Que no se resfríe Bonadío

Pascual Albanese — Wed, 04 Feb 2015 22:02:59 +0000

El borrador encontrado en el cesto de papeles de Alberto Nisman, en el que se solicitaba la detención de Cristina Fernández de Kirchner, revela que la idea, repetida hasta el cansancio por los voceros oficiales, de que el gobierno es el principal perjudicado por la muerte del fiscal puede resultar falsa. Para cotejarla con la realidad, habría que imaginar no lo que ocurre con Nisman muerto, sino lo que hubiese acontecido con Nisman vivo, para extraer luego las correspondientes conclusiones.

Hay que pensar entonces qué hubiese pasado si Nisman hubiera concurrido el lunes 19 de enero al Congreso Nacional para fundamentar sus dichos, si hubiera seguido apareciendo en los medios de comunicación, para agregar nuevos elementos de prueba, y si esa situación dramática se hubiera prolongado en el tiempo durante toda la campaña electoral, con la denuncia instalada en el centro de la agenda pública y el consiguiente tembladeral institucional.

Este ejercicio contrafáctico permite suponer lícitamente que alguien pueda haber pensado, tal vez equivocadamente, que Nisman vivo era más peligroso para el gobierno que Nisman muerto.

Ahora, resulta que el juez federal Claudio Bonadio, responsable de la investigación contra una empresa de propiedad de la familia presidencial, denuncia que fue amenazado de muerte, tal cual ocurrió anteriormente con Nisman, sin que las autoridades competentes adoptaran en ese caso las medidas necesarias para proteger al fiscal, sino más bien exactamente lo contrario, según se desprende de las actuaciones judiciales.

Aunque resulte verdaderamente increíble tener que aclararlo, corresponde advertir que, a partir de esta denuncia, cualquier percance, aún menor, que afecte al juez Bonadio sería responsabilidad directa, indelegable e intransferible de la Presidenta de la República.

Tiene que intervenir la Corte Suprema de Justicia

Pascual Albanese — Mon, 19 Jan 2015 14:30:27 +0000

Por las incalculables implicancias institucionales que adquiere la investigación del atentado a la AMIA a partir de la gravísima denuncia y posterior muerte del fiscal Alberto Nisman, todo lo que ocurra a partir de ahora en torno a esta tan controvertida cuestión estará impregnado de un halo de sospecha que afecta la credibilidad de la opinión pública sobre la veracidad de las conclusiones de una maltratada causa judicial que ya lleva más de veinte años de desarrollo.

En una situación de emergencia, resulta necesario acudir a un remedio extraordinario para restaurar la confianza nacional e internacional en el correcto funcionamiento de las instituciones de la República.

En ese sentido, resultaría extremadamente conveniente que la Corte Suprema de Justicia tomara a su cargo la responsabilidad de la investigación de los hechos denunciados por Nisman, quien imputó directamente al Poder Ejecutivo Nacional y a representantes y agentes de una potencia extranjera de perpetrar un acto de encubrimiento del mayor atentado terrorista de las historia argentina.

La mera posibilidad de que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, cuyo desempeño está cuestionado judicialmente por las asociaciones representativas de magistrados y fiscales, incida en la designación del fiscal que reemplace a Nisman hace totalmente superflua cualquier argumentación adicional acerca de la procedencia y oportunidad de este mecanismo excepcional.

Nunca como hoy estuvo tan en juego en la Argentina la plena vigencia del Estado de Derecho, recuperado el 10 de diciembre de 1983.

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Tiene que intervenir la Corte Suprema de Justicia