Este crecimiento muestra una tendencia alentadora y positiva, aun cuando represente un volumen bajo en relación a la inversión privada, ya que demuestra que una mayor cantidad de empresas encuentra al mercado de capitales como un recurso a considerar a la hora de financiar sus operaciones o su expansión.

Analizando específicamente el segmento de grandes empresas, se observa que el mayor crecimiento porcentual se ubicó en la emisión de acciones, con un incremento del 333% anual. Si bien son volúmenes bajos -91 millones de dólares-, muestra que no fue generalizado el temor ante el supuesto intervencionismo de la Comisión Nacional de Valores, tras la reforma de la Ley de Mercado de Capitales en 2012. La emisión de acciones cayó fuertemente entre 2010 y 2011 -de 265 a 43 millones de dólares anuales-, y todavía se encuentra muy lejos del máximo alcanzado en 2007 -986 millones de dólares-.

Las otras dos especies que crecieron en grandes empresas fueron las obligaciones negociables y los fideicomisos financieros, un 32% y 38% respectivamente. Aunque se trata de porcentajes menores, representan volúmenes mucho más altos:  de 7200 a 9700 millones de dólares entre  2012 y 2013. Así, se llega a un total de crecimiento anual del fondeo empresario en la Bolsa en 2013 del 36% en dólares, en las grandes empresas.

El segmento pyme muestra también un crecimiento importante, aunque menor que en las grandes. El incremento anual de 2013 fue del 18% en dólares. Las emisiones de obligaciones negociables y fideicomisos financieros cerraron igual que en 2012, pero el crecimiento se observó en los cheques de pago diferido, instrumentos de deuda de corto plazo, que ascendieron de 427 a 524 millones de dólares entre 2012 y 2013. Este es el instrumento más utilizado por las pyme, por su simplicidad, y por el aval de las sociedades de garantías recíprocas.

Existe un conjunto de empresas medianas, con límites de expansión y competitivas en el mercado interno y externo, que se encuentran preparadas para incorporarse al mercado de capitales. Asimismo, la necesidad de la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, y la decisión de avanzar en la incorporación de proveedores nacionales brindan una buena oportunidad a un conjunto de empresas de la cadena de financiarse en el mercado de capitales, en un sector que promete un fuerte crecimiento en los próximos años, de la mano de la recuperación del autoabastecimiento energético.

En 2014 un nuevo instrumento financiero saldrá a la cancha: el pagaré bursátil, un instrumento similar al cheque de pago diferido, pero de mayor plazo, que podrá ser utilizado tanto por las pyme como por organismos públicos, lo que abre la posibilidad de financiamiento de manera simple para municipios o empresas públicas.

La difusión de estos instrumentos resulta de vital importancia para volcar parte del ahorro interno en el financiamiento empresario, tanto para inversión productiva como para el consumo, y para acercar a los pequeños inversores a instrumentos que pueden resultar más atractivos que los tradicionales de los bancos comerciales, como el plazo fijo, y para redireccionar parte de la masa monetaria en pesos a instrumentos no dolarizados, que descompriman la presión sobre las reservas internacionales y el mercado cambiario.

No obstante, durante todo 2013 y especialmente después de las elecciones hemos escuchado numerosas propuestas de cambio de rumbo económico, provenientes de distintos sectores: Federico Sturzenegger, economista del PRO y recientemente electo diputado nacional, ha propuesto una brusca devaluación del peso del 40%. El ex ministro de Economía Roberto Lavagna ha predicado en favor de un “Rodrigazo”, significando con ello que el Gobierno debía “sincerar” las “variables” de la economía (tarifas de los servicios públicos, tipo de cambio, etc.). Numerosos economistas, aun cuando se oponen a las restricciones para el acceso a divisas, han propuesto la creación de un dólar turista y un dólar financiero. Y todos ellos repitieron a coro, sobre la necesidad de un importante ajuste fiscal, lo que significaría un brusco aumento de las tarifas, o el recorte de gastos, que por conveniencia o hipocresía, no se animan a explicitar dónde y cuánto proponen recortar.

Si el Gobierno optara por algunas de estas recetas, varias veces transitadas en nuestra historia económica, el camino sería el que ya conocemos, y hoy podemos leer en los libros de historia: una brusca devaluación provoca inmediatamente un shock de precios, que luego se traslada a las negociaciones paritarias; un brusco ajuste fiscal reduce el mercado interno y, como estamos viendo en Europa, disminuye la recaudación de impuestos, generando una nueva necesidad de ajuste fiscal, iniciando un círculo vicioso del que es muy difícil salir.

Ninguna de estas medidas reclamadas al gobierno, supuestamente sanas y racionales, apuntan a plantear una agenda de desarrollo económico y equidad social, sino solamente a estabilizar algunas variables macro, como las reservas del Banco Central o los precios al consumidor, pero olvidan y omiten plantear metas de desarrollo armónico del país. Para estabilizar esas variables es fácil la receta: enfriar la economía. Menor gasto público, mayor devaluación, menores salarios, jubilaciones y servicios sociales. En síntesis, un país más chico, con menos empleo pero más estable. ¿A quienes benefician esas propuestas? Si queremos ser un país industrializado, desarrollado y justo, ese no es el camino.

