Todo comenzó en la elección nacional presidencial de 2007, donde existió una “sensación de fraude” que sobrevoló gran parte del territorio nacional. En esa oportunidad, la modalidad estrella de las irregularidades que se han hecho carne en el vademécum político electoral fue la sustracción masiva de boletas de una o más fuerzas políticas que competían en la contienda. Los relatos acerca de un sistemático hurto de boletas de los candidatos a la presidencia Elisa Carrió y Roberto Lavagna fueron replicándose a lo largo de esa tarde de domingo, llegando a unir a más de una docena de fuerzas políticas que se presentaron conjuntamente ante la Cámara Nacional Electoral para denunciar el fraude organizado.

La respuesta de la Justicia, en su instancia electoral más alta, fue lógica. No habiendo denuncias masivas en los juzgados electorales de primera instancia, bajo lo que consigna el artículo 110 del Código Electoral Nacional, no había posibilidad alguna de probar semejante afirmación ni tampoco le correspondía a esa instancia judicial expedirse en ese momento. La incapacidad de los partidos derrotados para instrumentar una acción clara y tendiente a resolver la sospecha quedó en una simple acción que no pasó más allá de las páginas de los diarios. Había un serio problema con la fiscalización electoral que desnudó un sistema electoral híbrido y obsoleto que emergía como una herencia del bipartidismo pero que no podía, ni puede hoy, garantizar el principio de simplicidad y transparencia que exige todo sistema electoral.

Pero los hechos que vivieron en carne propia miles de ciudadanos tuvieron su reacción. Diversas asociaciones de la sociedad civil, ciudadanos de a pie y organizaciones de cierta envergadura, comenzaron a pensar la fiscalización por motivación extra partidaria, como una alternativa a la que la ley exige. Comprendieron lo que muchos partidos aún no comprenden: la fiscalización define cómo se cuentan los votos, y si las irregularidades son excepcionales o si son parte de la vasta y extensa cultura de la viveza criolla en su capítulo electoral.

Así es como se organizaron grupos de capacitación para fiscales electorales y se empezó a trabajar en la idea de una “red” que tejiera lazos nacionales para conectar nodos de fiscalización y cooperación con el único fin de aportar transparencia, controlando los comicios gracias a la participación de miles de ciudadanos voluntarios comprometidos con la democracia. La motivación es clave: una elección es el momento más sagrado de la democracia, es la voluntad popular traducida en votos y esos votos, en cargos electivos representativos. Quienes imponen autoridades de mesa facciosas, vuelcan y/o rellenan urnas, conminan electores a votar de determinada manera, amenazan y amedrentan fiscales y autoridades, roban, destruyen, esconden o falsifican boletas, falsifican los resultados de un escrutinio, atentan contra la democracia. Lisa y llanamente. La primera experiencia concreta llegó en las elecciones legislativas de 2009, cuando la proto-red comenzaba a organizarse y tomaba conciencia de su importante rol al alcanzar cerca de 25.000 fiscales independientes que se sumaron al sistema de partidos ejerciendo su rol y defendiendo los votos de todos los electores. Así es como nacía para 2010 la “Red por la Transparencia Electoral Soy Fiscal”. Como toda génesis, los desarrollos no son lineales sino que sufren avances y retrocesos en función de las motivaciones de sus integrantes, siempre voluntarios. La red se alimentaba de las expectativas de los ciudadanos y las percepciones acerca de si las irregularidades podían alcanzar el status de fraude o, por el contrario, su porcentaje marginal no merecía el esfuerzo. Lamentablemente, así pensaron muchos en 2011 donde la fiscalización fue realmente escasa y limitada a las grandes estructuras de los oficialismos de cualquier nivel de gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional.

Cuando los partidos que fiscalizan son los más poderosos en términos de caja, el resto de los partidos y opciones democráticas son fagocitadas, deglutidas, eliminadas y desterradas. Sucede en cada elección, en los distritos o secciones donde no hay fiscales de las minorías. Asumir esto como una regla de juego es muy peligroso, ya que atenta contra la igualdad de oportunidades de los partidos y de los electores para decidir su voto. En esta fase puede observarse la obsoleta regla del bipartidismo, sin fiscales no hay porotos que contar. Además, la ley obliga a los partidos a asegurarse que haya boletas a lo largo de toda la jornada, en todos los distritos en los que compiten. Un sistema de boletas como el que hoy tenemos es económicamente un despropósito y una garantía de fracaso para la igualdad partidaria.

Por todas estas cuestiones es que en 2012 se constituyó la Red Ser Fiscal, de alcance nacional y con un único objetivo por delante: alcanzar la transparencia electoral. Así es como hoy, a horas de las elecciones legislativas 2013, la red cuenta con más de 40.000 fiscales inscriptos que fueron capacitados exhaustivamente contra todas las formas de irregularidades posibles y derivados a los partidos que suscribieron convenios con ella. Pero lejos de ser una alternativa partidaria, la Red Ser Fiscal se erigió como una bisagra en la construcción de ciudadanía, invitando a los ciudadanos a participar para garantizar la transparencia, fiscalizando los votos de todos los argentinos y evitando que las irregularidades fluyan en cualquier sentido.

Lo movilizador de esta experiencia es que el resultado de las PASO fue un éxito en términos de participación ciudadana. La iniciativa estimuló a capacitarse gratuitamente y luego acudir al partido de la preferencia del ciudadano, ya sea a través de la derivación automática o publicada, o de la simple movilización hasta un local partidario, ya que no es necesario estar afiliado para representar a un partido en la mesa. Las conclusiones son positivas y demuestran que hay una gran masa de ciudadanos convencidos de que la democracia se ejerce en la práctica diaria como ciudadanos y que la calidad democrática es un objetivo fundamental para mejorar las instituciones y hacer crecer en capacidad de respuesta a un sistema de partidos que continúa en crisis desde 2001, que aún tiene por delante la difícil tarea de actualizar el sistema electoral para dotarlo de simplicidad y transparencia.