La crudeza de las cifras y los indicadores económicos y sociales del caos no alcanzan para ilustrar con precisión el padecimiento de los millones de venezolanos que han quedado a merced de los delirios de Nicolás Maduro y la fracasada revolución bolivariana.

Dichas cifras no dejan de parecer inverosímiles e hicieron que Venezuela sea récord a nivel mundial en varios rubros negativos. Por sólo mencionar algunas: más de 700% de inflación proyectada para 2016 y unas 76 muertes violentas por día. En ese contexto, al 87% de los venezolanos no le alcanza el dinero para comprar comida, según una reciente encuesta sobre condiciones de vida de los venezolanos (Encovi).

En el plano político, Maduro sigue empecinado en bloquear la convocatoria al referéndum revocatorio aprobado por la Asamblea Nacional, que controla la oposición. Lo hace con el aval de una Justicia que le sigue siendo adicta. La oposición pidió la consulta el 2 de mayo pasado, al presentar al Consejo Nacional Electoral más de 1.850.000 firmas, a pesar de que el requisito era de 1% del padrón electoral (casi doscientas mil firmas).

El referéndum se presenta como la única alternativa de salida constitucional y pacífica para esta tremenda crisis. De no concretarse, los potenciales escenarios van desde un golpe cívico-militar, con esperable convocatoria a nuevas elecciones, hasta un enfrentamiento entre dos grandes bandos armados, algo semejante a una guerra civil.

Teniendo en cuenta la existencia de milicias armadas que responden fanáticamente a Maduro (recientemente reforzadas) y la actual división de las fuerzas armadas (un sector ya no responde al Gobierno), lamentablemente se trata de escenarios a tener en cuenta.

Quizás la enorme presión popular e internacional que está recayendo sobre el Presidente provoque que termine cediendo ante el referéndum. El gran problema es que Maduro “está loco como una cabra”, como bien definió el ex mandatario uruguayo, José Pepe Mujica, días atrás. Ese insoslayable dato de la realidad impide proyectar con racionalidad y torna absolutamente impredecible el futuro accionar de Maduro.

Para colmo, el contexto regional no ayuda. Brasil, el principal país de la región e históricamente factor de estabilidad para el régimen de Venezuela, atraviesa una de las peores crisis políticas y económicas de su historia. Más que dar ayuda, eso es justamente lo que necesita el débil Gobierno provisional de Michel Temer, de dudosa legitimidad política y directamente nula de cara a la ciudadanía. El resto de los países de la región, incluida la Argentina, no la pasa mucho mejor, aunque más bien por coyunturas económicas desfavorables que por crisis políticas, está claro.

Lo cierto es que Venezuela se derrumba sin remedio en una región que ha quedado muy golpeada tras la ola de populismos corruptos y mediocres, enmascarados en discursos de izquierda, que gobernaron durante la última década.

En ese sentido, las declamaciones abstractas y descoordinadas de algunos presidentes y cancilleres de la región no contribuyen demasiado para resolver la crisis de Venezuela. Porque, aunque parezca insólito, todavía no hay consenso regional sobre la situación en Venezuela. Mandatarios como Evo Morales y Rafael Correa aún apoyan a Maduro.

Tampoco aporta la Organización de Estados Americanos (OEA), entelequia burocrática y disfuncional por donde se la mire. La OEA ha demostrado no tener ningún tipo de herramienta institucional válida para intervenir de manera efectiva en este tipo de crisis, salvo convocar a foros y reuniones que casi siempre terminan en debates infecundos.

Y para qué hablar de otros organismos internacionales, como la Unasur o el Mercosur, a los cuales también pertenece Venezuela, pero que atraviesan en la actualidad procesos de fuertes discusiones y redefiniciones internas.

En definitiva, se trata de una región que asiste atónita y virtualmente paralizada a la debacle venezolana. De mantenerse esta inacción y descoordinación, todo indica que los venezolanos tendrán que resolver su crisis prácticamente en soledad. Ojalá que el pueblo venezolano pueda lograrlo, para así evitar el oscuro abismo de violencia y desamparo al que cada día empuja un poco más Maduro.

