Hace ya varias rondas electorales que se viene planteando la necesidad de pasar al sistema de boleta única. Ya lo habían pedido, no sólo Pérez como legislador, sino también la Cámara Nacional Electoral en diversas acordadas, desde 2008; organizaciones de la sociedad civil, como Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec); Poder Ciudadano; Construyendo Ciudadanía; Transparencia Electoral o la misma Red Ser Fiscal. Las razones son variadas y es indispensable enumerarlas.

¿Por qué hablamos de boleta única?

La boleta única evita una enorme variedad de irregularidades electorales, como ser la sustracción de boletas, la destrucción, el ocultamiento, la falsificación, el voto cadena o el voto calesita y otras variantes que siempre apuntan a eliminar de la oferta electoral una lista o un candidato, o varios de ellos. Estas “picardías”, como llaman algunos, aunque sean delitos penales tipificados en el artículo 129 del Código Electoral Nacional, continúan replicándose en todos los distritos del país y en todas las elecciones, sin importar si son nacionales o provinciales. Ejemplos flagrantes fueron sumamente visibles en las elecciones provinciales de La Rioja y Tucumán.

La debilidad de cualquier partido político hoy, durante un proceso electoral, es la fiscalización. Existe una notable deficiencia en la capacitación y la preparación de un verdadero ejército de fiscales que puedan garantizar que la opción electoral esté disponible y que además pueda ser repuesta en caso de faltante. Pero, además, el rol de un fiscal es asegurarse de que el escrutinio de cada mesa refleje los resultados objetivos y no permitir ninguna distorsión. La razón de semejante déficit se explica, fundamentalmente, en la crisis de representación y descrédito que tiene hoy la política en todo el mundo, no sólo en la Argentina. Sin dudas, una realidad que debemos todos intentar revertir mediante el fomento de la participación ciudadana, a partir de la educación.

Se le ha transferido a los partidos la obligación de garantizar la igualdad de elegir y ser elegido. Y, en la práctica, apenas los partidos de gobierno o las coaliciones políticas más exitosas, en cuanto a movilización ciudadana, están en condiciones de garantizarlo. A cualquier partido político con escasa representación se le hace imposible cubrir una elección con decenas de miles de fiscales que puedan garantizar que su boleta partidaria esté presente a lo largo de toda la jornada electoral. Es decir, la boleta única garantiza el derecho constitucional a elegir y ser elegido entre la oferta electoral disponible.

Si bien es fundamental que un sistema garantice estos derechos políticos, con el sistema actual eso no resulta posible. Los perjudicados son siempre aquellos partidos que no tienen estructura partidaria suficiente y, por supuesto, el elector que quiere elegirlos.

Sistema de partidos políticos y las PASO

He aquí otro enorme problema que tiene nuestro sistema de partidos políticos y que también tiene su génesis en la crisis de representación y el escaso interés por la participación de la ciudadanía en temas políticos y electorales: más de quinientos partidos políticos de diverso alcance jurisdiccional y 38 partidos nacionales.

Si resulta un caos encontrar la boleta partidaria de nuestra preferencia, en caso de ser puntanos, tucumanos o bonaerenses, por citar algunos ejemplos, para elecciones nacionales, cuando la oferta de precandidatos aumenta en las primarias, el caos se traduce en una verdadera amenaza para la propia democracia. Así es como aparece viable debatir acerca de la continuidad o no del sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sin embargo, esta proliferación de sellos de goma, micropymes electorales y negocios entre alianzas territoriales o la distorsión ontológica de los movimientos sociales transformados en brazos políticos de una alianza en particular, hace que intentar modificar el sistema de votación hacia la boleta única profundice varios problemas: menor espacio para la visibilidad de los candidatos y dilemas a la hora del diseño de la boleta única, ya sea de papel o electrónica.

La reforma política y electoral debe producir los cambios necesarios para concentrar la oferta electoral y mejorar las posibilidades de generar coaliciones, además de ser necesariamente estrictos a la hora de habilitar a participar de las elecciones a los sellos de goma y afines. Nuestro sistema de partidos debe confluir saludablemente hacia un multipartidismo moderado de naturaleza centrípeta y no el descalabro total que hoy padecemos.

