El fallo de la Corte Suprema sobre la extenuante Ley de Medios está rodeado de sospechas y ha puesto al máximo tribunal en una situación de la que durante años se cuidó. Ahora ha quedado en el medio de un desaguisado político y jurídico e -inevitablemente- toda decisión futura será materia de desconfianza.

Lo que ha quedado explícitamente demostrado es que existieron contactos fluidos entre la Corte y las máximas autoridades del poder político en el Gobierno, lesionando uno de los principios más importantes del Estado de Derecho, como es el de la independencia entre los poderes.

La Casa Rosada deberá preguntarse, entre tanto, si valió la pena agotar el volumen de recursos del que se dispuso, para obtener una ley de dudoso éxito, destruyendo uno de los baluartes más significativos de la década kirchnerista.

Este fallo tendrá, como no podría ser de otro modo, consecuencias jurídicas sobre los activos y los accionistas del Grupo Clarín, pero sobre todo alcances insospechados sobre el posicionamiento y la credibilidad pública del tribunal máximo del país y de sus miembros, y generará a futuro un manto de sospecha permanente.

La Corte ha reconocido que no ha querido fallar antes de las elecciones para evitar que su decisión se vincule a la campaña electoral. Pero sí lo ha hecho a sólo 48 horas de los comicios, convirtiéndose en un instrumento funcional a las necesidades del Poder Ejecutivo que quería que el sábado 26 próximo pasado fuera eterno y que el lunes 28 no llegara nunca.

Lorenzetti y otros miembros de la Corte no sólo hicieron eso. Otorgaron al gobierno la posibilidad de escabullirse a horas de su derrota, para no dar explicación alguna sobre el futuro de la Argentina cercana y de sus apremiantes problemas políticos y económicos.

Al parecer, tampoco los orígenes de sus votos fueron demasiado nobles: una investigación de AFIP por desprolijidades de uno de los hijos del presidente del tribunal desactivada, una jubilación detenida en el tiempo, la colaboración para evitar explicaciones a la propiedad de locales prostibularios o la ganancia pecuniaria sobre los derechos de autoría por el nuevo Código Civil, no parecen sino miserias frente a la magnitud del problema generado.

La afectación a la credibilidad que se ha autoinfringido la Corte es como una mancha negra en un pañuelo blanco: no hay forma de no verla. Y el resultado de sus actos -independientemente de su calidad jurídica- una patente de corso que otorga a personajes pequeños poderes que no pueden, ni deberían manejar.