Ante los graves problemas ambientales que ha implicado la dependencia de los combustibles fósiles para China, responsable del 26% de las emisiones mundiales de CO₂, el sistema de producción de energía se está haciendo ecológico mucho más rápido que en cualquier otro país del mundo.

El gigante asiático concentró en 2015 el 33% de la inversión mundial de energías limpias. En ese sentido, la cantidad de electricidad generada en China a través de combustibles fósiles viene disminuyendo progresivamente desde 2014. Las energías eólica, hidráulica y solar ya representan el 31% de la capacidad total de generación de electricidad de China (21% más respecto de 2007).

Pero más allá del sorprendente ritmo del proceso de reconversión de la matriz energética, China ha comenzado a perfilar un protagonismo mundial creciente en materia de lucha contra el cambio climático, lugar que hasta ahora venía ocupando, casi de manera excluyente, el presidente estadounidense Barack Obama.

China fue un actor clave en la firma del histórico acuerdo climático alcanzado en diciembre en París (COP 21), recientemente refrendado por 171 países en la ONU. El pasado 22 de abril el presidente chino Xi Jinping suscribió dicho pacto de manera anticipada junto a Obama, en un gesto político que tuvo como finalidad dar el ejemplo a otros países y acelerar su entrada en vigor.

Casi en simultáneo se conformaba en Beijing una alianza que tiene por objetivo impulsar el desarrollo verde en China, con la participación de varias instituciones de investigación, compañías y analistas. Una de sus metas es construir una plataforma de servicio público para promover el desarrollo integrado entre centros de investigación, profesionales e instituciones de financiamiento.

En esa misma línea, el Banco Central Chino viene emitiendo desde 2015 bonos verdes, que permiten a instituciones financieras recaudar fondos para proyectos ecológicos. Estos bonos han ampliado los canales de financiamiento para proyectos de energía limpia y protección del medioambiente.

Respecto a la calidad del aire, que en Beijing y en otras grandes urbes del noreste chino ha sufrido un gravísimo deterioro, el plan quinquenal prevé una reducción del consumo de energía y de las emisiones de CO₂ por unidad de PBI, en 15% y 18%, respectivamente, de aquí a cinco años, respecto a los niveles de 2015.

China también se comprometió a incrementar hasta alrededor del 20% el uso de combustibles de fuentes no fósiles en el consumo de energía primaria y a alcanzar su nivel máximo de emisiones de CO₂ para 2030.

Por otra parte, si bien no es considerada una energía limpia por los residuos que genera, la energía nuclear también ocupa un lugar importante en el proceso de reconversión energético chino. Actualmente, esta fuente de energía representa un 2% de la electricidad generada, con una capacidad que se proyecta expandir en el próximo quinquenio de unos 29 a 58 gigavatios mediante la construcción de 24 nuevas centrales.

Debido a su enorme costo económico, los objetivos del desarrollo verde se presentan como muy ambiciosos. Sobre todo cuando la economía china ha ingresado en una etapa denominada de nueva normalidad, con turbulencias financieras, creciente endeudamiento y metas de crecimiento mucho más modestas que las cifras espectaculares superiores al 10% anual de la década pasada.

No obstante, los extraordinarios progresos exhibidos en los últimos años y el rol protagónico que parece aspirar a ocupar China en el escenario global respecto a la lucha contra el cambio climático podrían rápidamente posicionar a la segunda economía mundial como nuevo motor verde del planeta. Algo que por su incidencia no sólo sería beneficioso para los chinos, sino también para el resto del mundo.

A la compleja situación económica se sumó el estallido del megaescándalo de corrupción derivado de las causas Lava Jato y Petrolão, que involucran directamente a los principales políticos y empresarios del país. Algunos de ellos ya están tras las rejas, luego de la rápida acción judicial posterior a las confesiones de los arrepentidos.