Ante ello, el Gobierno Nacional ha optado, como en los últimos 10 años, por un camino alternativo, que no consiste en anunciar medidas mágicas ni “paquetes” de medidas grandilocuentes, ni el nombramiento de gerentes privados como ministros para caerle simpático a determinados grupos concentrados de la economía. Por el contrario, ha decidido continuar por un camino difícil, pero que enfrenta una verdadera agenda para el desarrollo: la reducción de costos sistémicos para el sistema productivo, mediante una fuerte inversión en ferrocarriles de transporte de pasajeros y de carga, e hidrovías para cargas de larga distancia; el análisis y reformulación de las cadenas de valor productivas, para evitar que los eslabones más débiles de las cadenas (productores y consumidores) paguen el costo de ineficiencias y el esfuerzo sostenido para recuperar el autoabastecimiento energético, con YPF como un jugador fuerte en el proceso, al tiempo que se sostiene la inversión pública en el desarrollo del sistema científico y tecnológico, que al igual que el sistema educativo, requiere décadas para el recupero social de dicha inversión.

Para lograr esos fines, ha resuelto administrar las variables macroeconómicas con prudencia, evitando saltos bruscos: corregir el tipo de cambio sin grandes devaluaciones de un día para otro; cerrar algunos litigios en el CIADI y avanzar en la resolución de la indemnización de Repsol como paso previo para la obtención de financiamiento para el desarrollo del yacimiento petrolero de Vaca Muerta.

Los cambios en el gabinete nacional introducidos por la Presidenta en las últimas dos semanas muestran la decisión de transitar ese rumbo.

Ningún país de la tierra está “condenado al éxito”. La remanida calificación de “países en desarrollo” no es más que un eufemismo para catalogar a “países no desarrollados”, que si no emprenden una dura tarea difícilmente puedan resistirse a sus destinos de eternos productores de materias o mano de obra barata, de productos que se diseñan y consumen en otro lugar.

Es por ello, que una verdadera agenda económica no pasa exclusivamente por el tipo de cambio, o las reservas del Banco Central. Estas variables son importantes, sólo como instrumentos de un proyecto de país, que si quiere incluir a los cuarenta millones de argentinos tiene que plantear el desarrollo industrial, científico y tecnológico. Y ello no se logra sin gasto público y sin una adecuada intervención estatal, que promueva sectores que hoy no tienen el nivel de productividad y eficiencia que el de los países desarrollados, pero que resultan de vital importancia para el futuro del país. Ocuparnos solamente de la evolución de algunas pocas variables macroeconómicas, nos lleva a una visión “contable” del país y nos impide pensar objetivos nacionales de desarrollo e inclusión social en el mediano y largo plazo.

Las medidas tomadas por el Banco Central desde julio de 2012 (hace poco más de un año) permitieron que la participación de las pyme en el crédito bancario a las empresas crezca del 27% mencionado al 40%, en menos de un año. Esta situación nos abre preguntas y reflexiones. En primer lugar, hubo que obligar a los bancos comerciales a prestar más a las pyme. Esto muestra que los mecanismos de mercado de asignación de recursos no fueron efectivos para distribuir el crédito de manera proporcional al peso de las pyme en la economía. Se evidencia, así, que la “mano invisible del mercado” encuentra limitaciones al momento de asignar los recursos con eficiencia.

En segundo lugar, el Gobierno pudo tomar estas medidas gracias a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aprobada por el Congreso en 2012. Esta reforma fue duramente criticada por la oposición, los medios de comunicación y numerosos economistas ortodoxos, que no dudaron en calificarla como “el manotazo del Gobierno a la caja del Banco Central”. Una de las voces críticas más escuchadas fue la de Martín Redrado, ex presidente del Banco Central y actual miembro del equipo económico de Sergio Massa. Todos coincidieron en calificar a esa reforma como un atropello más del Gobierno. Centraron todas sus críticas en el manejo de la emisión monetaria, y desconocieron el espíritu productivo de la reforma.

El rol del Estado y los modos en que interviene en la economía son motivos permanentes de disputas políticas y puja de intereses. Sin embargo, en cualquier economía mixta como las del capitalismo actual, se adoptan distintas dosis y modalidades de intervención pública, ya sea como creador de reglas de juego, cómo árbitro, como mediador de conflictos, o como interventor directo en caso que los incentivos naturales no funcionen.

El caso citado es un ejemplo claro de cómo hubo un fallo de mercado en la asignación libre de recursos (en este caso, los bancos prestaban a las pyme por debajo de su peso en la economía) y una intervención del Estado directa que lo resolvió. Desde una postura liberal en lo económico, el mercado asigna recursos eficientemente si se lo deja funcionar sin intervención del Estado, ni en cantidades ni en precio. Desde esa visión, si las pyme tenían sólo el 27% del crédito del sector empresario, sería porque no estaban dispuestas a pagar una tasa de interés mayor. La explicación sólo admite una respuesta: los bancos comerciales privados se concentran en el segmento más lucrativo del mercado minorista, que es el crédito para consumo, y ello deja sin opciones de financiamiento a empresas que crean riqueza muy por encima de lo que le facilitan los bancos comerciales.

El fallo de mercado fue corregido por el Estado gracias a una intervención necesaria, aunque no deseada y permitida por una reforma legislativa que aún hoy sufre severas críticas, sin ningún tipo de reconocimiento por fuera de sus impulsores. Estamos hablando de un ejemplo concreto con incidencia en la economía real, por no citar casos de otros países donde, actualmente, el Estado acude a salvar a un sistema financiero dominado por la especulación, donde el mercado, como agente de distribución de recursos, ya ha demostrado largamente su fracaso. Conviene tenerlo en cuenta a la hora de analizar propuestas electorales que buscan “corregir lo que se hizo mal”, restituyendo privilegios en procura de revertir el necesario despliegue del Estado, luego de años de flagrante retroceso.