¿Boleta única de papel o electrónica BUE?

En el país existen dos modelos de boleta única de papel: uno de paño único, donde en una enorme papeleta se encuentran todas las opciones electorales para cada tipo de cargo, organizados por columnas, tal es el caso utilizado en la provincia de Córdoba; y el de boletas por cargos con varias urnas, donde por cada una el elector tilda su opción entre todas las opciones disponibles. Es el sistema que propuso el diputado Pablo Javkin en la provincia de Santa Fe y que hoy se continúa utilizando.

De estos dos sistemas, cada uno ofrece ventajas y desventajas que pueden morigerarse o acentuarse, siempre dependiendo del esfuerzo político por involucrar a la ciudadanía en su participación y su control. La principal desventaja que algunos interesados políticos esgrimen es que en el sistema santafecino se elimina el efecto arrastre que tiene el sistema tradicional, donde un elector puede no cortar boleta y elegir una sola papeleta para todos los cargos. Situación que en el sistema cordobés es menor, dado que los tildes para cada cargo y partido pueden estar al mismo nivel de la boleta tamaño XL. Al revés, el sistema cordobés necesita de un mayor compromiso cívico para tildar cada opción por cada cargo, situación que se observó la primera vez que se utilizó por falta de capacitación ciudadana en el ejercicio del voto con boleta única, lo que arrojó un número muy elevado de voto en blanco para categorías menores inferiores al de gobernador, simplemente porque mucha gente omitía tildar una opción en las restantes columnas.

En ambos casos, la mayor desventaja que también se manifiesta en el sistema tradicional que usamos a nivel nacional es la falta de celeridad, la precisión en la carga y la comunicación de los resultados luego del escrutinio de mesa. El sistema santafecino implica mayor tiempo de escrutinio provisorio, dado que cada mesa tiene varias urnas a la vez. Por supuesto que la proliferación de la oferta electoral conspira contra cualquiera de estos sistemas.

La Boleta Única Electrónica (BUE), utilizada a nivel subnacional, primero en Salta y luego en la ciudad de Buenos Aires, además de varias intendencias de diversas provincias en todo el país, es un sistema mixto, ya que ofrece un comprobante auditable en papel junto al chip que registra la emisión del elector. El ciudadano hace la selección por pantallas por cargo y en una disposición aleatoria, pero que permite la opción de votar todos los cargos al mismo partido o alianza, o elegir el voto blanco para uno o todos los cargos. Esto hace mucho más difícil que se presenten votos nulos, salvo por anomalías técnicas que deben salvarse en la Junta Electoral como si fuesen recurridos o impugnados.

Pero no todo es color de rosa…

Si bien cada BUE tiene un código impreso, fraccionable, que queda parcialmente en manos de la autoridad de mesa y que garantizaría que no haya reemplazo para practicar un voto cadena, esta modalidad puede efectuarse de forma electrónica si es posible leer el chip a distancia. Al ser un dispositivo tipo RFID (identificador por radiofrecuencia), es posible “leer” cada voto si este no está encriptado o si la celda de Faraday que tapa el chip al doblarse la boleta no lleva un sistema de clip o serrucho para que impida su lectura hasta que sea recuperada de la urna en el momento del escrutinio electrónico. En criollo, en los sistemas utilizados al momento, el chip puede leerse y el secreto del voto, violado. Lo cual permite que un puntero 2.0 pueda leer con una antena amplificadora el voto de su cliente para garantizarse de que lo haya hecho; la versión tech del voto comprado, cadena, calesita, etcétera.