Por estas horas, la única duda es cuánto tiempo más puede aguantar en el cargo la presidente Dilma Rousseff, después de la ruptura con su principal aliado político, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Por otra parte, tanto ella como su antecesor, Lula da Silva, están involucrados en causas de corrupción y podrían terminar en la cárcel.

Pese a la euforia de los mercados cada vez que se produce una mala noticia para el oficialismo, lo cierto es que la salida de Dilma inevitablemente será un hecho traumático con consecuencias políticas impredecibles.

Probablemente, en el corto plazo lo que se produzca sea una profundización de la crisis, con el tan temido fantasma de la violencia y el estallido social acechando en las calles. Y para peor, a escasos meses de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

En ningún otro lugar de América Latina la crisis brasileña impacta tanto como en Argentina. Brasil es el primer mercado para nuestras exportaciones, que desde el inicio de la recesión brasileña cayeron cerca de un cincuenta por ciento.

Al mismo tiempo, la devaluación del real incrementa la presión sobre el peso argentino, que ya por la propia coyuntura económica interna está retrasado, presionado por la alta inflación. Es decir, no hay forma de que la debacle brasileña no genere un fuerte cimbronazo en la economía argentina.

Lamentablemente para Mauricio Macri, la crisis de Brasil ocurre cuando la Argentina acaba de iniciar un nuevo ciclo político, tras 12 años de Gobiernos kirchneristas que dejaron una pesada herencia económica, social e institucional.

Pese a la difícil situación heredada, el balance de los primeros cien días de Mauricio Macri es positivo, con grandes logros políticos y económicos, tales como los rápidos acuerdos con el peronismo, la salida del cepo cambiario y la inminente resolución del conflicto con los holdouts. Todo ello en el marco de una nueva e inteligente estrategia de reinserción de la Argentina en el mundo.

La imagen positiva de Macri y su gestión se mantiene en torno al 60% y el 70% de aprobación, según diferentes encuestas. Pero sobre todo hay una enorme expectativa a nivel internacional por el cambio político en Argentina. La histórica visita de Barack Obama a nuestro país es la prueba más contundente de ello.

El Presidente de los Estados Unidos y las principales potencias de Occidente se ilusionan con que Macri no sea un caso aislado y represente tan sólo el inicio de un nuevo ciclo político en la región, más aperturista en materia de comercio, inversiones y cooperación.

Asimismo, es probable que la grave situación de Brasil posibilite que Macri se erija coyunturalmente como un liderazgo regional alternativo. Aunque está claro: no por el peso político y económico de Argentina, que seguirá siendo muy inferior al de Brasil.

Estas situaciones y perspectivas tan dispares entre Brasil y Argentina seguramente tendrán impacto hacia el interior del Mercosur, bloque que acaba de cumplir 25 años de vida con muy poco para celebrar en materia de integración y acuerdos extrazona.

Para colmo, a la crisis brasileña se suma la caótica situación en Venezuela, país cuya inclusión en el Mercosur sólo se explica por la deriva populista que asoló a la región en la última década. Por lo tanto, es muy difícil imaginar en este contexto posibles avances en el bloque, en el corto plazo. Lo más probable será la prolongación del estancamiento.

Respecto a los dos socios fundacionales menores e históricamente relegados, Uruguay y Paraguay, su actualidad y sus perspectivas son mucho más favorables. Además, sus respectivos presidentes han entablado una buena relación y hay mucha afinidad ideológica con Macri. Por ese lado podría darse un hipotético reacomodamiento hacia un Mercosur más activo y más abierto, bajo el liderazgo de la Argentina. Pero lo que es seguro, eso sólo será posible con un Brasil estabilizado o en vías de lograrlo.

Es valorable la actitud del Gobierno nacional de afrontar este grave problema con acciones concretas y de manera consensuada con las provincias. Pero debido a la naturaleza del fenómeno de los piquetes, la implementación del protocolo podría encontrar en la práctica algunas limitaciones y dificultades no menores, sobre todo en los casos en los cuales fracase la instancia de negociación.

