresarios y el mismo gobierno.

• Le dirigió la culpa de la inflación a los “grupos concentrados” o a los “formadores de precios”. Dichos grupos también operan en otros países de la región, como Chile, Brasil, Perú, Colombia, sin embargo, la inflación allí ha sido significativamente más baja, incluso teniendo tasas de crecimiento más altas que en la Argentina.

• Determinó que no era un problema porque había aumentos de sueldo. La revisión de los salarios mayormente se realiza una vez al año, mientras que los precios suben a cada momento y en la mayoría de los casos son menores a la inflación. Este argumento tampoco contempla a aquellos que trabajan en el sector informal, que representa más de un tercio de la economía. Nuestro salario se encoge, por más aumentos, paritarias o decretos que existan.

Para que cambie esta situación y nuestro salario deje de perder valor, voy a concurrir a la gran manifestación ciudadana que se realizará este viernes al mediodía frente al Banco Central para proponer que:
• Se deje de emitir moneda descontroladamente y se disminuya el gasto público utilizado para financiar actividades populistas y empresas deficitarias.
• Se hagan eficientes las empresas que deban ser públicas.
• Se acaben los controles de precios que sólo contribuyen a agravar el problema.
• Se disminuyan los impuestos y se eliminen los que gravan la canasta básica.

No permitamos que nos roben el futuro, defendamos juntos el fruto de nuestro trabajo.

En esa época, se sometía los virreyes a un proceso en el cual debían demostrar que no se habían enriquecido o actuado ilícitamente en su cargo; si se comprobaba lo contrario se los podía multar o inhabilitar para continuar su carrera pública. Claro que esto nunca se aplicaba al rey.

Más de 200 años después, en la Argentina, muchos funcionarios parecen haber heredado del régimen imperial prerrogativas cuasi monárquicas, que los colocan en situaciones de impunidad y a cubierto de investigaciones por los posibles ilícitos que cometan, sin que siquiera tengan que afrontar algo parecido a un “juicio de residencia”.

Los funcionarios no sólo deben velar por los intereses públicos, sino también responder ante los ciudadanos por las tareas que ejerzan. También deberían demostrar en firma fehaciente que no se han beneficiado indebidamente en lo personal utilizando las influencias, mecanismos o infraestructura del Estado.

En la Argentina estos principios rara vez se cumplen. Los documentos y declaraciones oficiales, más que para comunicar la verdad de las gestiones, parecen estar hechos para distorsionarlas. Asimismo, la justicia opera con serias limitaciones para detectar, procesar y cuando corresponde, condenar a funcionarios que cometen ilícitos (con suerte, sólo se condenará a algún funcionario que carezca de protección política y eso será en el gobierno siguiente).

Aún cuando se efectúen denuncias serias y fundadas no judiciales, el aparato oficial le arrojará al denunciante todo el peso del Estado encima para difamarlo o intimidarlo.

Por lo demás, el acceso a la información pública en la Argentina es limitado e inexistente y la propia información pública es de mala calidad. ¿Es necesario recordar el INDEC o el hecho de que no se publican estadísticas oficiales sobre delincuencia desde 2009? El kirchnerismo frenó dos veces el tratamiento de una Ley de Acceso a la Información y hasta los decretos sobre información pública de 2003 (que obligaban a funcionarios a suministrar información pública) son hoy (casi) letra muerta.

Argentina debe ser uno de los pocos países democráticos donde el sueldo o la pensión de la presidenta es un secreto de Estado y donde a veces es casi imposible acceder a las declaraciones juradas de sus gobernantes, pese a que por ley deberían ser públicas. A veces hay quienes ni las presentan. Y en otros casos, nadie puede tampoco chequear la veracidad de lo que se indica. Nadie sufre ninguna consecuencia.

Un futuro gobierno de inspiración republicana puede cambiar todo esto. Es necesario que exista un acuerdo consensuado entre todas las fuerzas políticas para que, desde ese momento en adelante, existan mecanismos claros y comúnmente aceptados de rendición de cuentas. También deben crearse o fortalecerse ONGs independientes que los puedan monitorear adecuadamente.

Tales acuerdos deberían abarcar tanto el plano político-administrativo (informar con precisión qué se ha hecho desde cada cargo, sin vaguedades ni mentiras) como en el plano legal (por ejemplo, demostrar que no habido ilícitos que impliquen el enriquecimiento indebido de los funcionarios).

