El megaproyecto espía kirchnerista empezó ambicioso y truncado. En el 2004 Néstor Kirchner estableció por decreto la captación, conservación y derivación de los contenidos de las comunicaciones para su observación remota. Mediante el decreto 1563 pretendió que las empresas de telecomunicaciones inviertan millones de dólares en tecnología de vigilancia, escucha y monitoreo. El decreto era tan delirante que en el 2005 se suspendió su aplicación, en parte por lobby de las propias “telcos” que no estaban dispuestas a invertir las sumas siderales que demandaba espiar por decreto a toda la población.

En el 2006 se reactivó el funcionamiento del Proyecto X, creado en el 2002 y del que el año pasado se tomó conocimiento público: “Un sistema informático de inteligencia criminal para la investigación de delitos complejos. Es una base de datos con vinculadores que permiten entrecruzar información y acelerar el análisis en determinadas circunstancias”, según lo definió la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. El Proyecto X fue denunciado porque su protocolo de actuación vulneraba derechos constitucionales.

No existe información pública sobre dos programas clave: el SADI (Sistema de Adquisición y Diseminación de Imágenes) y el SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino), que tienen decenas de millones de pesos de presupuesto y entre otros objetivos la inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Estamos hablando de tecnología que puede detectar a una persona a 14 KM de distancia, reconocerla a 5KM e identificarla a 2,5 KM.

Los aviones no tripulados (drones) están en auge en todo el mundo y el debate sobre su uso no puede darse sin información pública mínima porque, tal como se advierte en la Revista de Publicaciones Navales, “este ingenio puede ser empleado tanto en operaciones militares como en el campo civil”.

Otros dos hechos llamativos son la compra de tecnología de espionaje para monitorear comunicaciones. En el 2010 un sistema para intervenir redes GSM a la empresa alemana Rohde & Schwarz y, en el 2012, un repetidor de microondas a China National Electronics Import and Export Corp. Sólo en esas dos tecnologías el Estado invirtió más de 2 millones de dólares.

La militarización de las comunicaciones es un proceso en alza en todo el mundo.También en la Argentina. El contexto local de transparencia ausente, de información pública que tiende a cero y de privacidad en peligro, vuelve todo más turbio y menos confiable.

El decreto del 2004 para espiar a toda la población está suspendido. Pero hay indicios de que nos espían. La transparencia es para los gobiernos y los estados. La privacidad para los individuos. No al revés.

El 6 de noviembre pasado la Argentina se convirtió en el miembro número 58 de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), un esfuerzo global para impulsar la transparencia y el acceso a la información de los gobiernos.

Unos días antes, el 29 de octubre del 2012, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina se comprometía en una carta a “continuar trabajando para tener gobiernos más transparentes, con mayores grados de participación ciudadana y que combaten eficazmente la corrupción”.

La Argentina, en materia de transparencia, se parece más a Irán o a China que a cualquier democracia más o menos desarrollada.

En los foros internacionales existe consenso sobre cómo debe ser una ley de transparencia contemporánea: Se trata de diseñar leyes activas.

Las leyes de transparencia pasiva son aquellas que regulan la solicitud de información pública. Las leyes activas, por el contrario, garantizan que la información sobre los funcionarios y la gestión gubernamental, y sobre las empresas y organizaciones que trabajan para el Estado, esté disponible y actualizada en la Red. Y también garantizan un punto clave: que la consulta de esa información sea gratuita y anónima. Que pueda realizarse anónimamente es clave para evitar eventuales represalias y persecuciones.

Sería coherente que el Gobierno Nacional, tan obsesionado con la democratización de la información, y que la oposición, tan preocupada por la falta de información, inviertan tiempo en hacer realidad una ley moderna de transparencia. Ley que no sólo va a facilitar el control por parte de los ciudadanos y de los periodistas, sino que además promoverá la innovación en el país.

Es inexplicable que políticos y académicos, tan comprometidos algunos y tan críticos otros, con la ley de medios, todavía no vayan a la raíz del problema y hagan algo real por la transparencia y la libre circulación de la información.

Si lo hicieran, podríamos confiar en que están comprometidos con la democracia. En un mundo cada día más abierto, no garantizar la transparencia vuelve a los países cada vez más cerrados.

La carta del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina enviada a Open Government Partnership:
OPG