El papel de la Justicia y la adecuación a las legislaciones provinciales

El protocolo establece que si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida de desalojar, se les solicitará que depongan el bloqueo bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido en el Código Penal y los de Procedimiento y se pondrá en conocimiento del magistrado competente. Luego se procederá a disolver la manifestación.

¿Quién ordenará en la práctica esa acción disuasiva, una vez agotado el plazo previsto para negociar? ¿Lo hará directamente el jefe del operativo con el aval de la autoridad política provincial y cargará con la entera responsabilidad de la acción? ¿O se esperará respaldo por la vía judicial, más allá de que el protocolo no lo requiere?

Es probable que en muchos casos la Justicia no sólo no se pronuncie para prestar ese aval, sino que inclusive se manifieste en contra del accionar de la fuerzas de seguridad. De ser así, muchos gobernadores evitarán afrontar costos políticos que luego podrían llegar a ser impagables en términos electorales si los desalojos terminan mal.

Por otra parte, el protocolo podría encontrar dificultades respecto a su compatibilidad con los códigos de procedimiento y contravencionales de algunas jurisdicciones que ya han emitido normativa para casos de manifestaciones y bloqueos a la libre circulación.

Las particularidades de las protestas espontáneas y radicalizadas

El protocolo divide a las protestas en programadas y espontáneas. Las primeras son las preanunciadas por los distintos actores sindicales y sociales en conflicto, lo que permite a las autoridades gubernamentales anticiparse a los bloqueos y establecer de manera temprana canales de negociación.

Pero las que realmente importan son las espontáneas, por ser las mayoritarias y más difíciles de controlar. En este grupo se encuentran las protestas vecinales (24% de los piquetes de 2015, según Diagnóstico Político), donde cada ciudadano se representa a sí mismo y sale espontáneamente a la calle a protestar por problemáticas concretas, como hechos de inseguridad o cortes de luz.

Por otra parte, en la esencia de la cultura del piquete está el uso del factor sorpresa, sobre todo por parte de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda. Es poco probable que de ahora en más estos grupos de presión decidan empezar a preanunciar a las autoridades sus planes de lucha en el espacio público.

Respecto a sectores radicalizados como Quebracho, que directamente podrían ser encuadrados como organizaciones delictivas, hay que tener en cuenta que para ellos el conflicto es un fin en sí mismo. Estos grupos no pretenden negociar para sacar réditos del conflicto, sino simplemente coaccionar y desestabilizar a los gobiernos de turno como parte de sus objetivos políticos.

En definitiva, es prácticamente imposible anticipar las protestas espontáneas y radicalizadas, ni establecer luego canales de negociación efectivos con estos sectores.

Tolerancia de la opinión pública respecto al uso de la fuerza

Encuestas recientes indican que más del 80% de la ciudadanía está harta de los piquetes. No obstante, esa opinión pública que reclama el fin de los piquetes se muestra poco tolerante con la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad a la hora del legítimo uso de la fuerza para disuadir las protestas.

Si el protocolo se cumple a rajatabla, probablemente en los próximos meses haya muchas represiones policiales y detenciones diarias de manifestantes por piquetes. También hay que tener en cuenta otros componentes que afectan la sensibilidad social. En muchos casos, quienes cortan son madres con hijos, como parte de la estrategia de lucha. No está claro si se disuadirá y detendrá a todos los piqueteros (en algunos bloqueos son cientos de personas) o sólo a los cabecillas. Se trata de un fino equilibrio político a lograr, que seguramente será el mayor desafío a la hora de implementar este protocolo.

El rol de los medios de comunicación

Por último, el protocolo indica que para los medios de comunicación se establecerá “una zona determinada, donde se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento”. Esto también parece de implementación difícil, teniendo en cuenta las situaciones caóticas que muchas se producen en el marco de los piquetes.