Otro supuesto beneficio que se presenta con el voto electrónico es que al contar con una impresión en papel, permite autocontrolar al elector su selección, pero, en la práctica, este control es escaso o nulo. Existen estudios en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que demuestran que la tendencia a controlar lo que el elector elige en pantalla con lo que está impreso es inferior al veinte por ciento. Por supuesto que nos vendría muy bien evaluar estos resultados en nuestro país, pero, más allá de todo resultado, el argumento pierde fuerza y la necesidad de educar al soberano es mayor, sin contar el peligro que significa para las comunidades vulnerables, desde el punto de vista tecnológico, este cambio y su efectiva participación, como ser los adultos mayores. Otra vez, la capacitación y la presencia del Estado para instrumentar los cambios a nivel nacional nos ponen en la disyuntiva real del gradualismo o el shock.

Al momento del conteo electrónico y su control en papel, resulta fundamental, para despejar cualquier sospecha de posible manipulación en la consolidación de los totales por mesa, circuito y distrito, que exista una obligatoria muestra aleatoria de conteo manual para contrastar los resultados y que estos no difieran en siquiera un voto. Así, se podría anular esa mesa o forzar a un nuevo recuento ampliado. Estamos hablando de abrir urnas sin importar si hay reclamos o no, tal cual lo exige el artículo 113 del Código Electoral Nacional. Dicho sea de paso, artículo a reformular, dado que hoy permite los errores más groseros entre el conteo manual de boletas y el volcado en las actas de escrutinio, lo que hace que casi no se abran siquiera el 3% de las urnas de todo el país, siempre bajo impugnación o errores garrafales, como los que implican anulación de la mesa y están en los distintos incisos del artículo 114 del Código Electoral Nacional.

Por último, el hecho de disponer de un software que controla a la computadora multipropósito que sirve como impresora nos obliga al debate acerca de la propiedad y el rol de un tercero privado que lleve adelante todo el proceso electoral, como lo sucedido hasta ahora con Magic Software S. A. Resultaría más confiable y responsable que todo el proceso electoral no esté en manos privadas ni tampoco se arguya sobre los derechos de propiedad intelectual a la hora de auditar el software en cualquier momento.

El debate está abierto. Que sea el mejor posible para celebrar nuestro bicentenario.

Todo comenzó en la elección nacional presidencial de 2007, donde existió una “sensación de fraude” que sobrevoló gran parte del territorio nacional. En esa oportunidad, la modalidad estrella de las irregularidades que se han hecho carne en el vademécum político electoral fue la sustracción masiva de boletas de una o más fuerzas políticas que competían en la contienda. Los relatos acerca de un sistemático hurto de boletas de los candidatos a la presidencia Elisa Carrió y Roberto Lavagna fueron replicándose a lo largo de esa tarde de domingo, llegando a unir a más de una docena de fuerzas políticas que se presentaron conjuntamente ante la Cámara Nacional Electoral para denunciar el fraude organizado.

La respuesta de la Justicia, en su instancia electoral más alta, fue lógica. No habiendo denuncias masivas en los juzgados electorales de primera instancia, bajo lo que consigna el artículo 110 del Código Electoral Nacional, no había posibilidad alguna de probar semejante afirmación ni tampoco le correspondía a esa instancia judicial expedirse en ese momento. La incapacidad de los partidos derrotados para instrumentar una acción clara y tendiente a resolver la sospecha quedó en una simple acción que no pasó más allá de las páginas de los diarios. Había un serio problema con la fiscalización electoral que desnudó un sistema electoral híbrido y obsoleto que emergía como una herencia del bipartidismo pero que no podía, ni puede hoy, garantizar el principio de simplicidad y transparencia que exige todo sistema electoral.

Pero los hechos que vivieron en carne propia miles de ciudadanos tuvieron su reacción. Diversas asociaciones de la sociedad civil, ciudadanos de a pie y organizaciones de cierta envergadura, comenzaron a pensar la fiscalización por motivación extra partidaria, como una alternativa a la que la ley exige. Comprendieron lo que muchos partidos aún no comprenden: la fiscalización define cómo se cuentan los votos, y si las irregularidades son excepcionales o si son parte de la vasta y extensa cultura de la viveza criolla en su capítulo electoral.

