Después de la confiscación de Repsol YPF las supuestas “garantías” que contiene el nuevo régimen son insuficientes para atraer a esos inversores y a esas empresas experimentadas, razón por la cual que el acuerdo con Chevron seguramente contendrá cláusulas secretas que nunca conoceremos. Esas cláusulas secretas serán el verdadero incentivo para lograr que la multinacional invierta en nuestro país e implicarán una cruda renuncia a la “soberanía hidrocarburífera”.

Por otra parte, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la ley 26.741, debió haber sido consultado el Consejo Federal de Hidrocarburos, creado por esa ley e integrado por representantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ocurre que, al reglamentar la ley mediante decreto 1277/2012, la presidenta cambió ese órgano, federal y plural, por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, en la cual no tienen representación las provincias y está integrada solo por unos muy pocos funcionarios del Poder Ejecutivo.

En definitiva, el gobierno ni siquiera respeta las leyes cuya sanción impulsa en el Congreso, con las cuales hace festejar a sus ingenuos adherentes, y encima cambia de criterio y orientación a cada rato.

Lo cierto es que sería ideal discutir entre todos y en serio una verdadera política petrolera, destinada a perdurar en el tiempo y, sobre todo, a lograr el autoabastecimiento que todos extrañamos y ansiamos.