Además, concitar la atención de los medios de comunicación es lo que habitualmente buscan quienes realizan piquetes, como vía directa para que sus reclamos ingresen a la agenda de las autoridades públicas. Y los medios, lógicamente, buscan acercarse lo más posible a los hechos y sus protagonistas en el marco de las coberturas.

Sin perjuicio de todas estas posibles dificultades advertidas para la implementación del protocolo de protestas, vuelvo a rescatar la actitud del nuevo Gobierno de afrontar la problemática de los piquetes mediante una herramienta que puede ser útil para la resolución de muchos conflictos, luego de más de una década de desidia estatal.

Conviene comenzar con un primer y decisivo factor que condicionará al futuro Gobierno: la economía. Diversas proyecciones del mercado indican que la economía argentina seguirá estancada en 2016. A eso hay que sumar la pesada herencia que dejarán los 12 años de kirchnerismo, con acuciantes temas a resolver. Entre otros: ¿Cómo bajar la elevada inflación? ¿Cómo liberar el cepo cambiario? ¿Cómo disminuir la descomunal masa de subsidios y el ritmo descontrolado de gasto público? ¿Cómo conseguir nuevas fuentes de financiamiento internacional?

Todas decisiones difíciles e impostergables, muchas de las cuales tendrán altos costos en términos políticos y sociales. El sombrío panorama en Brasil y China, los principales socios comerciales de la Argentina, agrega más incertidumbre al escenario.

Un segundo factor, estrechamente ligado a la situación económica, es cómo se reconfigurará el mapa sindical con el nuevo Gobierno. Hay sectores de la Confederación General del Trabajo (CGT) “oficialista” que preside Antonio Caló, partidarios de una reunificación con la CGT “opositora” de Hugo Moyano. El objetivo de los unionistas, por ahora minoritarios, es potenciar el poder de presión y negociación de sus sindicatos frente al complejo panorama que se avecina.

Reunificada o dividida, las tensiones con el sindicalismo van ser uno de los temas de agenda para el próximo Gobierno. Sobre todo en el caso de un no peronista como Mauricio Macri ocupando la Presidencia. Quizás lo positivo en este sentido es que los líderes sindicales descuentan que cualquiera de los presidenciables los tratará mejor que Cristina Kirchner.

Pero de ahí a que el próximo presidente logre amalgamar y alinear el complejo entramado de sectores sindicales en un contexto económico desfavorable, suena utópico. Más teniendo en cuenta la profunda crisis del modelo sindical vigente, cuestionado desde sus bases por ascendentes facciones combativas de izquierda.

¿Qué pasará con las organizaciones sociales? Sin dudas, será otro frente de tensiones, si es que el próximo Gobierno se propone abordar el problema. El kirchnerismo cooptó a muchas organizaciones y fomentó la creación de otras, dando lugar a verdaderos Estados paralelos, como el que comanda Milagro Sala en Jujuy y Salta.

Los grupos de vecinos autoconvocados son otro foco de conflicto en ascenso. Cada vez son más los ciudadanos comunes que salen a la calle espontáneamente a protestar ante un Estado cada vez más ineficiente para proveer servicios básicos como seguridad, electricidad y viviendas.

Según datos de Diagnóstico Político, en 2014 los vecinos fueron el segundo actor social que más piquetes realizó, detrás de los trabajadores estatales. Y en lo que va de 2015 se mantienen en el primer lugar. Sin dudas, rehabilitar esas funciones esenciales del Estado será otro de los desafíos ineludibles del próximo Gobierno.

Por último, pero no menos importante, el frente político. Quienquiera sea el próximo presidente, se avecina una dura interna por el liderazgo del peronismo. Toda vez que esto sucedió a lo largo de la historia, la Argentina transitó períodos de inestabilidad y turbulencias.