Igualmente, todos los datos, nombres, cifras, montos y contratos del sector público deben informarse veraz y oportunamente y estar accesibles para cualquier ciudadano que quiera “saber de qué se trata”, sin que siquiera deba justificarse por qué se busca una información. Y las propias fuerzas políticas deberían comprometerse formalmente a no aceptar la corrupción, ni adentro ni afuera de sus filas.

Asimismo, es necesario que todos los sectores políticos, al menos los de inspiración republicana, den seguridades a una futura justicia independiente. Es decir, garantías reales y efectivas de que podrán investigar y condenar —incluyendo a miembros de esos mismos sectores—, tanto con respecto hacia el presente como hacia el pasado y sin temer por presiones o represalias. Ni estar sometidos a súbitos intentos de una mal llamada “democratización” judicial (en el lenguaje K eso significa “kirchnerización” o quizás sería mejor decir “oyarbidización”).

Y esos mismos sectores políticos deben dejar también muy en claro a los kirchneristas que no habrá “olvido ni perdón” de los actos ilícitos que hayan cometido, desde la desobediencia de leyes o fallos judiciales hasta el enriquecimiento patrimonial indebido y el incumplimiento de los deberes del funcionario público. En ese sentido, no vale cambiar de posición o partido, ni volverse súbitamente transparente o “republicano”, ni disfrazarse de “perseguido político”: es como si lo pudiéramos ver desde ahora. Nada de eso borrará los actos ilegales que se hayan cometido.

Es también indispensable que los futuros condenados por corrupción o delitos conexos devuelvan hasta el último centavo, indexado y con intereses, de lo que hayan sustraído.

De nada vale el repudio público o alguna condena menor si el corrupto logra después vivir de rentas, de negocios que haya establecido o pueda pasearse placenteramente por el mundo, mientras millones de argentinos siguen arriesgando su vida por tomar un tren, atender un kiosco o llegar a su casa a la noche. Es que el país no sólo se ha empobrecido
con este tipo de ilícitos: ya es un lugar común proclamar que la corrupción mata. ¿Es necesario recordar el caso tan gráfico de la tragedia de Once?

Quizás no sería una mala idea que el ejemplo viniera desde las más altas autoridades. Por ejemplo, el vicepresidente Amado Boudou podría pedir una licencia hasta que se aclare su participación en llamado caso Ciccone. Pese a lo que piense la ex aliancista Diana Conti, nada es eterno. La impunidad tampoco.

Ambos irrumpieron después de una democracia degradada. Ambos fueron caudillos carismáticos y de fuertes personalidades. Los dos contaron con una situación de bonanza económica derivada de las exportaciones (producción agropecuaria en un caso y petróleo en otro). Y los dos implantaron gobiernos con el apoyo de los más pobres, pero ejercieron el poder en forma autoritaria, apostando a reelecciones indefinidas y la supresión de las libertades públicas. Uno y otro consideraron a sus opositores como enemigos de la patria.

También crearon una red de ayuda, que contribuyó a reforzar su recuerdo entre los más humildes, pero que en realidad fueron gigantescos mecanismos clientelares. Esos subsidios no iban sólo a los más pobres: Perón y Chávez también crearon una “burguesía” empresarial protegida, ineficiente y prebendaria.

Chávez tuvo incluso su “17 de octubre” cuando en 2002 sectores populares salieron a la calle para reclamar su restitución luego de ser depuesto por sectores militares y civiles.

Los dos gobernantes buscaron también crear un “modelo” interno con proyección internacional, y desarrollaron una activa propaganda latinoamericanista. Perón proclamó el “justicialismo” de “tercera posición” que condenaba “al capitalismo y al comunismo” y Chávez el “socialismo del siglo XXI”, que al contrario de Cuba nunca se animó a estatizar todo ni a suprimir la democracia formal.

Y como si las semejanzas fueran pocas, ambos murieron sin dejar líderes de peso que pudieran sucederlos.

En la Argentina, desde el peronismo “de Perón” ha corrido mucha agua bajo el puente. El peronismo es algo hoy muy diferente a su versión inicial; tan diferente que puede asumir cualquier forma e ideología: desde López Rega a  Firmenich o desde Menem a Cristina. No es equivocado decir que, hoy día, el peronismo es más un sentimiento que una ideología política: en ese sentido, no es posible entablar un debate político con un sentimiento.