Así es como se organizaron grupos de capacitación para fiscales electorales y se empezó a trabajar en la idea de una “red” que tejiera lazos nacionales para conectar nodos de fiscalización y cooperación con el único fin de aportar transparencia, controlando los comicios gracias a la participación de miles de ciudadanos voluntarios comprometidos con la democracia. La motivación es clave: una elección es el momento más sagrado de la democracia, es la voluntad popular traducida en votos y esos votos, en cargos electivos representativos. Quienes imponen autoridades de mesa facciosas, vuelcan y/o rellenan urnas, conminan electores a votar de determinada manera, amenazan y amedrentan fiscales y autoridades, roban, destruyen, esconden o falsifican boletas, falsifican los resultados de un escrutinio, atentan contra la democracia. Lisa y llanamente. La primera experiencia concreta llegó en las elecciones legislativas de 2009, cuando la proto-red comenzaba a organizarse y tomaba conciencia de su importante rol al alcanzar cerca de 25.000 fiscales independientes que se sumaron al sistema de partidos ejerciendo su rol y defendiendo los votos de todos los electores. Así es como nacía para 2010 la “Red por la Transparencia Electoral Soy Fiscal”. Como toda génesis, los desarrollos no son lineales sino que sufren avances y retrocesos en función de las motivaciones de sus integrantes, siempre voluntarios. La red se alimentaba de las expectativas de los ciudadanos y las percepciones acerca de si las irregularidades podían alcanzar el status de fraude o, por el contrario, su porcentaje marginal no merecía el esfuerzo. Lamentablemente, así pensaron muchos en 2011 donde la fiscalización fue realmente escasa y limitada a las grandes estructuras de los oficialismos de cualquier nivel de gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional.

Cuando los partidos que fiscalizan son los más poderosos en términos de caja, el resto de los partidos y opciones democráticas son fagocitadas, deglutidas, eliminadas y desterradas. Sucede en cada elección, en los distritos o secciones donde no hay fiscales de las minorías. Asumir esto como una regla de juego es muy peligroso, ya que atenta contra la igualdad de oportunidades de los partidos y de los electores para decidir su voto. En esta fase puede observarse la obsoleta regla del bipartidismo, sin fiscales no hay porotos que contar. Además, la ley obliga a los partidos a asegurarse que haya boletas a lo largo de toda la jornada, en todos los distritos en los que compiten. Un sistema de boletas como el que hoy tenemos es económicamente un despropósito y una garantía de fracaso para la igualdad partidaria.

Por todas estas cuestiones es que en 2012 se constituyó la Red Ser Fiscal, de alcance nacional y con un único objetivo por delante: alcanzar la transparencia electoral. Así es como hoy, a horas de las elecciones legislativas 2013, la red cuenta con más de 40.000 fiscales inscriptos que fueron capacitados exhaustivamente contra todas las formas de irregularidades posibles y derivados a los partidos que suscribieron convenios con ella. Pero lejos de ser una alternativa partidaria, la Red Ser Fiscal se erigió como una bisagra en la construcción de ciudadanía, invitando a los ciudadanos a participar para garantizar la transparencia, fiscalizando los votos de todos los argentinos y evitando que las irregularidades fluyan en cualquier sentido.

Lo movilizador de esta experiencia es que el resultado de las PASO fue un éxito en términos de participación ciudadana. La iniciativa estimuló a capacitarse gratuitamente y luego acudir al partido de la preferencia del ciudadano, ya sea a través de la derivación automática o publicada, o de la simple movilización hasta un local partidario, ya que no es necesario estar afiliado para representar a un partido en la mesa. Las conclusiones son positivas y demuestran que hay una gran masa de ciudadanos convencidos de que la democracia se ejerce en la práctica diaria como ciudadanos y que la calidad democrática es un objetivo fundamental para mejorar las instituciones y hacer crecer en capacidad de respuesta a un sistema de partidos que continúa en crisis desde 2001, que aún tiene por delante la difícil tarea de actualizar el sistema electoral para dotarlo de simplicidad y transparencia.