Si es electo Daniel Scioli, es muy probable que deba batallar para doblegar al núcleo duro del kirchnerismo, que seguirá reivindicando la jefatura de Cristina Kirchner. Si gana Macri, Sergio Massa podría lanzarse de lleno a la disputa de ese liderazgo, también contra los sectores kirchneristas. Y en el menos probable escenario de Massa presidente, se descuenta que el kirchnerismo residual adoptará una furibunda oposición contra Massa.

En definitiva, 2016 no será un año sencillo para el próximo presidente. Habrá que lidiar con un escenario económico complejo, plagado de tensiones políticas y sociales.

Históricamente ha habido acampes en el marco de protestas sociales, los cuales se efectuaban principalmente en plazas o parques, sin ánimo de interrumpir la libre circulación. Tal es el caso de la recordada “carpa blanca” de los docentes, instalada durante más de dos años frente al Congreso Nacional, a fines de la década del ‘90, para reclamar un aumento en los recursos destinados a la educación.

Si bien son casos aislados, hoy persiste ese modo de acampe prolongado en espacios verdes, como por ejemplo el de los veteranos movilizados durante la Guerra de Malvinas, quienes acaban de cumplir seis años asentados en la Plaza de Mayo.

Sin embargo, el tipo de acampe que últimamente se ha popularizado es de menor duración pero mucho mayor impacto, ya que tiene como principal objetivo la obstrucción total de vías públicas durante lapsos que van desde unas pocas horas hasta varios días. Inclusive, hay acampes que llegan a extenderse durante semanas.

Los actores que más recurren a esta metodología son las organizaciones sociales, aunque también ha sido incorporada por otros sectores; como ser los grupos de aborígenes, ambientalistas y de derechos humanos. Por lo general, los manifestantes premeditan el asentamiento en arterias que son vitales para la circulación. Arriban al lugar con carpas, alimentos, bebidas y un grado de logística muy aceitado.

El trasfondo de la irrupción de los acampes en la vía pública es la pérdida de efectividad de los piquetes de corta duración. A raíz de su extensión y masificación -favorecida por la inacción de las autoridades estatales-, la ciudadanía ha ido aprendiendo a convivir con los bloqueos durante lapsos breves. Al mismo tiempo, los medios de comunicación tienden a centrar su cobertura sólo en los cortes prolongados que afectan rutas, autopistas o avenidas principales.

Las organizaciones sociales y otros grupos conflictivos han tomado debida nota de ello, advirtiendo que para concitar atención mediática y de las autoridades destinatarias del reclamo se hace cada vez más necesario extender los piquetes en el tiempo y, a su vez, realizarlos exclusivamente en puntos neurálgicos de tránsito.

La Capital Federal es el distrito que más sufre los acampes, principalmente por parte de organizaciones sociales que se trasladan desde el conurbano bonaerense. En el interior del país se observa una dinámica similar, siendo las rutas nacionales y provinciales las vías de circulación más afectadas por los acampes.

También en pos de lograr mayor impacto político y mediático, la mayoría de los piquetes y acampes ya no se preanuncian. Por lo general, son sorpresivos y organizados en varios puntos en simultáneo, buscando deliberadamente sitiar barrios y, en muchos casos, ciudades enteras. En ese sentido, son cada vez más habituales las acciones coordinadas de grupos piqueteros para bloquear la totalidad de los accesos a la Capital Federal.

En síntesis, el acampe se presenta en nuestro país como una preocupante nueva cara de la “cultura del piquete”. Habiéndose naturalizado el hábito social de cortar vías públicas para protestar, algunos actores han comenzando a asumir la necesidad de prologar los piquetes en el tiempo, básicamente para potenciar su capacidad de presión.

De cara al futuro, quedan planteados dos interrogantes acuciantes. El primero: ¿hasta qué punto pueden sostenerse, por un lado, la pasividad de las autoridades estatales y, por otro, la tolerancia de la ciudadanía frente a la expansión de la cultura del piquete? Y, segundo: ¿Qué nuevas metodologías de protesta nocivas para la vida democrática pueden surgir cuando los acampes pierdan su efectividad o simplemente pasen de moda?