Sin embargo, ha pervivido una estructura e inspiración pejotista que se ha movido dentro de la democracia de una manera disfuncional. De ella han salido, ente muchos otros, Néstor y Cristina Kirchner. La presidenta admira al Perón del 40 (pero no al Perón que se abrazó con Balbín y echó a los Montoneros de la Plaza) y al propio Chávez.

El problema no es sólo que Cristina admire a Chávez: no se podía esperar menos de alguien que se siente cómoda con el personalismo caudillista, la lógica política reducida a la versión binaria amigos/enemigos y el megapopulismo.

El problema es que Cristina admira también el modelo de Chávez: subordinar la sociedad al Estado (un Estado “personalista”), reducir el espacio de la oposición y los medios independientes al mínimo, así como cubrir los desmanejos económicos con controles e intervenciones que hunden al país (mientras tratan de salvar a los sectores más pobres con asistencialismo y reforzar su dependencia política).

Muchas veces se destaca que Argentina no es Venezuela y que existirían factores de diferenciación. El primero es que el gobierno chavista tiene un fuerte componente de militarización y una base de poder en las fuerzas armadas, poderosas y que le respondían por completo a Chávez (luego de sucesivas purgas). El segundo es quela Argentinatiene una sociedad civil relativamente fuerte y una clase media que, aún debilitada, no existen en Venezuela y que actúan como cortapisas para los avances.

El kirchnerismo, ahora en versión cristinista, expolia a todo el país vía impuestos o inflación, se apropia de lo que pueda darles alguna ventaja política y económica, incluso de las divisas que ingresan al país. A su vez desarrolla un “relato” que niega hasta las verdades más evidentes, mientras hostigan o escrachan a quienes contradigan ese relato.

A falta de fuerzas armadas —y que por ahora no las pueden reemplazar grupos de choque como los de D’Elía, Milagro Salas o los marginales que se llevan para hacer disturbios en Junín—  los K deciden jugarse el “todo por el todo”. Lo hacen con una audacia y temeridad tan grandes que paralizan a una oposición de por sí dividida e ineficaz y, por extensión, a grandes sectores del electorado, que no sabe hacia dónde ir ni cómo reaccionar.

Con todo, la ventaja del chavismo o del cristinismo no es absoluta. Aun con el clima autoritario, la propaganda y el clientelismo, hay medio país que se les opone. Ese “medio país” tiene la llave para ingresar a un periodo verdaderamente republicano.

En el kirchnerismo/cristinismo, el jugarse el “todo por el todo” para “ir por todo” (como la reforma de la Constitución, la movilización de los menores para votar y la reforma judicial) puede resultarles mal a los K: recuérdese la elección de 2009 o el famoso 7D.

Y en Venezuela, por más que el gobierno de Nicolás Maduro (procubano) se respalde en las fuerzas armadas, debe tenerse en cuenta que éstas tenían una lealtad personal hacia Chávez y no al partido chavista. No se trata de una sutileza: la composición y lealtades de ese sector castrense pueden ir variando. Maduro y el presidente de la Asamblea (Congreso), el ex teniente Diosdado Cabello (más nacionalista) representan dos sectores igualmente poderosos cuyo enfrentamiento ya no estará arbitrado por nadie e incluso podrán influir dentro de la propia institución militar. El chavismo, aunque no a corto plazo, puede terminar como el peronismo, divido en mil versiones y fracciones.

En este contexto, mientras Maduro no cubanice totalmente el país y siga habiendo elecciones —aun con hostigamiento y manipulaciones— hay esperanza para la oposición, quienes no son precisamente poca gente.

El paralelismo es claro: para que Venezuela salga del autoritarismo y para que Argentina no ingrese de lleno en él, la oposición debe ofrecer una alternativa superadora y efectiva.

Entre nosotros, quejarse por las arbitrariedades del kirchnerismo no es suficiente. Hay que actuar para impedirlas de antemano, tanto en el Congreso, en la Justicia o en la vida diaria. No hay que jugar el juego divisivo y adormecedor que nos proponen. En una cosa tienen razón los K cuando dicen “armen un partido y ganen las elecciones”. El partido ya lo tenemos. Lo otro es el verdadero desafío.